Por Carlos Tórtora.-

En el oscuro reportaje que le hizo Jonathan Viale, Javier Milei habló poco del Criptogate pero sí enfatizó que se trató de una difusión, no de una promoción y aseguró además que su posteo fue como particular y no como presidente, aunque su cuenta de X estaría registrada como presidente. Esta línea argumental sería la punta del iceberg de la estrategia judicial de los abogados del presidente. El punto clave pasaría por sostener que no elogió a $LIBRA como mandatario sino como un particular. El riesgo que tiene este tema es que en EEUU los jueces entiendan que la estafa fue cometida por el estado argentino, ya que las afirmaciones del presidente comprometen a su gobierno. Las consecuencias de semejante interpretación serían graves, ya que las denuncias podrían dirigirse entonces contra Milei y contra el estado nacional, que en definitiva resultaría condenado. Y como medidas previas, podrían plantearse embargos contra bienes del estado.

Una parte del texto del mensaje publicado en X por Milei el 14 pasado dice lo siguiente: «Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos». Se trata entonces de una clara alusión a ejecutar una política de gobierno a través de la operatoria de $LIBRA. No es de ninguna manera la expresión de un particular sino de un presidente interesado en hacer crecer la economía. Mención aparte, Milei tuvo el mal gusto de referirse al apoyo oficial a las Pymes, cuando gracias a la política económica oficial ya cerraron en un años 16 000 de las mismas.

Efectos colaterales

Parece evidente que el grueso de las denuncias, por cantidad y por montos, se origina en los EEUU. Pero los efectos en la política y los mercados locales podrían ser enormes. Si las denuncias fueran admitidas contra el estado, el frente interno se agravaría para Milei y crecería la amenaza del juicio político.

La realidad es que la tendencia de los tribunales de USA en los juicios contra Argentina es ahora francamente adversa. El 26 del mes pasado, la Suprema Corte de Justicia rechazó la apelación de Argentina y autorizó el embargo de US$ 310 millones depositados por el Estado Nacional como garantías de cuentas en la Reserva Federal de Nueva York. El caso es Argentina vs. Attestor Master Value y se trata de acreedores de bonos basura que no entraron en los canjes del 2005, 2010 y 2015. La sentencia de primera instancia fue de Loretta Preska y la Cámara Federal de Apelaciones la ratificó.

Volviendo al Criptogate, otra especulación que se abre es si los denunciantes podrían ir apuntando a las reservas de oro que Luis Caputo envió a Londres.

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