Por Carlos Tórtora.-

Los hechos se suceden a una gran velocidad y todos convergen en la misma dirección. Hace una semana, Javier Milei anunció el envío al Congreso del acuerdo con el FMI, pero pasaron dos cosas: la primera es que el acuerdo no aparece y la segunda, que el gobierno pretende aprobarlo mediante un DNU. Aparentemente Luis Caputo quiere ocultarle al país que el acuerdo incluye una fecha de salida del cepo, lo que impulsaría una escalada de presiones devaluatorias. El mismo DNU tiene un destino complicado: ¿desembolsará el FMI fondos frescos en tanto al menos una de las cámaras del Congreso no haya aprobado el DNU? Y si esperara el desenlace, ¿qué efectos tendría esto en la economía? La ley 27612 prescribe que cualquier endeudamiento con el FMI debe ser aprobado mediante una ley especial.

En otro orden de cosas, el Criptogate se agrava. El ingeniero en sistemas Fernando Molina sostuvo la semana pasada, con pruebas técnicas, que 20 minutos antes de que se lanzara el token $LIBRA, fue lanzado con la misma metadata el Token MILEI, que en su breve vida llegó a tener 184 operaciones y que a todas luces fue una prueba antes de lanzar $LIBRA. Molina se graduó en la Universidad Torcuato di Tella, trabajó en JP Morgan y Pan American Energy y expuso todo esto en la reciente reunión de expertos en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados. Esta comprobación acerca aún más al presidente a una conducta dolosa de estafa, todo mientras dos de los imputados en la causa, Mauricio Novelli y Sergio Morales, tuvieron allanamientos judiciales en sus domicilios.

A todo esto, el Senado está cerca de rechazar la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, la mayor parte de las consultoras admiten que el proceso de desinflación ha fracasado y que la inflación de febrero no baja del 2,5%. Todo esto en medio de crecientes cuestionamientos a la metodología obsoleta que utiliza el INDEC.

Este sábado, los ministros de Seguridad y Defensa Patricia Bullrich y Luis Petri intentaron recorrer algunas calles de Bahía Blanca, inmersa en el drama de la inundación. Pero fueron repudiamos masivamente por los vecinos.

Por último, la encuestadora ATLAS, la primera que predijo el triunfo de Milei en el 2023, afirma ahora que éste perdió en las últimas semanas un 10% de apoyo.

En el tobogán

Pese al enorme esfuerzo autoritario del gobierno para mostrar una creciente concentración de poder, la realidad es que la prórroga por segundo año del presupuesto, la negociación de la deuda a espaldas del Congreso y la estafa del Criptogate le están restando a Milei la legitimidad de ejercicio.

La crisis política en ciernes no termina de desatarse por dos razones: en primer lugar está la incertidumbre de si el gobierno conseguirá llegar a las elecciones sin verse obligado a devaluar antes, lo que provocaría una escalada de inflación y pobreza. En segundo lugar, en los años electorales las tensiones se direccionan hacia los comicios, o sea que el malestar se suele canalizar por el voto castigo. Si esto ocurriera en octubre, la gobernabilidad de Milei estaría seriamente comprometida y poco podría hacer la administración Trump para salvarlo del juicio político.

El oficialismo apostó todas sus cartas a controlar los otros dos poderes del Estado. Al Congreso lo domesticó captando gobernadores, legisladores radicales violetas y sometiendo al PRO, pero este proceso ahora empieza a revertirse.

La Corte iba a quedar sojuzgada con las designaciones de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. Pero García Mansilla se dio vuelta en el aire y ya votó contra el gobierno. Y lo de Lijo se va derrumbando.

Si el Congreso y la Justicia se independizan, la suerte de Milei está echada.

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