Por Luis Alejandro Rizzi.-

$LIBRA.

Decía ayer en la edición electrónica de “La Nación”: “…pero el propio Davis dio su versión sobre cómo y por qué llegó a interactuar con el poder en la Argentina. “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción”, les escribió a fines de 2024 y principios de 2025, a expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones cripto con los que sondeaba negocios. “Yo controlo a ese nigga”, añadió, usando la expresión con la que supremacistas blancos aluden en Estados Unidos a personas afroamericanas o de otros orígenes que están sujetas casi a la servidumbre. “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.

Muy grave y muy triste.

En lo personal -y surge implícitamente de las diversas notas de Alconada Mon y otras que han tratado y tratan el tema, entre ellas el “New York Times”, que el gobierno tuvo bastante que ver en la oscura trama de “$LIBRA” y la aparente estafa de la que fueron víctimas varios “inversores”.

Pero también creo que Milei fue usado y víctima de un “cuento del tío”, lo que para un presidente de una nación es muy grave.

Este hecho, “el cuento del tío”, es el hecho político que debería investigar el congreso, mejor dicho, la Cámara de Diputados, para precisar si hay motivo para promover el juicio político al presidente, por falta de “idoneidad”.

La trama que se está poniendo en evidencia es materia de investigación judicial y lo esencial y más difícil es la de precisar si este uso político del presidente y del gobierno fue pagado por el propio gobierno.

Ya hay bastante olor a “casta…”

LA CORTE

Es muy difícil, más bien ingenuo, creer que el Dr. García Mansilla podría conformar una mayoría automática con Ariel Lijo y Ricardo Lorenzetti. Es no conocer a la gente.

Los que conocen el medio, celebraban que, en verdad, con Lijo y García Mansilla se conformaría una mayoría autónoma, es decir, insusceptibles a presiones políticas, pero con los doctores Rosatti, Rosenkrantz y García Mansilla. Lijo y Lorenzetti seguirían siendo “4 de copas”.

También se sabía que el ritmo político de la Corte seguiría en manos del Dr. Rosatti.

El nombramiento por decreto, parcialmente fallido, hasta hoy, de García Mansilla y Lijo, podría fatalmente llevar al Senado a que en la brevedad rechace los dos pliegos y ya no habría margen para negociar el nombramiento de las dos vacantes con una supuesta ampliación de los jueces de la Corte, con los dos vocales “provisorios” adentro y otros cargos vacantes en el Poder Judicial.

Alguien que sabe me dijo que ahora habría más posibilidades de que se retire el pliego del “traidor” García Mansilla.

Algunos senadores, sin embargo, mirarían con simpatía el acto de “imparcialidad y autonomía” de García Mansilla en el caso Lijo.

EL FMI

Todo indica que hay un proyecto de acuerdo ya “acordado”, pero condicionado a la aprobación del congreso mediante una ley.

El gobierno, mejor dicho, Milei y Luis Caputo habrían decidido sustituir ese acuerdo, mediante un DNU, que tendría garantizado su “no rechazo” en la Cámara de Diputados, con lo cual el DNU se convertiría en ley.

La cuestión estaría en que el FMI exige una ley, como lo dispone la “ley Guzmán” -27612- y que algún desconfiado piensa que la propuso por sugerencia del FMI o algunos de sus miembros.

Dice la ley: “ Art. 1º La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio. Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente.

Artículo 2º- Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente.”

Esto significa que además debiera estar sancionado el presupuesto del año 2025, que no existe.

Es obvio que el Poder ejecutivo no puede sancionar el presupuesto nacional mediante un DNU.

Pero queda otra pregunta más grave: ¿puede el FMI acordar con la Argentina sin que haya presupuesto sancionado para el ejercicio en curso?

El FMI no puede alegar ignorancia del derecho argentino.

BAHÍA BLANCA

Lamentable el uso partidario de la Bullrich y Petri. Kicillof (el gobernador del medio punto) fue más gente que ellos.

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