Por Hernán Andrés Kruse.-
A fines de enero de 2022 el presidente Alberto Fernández se dirigió a los argentinos para anunciar el acuerdo que su gobierno había llegado con el FMI. Dijo el primer mandatario (fuente: Casa Rosada-Presidencia, 28/1/022):
“Quiero anunciarles que el Gobierno de la Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad, sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una soga de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro, con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral, promueve nuestra inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social, y respeta nuestros pales de inversión en ciencia y tecnología. Además, vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este acuerdo existe. Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada, prevé que no hay una caída del gasto real y si un aumento en la inversión de la obra pública del Gobierno nacional; tampoco dispone de saltos devaluatorios. Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación, que nuestra Nación necesita, estarían seriamente limitadas. Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades, tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo, no era posible. De otro modo, tampoco será imposible. Teníamos una deuda impagable, que nos dejaba sin presente, ni futuro. Ahora, tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones, a través de nuestro crecimiento.
Tengo fe en la Argentina, yo tengo fe en la Argentina. Sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante, confío en el dinamismo de nuestras empresas, en la fortaleza de nuestra industria, en compromiso de quienes trabajen, en la valía de nuestras científicas y nuestros científicos, en el talento de nuestros emprendedores, en la enorme capacidad de nuestras pymes y en los sueños de nuestros jóvenes. Creo en la Argentina, debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones, al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura. Seguiremos también la senda de ordenar las cuentas públicas, sin condiciones a nuestras políticas de justicia social. Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo. Elevaré al Congreso de la Nación para su consideración, el acuerdo este. Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas. Hay futuro porque estamos afianzando este presente, la historia juzgará quién hizo qué, quién creó un problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Había un problema gravísimo y urgente, y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no de dividirnos en los problemas; confío en la Argentina, confío en los argentinos y argentinas”.
Seguramente fueron millones los argentinos que le creyeron. En ese momento probablemente olvidaron la sabia sentencia de Albert Einstein: “locura es creer que se puede obtener resultados diferentes aplicando los mismos métodos”. En ese momento probablemente olvidaron el mensaje del entonces presidente Macri al pueblo sobre su decisión de entablar negociaciones con el FMI (8 de mayo de 2018). Palabras más, palabras menos, dijo don Mauricio: “Argentinos, estamos atravesando una situación harto delicada, fruto de los desaguisados cometidos por anteriores gobiernos. Ha llegado, pues, la hora de dar soluciones a los graves problemas que nos aquejan. Y esas soluciones sólo las puede brindar el FMI. Tengamos confianza”. Eso es exactamente lo que dijo Alberto Fernández en enero de 2022. Pues bien, ambos acuerdos atentaron contra la calidad de vida de los argentinos. A partir de la “amistad” entablada con Christine Lagarde, la entonces mandamás del FMI, el presidente Macri perdió el control de su gobierno. Las variables económicas estallaron en mil pedazos (inflación, dólar blue y compañía), creando el escenario ideal para el retorno de Cristina al poder. Cuatro años después, sucedió exactamente lo mismo obligando al presidente Fernández a reemplazar a Martín Guzmán por Sergio Massa en el ministerio de Economía, quien a partir de entonces (agosto de 2022) se convirtió en el presidente de facto de la Argentina.
Tres años más tarde la historia se repite. Hace unas horas el presidente Milei anunció que habrá un acuerdo con el FMI y que será por un Decreto de Necesidad y Urgencia, y no a través de un proyecto de ley aprobado por el congreso como sucedió con el acuerdo del gobierno de don Alberto con el FMI. A continuación paso a transcribir el comunicado de la Oficina del Presidente (fuente: Página/12, 7/3/025):
“La Oficina del Presidente informa que, tal como se comprometió el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública. Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias.
No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores. Convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas. Es por esto que el Presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico”.
Milei no hace más que reiterar los mensajes de Macri y Alberto: “estimados argentinos, la situación es harto complicada, producto de los desaguisados cometidos por el kirchnerismo. La única solución es acordar con el FMI. Tengan confianza ya que todos juntos lograremos sacar a la Argentina de la ciénaga en la que se encuentra por obra y gracia de décadas de populismo”. ¿Qué nos enseña la historia? Que los acuerdos de Macri y Alberto con el FMI (al igual que todos los acuerdos firmados por los gobiernos de turno con el FMI a partir de 1956) hundieron más al país en la ciénaga. ¿Por qué ahora sería diferente? ¿Porque Milei es el presidente? Si los acuerdos de Macri y Alberto fracasaron, el de Milei seguirá el mismo derrotero. Lo hará porque el presidente libertario no tendrá más remedio que poner en práctica las recetas ultraortodoxas del FMI, recetas que siempre provocaron el colapso de las economías de los países que las aplicaron.
Creo, por ende, que ha llegado el momento de formularnos el siguiente e inquietante interrogante: ¿los argentinos estamos locos? A tenor de la naturalidad con la que aceptamos la decisión de Milei de utilizar un DNU para imponernos un nuevo acuerdo con el FMI, la respuesta es afirmativa. Y sí don Albert: usted tenía toda la razón del mundo.
10/03/2025 a las 6:23 AM
Cuando sacan a la Señora, la deuda externa era una……COSECHA, o sea digamos NADA. A partir de ahí, el acabose hasta nuestros días. Nada será distinto, la Deuda sigue creciendo y los giles seguiremos pagando un dinero que no hemos visto. Buscar Causa Olmos y verán que la «guita» NUNCA INGRESO AL PAÍS. SIGAN VOTANDO.
10/03/2025 a las 10:05 AM
Dejando de lado cómputos y estadísticas amañadas, no es cierto que la deuda cuando Cristina perdió el Poder Ejecutivo fuera poca: En esa «contabilidad creativa» deben incluirse los impagos acrecidos por el «magister estafador» Néstor Kirchner (marido y socio de la supérstite).
10/03/2025 a las 12:49 PM
Aclaro, la Señora era MARÍA ESTELA MARTÍNEZ CARTAS VIUDA DE PERÓN. La deuda ascendía poco más de 7.000 millones (según quien haga el cómputo). Y el país funcionado a pleno pese a la guerra interna.
10/03/2025 a las 8:43 AM
A nuestros liberales les encanta insertarse en el mundo «libre y democrático» endeudándose; el detalle es que éllos se quedan con la plata y la gilada que apoya la insertada termina ensartada. Para corroborarlo solo basta ver la trayectoria de nuestras «inserciones» que comienzan con la libertadora y alcanzan su zenit con el proceso. De ahí en adelante todos miran para otro lado. Hay una perfecta combinación entre los endeudadores seriales y los pagadores seriales.
10/03/2025 a las 10:23 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Hinchadas unidas y en la calle para apoyar a los jubilados
Edgardo Mocca
El Destape
9/3/025
Alguna vez tenía que ser. Durante todo lo que va de mi vida, tuve que enfrentar -en mi doble condición de futbolero intenso y militante político- el sonsonete de que el fútbol es “necesario” -vista la cuestión desde las “clases cultas”- para distraer la atención y para construir un sostén del patriotismo útil para “tapar” los verdaderos problemas del país. Ese movimiento de ideas tiende a considerar que quien grita alocadamente un gol de la selección -o en los buenos tiempos también una conquista internacional de un equipo argentino- es una persona “utilizada” por un poder maligno y siempre igual a sí mismo, para tapar los “verdaderos problemas”. En sus expresiones más delirantes llegaba a culpar de las frustraciones y los fracasos nacionales a ese diabólico juego capaz de encender pasiones como muy pocas otras actividades pueden hoy desatar.
El hecho es que hoy estamos ante un acontecimiento inesperado -y acaso luminoso- la confluencia de un conjunto de “hinchadas” de fútbol con el reclamo de los jubilados contra la agresión sistemática y perversa del gobierno de Milei. Y en la lista de barras futboleras que anuncian el encuentro hay más de una que se debe haber trenzado a trompadas más de una vez contra alguna otra de los que “bancarán los trapos” en las marchas que vienen. Los bien pensantes críticos tendrán que hacer andar sus murmullos por otras regiones. Desde aquí les damos una ayuda: pueden hablar, por ejemplo, de la falta de presencia de los sindicatos y la CGT. Por supuesto que, en este caso, como ocurre siempre, eso los obligará a mirar para otro lado cada vez que desde la central o algunos de sus sindicatos más poderosos se impulse la movilización, lo que siempre ha ocurrido y volverá a ocurrir en condiciones como las que vivimos. Es una buena manera de mostrarse solidario y consciente sin tener que recibir palos ni aspirar gases perjudiciales.
¿Por qué esta cuestión tiene importancia política? Porque de lo que se está hablando es de modos diferentes de comprender la pertenencia y la militancia política. Hay un modo que sueña con una política “seria”, que no se comprometa con los usos y costumbres del “populacho”, con sus misteriosas fidelidades de pertenencia. Un uso particularmente perverso de esta administración de corrección política tuvo lugar en el mundial que se jugó en nuestro país en 1978. Los intensos festejos de la noche de la consagración de nuestra selección como campeona de la competencia fueron interpretados por algunos de estos bien pensantes como indiferencia al contexto político del triunfo y de la celebración. Festejábamos rabiosamente mientras en el país había miles de víctimas fatales de la violencia dictatorial. Es un argumento muy fuerte. Y también un golpe bajo que parece esconder tras un halo de “conciencia política” un olímpico desprecio por la alegría popular y sus formas de expresión. Tampoco, en lo personal, experimenté ninguna prueba de que los festejos confluyeran en el apoyo de sus protagonistas a la siniestra dictadura de Videla y sus adláteres. Podrá haber habido casos de esa confluencia; eso es lo hermoso de las identidades populares que no se dejan explicar por miradas simplistas y mucho menos doctrinarias.
La tarde del miércoles próximo puede convertirse en el tiempo de una enorme conquista del movimiento popular. La confluencia de un amor intenso entre los colores de las camisetas que estén representados (ojalá que siga creciendo su número en estas horas) con la conciencia de que el fútbol, nuestro deporte más popular, puede también ser un poderoso vehículo para una política de unidad nacional sostenida en los principios de la justicia social, la democracia y el patriotismo.
10/03/2025 a las 10:26 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Edesur, entre los sapos libertarios y la maldad empresaria
Claudio Scaletta
El Destape
9/3/025
Los cortes de energía de Edesur vuelven a poner en primer plano uno de los problemas principales de la actual administración y también de las precedentes: la planificación del desarrollo. Que el oficialismo diga que no cree en planificar y que su tarea es solamente ordenar las cuentas importa poco. Incluso creer que la planificación es responsabilidad del mercado y no del Estado también es una forma de planificación.
Luego de 15 meses de gobierno quedan pocas dudas de que el sostenimiento de la legitimidad oficial reside exclusivamente en el freno tendencial de la inflación. Dado que la acción del gobierno en el resto de las áreas, a excepción de algunas desregulaciones, pivotea entre inexistente y horrible, se comprende que el mileísmo haya atado su suerte al dólar barato como instrumento de estabilización ficticia. Mientras tanto, por debajo de la superficie, ruje el magma de la insustentabilidad.
En el camino, y aunque las huestes de La Libertad Avanza (LLA) sepan que son gobierno por los fracasos de sus predecesores, también se autoconvencieron de ser los portadores de un cambio cultural ultraconservador, de una nueva “batalla cultural”, pero en sentido inverso a la de las primeras décadas del siglo. Imaginan que la sociedad no solo se hartó de la inflación y tal vez de la vieja composición del déficit disfrutado por “la casta”, sino que rechaza también los discursos identitarios y las libertades civiles conseguidas en la post dictadura. En estas visiones los libertarios se parecen mucho más al viejo conservadurismo de lo que les gustaría asumir, son ultra liberales en el discurso económico y ultraconservadores en todo lo demás. Es innegable que la sociedad estaba harta de la inflación y, por eso mismo, enojadísima con “la casta”, pero también es evidente que esa misma sociedad no da señales de querer retroceder con el liberalismo social conseguido desde el regreso de la democracia. Y ello es así aunque, en el altar de la lucha contra la inflación, haya optado transitoriamente por tragarse todos los sapos libertarios, hasta el de la criptoestafa.
Sin embargo, no todos los batracios están conjurados. Los cortes de Edesur sacaron a la luz (la paradoja fue involuntaria) algunos sapos del libertarismo que, por sus efectos en la vida cotidiana, se volverán cada vez más intragables. El primero es el de la ausencia de planificación. Y el segundo y relacionado es el más insólito, el de la guerra contra la obra pública. El cambio parece absolutamente radical, hasta ayer nomás la actividad preferida de cualquier gobernante era la inauguración de obras, incluidas las pre y post inauguraciones. En el presente, si se atiende a las encuestas que muestran que el apoyo a LLA se mantiene alto, la obra pública pasó de virtud a latrocinio, un pecado casi tan grave como la “aberrante” justicia social. De hecho, los funcionarios libertarios, como se escuchó esta semana en la feria minera canadiense, andan por el mundo explicando que los argentinos ya no son los mismos y que ahora aceptan no solo la necesidad del ajuste más grande de la historia, sino también la completa retirada del Estado hasta de sus funciones más elementales. Como muestra allí andan los propietarios de vehículos cero kilómetro, circulando felices con patentes de papel, aparentemente convencidos de la necesidad de terminar con el curro de las chapas patente.
Pero la marcha va por dentro. La obra pública es sobre todo infraestructura, como por ejemplo redes viales y provisión de energía. Una infraestructura de calidad baja costos de producción y es una de las claves de la competitividad sistémica de cualquier economía. Eliminar la obra pública supone no solo que se estanque su crecimiento, sino el progresivo deterioro de la infraestructura existente. El resultado no es solamente un país más feo, sino mayores costos y pérdida de competitividad, es decir, es un grave problema económico.
Alguien con ceguera ideológica, y que además nunca haya analizado cómo se resuelven estas asignaturas en los países más desarrollados, podría argumentar que si el Estado se retira, las obras serán hechas por los privados. Javier Milei fue taxativo con su patético ejemplo de la construcción de puentes. Pues bien, no solo no sucede que los privados tomen la posta guiados por las señales del mercado, sino que el caso de Edesur muestra lo que realmente ocurre cuando el Estado, luego de correrse de la provisión de un servicio público, fracasa también en su regulación y planificación.
Tras los apagones en la zona sur del AMBA de esta semana la mejor salida de una parte de la política fue recurrir al trajinado “culpómetro” metiendo el problema dentro de “la grieta”. Los analistas sectoriales, en cambio, explicaron de manera bastante unánime que el problema de fondo fue la crónica subinversión en la infraestructura eléctrica en general y de Edesur en particular. Vale recordar que tras las privatizaciones de los años ’90 el sistema eléctrico se dividió en distintas firmas y áreas y quedaron separadas las etapas de generación, transporte y distribución. Edesur es solo el resultado de la partición de una vieja distribuidora estatal. Su actual controlante, la multinacional italiana ENEL, hace años que quiere salir de Argentina. ¿Pero por qué subinvirtió Edesur desde su privatización? Existen dos respuestas según la ideología. Una dice que es porque se le congelaron los ingresos y otra porque los empresarios son malos y prefieren fugar sus ganancias extraordinarias. Una aproximación menos ideológica podría concluir en cambio que simplemente, bajo todas las administraciones, hubo deficiencias de distinto grado en la planificación y el control.
Es verdad que durante los últimos gobiernos peronistas hubo retrasos tarifarios, pero lo que no pagaron los usuarios fue parcialmente cubierto por el Estado vía subsidios, lo que tuvo como contrapartida innecesarios puntos crecientes de déficit fiscal. El problema fue principalmente para la macroeconomía, no para las empresas. En años recientes, la disputa por el ajuste tarifario a los consumidores fue también uno de los núcleos del conflicto al interior del Frente de Todos. Es una historia conocida. Recién con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía en 2022 las tarifas comenzaron a ajustarse. A Martín Guzmán no lo dejaron hacerlo y fue una de las causas del hartazgo que lo llevó a la renuncia. Finalmente, desde que LLA llegó al gobierno las tarifas se multiplicaron, con el consiguiente impacto en el ingreso disponible de los asalariados y en los costos de producción. Hoy los usuarios pagan en la tarifa, en promedio, alrededor del 80 por ciento del costo y los subsidios cubren el 20 restante. La oposición Nac&Pop insiste en que el problema es que, a pesar de las tarifas altas, las empresas siguen sin invertir y, efectivamente, los cortes son una señal de que las inversiones en la calidad del servicio siguen demoradas. Pero el verdadero problema de fondo, de ayer y de hoy, sigue siendo la planificación y el control de la inversión. Y si los gobiernos precedentes no lo hicieron bien, el actual, retirando al Estado, podría estar haciéndolo mucho peor y profundizando el problema.
La conclusión preliminar es que la infraestructura, al igual que el control de la inflación, debería ser parte de un nuevo corpus de consensos económicos básicos que queden definitivamente fuera de cualquier “grieta” política. Si la sociedad no reacciona y decide seguir entregándose a la bacanal culinaria de sapos libertarios o si se limita a creer que los problemas de subinversión sólo son responsabilidad de la maldad empresaria que “explota nichos de alta rentabilidad para fugar excedentes”, los cortes generalizados de energía habrán sido solo un adelanto de lo que podría suceder con el conjunto de la infraestructura, desde la provisión de todos los servicios públicos a la logística de transporte.
10/03/2025 a las 10:29 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Los límites del Presidente
Joaquín Morales Solá
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
9/3/025
Pudo redactar una resolución más alambicada, menos franca. Pero la Corte Suprema prefirió escribir una decisión que exhibiera su fastidio con la designación por decreto de Ariel Lijo como miembro de ese elevado tribunal, sin que renunciara antes como juez federal, y también con la Cámara Federal, porque le había aceptado al candidato a juez supremo un incorrecto pedido de licencia. La Cámara no tiene facultades para hacer eso. Antes, en septiembre último, el Congreso rechazó por primera vez en la historia un decreto de necesidad y urgencia de un presidente; fue el que le destinaba a la SIDE 100.000 millones de pesos adicionales para fondos reservados (recursos del Estado que se gastan arbitrariamente y sobre los que nunca se rinden cuentas). En cinco meses, el Presidente tuvo la advertencia de los otros dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial, de que no todo le será permitido solo porque ha ganado una elección que lo convirtió en jefe del Estado. La reacción de esas instituciones subraya que existen todavía instancias que no aceptan la opción presidencial entre la guerra o la sumisión, aun cuando muchos elijan la obsecuencia. Javier Milei va construyendo un gobierno de funcionarios que prefieren acatar o callar ante el riesgo de ser echados de mala manera. El pánico es un obstáculo para una advertencia diferente. Lo que está sucediendo con Lijo (y lo que podría suceder) indica también que el Presidente acepta el primer consejo que le dan, sin chequear nada, sin contrastar con otras opiniones, aunque ese consejo se refiera a cuestiones de una crucial significación. El primer consejo vino del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que está en minoría en el tribunal, porque el magistrado consideró que era necesario colocar en la cima del Poder Judicial a un abogado con experiencia en la cotidiana administración de justicia y, sobre todo, de la Justicia Federal. Eligió a su amigo Lijo. La mayoría de los casos de más impacto público que llegan a la Corte se originan en los tribunales penales federales. Ahora bien, ¿el Presidente no debió, antes de promover a Lijo y seguir el consejo de Lorenzetti, explorar primero la opinión de otros jueces y recabar el concepto que tienen de ese candidato las asociaciones de abogados más prestigiosas? ¿No debió, acaso, investigar si en el Senado existía la mayoría agravada que impone la Constitución, el voto de los dos tercios de los senadores presentes, antes de enviar los pliego de Lijo y del constitucionalista Manuel García-Mansilla? Es cierto que la propuesta de Lijo arribó al Senado con el acuerdo explícito de casi todos los jueces federales de todas las instancias de ese fuero. La reacción de la corporación judicial es infaltable. Lijo tuvo siempre una activa vida social, que incluyó encuentros frecuentes con sus colegas de los tribunales, con legisladores y con gobernadores. Por eso, la decisión de la Corte del jueves (que rechazó de plano el pedido de licencia de Lijo y revocó secamente la decisión de la Cámara Federal de concedérsela) significó una derrota para muchos funcionarios judiciales. En esa lista puede incluirse a Lijo y a Lorenzetti, pero también a todos los poderosos jueces federales; estos son ahora menos poderosos que el miércoles último, el día anterior al jueves cruel en que la Corte decidió no tomarle juramento a Lijo por segunda semana consecutiva. Dicen, incluso, que hasta Lorenzetti deslizó poco antes del jueves que a su ahijado Lijo no lo aguardaban buena noticias. “Ariel debe esperar que las cosas se calmen”, habría dicho, escéptico. El problema esencial de Lijo, además de los muchos y graves cuestionamientos éticos e intelectuales, es precisamente que no puede ser juez en dos instancias, aunque en una estuviera de licencia. La opinión con más sentido común se escuchó de parte de una prestigiosa jueza: “El deber básico de un juez es saber qué quiere ser”. ¿Lijo quiere ser juez federal o juez de la Corte Suprema? Hizo quedar mal a mucha gente. Varios jueces de la Cámara Federal se arrepintieron luego de haberle dado una licencia que ellos no podían conceder. Esa fue la opinión permanente del presidente de la Cámara, el juez Mariano Llorens, pero este tropezó con las presiones que cambiaron la opinión de los otros jueces de ese tribunal. La Corte los corrigió con párrafos destemplados.
Una novedad sucedió en la Corte cuando García-Mansilla decidió sumarse a los jueces Horacio Rosatti, presidente del cuerpo, y Carlos Rosenkrantz, vicepresidente. Una nueva mayoría se instaló de hecho en el tribunal. Esos magistrados, que conforman la mayoría de tres que requiere cualquier decisión de la Corte, firmaron el rechazo de la licencia de Lijo y la tajante negativa a tomarle juramento como juez supremo. Lorenzetti eligió no opinar, aunque se supone que en la reunión con sus colegas defendió la licencia de Lijo. La posición de García-Mansilla fue, seguramente, una sorpresa para Lorenzetti porque él presentía que el flamante magistrado lo acompañaría en defensa de Lijo. Pero García-Mansilla eligió respetar la jurisprudencia de la Corte y, así, volcó dramáticamente la relación de fuerzas en el vértice del Poder Judicial. García-Mansilla solo cumple su deber, aquí y ahora. No está seguro de nada. Cuando la Corte aceptó tomarle juramento a él porque no es juez ni funcionario de la Justicia, hace diez días, los otros magistrados lo llamaron y le dijeron que estaban dispuestos a esperar hasta que invitara a su familia y a sus amigos a la ceremonia de asunción. “Voy solo”, contestó García-Mansilla, seguro y definitivo. No quería una brillante ceremonia cuando no sabe por cuánto tiempo más será juez de la Corte. El acto de juramento de García-Mansilla no duró más de 20 minutos por decisión del propio García-Mansilla. Imposible mayor austeridad.
Hasta la tarde del viernes no había ingresado en el Senado un pedido de sesión para tratar el acuerdo de los jueces. Puede ingresar en cualquier momento. El Congreso está en sesiones ordinarias y, por lo tanto, el Senado tiene en principio sesiones todos los jueves a las 11. Previamente, los líderes de los bloques deben reunirse con la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, presidenta natural del cuerpo, y decidir entre todos si es necesaria la reunión y establecer, en caso de convocarla, qué temas se tratarán. El pliego de Lijo puede incluirse sin demoras ni requisitos, porque ya cuenta desde hace tiempo con el dictamen de la Comisión de Acuerdos; el de García-Mansilla requiere, si consiguen el dictamen que aún no tiene, siete días previos antes de que lo considere el plenario del cuerpo. Los rumores que venían del Senado eran pesimistas respecto de la suerte de los dos jueces. Mucho más agoreros son los pronósticos después del decreto presidencial que nombró a los magistrados en comisión horas antes de que concluyera el receso parlamentario, porque fue recibido en el Senado como una provocación al cuerpo. En ese momento se activaron todos los mecanismos para defender las facultades del Senado. Las conversaciones frenéticas se sucedieron entre los distintos bloques, y todos coincidieron en que el Senado debe pronunciarse cuanto antes después de que la Corte no le tomó juramento a Lijo. “Es cierto que una cosa es lo que algunos senadores dicen, cuando dan la vida por la república, y después, cuando votan, entregan rápidamente la república”, aguijoneó un senador. Pero las gestiones entre los senadores no concluyeron. Al contrario, García-Mansilla consiguió ya en la Comisión de Acuerdos ocho firmas (todas en contra) de las nueve que necesita para que su pliego pueda ser tratado en el recinto. Los senadores le reprochan que haya dicho en el Senado que no aceptaría una designación por decreto, que luego terminó aceptando. Para justificarlo, en la Corte explicaron que la opción de García-Mansilla era que hubiera dos Lijo y no uno. El Senado no se resigna a quedar en los tugurios de la historia. “Los jueces de la Corte deben tener la legitimidad que les da una designación que cumpla con la Constitución”, señaló la senadora Guadalupe Tagliaferri, de Pro. Es la común opinión de los senadores.
El conflicto de fondo es que el Gobierno se niega a negociar nada; la negociación es la práctica común en el mundo de las democracias entre los que gobiernan y los legisladores. Aseguran que el oficialismo intentó una primera negociación con Cristina Kirchner, pero las condiciones que esta puso fueron rechazadas en el acto. No se volvió a hablar del tema. Nunca Cristina Kirchner le dará el voto de los senadores que le responden (es un misterio el número de senadores cristinistas fanáticos que existen) sin una negociación previa con ella. Tampoco los gobernadores peronistas no cristinistas o los aliados no peronistas entregarán el voto de sus senadores a cambio de nada. El escándalo político de la designación de Lijo, sobre todo, es demasiado importante como para que paguen un caro precio político sin recibir algo en retribución. Los acuerdos del Senado, más que nada los de los jueces de la Corte, son la facultad más poderosa del Senado, porque es exclusiva de ese cuerpo. En el resto de las decisiones debe compartir el poder parlamentario con la Cámara de Diputados. También existe –por qué negarlo– el voto por convicción de varios senadores o de los partidos que representan. Es el caso de los senadores de Pro (Mauricio Macri ratificó que su bloque votará en contra de Lijo), de senadores como Luis Juez y Francisco Paoltroni y de varios del radicalismo, sobre todo de los que no tienen encima un gobernador que los presiona. Se vio hace poco cómo el presidente del bloque radical de senadores, el correntino Eduardo Vischi, firmó la resolución que creaba una comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda, pero luego votó en contra de esa comisión que él mismo había propuesto. El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, cambió el votó de Vischi. ¿Lo volverá a cambiar ahora?
Otro decreto, este de necesidad y urgencia, acaba de anunciarse para saltar por encima de facultades constitucionales del Congreso; el decreto aprobará, sin mayores detalles, el acuerdo con el Fondo Monetario. Milei tirará la ley a la banquina. El artículo 75 de la Constitución, en su inciso 7, dice que el Congreso debe disponer sobre la deuda del país. Se lee textualmente en el capítulo sobre las atribuciones del Congreso: “Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Ningún gobierno en los 40 años de democracia eludió el Congreso para firmar un programa con el Fondo sobre la deuda del país. Nunca el Congreso le negó su aprobación a un acuerdo de cualquier gobierno con el FMI. Hasta Elisa Carrió acaba de anunciar que su partido aprobará el acuerdo con el Fondo. “Nunca tampoco hubo dos años seguidos sin un presupuesto aprobado por el Congreso”, ironizó un senador. No es cierto el pretexto de que los decretos de necesidad y urgencia también los trata el Congreso. El DNU necesita el rechazo de las dos cámaras legislativas, del Senado y de Diputados. Con un solo rechazo no basta. En cambio, un trámite común en el Congreso necesita, al revés, la aprobación de las dos cámaras. El rechazo de una sola de ellas anula la decisión. Fue, en síntesis, otra provocación, esta vez al Congreso, no solo al Senado. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? “Para que el ministro Caputo firme lo que él quiera con el Fondo”, se escuchó en la Cámara de Diputados; los síntomas de paranoia eran generalizados entre legisladores. A veces, los paranoicos tienen razón. Más que acatar los límites que le colocaron la Justicia o el Congreso, a Milei le gusta vivir en un permanente estado de guerra política. Es el paraíso que se construyó entre los mortales.
10/03/2025 a las 10:33 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El Gobierno navega en un mar de arena hasta octubre
Jesica Bossi
Infobae
09 de Marzo, 2025
Javier Milei acaba de entrar en la lógica de todo año impar. La pelea electoral ya marca el pulso de la política y el Gobierno sabe que padecerá, aún más, su principal debilidad: la falta de sostén parlamentario.
El Congreso es un territorio hostil del que puede esperar poco en los próximos meses, y en el que, en todo caso, tendrá que mantener alta la guardia por si la oposición avanza contra los intereses del oficialismo.
A pesar de haber perdido cierta eficacia para marcar la agenda desde que estalló el escándalo de $LIBRA, en la Casa Rosada van a intentar dar golpes de efecto y abrir frentes de batalla, aunque en los hechos sea como remar en arena. Agitar y estar casi en el mismo lugar.
Más allá de los traspiés, el Gobierno se resiste a dar vuelta de página con el capítulo judicial. Todo lo contrario. Se dispone a enviar al Senado los pliegos para designar unos 150 jueces y también la nominación del procurador general. “Va a ser entre este mes y abril”, precisa una fuente oficial al tanto de las conversaciones.
El cargo del jefe de los fiscales está vacante desde 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández lograron los apoyos necesarios para coronar a sus candidatos, y Milei va a intentar hacer lo suyo, desde una minoría mucho más extrema (tiene sólo 6 senadores), pero también desde una determinación más notable.
En el medio, la Casa Rosada no tiene previsto retirar los pliegos trabados en el Senado de Manuel García Mansilla, quien asumió temporalmente amparado en un decreto; ni de Ariel Lijo, después de que la Corte le bochara esta semana la solicitud de licencia extraordinaria a su cargo como juez federal.Lijo quedó en un limbo. Hasta el día anterior de la reunión del Máximo Tribunal, en la Casa Rosada creían que podía darse un empate en la votación. De hecho, apenas se conoció que había tres firmas en contra, incluida la de García Mansilla, en despachos oficiales descartaban la veracidad de la información.
En rigor, faltaba el pronunciamiento de Ricardo Lorenzetti, impulsor de la candidatura de Lijo y en abierto enfrentamiento con sus colegas cortesanos, lo que demoró varias horas la publicación de la resolución.
En los pasillos judiciales, con ironía, sostenían que García Mansilla quedó “huérfano” apenas juró, es decir, sin papá ni mamá a quien obedecer, para explicar por qué optó por inclinarse en contra de los deseos del Presidente. Pero eso no necesariamente implicaría la conformación de un nuevo bloque con Horacio Rosatti y Rosenkrantz, a la hora de discutir el reordenamiento del poder interno, como la presidencia del cuerpo.
El panorama se vuelve intrincado. El Senado puede desbancar de un plumazo a García Mansilla y a Lijo, y, de hecho, sólo falta una firma para tratar el pliego del primero en el recinto. El decreto generó malestar y un sector de la oposición dice que quiere marcarle un límite a Milei.
El partido que se juega por la situación de Lijo es distinto porque ya contaba con dictamen desde fines del año pasado, pero, a pesar de las señales, nadie termina de darle la costura final a su destino. El Gobierno creyó en algún momento contar con votos K, lo que da cuenta que no termina de comprender a Cristina Kirchner.
No está claro si el plan oficial se sostendrá, ni si se desmoronará como un castillo de naipes, pero lo concreto es que, sin respaldo, logró meter por la fuerza a un miembro, que además es el que mejor expresa su enfoque jurídico.
Aún antes de asumir el mandato, el “triángulo de hierro” fijó como meta estratégica completar el diseño de la Corte, es decir, la composición del tribunal que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de las políticas estructurales que hizo y hará el Presidente. Eso recorre una amplia gama, como cambios regulatorios, decretos, ley bases, privatizaciones, entre otros. Eso, en definitiva, es pensar en los resortes de poder de acá a 15 o 20 años.
Milei se mueve con un espíritu providencial, con promesas de prosperidad y grandeza. La toma de decisiones funciona en sentido exactamente contrario a lo que fue la de Macri, que se preocupó bastante más por las formas y buscar acuerdos, aunque eso significara ceder en su pretensión inicial y modificar artículos.
Las matemáticas lo reflejan a la perfección, por ejemplo, al comparar el primer año de gestión del líder del PRO vs el primer año de gestión del libertario, según un informe de Directorio Legislativo.
Macri cosechó 99 leyes aprobadas por el Congreso, esto es, el 40% del total de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
Milei consiguió apenas 44 leyes, lo que representa el 12% del total de las iniciativas que propuso.
La otra cara de la moneda es la comparación con los Decretos de Necesidad y Urgencia, una herramienta que debería ser de uso excepcional.
Macri emitió 17 en sus primeros 12 meses.
Milei firmó 51, o sea, el triple.
Para los libertarios es una discusión de segundo o tercer orden el formato legal y no dudan en barrer los límites. Prefieren hacer a como dé lugar, antes que no hacer. Eso funciona, en principio, porque los otros dos poderes que ejercen control sobre el Ejecutivo no han, hasta ahora, plasmado bloqueo alguno, por razones distintas.
Por eso, el Gobierno firmó un DNU para encaminar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en vez de enviar un proyecto de ley y esperar su aval en ambas cámaras, como correspondía y como había anticipado el propio Presidente en una entrevista televisiva.
También tienen en carpeta, puliendo detalles, otro DNU, al que querían bautizar como “70/2025”, en honor al “70/2023 Bases para la reconstrucción de la economía argentina”. Se trata de una nueva norma ideada por Federico Sturzenegger, que promueve más motosierra, todo una rareza en un año electoral.
Milei atraviesa el proceso a las urnas con reducción del gasto y despidos, sin “plan platita”, ni ningún típico atajo usado invariablemente por la política tradicional. Eso sí: con la intención de un dólar planchado, hecho que dispara las discusiones más apasionadas entre economistas sobre la sostenibilidad del modelo bajo estas condiciones.
Hasta ahora, siete provincias desacoplaron las elecciones y votan antes del 26 de octubre. Empieza Santa Fe en abril, que además se aventura a una reforma constitucional y elige convencionales. En la boleta, por ejemplo, va como candidato el propio gobernador, Maximiliano Pullaro.
Para el Gobierno es central la contienda en la ciudad de Buenos Aires, que bien merece este año llevar el rótulo de “madre de todas las batallas”. Lo determinante es si el PRO gana o pierde en su fortín, teniendo en cuenta que un muy mal resultado (esto sería, detrás de LLA y el kirchnerismo) lo traslada directo al cementerio.
En diez días es el cierre de alianzas y todo indica, por ahora, que es inviable un pacto entre macristas y libertarios. El 29 se presentan las candidaturas. En este escenario anticipado, a todo o nada, el Gobierno se ve obligado a jugar una carta fuerte. No hay tiempo de instalación de una nueva figura, ni tampoco de apostar a alguien que no sea directamente identificable con LLA.
La más salida más segura es Manuel Adorni, el libertario puro que mejor mide en la Ciudad. Karina Milei, quien lleva la batuta de las listas, no quiere testimoniales, con lo cual, los hermanos tendrían que estar dispuestos a perder al portavoz, al menos desde diciembre, cuando asumen formalmente las bancas. No hay una definición, pero la fuerza de los hechos hará lo suyo.
En el Gobierno se extiende la convicción de un triunfo a nivel nacional en octubre, más allá del largo y áspero camino que debe transitar hasta esa fecha. En la provincia de Buenos Aires, será definitorio si va o no fragmentado el kirchnerismo/peronismo, y también el PRO y LLA. Preocupa en intendentes peronistas del conurbano que Milei está alto en sus distritos, aunque también es cierto que su apellido no va a figurar en el cuarto oscuro.
La sensación entre la dirigencia, el círculo rojo, es que habrá un antes y después de las legislativas nacionales, en las que aún con un resultado módico el Gobierno enfrentará la segunda mitad de su administración con más fuerza parlamentaria. “El verdadero gobierno de Milei arranca en octubre”, desliza un empresario de primera línea. “Todavía –dice- no vimos nada”.