El impresentable juez Claudio Bonadío

Por Hernán Andrés Kruse.-

El viernes 13 de mayo, el juez Claudio Bonadío se dio el gran gusto de procesar a la ex presidente Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Su “señoría” lo hizo respecto de la operación dólar-futuro, aunque luego retrocedió de aquella figura penal. Lo que acaba de hacer el juez de la “servilleta” fue judicializar una decisión de política económica y concluyó que esa decisión sólo podía llevarse a cabo con el visto bueno del Poder Ejecutivo. Lo notable del caso es que en el expediente no hay nadie acusado por un hecho de corrupción o por haberse quedado con algún “vuelto”. Bonadío dicta el procesamiento porque el gobierno eligió una política monetaria destinada a desalentar las expectativas de una devaluación a raíz de los efectos que luego fueron corroborados: altos índices de inflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y fuerte baja en el consumo. Lo notable es que Bonadío no hace referencia alguna a quienes devaluaron y a quienes compraron dólar-futuro (varios de los funcionarios macristas). Para el juez sólo debe ser tomado en cuenta el daño ocasionado por la venta de los dólares. El juez lo explica en su dictamen de la siguiente forma: “Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del Banco Central de 5000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”.

La operatoria de dólar-futuro es bastante simple: se fija un valor del dólar para un momento futuro determinado. Si al arribar a ese momento la cotización del dólar es más alta que la fijada en el contrato, el comprador recibe en pesos la diferencia a su favor. Si, por el contrario, la cotización está por debajo de lo fijado en la operación, el Estado recibirá esa diferencia, también en pesos. Se trata de una operación que desde hace tiempo se viene realizando en la Argentina y también en otros países. En ese momento, fines de 2015, el Banco Central, comandado por Alejandro Vanoli, tenía como objetivo evitar que crecieran las expectativas devaluatorias para controlar cualquier corrida cambiaria. Quienes operaron en el dólar-futuro obtuvieron importantes ganancias porque una vez en la Rosada el presidente Macri produjo una megadevaluación, pese a que en el debate final con Scioli había jurado que no devaluaría. Valer decir que lo que en realidad hizo Bonadío fue acusar al gobierno de Cristina por una pérdida que se produjo durante la administración de Macri. En el fallo el juez sostiene que el Banco Central debería haberse ajustado a valores de mercado, lo que, a su entender, no hizo. Sin embargo, Cristina, Kicillof y Vanoli señalaron que debía garantizarse la estabilidad monetaria para desalentar las corridas cambiarias y las movidas inflacionarias (los intentos de golpe de mercado, en definitiva). La operatoria dólar-futuro fue, pues, tan solo un instrumento de esa política monetaria. Tal como sostienen las defensas de los miembros del gobierno de Cristina y de la propia presidente, el juez no tuvo mejor idea que criminalizar la política económica de la antecesora de Macri. Toda política económica puede ser más eficaz o menos eficaz, buena o mala, pero nunca es judiciable, nunca puede constituir un delito. Si se empleara el mismo criterio el propio Macri y varios de sus más importantes funcionarios deberían ser imputados ya que fueron ellos quienes devaluaron.

Bonadío siempre tuvo en mente la detención de la ex presidente. Ello explica por qué efectuó la siguiente descripción de la operatoria: “formar parte de un grupo de funcionarios que en forma sistemática, concertada y organizada emprendieron diversas acciones de carácter político y administrativo en violación a las competencias del Banco Central para concretar operaciones en el mercado de dólar-futuro en condiciones dañosas al erario público”. Vale decir que para su “señoría” Cristina y sus funcionarios sólo tuvieron como objetivo vaciar las arcas del Estado en forma sistemática para enriquecerse ilimitadamente. El kirchnerismo fue, según Bonadío, desde sus comienzos una banda de delincuentes que se propusieron llegar a la Casa Rosada para consumar el robo del siglo. La respuesta de Cristina no se hizo esperar: “la única asociación ilícita a la que pertenecí fue el gobierno”. Ante la evidente endeblez jurídica de la acusación por asociación ilícita, Bonadío decidió procesar a Cristina y compañía por administración fraudulenta en perjuicio del Estado (fuente: Raúl Kollmann e Irina Hauser: “Bonadío se sacó el gusto de procesar a CFK”, Página 12, 14 de mayo de 2016).

Quien mejor explica la obsesión del impresentable juez Bonadío por ver presa a Cristina es el ex ministro Axel Kicillof, en un reportaje a Raúl Dellatorre publicado por Página 12 el domingo 14 de mayo. Dice Kicillof: “(…) Lo sorprendente del fallo es la figura penal que se nos imputa: administración infiel. Está claro que el juez Bonadío iba por el camino de imponernos la acusación por el delito de asociación ilícita, pero no tuvo elementos para avanzar por ahí. Es una causa en la que no aparece un solo dato en el que se nos pueda imputar corrupción, ni siquiera se nos denuncia por enriquecimiento ilícito. Toda la argumentación para dictar el procesamiento es un disparate, como en realidad lo fue toda esta causa desde el principio, la acusación, la imputación” (…) “Se supone que si hemos cometido administración infiel es con la intención de favorecer a alguien, y que se vendieron contratos de dólar a futuro a un precio que intencionalmente buscaba beneficiar a alguien. Pero resulta que los que compraron los contratos, y se beneficiaron con la devaluación, no tienen nada que ver con nosotros. Y sí, en cambio, tienen que ver con el actual gobierno” (…) “La sensación que nos deja, la conclusión que sacamos, es que no hay estado de derecho en Argentina. Hay jueces que pueden resolver y fallar cualquier disparate por pura intencionalidad política” (…) “Toda la argumentación de Bonadío a lo largo del fallo revela su convicción de que Argentina tenía que devaluar, y que la devaluación debíamos hacerla nosotros, para después hacer esta política que se está aplicando ahora. Lo que hizo nuestro gobierno fue utilizar todas las herramientas para evitar la devaluación, y hoy está a la vista la política y las consecuencias que se derivaron de la devaluación que luego aplicó Macri una vez que llegó al gobierno” (…) “Lo central es que está lanzada una persecución judicial con la intención clara de querer proscribir a determinados dirigentes. La carga contra Cristina revela lo que algunos sectores políticos ya han puesto de manifiesto, que es dejarla afuera de la disputa electoral” (…) “Leyendo los argumentos de la causa para construir la acusación, queda muy evidente que la única base de muchas de estas aseveraciones son notas de diarios que fueron fuertemente opositores a nuestra política. Incluso cita un discurso de Cristina, en la que la presidente me elogia y me señala como uno de sus más fieles, o más cercanos, funcionarios, no recuerdo bien. Pero Bonadío se agarra de eso para decir que era Cristina quien tomaba las decisiones de política económica, y a partir de ahí poder acusarla de ser la responsable de alguna medida que él va a condenar. En realidad, es todo un gran disparate, porque bastaba con recurrir a la constitución nacional para decir que el presidente es el máximo responsable de las políticas del Ejecutivo. Pero todo el fallo es así, armado de un modo muy poco serio”.

Lo que el impresentable juez Bonadío ha hecho no ha sido más que judicializar una política económica. Para él lo hecho por la ex presidente en materia económica constituye un delito. Algo verdaderamente insólito. Porque si por cada error de política económica cometida por cada gobierno que tuvimos hubiera sido acusado el Ejecutivo de “asociación ilícita”, entonces ningún presidente y ningún ministro de Economía, por lo menos de las últimas décadas, se hubieran salvado. Si el dólar a futuro fue un ilícito, según Bonadío, ¿qué fueron, por ejemplo, la pesificación asimétrica y la devaluación de Eduardo Duhalde, el blindaje y megacanje durante la Alianza y la reforma del Estado durante el menemismo? Resulta llamativo que justo ahora la “Justicia” se fije en una decisión de política económica. ¿Por qué Bonadío no se interesó, por ejemplo, en el no cumplimiento de parte de Duhalde de una de sus más recordadas promesas: “el que depositó dólares, recibirá dólares”? Pues bien, quien depositó dólares recibió pesos devaluados. ¿Dónde fue a parar esa diferencia? Más que un sincero deseo de hacer Justicia, lo que está haciendo Bonadío es puro revanchismo. Apoyado por el establishment político, empresario y judicial, el “juez de la servilleta” se ha lanzado con toda la furia sobre el gobierno anterior, en especial sobre la ex presidente, a la que indudablemente desea ver tras las rejas.

Que se está en presencia de una operación política tendiente a sacar a Cristina de la cancha para siempre, lo prueba el hecho de que es justamente Claudio Bonadío el juez encargado de hacer el trabajo sucio. Porque basta con repasar su currículum vitae para percatarse de que sólo un juez de su calaña podría embarrarse de esta forma. Bonadío llegó a ser juez durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Antes había sido subsecretario del ministro Carlos Corach en la Secretaría Legal y Técnica. Alcanzó el “estrellato” cuando su nombre apareció en la lista de jueces que habrían sido anotados por Corach en la famosa “servilleta”, en alusión a los jueces que el influyente funcionario manejaba como a títeres. Durante su carrera Bonadío sobreseyó a Víctor Alderete; cajoneó durante un lustro la causa por el encubrimiento de la AMIA; dilató una causa por el contagio de más de 1200 pacientes hemofílicos con los virus HIV, Hepatitis B y C (durante ese período varios testigos murieron); sobreseyó a De la Rúa por las muertes del 19 y 20 de diciembre de 2001; ordenó el traslado de la policía metropolitana hasta Río Gallegos en una causa contra la familia Kirchner; procesó a Guillermo Moreno por persecución contra el multimedios Clarín; allanó a la AFSCA para sustraerle el expediente del Grupo Clarín. Bonadío acumula 17 causas judiciales en su contra, cuyas presentaciones fueron hechas ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño”, “malos tratos” y “discriminación”, y ante la Justicia Penal por “enriquecimiento ilícito” y “encubrimiento de una red narco”, entre otros. En el ámbito penal fue denunciado entre 2014 y 2015 por “violación de deberes de funcionario público”; por “enriquecimiento ilícito”; por “privación ilegal de la libertad” originada en un conflicto con un juez de instrucción; y por “encubrir a una red narco basada en el testimonio de una mujer” en un programa de televisión (aún carece de trámite). Por su parte, los doctores Gabriel Chamorro y Eduardo Barcesat lo denunciaron por “abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y prevaricato”, por los procedimientos ordenados en Santa Cruz en la causa “Hotesur” (fuente: Google-Kontrainfo.com- información contrahegemónica a la del poder real).

He aquí el juez que acaba de procesar a Cristina y a Kicillof por una medida de política económica. ¡Una medida de política económica! El juez que dilató una causa por el contagio masivo de más de 1200 pacientes hemofílicos con los virus HIV, hepatitis B y C, ahora tiene el tupé de pretender acorralar judicialmente a la ex presidente. Aquí se presenta un problema sumamente grave y es el siguiente: ¿cómo es posible que un juez carente de ética tenga en sus manos causas tan delicadas? Pero habría que formular una pregunta previa: ¿cómo llegó Bonadío a ser juez? Aquí brotan como hongos los responsables políticos, los legisladores que, facultados por la Constitución Nacional, decidieron que Bonadío era apto para ejercer la función de juez federal, para decidir sobre la libertad de las personas. También resulta incomprensible que hoy todavía sea magistrado. ¿Alguien puede brindar alguna explicación coherente acerca de las razones por las cuales Bonadío no fue sometido a juicio político y expulsado del Poder Judicial? ¿Nadie, dentro del sistema político y del sistema judicial, se da cuenta de que su presencia deshonra a la Justicia y constituye un peligro para los ciudadanos “de la calle”? ¿O ha acumulado a lo largo de estos últimos veinte años tanta información que lo ha convertido en un juez poderoso, intocable? Lo cierto es que Bonadío es hoy por hoy el juez federal más poderoso-el más popular, en realidad-fruto de su capacidad para moverse dentro de los sistemas político y judicial como pez en el agua, de su sapiencia para actuar en un ambiente donde los códigos no existen, donde la honestidad y la decencia son contravalores, donde para hacer carrera hay que anestesiar para siempre la conciencia; donde “el que no llora no mama y el que no afana es un gil”, en suma.