Por Hernán Andrés Kruse.-

Franco Antúnez (conocido como Fran Fijap) es un influencer libertario que minutos después del apoyo de la Cámara de Diputados al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, no tuvo mejor idea que acercarse a las adyacencias del Congreso para interiorizarse de lo que estaba aconteciendo. La reacción de varios militantes de izquierda no se hizo esperar. El influencer libertario fue víctima de una severa paliza cuyas consecuencias no fueron trágicas porque logró refugiarse en una pizzería cercana al Congreso. Finalmente, efectivos de la policía porteña lo escoltaron para que abandonara el lugar.

Confieso que al ver las escenas registradas por la televisión de la golpiza y persecución de la que fue víctima el influencer libertario (gran responsable del escándalo ya que su objetivo fue provocar) me hicieron acordar épocas pasadas en las que imperaba la más feroz y sanguinaria manifestación de la relación amigo-enemigo sistematizada por el eminente filósofo político y teórico del nacionalsocialismo Carl Schmitt. Me refiero, obviamente, a la trágica década del setenta donde se desató una guerra civil entre la izquierda y la derecha del peronismo y que condujo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 y la inmediata puesta en ejecución del terrorismo de estado, que en los hechos significó dotar de “institucionalidad” al accionar represivo de la Triple A.

En la tarde del miércoles 9 de octubre sobrevoló en las adyacencias del Congreso el fantasma de la violencia política (cuyo principal fogonero es Javier Milei), de una tragedia que enlutó a los argentinos y cuyas consecuencias aún padecemos. El filósofo español George Santayana expresó que “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Las dramáticas escenas mencionadas y cuya “figura estelar” fue el influencer libertario parecieran darle la razón a Santayana. Espero equivocarme.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de Ana Guglielmucci (Conicet-Centro de Estudios sobre Conflictos y Paz, Universidad del Rosario Bogotá, Colombia) titulado “Las políticas de la violencia: sangre y poder en la década de 1970 en la Argentina” (Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 2021). ¿Será posible que haya compatriotas esmerados en recrear esa tenebrosa década? Como presidente de la nación, Javier Milei debería ser el primero en dar el ejemplo de tolerancia y paz social. Pero, a tenor de sus discursos y acciones, es como pedirle peras al olmo.

La exposición de la muerte violenta: represalia, venganza de sangre y acción política

“La capacidad de dar muerte y morir hacia finales de la década de 1960 y mediados de la de 1970 en la Argentina se alimentó de la creencia cultural e históricamente fundada del uso de la violencia como una forma de acción y comunicación política y de la represalia como una forma de materialización de la justicia (llamada social o popular) en el contexto de un orden social percibido por gran parte de la sociedad como opresivo e inequitativo. Como expresa Claudia Hilb, quien fuera militante revolucionaria de izquierda en aquella época: «pertenezco a una generación que creyó posible instaurar un orden definitivamente justo. En aras de esa creencia mató y murió. Murió mucho más de lo que mató».

Frente a las acciones violentas por parte de las fuerzas públicas o grupos paraestatales durante gobiernos militares dictatoriales y gobiernos conservadores elegidos mediante fraude electoral, e incluso, durante gobiernos constitucionales como los de Frondizi (1958 a 1962), el tercer mandato de Juan Domingo Perón (1973 a 1974) y el de María Estela Martínez de Perón, apodada Isabelita (1974 a 1976), organizaciones guerrilleras o político-revolucionarias de izquierda surgidas en la segunda mitad del siglo XX -Descamisados; Fuerzas Armadas Peronistas (FAP); Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Montoneros; Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP); Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), entre muchas otras- justificaron la violencia como una vía emancipadora y percibieron toda una serie de acciones armadas y represalias como formas de justicia popular. Estas acciones se argumentaron por aquella época a través de fórmulas como: «la violencia de arriba genera la violencia de abajo» o «cinco por uno, no va a quedar ninguno».

En sintonía con esta idea sobre la violencia emancipadora, varias consignas de aquel tiempo hacían alusión al derramamiento de sangre, ya sea como acto de desagravio y compensación, o como acto de emancipación y lealtad. «La sangre derramada no será negociada» reafirmaba que no se traicionaría a los caídos en la lucha revolucionaria ni a los ideales de justicia y equidad que ellos encarnaban. La imposición de numerosos gobiernos militares a través de golpes de Estado fomentó la creencia en formas violentas de hacer o deshacer políticas en la Argentina. El bombardeo aéreo de la Marina a la Plaza de Mayo (1955) con el fin de derrocar al presidente Perón (1946 a 1955), que dejó un saldo de cientos de civiles muertos, y el posterior fusilamiento en 1956 de los civiles y militares sublevados contra el golpe de 1955 por parte de un sector de las FF. AA., pueden ser considerados un antecedente de diversas formas violentas de construir y disputar el poder político en este país en el siglo XX. La Resistencia Peronista, por ejemplo, fue una de las maneras en que las prácticas represivas estatales (en el marco de la proscripción del peronismo durante dieciocho años) fueron combatidas de manera clandestina. Muchos de sus referentes y modalidades de lucha inspiraron luego a los jóvenes que integraron las fuerzas revolucionarias peronistas (Descamisados, FAP, Montoneros, entre otras). En este sentido, como destaca Calveiro la idea de considerar a la política básicamente como una cuestión de fuerza, aunque reforzada por el foquismo, no era una «novedad» aportada por la joven generación de guerrilleros, ya fueran de origen peronista o guevarista, sino que había formado parte de la vida política argentina por lo menos desde 1930.

Hacia finales de la década de 1960, sin embargo, se consolidaron algunas innovaciones en esta tradición política que estuvieron signadas a nivel mundial por la Guerra Fría y por algunos procesos revolucionarios regionales exitosos, como el cubano. Por una parte, se observa la radicalización de amplios sectores sociales (estudiantes, trabajadores, sindicalistas, eclesiásticos, militantes políticos) que veían clausurados los canales de participación electoral y miraban la violencia revolucionaria como una forma legítima de alcanzar proyectos de transformación político-económica de la sociedad. Por otra parte, se registra una habilitación progresiva de acciones terroristas por parte del mismo Estado, desde fuerzas parapoliciales como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) o, desde las propias FF. AA. que actuaron con total impunidad y amparo político partidario y judicial.

En aquellos años, la exposición de los cuerpos muertos en la vía pública fue una modalidad común por parte de varias organizaciones parapoliciales de derecha, como la Triple A; Concentración Nacional Universitaria (CNU), con base en Mar del Plata y La Plata; y el Comando Libertadores de América, con base en Córdoba. La triple A, incluso, se caracterizó por dejar una marca de su autoría. «A veces eran las tres letras escritas con sangre en un papel o marcadas a balazos, pero muchas veces era un tajeado con cuchillo o puñal en el cuerpo mismo de los militantes asesinados. Esta ‘firma’ comienza a utilizarse en todos los atentados recién después de la muerte de Perón», en julio de 1974. En este contexto, los velorios y entierros se constituyeron en espacios propagandísticos y performativos, tanto para las fuerzas estatales o paraestatales como para las organizaciones de izquierda o revolucionarias. Lugares en donde reafirmar las lealtades políticas mutuas entre sus miembros, reivindicar la sangre de los caídos como «héroes» o «mártires» y forjar soberanía, ya sea en el altar de la patria o en el de la revolución. A modo de ilustración, el 22 de agosto de 1974 la Triple A reivindicó el asesinato de dos militantes de Montoneros, organización revolucionaria peronista. Una pintada en el velatorio sobresalía entre las coronas florales: «la sangre montonera es patria y es bandera».

Son cientos de casos los que podrían mencionarse para retratar de qué manera los enfrentamientos violentos, las represalias y las venganzas de sangre fueron utilizados en aquellos años para comunicar posiciones políticas y promover distintos modelos de organización económica y social. Por ejemplo, Rodolfo Ortega Peña, abogado de presos políticos y obreros asumió en 1973 como diputado nacional, bajo el lema «la sangre derramada no será negociada», consigna que hacía referencia directa a la fuga y posterior fusilamiento extrajudicial de los líderes guerrilleros presos en el penal de Rawson (Provincia de Chubut) por parte de la Marina en 1972, hecho más conocido como la Masacre de Trelew. El diputado, cercano a la izquierda peronista, fue posteriormente asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974. En una entrevista realizada a una exmilitante y presa política, nos comentó que cuando fue secuestrada por la fuerza pública en 1978 la interrogaron bajo tortura por haber asistido al entierro de dicho diputado. Sus captores le mostraban las fotografías que los servicios secretos habían tomado ese día como una prueba de simpatía o afinidad con la «subversión».

Otro caso que podemos citar es el del militante revolucionario Víctor Fernández Palmeiro, apodado El Gallego, quien participó en varias acciones armadas y fue uno de los planificadores del intento de fuga del penal de Rawson. El 30 de abril de 1973, con el fin de vengar el asesinato de los presos políticos fusilados, Palmeiro mató a Hermes Quijada, quien fuera Jefe del Estado Mayor Conjunto al momento de estos hechos. En esa acción él también resultó mortalmente herido. Al mes de su deceso, su organización político-militar ERP 22 de agosto (escisión del PRT-ERP) le rindió un homenaje en el cementerio de Chacarita (ubicado en la Capital Federal). El 5 de junio de 1973 una bomba estalló en su sepultura provocando destrozos en la placa de mármol, grabada con la consigna «hasta la victoria siempre» y el símbolo de su organización: la estrella de 5 puntas. Tres décadas más tarde, al iniciarse una excavación arqueológica en el sitio donde funcionara el centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTYE) conocido como Club Atlético (1977), esta placa fue encontrada entre los escombros. Dicho hallazgo probaría que, quienes integraron las fuerzas operativas de dicho CCDTYE durante la dictadura ya realizaban, como miembros de grupos parapoliciales, acciones encubiertas contra los miembros de organizaciones políticas de izquierda en 1973. La placa habría sido un botín de guerra exhibido junto a otros trofeos, incluso humanos, como lo que sucedió con la militante montonera Norma Arrostito en otro CCDTYE que funcionó en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1983.

Arrostito fue una de las fundadoras de Montoneros. Llevó adelante, junto a otros militantes, asaltos a destacamentos de la policía y el robo de armas y uniformes, acciones a las que denominaban «recuperaciones». El 29 de mayo de 1970 participó en el secuestro del expresidente, general Pedro E. Aramburu, considerado símbolo principal del antiperonismo en el país, asesinado el 1° de junio mediante un «juicio revolucionario». Este hecho denominado Operativo Pindapoy o Aramburazo es considerado uno de los hitos fundadores de dicha organización junto a la posterior toma guerrillera de La Calera, en Córdoba, el 1° de julio de 1970. En el comunicado de la organización del 31 de mayo de 1970, el Tribunal Revolucionario de montoneros encontró responsable a Aramburu: 1° De los decretos 10.362 y 10.363 de fecha 9 de junio de 1956 por los que se legaliza la matanza de 27 argentinos sin juicio previo ni causa justificada. 2° Del decreto 10.364 por el que son condenados a muerte 8 militares, por expresa resolución del Poder Ejecutivo Nacional, burlando la autoridad del Consejo de Guerra reunido en Campo de Mayo y presidido por el General Lorio, que había fallado la inocencia de los acusados. 3° De haber encabezado la represión del movimiento político mayoritario representativo del pueblo argentino, proscribiendo sus organizaciones, interviniendo sus sindicatos, encarcelando a sus dirigentes y fomentando la represión en los lugares de trabajo. 4° De la profanación del lugar donde reposaban los restos de la compañera Evita y la posterior desaparición de los mismos, para quitarle al Pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada. El Tribunal revolucionario, luego de interrogar a Aramburu, resolvió: 1° Condenar a Pedro Eugenio Aramburu a ser pasado por las armas en lugar y fecha a determinar. 2° Hacer conocer oportunamente la documentación que fundamenta la resolución de este Tribunal. 3° Dar cristiana sepultura a los restos del acusado, que solo serán restituidos a sus familiares cuando al Pueblo Argentino le sean devueltos los restos de su querida compañera Evita. ¡PERÓN O MUERTE! ¡VIVA LA PATRIA!

El cadáver de Aramburu, que había sido ocultado en una finca para presionar al gobierno a retornar el cuerpo embalsamado de Eva Perón al país, fue hallado, desbaratándose así los planes de la organización. En la Argentina, no solo el cuerpo de los vivos sino también el de los muertos era objeto de revancha y represalia desde hacía varias décadas, así como los bustos o placas mortuorias que trazaban linajes políticos en este país. La sustracción, toma como rehén o eliminación del cuerpo del enemigo, era una práctica concebible dentro de las modalidades de acción política e, incluso, validada -con límites morales diferenciales- entre variados sectores sociales. En 1974, Arrostito pasó a la clandestinidad junto a gran parte de la conducción de Montoneros. En diciembre de 1976, el gobierno dictatorial informó a la prensa que ella había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas públicas en Lomas de Zamora. La revista Gente, con motivo de este anuncio, hizo un encendido apoyo al accionar de las FF. AA., señalando: «Entre el 24 de marzo y el 6 de diciembre de 1976, fueron muertos 624 guerrilleros. Llegar a esa cifra, a ese umbral de la victoria, no fue fácil. Costó mucha sangre de oficiales, de soldados, de policías. El país no debe olvidarlo». Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue que ella fue secuestrada por un grupo de tareas y recluida en el CCDTYE ESMA. Allí fue utilizada para quebrar emocionalmente a los recién capturados (detenidos-desaparecidos), como un símbolo de la derrota de las organizaciones político-militares de izquierda. El 15 de enero de 1978, de acuerdo con el testimonio de sobrevivientes, fue trasladada de este lugar y asesinada de manera secreta luego de más de un año de cautiverio”.

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