Milei y el retorno de la SIDE (1)

Por Hernán Andrés Kruse.-

El presidente de la nación, una vez más, faltó a la verdad. En más de una oportunidad exclamó “no hay plata”, para justificar el feroz ajuste que impone a la sociedad desde que asumió el 10 de diciembre. Pero que hay plata, la hay. El gobierno acaba de decidir la ampliación de la partida en 100.000 millones de pesos (los fondos reservados) para refundar la tristemente célebre Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo emblema fue el tenebroso Jaime Stiuso. La SIDE estará a cargo de Sergio Darío Neiffert y junto con la Dirección de Inteligencia Criminal, que depende de la ministra de Seguridad, y la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, que depende del ministro de Defensa, constituyen el sistema de inteligencia nacional.

Para Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la refundación de la SIDE “se inscribe en el paradigma de que el aparato de seguridad e inteligencia, para ser eficaz, sólo puede funcionar bajo el fondo del secreto y los fondos reservados-ya sea que se usen legal o ilegalmente-”. “El punto más cuestionable es que entiende que alrededor del 75% de los gastos tiene que ser reservado. Esto quiere decir que no se sabe en qué se gasta y que tiene controles diferentes a los gastos normales de cualquier otra dependencia pública. Si están pensando en ese nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el uso de los fondos, es posible deducir que están pensando en actividades encubiertas o que no implican dar necesariamente explicaciones”.

Por su parte, Valeria Carreras, abogada de familiares de los submarinistas del ARA San Juan que fueron espiados durante el gobierno de Macri, sostiene que “los fondos reservados serán destinados a operaciones de inteligencia contra quien no piensen igual, contra los enemigos imaginarios del gobierno”. “Permitirán que las prácticas nefastas del macrismo se reiteren con viejos personajes y con recursos para destinar a actividades prohibidas por la ley de inteligencia nacional, todo lo cual es grave y constituye un retroceso en materia de derechos” (Fuente: Luciana Bertoia: “Plata sí hay: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados”, Página/12, 24/7/024).

El tema es de una extrema gravedad. Los servicios de inteligencia son esenciales para garantizar la supervivencia de la democracia liberal. Pero también es vital que estén debidamente controlados para evitar que se transformen en aquellos “sótanos de la democracia” que tanto daño hicieron en el pasado. Buceando en Google me encontré con un ensayo de José Manuel Ugarte (UBA) titulado “Servicios de Inteligencia y democracia” (publicado en el libro “Función Militar y control democrático”, Bernardo Arévalo de León (compilador), Amanuense Editorial, Guatemala, 2001). El autor explica didácticamente cómo deben funcionar los servicios de inteligencia en una democracia liberal.

LA SUPERACIÓN DE UN ANTAGONISMO APARENTE. ¿EXISTER ANTAGONISMO ENTRE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA Y LA DEMOCRACIA?

“Se trata de un interrogante reiterado y cuya respuesta ha constituido materia de muchas publicaciones y trabajos académicos. Este trabajo procurará presentar un aporte más, desde nuestra perspectiva. Aquí trataremos de señalar, en primer lugar, que la cuestión podría tal vez ser mejor planteada refiriéndonos a Sistemas de Inteligencia y democracia. Hay sistemas de inteligencia manifiestamente incompatibles con la vigencia y fortalecimiento del sistema democrático. Otros, en cambio, no presentan tal característica. No existe un antagonismo fatal entre la inteligencia y la democracia.

En tal sentido, podemos destacar que entre los países que cuentan con un sistema democrático fuertemente arraigado se encuentran también buena parte de los que poseen sistemas de inteligencia más avanzados y eficaces. Baste mencionar los casos de Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Francesa, Canadá, República Italiana, para corroborar lo afirmado. En particular, los cuatro primeros han dejado historia y hasta leyenda en materia de inteligencia; se encuentran, sin duda, entre quienes han alcanzado mayor prestigio en la actividad.

Como sostiene Jeffrey T. Richelson en el párrafo final de su libro-balance A Century of Spies, «Puede sostenerse que la inteligencia del siglo XX desempeñó un rol crucial ayudando a detener a Hitler, cumplió un rol significativo en evitar que la Guerra Fría se transformara en una guerra nuclear, y evitó que la carrera armamentística de las grandes potencias quedara totalmente fuera de control. El impacto que tendrá la inteligencia en el nuevo siglo no puede ser determinado ahora. La inteligencia en las manos de aquellos que prefieren evitar la guerra o que tienen una necesidad legítima de defenderse a sí mismos puede ayudar a prevenir guerras o al menos incrementar la probabilidad de que los agresores sean derrotados. En las manos de aquellos interesados en la coerción y la conquista, es otra eficaz arma de guerra…» Es decir, que si bien podría afirmarse que un eficaz sistema de inteligencia favorece la vigencia y fortalecimiento del sistema democrático, también podría formularse, con cierta dosis de verdad, la afirmación exactamente opuesta. Baste recordar los casos de la antigua Unión Soviética, la República Popular China, el Tercer Reich alemán, los gobiernos militares latinoamericanos, para comprobar que tanto sistemas de inteligencia indudablemente eficaces como sistemas de inteligencia de dudosa eficacia pueden constituir una muy adecuada base para la dictadura.

La actividad de inteligencia no favorece, en sí, la democracia. Es una antigua verdad que el conocimiento es poder. Podemos así recordar con Harry Howe Ranson que «el conocimiento puede traer consigo poder político. Plausiblemente, entonces, una agencia de gobierno a la que es encomendado colectar información secreta en el extranjero y suministrar conocimiento a quienes adoptan las decisiones será introducida dentro de la política. Como la política es acerca del poder, la política y la inteligencia aparecen como predestinados para una interrelación…la inteligencia es sujeto, objeto e instrumento de la política de poder…».

Pero lo expuesto no implica, ciertamente, que sea necesario ni conveniente para un Estado renunciar al conocimiento. En realidad, simplemente, le es imprescindible. En el análisis de la relación entre inteligencia y democracia, es necesario reconocer que las características intrínsecas de la actividad de inteligencia no son favorables a la democracia. La actividad de inteligencia se caracteriza por el secreto. El secreto que rodea fuentes, métodos e identidades, el carácter subrepticio de muchas de sus manifestaciones – características que se encuentran entre las más señaladas de esta actividad- contradicen manifiestamente aspectos esenciales del sistema democrático, como la publicidad de los actos de gobierno, el debate amplio, el público escrutinio de las políticas.

El secreto, el sigilo, el misterio, constituyen los típicos modos de acción de las dictaduras. Dicho secreto se extiende en buena medida a los fondos que utiliza esta actividad. Aunque en todos los países se procura instaurar controles de mayor o menor eficacia en este aspecto, resulta ineludible que tales controles no poseen la amplitud y eficacia que caracteriza a los fondos estatales correspondientes a actividades públicas. La reserva y el secreto, imprescindibles para la actividad de inteligencia, traen consigo también dificultades para el control de estos fondos. Esta actividad, por otra parte, es esencialmente costosa. Así, ha sostenido Morton H. Halperin que «Los requerimientos de las agencias de inteligencia y las normas de una sociedad abierta plantean el más agudo de los aparentes dilemas para un gobierno democrático. Las agencias de inteligencia, por su naturaleza, funcionan en secreto sin estar sujetas a las reglas normales del Estado. Una sociedad abierta, por otra parte, aborrece el secreto e insiste que todas las agencias gubernamentales deben cumplir plenamente con la Ley…».

Se ha escrito por otra parte en Estados Unidos de América, uno de los países que posee mejores y más avanzados controles de la actividad de inteligencia –país pionero en materia de control parlamentario específico de esta actividad- «…existe en nuestra Nación hoy un poderoso y peligroso culto secreto -el culto de la inteligencia. Sus santos son los profesionales clandestinos de la Agencia Central de Inteligencia…El propósito de este culto es el de ejecutar las políticas externas del gobierno de los Estados Unidos por encubiertos y usualmente ilegales medios…» «…La C.I.A. es el centro y el instrumento primario del culto de la inteligencia. Ella se empeña en espionaje y contraespionaje, en propaganda y desinformación…en guerra psicológica y actividades paramilitares. Manipula instituciones privadas…recluta agentes y mercenarios…Hace lo que sea necesario para alcanzar sus fines, sin consideración a la ética involucrada o las consecuencias morales de sus actos…».

Podríamos entonces afirmar que los países democráticos que poseen avanzados y eficaces sistemas de inteligencia, no han logrado el fortalecimiento y la plenitud del sistema democrático gracias a sus sistemas de inteligencia. Tales países han logrado, y deben en buena medida su poder político, económico y militar, a tales sistemas; pero no parecen adeudarles la fortaleza de su sistema democrático. La supervivencia y crecimiento de tal sistema en estos países no fue obtenido merced a las virtudes de sus sistemas de inteligencia, sino, en muchos aspectos y en buena medida, a pesar de ellos. Pero tampoco tal afirmación sería totalmente exacta. Sólo podría ser formulada en un mundo ideal, en el que sólo existieran países con sólidos y desarrollados sistemas democráticos y en el que encontráramos países con sistemas dictatoriales que no buscaran penetrar en sus sociedades y dominarlos desde adentro, utilizando para ello las libertades democráticas vigentes en el país agredido.

Puede en cambio afirmarse que en diversos momentos de su historia, los países democráticos no han podido prescindir de la actividad de inteligencia ni siquiera para mantener en vigencia su sistema democrático. Países con una sólida tradición democrática a menudo han debido afrontar el ataque planteado por totalitarismos armados de fuertes sistemas de inteligencia, que procuraban debilitarlos, promover el accionar de los enemigos de la democracia y destruirlos desde el interior; o bien derrotarlos militarmente en una guerra, para destruirlos o imponerles su sistema. Gran Bretaña y Francia sufrieron los embates del Tercer Reich, y la última, inicialmente, sucumbió. Estados Unidos enfrentó al Tercer Reich en Europa y a Japón en el Pacífico, pero debió también defenderse del accionar de espías y saboteadores en su territorio. Todos los nombrados debieron hacer frente, en algunos casos incluso con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, a la Unión Soviética, y particularmente al legendario Comité para la Seguridad del Estado, más conocido por las siglas K.G.B., y al Servicio de Inteligencia del Estado Mayor General, más conocido por las siglas G.R.U., de la Unión Soviética, y ese enfrentamiento aún continúa, especialmente en el caso estadounidense, con sus organizaciones sucesoras de la Federación Rusa. De haber carecido de eficaces organismos de seguridad y contrainteligencia, hubieran enfrentado riesgos aún mayores de los que soportaron, y podemos válidamente conjeturar que hubieran sucumbido.

Nos encontramos, entonces, frente a una paradoja: la actividad de inteligencia ocasiona inocultables peligros al sistema democrático, pero los países democráticos para subsistir y aún el propio sistema democrático a menudo necesita de la actividad de inteligencia en sentido amplio para defenderse de acechanzas, aún internas, que pretenden destruirlo. En ciertos casos, la actividad de inteligencia atenta contra el sistema democrático. Pero en otros, bien puede afirmarse que esta actividad lo ha salvado o, cuando menos, que ha contribuido decisivamente para su preservación. En definitiva, preciso es reconocer que la actividad de inteligencia constituye un auxiliar fundamental para la conducción de todo Estado, democrático o no. Es necesario, consiguientemente, reconocer tanto la importancia de la actividad de inteligencia en un Estado democrático, como el riesgo objetivo que esta actividad supone para tal Estado. «Esto significa aceptar la necesidad de una comunidad de inteligencia y eficaz y reconocer la legitimidad de la preocupación relativa a que no sea permitido funcionar a esa comunidad de inteligencia en formas que impliquen socavar las libertades civiles», ha escrito Morton H. Halperin”.

EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO

“Una diferencia fundamental que separa a la actividad de inteligencia en el Estado democrático, de idéntica actividad en un Estado totalitario, es la existencia de eficaces controles de esta actividad, destinados a asegurar que la misma se realice tanto con legitimidad, como con eficacia.

Existen generalmente tres tipos de controles sobre este aspecto. En primer lugar, un control político no partidista realizado desde el órgano ejecutivo, que asegure que los objetivos a alcanzar, como las políticas a implementar, como los planes a formular y las acciones a realizar, respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad en su conjunto. En segundo término, el control parlamentario, realizado con seriedad y profundidad, debe tener en miras verificar la legitimidad y la eficacia en la actividad de inteligencia; requiere de manera imprescindible una visión que trascienda los partidos políticos, pero no, ciertamente, la política; es necesario superar los intereses partidarios y poner por sobre todo los de la sociedad en su conjunto. Finalmente, un control judicial sobre aquellas acciones de los organismos de inteligencia que afectan la privacidad, destinado a verificar que tales acciones tengan por exclusiva finalidad aquellas invocadas para disponer su realización, y que la intrusión en la esfera de la privacidad quede reducida al mínimo posible.

El control de la actividad de inteligencia tiene dos aspectos fundamentales. Por una parte, la verificación de su legitimidad, es decir, la necesidad de su sujeción estricta al orden jurídico, y de resguardar adecuadamente los derechos y garantías individuales de sus habitantes. Por otra parte, su eficacia, concebida desde el punto de vista del logro de una adecuada relación entre los medios puestos a disposición de los órganos que desempeñan la actividad -los fondos públicos- y el producto obtenido: la inteligencia. O, para decirlo más simplemente, y como se expresara en el informe del Secretario de Defensa al Congreso correspondiente al presupuesto del año fiscal 1977 en los Estados Unidos de América, de asegurar «…la eficiencia de la Inteligencia del Departamento, en términos del valor retornado por dólar invertido, atendiendo a toda duplicación innecesaria y al posible mejoramiento de los arreglos en materia de administración…».

Cuando nos referimos a la verificación de la eficacia y la eficiencia en la actividad de inteligencia, podemos recordar lo expresado por Carlos Al Isoard y Jiménez de Sandi”…Verificar la eficacia y la eficiencia consiste en expresar cuantitativamente el progreso hacia la consecución de las mutaciones deseadas en las estructuras y en la coyuntura; y en precisar el aprovechamiento de los recursos con que se lograron los cambios. Es decir, valuar la eficacia es determinar el grado en que se hayan conseguido los objetivos; valuar la eficiencia es juzgar hasta qué punto se emplearon racionalmente los medios –monetarios y no monetarios- para lograr resultados óptimos; es cerciorarse de que las actividades se ejecuten siguiendo la combinación de recursos, acciones y fines que ofrece más ventajas…”. También de esto es de lo que se trata, cuando hablamos de controlar la inteligencia”.