Por Hernán Andrés Kruse.-
El 31 de mayo se cumplió el centésimo octogésimo aniversario del nacimiento de un eminente filósofo utilitarista y economista inglés. Henry Sidgwick nació en Skipton (Yorkshire) el 31 de mayo de 1838. Se educó en Rugby y en el Trinity College (Cambridge). En 1859 fue elegido para un cargo en la Facultad del Trinity College e inmediatamente después comenzó a enseñar durante una década en la cátedra de clásicos. En 1869 comenzó a enseñar filosofía moral. Ese mismo año renunció a dicha cátedra pero conservó su puesto como conferenciante. En 1874 publicó su libro más célebre (Los métodos de la ética), considerada como una obra capital. Nada menos que John Rawls la consideró como “el primer trabajo verdaderamente académico en teoría moral, moderno tanto en su método como en su espíritu”. En 1875 fue nombrado praelector en filosofía moral y política en el Trinity College y en 1883 fue elegido Profesor Knigthbridge de filosofía. Fue miembro del Consejo de Estudios Generales desde 1882 (año de su fundación) hasta 1899, miembro del Consejo del Senado del Indian Civil Service del-Sindicato de Exámenes y Conferencias Locales, y Director del Consejo Especial de Ciencias Morales. Por sugerencia suya fue abierta una residencia para estudiantes, que más adelante se convirtió en el Newnham College de Cambridge. Se afilió al partido Liberal Unionista, partido que en 1886 se unió al partido Tory. A comienzos de 1900 abandonó su cátedra por razones de salud, falleciendo poco tiempo después (fuente: Wikipedia, la Enciclopedia Libre).
Buceando en Google me encontré con un ensayo de René Daval y Hortensia Geminet titulado “Henry Sidgwick sobre la soberanía y la unión nacional de la nación moderna” (Revista Internacional de Filosofía-2013). Los autores analizan los libros donde Sidgwick vuelca sus concepciones políticas (“Los elementos de la política”, “El desarrollo de la política europea” y “Los métodos de la ética”).
“La soberanía en la nación moderna se refiere a qué elemento del gobierno político ostenta los poderes supremos. El elemento soberano es aquel al que el resto de la comunidad obedece porque reconoce su legitimidad como autoridad soberana. De hecho, solo se obedece a otro cuando existe una relación común de superioridad aceptada de un elemento sobre el otro. Por lo tanto, en una nación, el pueblo debe aceptar y reconocer al Estado o al elemento gobernante como supremo y obedecerlo.
La superioridad del elemento soberano es aceptada por el pueblo que lo obedece. Y es especialmente así porque obedecen a esta autoridad superior que es soberana. No puede haber soberanía si no se obedece al elemento soberano. La soberanía reside en el poder que hace que otros obedezcan, y por cuya obediencia, se someten a este poder soberano supremo.
“Se dice que el poder, en el sentido más amplio que nos ocupa aquí con respecto a su definición, lo ejerce cualquier persona cuyas instrucciones son llevadas a cabo habitualmente por otras personas” (Sidgwick Henry: The Elements of Politics).
En sentido estricto, el “poder” sólo se ejerce cuando la obediencia, que es su contraparte, está motivada por la perspectiva de consecuencias que dependen de la voluntad de la persona obedecida. (ibidem)”.
La soberanía reside, pues, en el poder que permite al pueblo obedecer las órdenes. En un Estado moderno, este poder reside, obviamente, en la autoridad que dicta las leyes, pues la máxima autoridad sobre cada individuo es la ley a la que todos se someten. Parece generalmente aceptado que si el pueblo obedece la ley, obedece al órgano que la dicta y a la autoridad que la hace cumplir. Podemos decir entonces que el pueblo obedece a todos los poderes relacionados, de una u otra forma, con la ley. Así, el pueblo obedece indistintamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, todos por igual; por lo tanto, cada uno de estos poderes, que representan al Estado y son los verdaderos gobernantes del mismo, son soberanos.
La Monarquía Absoluta Francesa (1617-1789), que para Sidgwick constituye la primera forma de unión nacional con la sumisión de todos los poderes al poder central del monarca, fue justificada y legitimada por los ingeniosos abogados y juristas de la época. El monarca tenía en sus manos todos los poderes que constituyen un Estado. Era el intérprete de la Ley Divina, al representar a Dios en la tierra para el pueblo francés y al liberarse de la autoridad del Papa. Bajo el reinado de Luis XIV, en una declaración al parlamento, Bossuet afirmó, en 1682 y retomando la idea expresada por los tiers-état en los últimos Etats Généraux (Estados Generales) de 1614-1617, que:
“El Papa no tiene autoridad, directa ni indirecta, sobre la secularidad de los reyes, y no puede desvincular a sus súbditos del sermón de fidelidad” (Poirson A., Estados Generales de 1614 considerados desde el punto de vista político y literario, Dupont & Cie, París, 1837, p. 40).
El rey se libera de la autoridad del Papa. Al dejar de obedecerle, no existe otra forma de soberanía entre el rey y el Papa; y el reino francés, a partir de ese momento, es independiente del Papa, y el único poder soberano es el del rey, un poder soberano indiscutible. Pero surge otro problema: si el Papa no legitima espiritualmente el reinado del monarca sobre su reino, este debe encontrar otra forma de justificar y legitimar su poder absoluto.
Los juristas de ese período gozaron de gran poder desde la Ordenanza de Villers-Cotterêts (1539), cuando el derecho real adquirió una primacía oficial sobre el derecho local en ciertos ámbitos, y estos juristas fueron necesarios para redactar y concebir esta primera ley nacional. Esta ordenanza es fundamental, ya que incluye la obligación de utilizar el francés en todos los actos administrativos y legales, así como en todos los procesos judiciales ante los tribunales. Esta ordenanza constituye el primer paso hacia la futura unidad nacional alcanzada por la Monarquía Absoluta.
Desde entonces, el poder de los juristas se ha expandido y ha adquirido cada vez mayor importancia a medida que la civilización avanza. De hecho, en nuestras naciones modernas, el derecho es el elemento más importante del Estado, en el que reside la legitimidad de la soberanía gubernamental. Por lo tanto, podemos decir que los juristas y los legisladores son el elemento más importante de una nación moderna, porque es soberana sobre todo el pueblo y también porque la construye el pueblo a través de sus representantes.
“En consecuencia, en Francia en particular, donde la desintegración feudal de la nación ha llegado a su máximo esplendor, el cuerpo de abogados formado en el estudio de los juristas romanos aporta a la tarea de servir al rey una inclinación profesional por la monarquía ilimitada (…) se convierten así en el instrumento importante e indispensable para reducir la independencia de los grandes nobles y hacer que la jurisdicción del monarca sea efectivamente suprema en todo el territorio” (Sidgwick Henry: The Development of European Polity).
El monarca justifica entonces su poder mediante la ley, y entonces es posible afirmar que la ley es superior a toda autoridad porque legitima los poderes del monarca, su derecho a gobernar y su soberanía, su soberanía absoluta sobre todos los elementos del reino. El rey crea la ley, al interpretar la ley de Dios, considerándola el único capaz de hacerlo. Por lo tanto, la ley es la soberanía absoluta definitiva en un estado moderno, ya que es la interpretación de la ley por parte del rey secular y temporal la que hace real y legítimo su poder.
Parece entonces natural afirmar que, en una nación unida moderna, el poder legislativo es soberano, pues es la continuación de la unidad nacional, mejor expresada en la Monarquía Absoluta Francesa bajo una justificación legal. De hecho, cuando el pueblo asumió el poder en la Revolución Francesa, lo hizo primero mediante la constitución de la Asamblea Constituyente en 1789. Esta asamblea debía funcionar como el antiguo Parlamento de París, registrando las leyes, declaraciones y ordenanzas oficiales aplicables al reino e impuestas por el rey, con la excepción de que los propios miembros de la asamblea discutían y promulgaban las leyes; por lo tanto, eran el poder soberano supremo.
“El poder legislativo debe, en cierto modo, tener supremacía sobre los otros dos órganos, ya que le corresponde establecer las normas generales que el ejecutivo debe aplicar y en conformidad con las cuales este debe actuar; mientras que, en la medida en que regula las finanzas públicas, el poder legislativo debe ejercer un control general sobre todas las operaciones gubernamentales que implican gasto” (Sidgwick Henry: The Elements of Politics).
“El triunfo de la monarquía representa la primera instauración de una unión y un orden prácticamente completos, mediante la subordinación efectiva de todas las demás autoridades del estado a la autoridad del monarca. (…) La civilización sopla a su favor, ya que el crecimiento del poder monárquico coincide prácticamente con el del orden político. Y el mismo hecho —que la monarquía representa la unidad de la nación— nos da, al considerarlo desde su perspectiva negativa, la respuesta a la pregunta de por qué el orden más perfecto que requiere el estado moderno no pudo establecerse inicialmente sobre la base constitucional que efectivamente alcanzó en el siglo XIX” (Sidgwick Henry: The Development of European Polity).
La constitución de la Asamblea Constituyente de 1789 es la expresión y el resultado de esa unión coercitiva y forzada en torno al poder absoluto del monarca, y bajo su control, que se ha convertido en una conciencia nacional del pueblo. El pueblo tomó conciencia de su individualidad y su poder en la unión que materializó para rebelarse contra el rey. Todos y cada uno son, en ese momento, víctimas de la misma opresión y despotismo en que se ha convertido la monarquía absoluta. Este sufrimiento igual crea la igualdad individual; todos sufren lo mismo, independientemente de su clase social, sexo o religión: existe, por lo tanto, un elemento que une a las personas por igual en su individualidad.
Lo que la monarquía absoluta logró fue este importante paso: igualar a todos los súbditos del reino francés, sometiéndolos por igual al poder absoluto del monarca. Este despotismo, compartido equitativamente entre la mayoría, se convirtió en un gran sufrimiento para todos, y además, en 1788, el reino se encontraba al borde de la bancarrota. El rey Luis XVI, incapaz de encontrar una solución con los Estados Generales, perdió todo su poder, y la conciencia individual de igualdad política en la unión de cada francés, individualmente considerado, dio origen a una unión nacional real y efectiva del pueblo.
“Un conjunto de hombres no toma conciencia de su poder como cuerpo hasta que confía en la cooperación mutua para la realización de los deseos comunes; y esta confianza, en circunstancias normales, sólo se adquiere gradualmente mediante el hábito de actuar en conjunto. Por consiguiente, cuando los gobernados carecen del hábito de actuar en conjunto, como cuerpo, no son conscientes de que poseen el poder de negarse a obedecer a su gobierno” (Sidgwick Henry: The Elements of Politics).
Parece entonces que la conciencia nacional y la necesidad de unidad y orden fueron, al mismo tiempo, lo que materializó la unidad del pueblo en torno al rey de Francia, al inicio de la monarquía absoluta, con el apoyo del Estado que deseaba un país unido y pacífico. Y también parece que la unidad y el orden solo pueden lograrse inicialmente bajo la autoridad de un hombre que, por su carácter único, representa la indivisibilidad de la unión, así como los poderes que detenta.
En el país-estado, la unidad personal del monarca es un vínculo necesario y un símbolo de la unidad nacional (…) a medida que se desarrolla la conciencia nacional y se siente con fuerza la demanda de unidad y orden, la necesidad de la realeza para la realización de esta demanda también se siente con igual fuerza; la alternativa no suele ser el establecimiento del orden republicano, sino la desintegración del estado entre autoridades en conflicto”(Sidgwick Henry: The Development of European Polity)
“Por lo tanto, en la medida en que se desarrolla la conciencia nacional en el país, ésta sostiene a la monarquía como un baluarte necesario contra esta perturbación, y a medida que crece la civilización, el número cada vez mayor de personas que desean vivir en relaciones legales pacíficas con sus vecinos exigen la ayuda del rey y están dispuestas a brindarle su apoyo contra la anarquía y el desorden” (ibidem).
La primera y más sencilla unión nacional parece estar bajo el monarca absoluto, quien es el jefe poderoso y defiende y protege a cada individuo del desorden. En la Edad Media, los únicos interesados en crear desorden eran los nobles, quienes desafiaban constantemente los poderes centrales del rey e intentaban tomar el control del país o simplemente expandir su territorio. En esta situación, el pueblo quiere apoyar al rey para frenar la anarquía de los nobles, que debilita el país y al pueblo, que intenta vivir en paz.
El comercio es otro elemento importante en el desarrollo de la unión nacional en torno al rey de la monarquía absoluta, unión nacional que constituye el elemento central sin el cual el rey no podría tener la soberanía absoluta de los poderes. El monarca de una monarquía absoluta es el poder supremo del reino, así como el soberano absoluto de todo el reino; tiene poder absoluto sobre cada persona y propiedad de su reino. ¿Cómo, entonces, es el comercio un elemento predominante en la evolución política hacia la unión nacional necesaria para cualquier país-estado?
Durante la Edad Media, el comercio se desarrollaba exclusivamente en las ciudades. Estas ciudades surgieron, en su mayoría, de forma conjunta desde el siglo XI, como consecuencia del rápido crecimiento demográfico en Europa, en parte debido al cambio climático hacia condiciones más cálidas y al fin de las invasiones bárbaras con la Batalla de Hasting en 1066. El resultado de estas condiciones más pacíficas y un clima más favorable fue un aumento de la población, que probablemente se duplicó entre los siglos X y XIV. El aumento de la población se debe a mejores condiciones agrícolas, al mismo tiempo que el aumento de la superficie cultivada es consecuencia del aumento de la población. Estos acontecimientos son la causa de los principales cambios sociales y económicos de este período y determinantes en el nacimiento de la ciudad y su peculiar desarrollo político.
La ciudad-estado medieval se diferencia de las ciudades-estado grecorromanas en que no existe esclavitud y todos los habitantes son ciudadanos iguales. No existe distinción oficial entre artesano y comerciante, ni entre empleado y empleador. La organización de la ciudad-estado también difiere de la organización feudal del reino o imperio. El feudalismo no incluye la conciencia psicológica de la propiedad, ya que nadie, excepto el rey, posee territorio alguno. Cada vasallo solo tiene el uso de la tierra que le fue asignada por el rey a cambio del servicio consistente en administrarla. En este intercambio de servicios y la ausencia de propiedad real, los individuos, en la Edad Media, no tenían conciencia de pertenecer a una tierra y, al mismo tiempo, a un país.
“El voto que une a los miembros de la comunidad urbana es, a diferencia del contrato vasallaje que vincula a un inferior con un superior, un voto igualitario. A la jerarquía feudal vertical la sustituye, y se opone, a una jerarquía horizontal” (Le Goff J., La civilización de Occidente Medieval).
“Allí donde las ciudades de la Edad Media adquirieron la suficiente importancia y grado de independencia como para que su vida política se desarrollara plenamente, solían presentar una organización industrial distinta a cualquier otra moderna, y que contrastaba marcadamente con los fenómenos presentes en las antiguas ciudades-estado” (Sidgwick Henry: The Development of European Polity).
“Y cuanto más importante e independiente es la ciudad, más se diferencia, en términos generales, del campo, en su estructura y vida política. Los habitantes de la ciudad —incluso los dirigentes que gestionan sus asuntos— llegan a ser reconocidos como esencialmente diferentes en su estilo de vida e intereses predominantes” (ibídem).
En la ciudad-estado, al liberarse cada individuo de la jerarquía feudal, el ciudadano, gracias a la libertad que le otorga la igualdad de estatus, adquiere mayor conciencia de su individualidad, pues se le permite poseer el producto de su trabajo. Este hecho es importante para el desarrollo del individuo y la concepción individualista de las necesidades humanas en las sociedades igualitarias modernas. Las necesidades se vuelven cada vez más individualistas en la ciudad, ya que la libertad de comercio permite esta independencia y libertad individual, condición necesaria del comercio, muy bien expresada por los fisiócratas en su teoría del laissez faire. Este concepto también es fundamental en el desarrollo político de la política moderna de Sidgwick, y puede resumirse en el mínimo individualista.
“El mantenimiento general de (1) el derecho a la seguridad personal, incluyendo la seguridad de la salud y la reputación, (2) el derecho a la propiedad privada, y (3) el derecho al cumplimiento de los contratos libremente celebrados constituye lo que podría denominarse el «mínimo individualista» de la intervención gubernamental primaria, en lo que respecta únicamente a los adultos sanos” (Sidgwick Henry: The Elements of Politics).
Esta igualdad de consideración del individuo en las ciudades-estado comerciales de la Edad Media parece ser así al comienzo de su vida política, que es democrática. Posteriormente, el mayor desarrollo del comercio y las condiciones de mayor bienestar de una minoría tienden a crear una oligarquía, con algunas formas de democracia aún vigentes, pero la mayoría de las ciudades independientes de los siglos XIII y XIV son mayoritariamente oligárquicas. No obstante, la individualidad de la persona, la idea de las libertades personales y la capacidad de estar firmemente unidos políticamente para gobernar y defender su ciudad están muy desarrolladas dentro de la ciudad-estado. En oposición a la organización feudal, la ciudad-estado constituye una organización política independiente, la más democrática de la época. Esta independencia finaliza en Francia en el siglo XIII y en Alemania y el norte de Italia en el siglo XV.
En Francia, el comercio cobra mayor importancia y evoluciona gradualmente en oposición a la división de la nobleza feudal, que sigue intentando destruir y dividir el reino. De hecho, los comerciantes, fortalecidos por la riqueza y la independencia de las ciudades-estado, si bien perdieron cierta independencia política, siguen siendo económicamente poderosos y brindan un apoyo sustancial al rey contra la nobleza. Se pueden encontrar los primeros deseos de unidad nacional y paz para facilitar e incrementar el comercio y la riqueza. A finales del siglo XIII comienza otra etapa en el desarrollo de la unión nacional y el orden político, que se materializa con mayor intensidad en Francia: los Estados Generales o Estamentos. Los primeros estamentos se organizan en 1302.
“Es fundamental que la etapa del desarrollo político medieval en la que las asambleas, en parte representativas, se convierten en importantes órganos de control gubernamental, fuera precedida y en parte causada por el desarrollo, dentro del estado rural, de comunidades urbanas con una independencia que rivalizaba con la de los señores feudales, pero organizadas internamente (…) sobre principios distintos de los feudales —esencialmente industriales—, con mayor o menor tendencia, durante algún tiempo, a una constitución semidemocrática” (Sidgwick Henry: The Development of European Polity).
“Con la introducción de las ciudades, se introduce un elemento más democrático en las «reuniones de los estados», que en parte ayudan y en parte controlan la monarquía. (…) La formación de estas asambleas es signo y expresión de la creciente cohesión de la nación; esta afirmación puede aplicarse a todas ellas. Pero en cuanto a las causas que las llevaron principalmente, creo que es difícil hacer una afirmación claramente aplicable a todos los casos. A veces, el impulso para su formación parece provenir total o principalmente de arriba, y deberse a consideraciones políticas, principalmente financieras, por parte del monarca; en otras ocasiones, parece provenir de abajo, y ser el resultado más amplio e impresionante de un movimiento espontáneo de asociación voluntaria entre personas” (ibidem).
“Cuando se representa a Luis XIV pronunciando el «Estado», soy yo; todos los historiadores reconocen el valor que tiene para la monarquía el apoyo del «Tiers-état» contra los nobles” (ibidem).
“Es un lugar común que la monarquía absoluta en Francia había preparado el camino para la revolución” (ibidem).
El elemento democrático de la ciudad, introducido en los estados, muestra el deseo de una mayor unión de los diferentes elementos que componen la sociedad medieval. Parece que, a medida que el comercio se expande, las ideas de independencia e individualidad aumentan consecuentemente. Al mismo tiempo, la dependencia de una unión sólida de la conciencia individualista se refleja en este desarrollo de las ideas democráticas que se difundieron con la creciente influencia de los conceptos políticos de la ciudad-estado en el gobierno nacional. Bajo la monarquía absoluta, dado que el rey encuentra un importante apoyo en el tiers-état, que lo respalda para reprimir a los nobles al margen de la ley, el elemento industrial y comercial adquiere gran importancia en el gobierno nacional.
Pero la unión, realizada por el rey que ostenta el poder soberano absoluto, conduce a la conciencia del individuo unido y perteneciente a un país. Crece la autoconciencia como grupo de individuos: el pueblo se une y marcha hacia su destino como un pueblo unido y soberano. El contrato social se realiza democráticamente; la comunidad se crea mediante el acuerdo consciente de cada individuo de vivir unido bajo la autoridad de la comunidad que forma; comunidad que tiene derecho a gobernar.
“A medida que avanza el lento proceso de civilización, se siente con mayor intensidad la necesidad de un orden más perfecto, y la represión más completa de la resistencia anárquica de individuos o grupos poderosos cuenta, en consecuencia, con un apoyo cada vez mayor de la opinión pública. Crece el sentimiento de unidad nacional, y con él la importancia de lograr una unidad más completa, con vistas no sólo al orden interno, sino también a la fortaleza en las luchas con naciones extranjeras” (Sidgwick Henry: The Development of European Polity).
El concepto de soberanía, en la mente de intelectuales, políticos y juristas, surge entonces de la creciente necesidad de una unidad mejor y más fuerte en la nación. Representa la ruptura franca y definitiva con la antigua política primitiva que se mantenía dentro de la organización feudal del Estado: como la unión de tribus bajo el liderazgo de un rey que gobernaba con un consejo de jefes, que en Francia era la asamblea, antes de los estamentos.
La introducción del elemento más democrático de la ciudad-estado en los estados impulsó radicalmente la evolución política hacia un verdadero país-estado. A medida que esta evolución avanzaba hacia una unión nacional más eficaz, comenzó a surgir el concepto de soberanía. La soberanía del liderazgo del país-estado unido se materializa en una democracia mediante la aceptación individual del pueblo de que el gobierno elegido es soberano, pues todos lo acordaron, mediante votación, como tal. La soberanía simboliza la unión del pueblo en un individuo o grupo que cohesiona el poder de todos los individuos del país-estado. Por lo tanto, la soberanía es tan importante como la unión nacional.
“Y creo que esta tendencia de pensamiento puede ilustrarse de forma contundente si examinamos la doctrina moderna de la soberanía cuando aparece por primera vez en la historia del pensamiento político europeo. Jean Bodin o Bodinus es el escritor a quien se debe la primera enunciación clara y completa de esta doctrina, y al examinar su exposición en su gran tratado De Republicâ (1576), descubrimos que, si bien es teóricamente aplicable tanto a la aristocracia y la democracia como a la monarquía (…), sostiene de hecho (como Austin) que en toda comunidad independiente, gobernada por la ley, debe existir un poder del que emanan las leyes y por el cual se mantienen (…) ya resida el poder en una o en muchas personas; y que este poder, al ser la fuente de la ley, debe estar por encima de ella y, por lo tanto, no estar legalmente limitado” (Sidgwick Henry: The Development of European Polity).
02/07/2025 a las 3:13 PM
LA AARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Otra condena para Cristina Kirchner
Joaquín Morales Solá
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
2/7/025
¡Dónde estabas Thomas Griesa! Fallecido en 2017, el exjuez del Distrito Sur de Nueva York tuvo durante años el caso de los fondos buitre que desde la gran crisis de 2001 y 2002 litigaban con los bonos argentinos en default que les habían comprado a los primeros dueños de esos títulos. Muchas veces los acreedores le pidieron el embargo de bienes argentinos, entre ellos YPF, pero el magistrado nunca respondió a ese requerimiento. La Justicia de Ghana embargó por esos casos la fragata Libertad en el puerto ghanés de Tema, pero no fue una orden de Griesa. En cambio, su sucesora, la jueza Loretta Preska, es quien el martes resolvió que la Argentina debía entregar el 51 por ciento de las acciones de YPF (es decir, el control de la empresa) a los fondos Burford y Eton Park como parte de pago de la indemnización por la expropiación de esa compañía por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023, la magistrada norteamericana estableció en 16.100 millones de dólares el valor de la indemnización por aquella pésima expropiación kirchnerista, que se pareció bastante a una confiscación.
En el centro del conflicto no está Repsol, que era el accionista mayoritario de YPF cuando estaba en manos de la petrolera española, porque esa empresa ya acordó una indemnización en 2014 con el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, por valor de unos 5000 millones de dólares en bonos que vencerán hasta el año 2033. Sumados los respectivos intereses, la Argentina terminará pagando por esos títulos de deuda pública unos 10.000 millones de dólares. Si se le suman los 16.100 millones dispuestos ahora por la jueza Preska, el total del pago que el país debería hacer por su empresa petrolera sería de 26.100 millones de dólares.
Según las últimas estimaciones del mercado, el valor actual de YPF no supera los 14.000 millones de dólares. Ese es el deplorable manejo que el matrimonio Kirchner hizo de YPF y que la jueza Preska sancionó el martes; fue, en los hechos, una nueva condena contra Cristina Kirchner. Néstor Kirchner había “argentinizado” a la compañía petrolera cuando presionó a los españoles para que incorporaran a un socio argentino, que era la familia Eskenazi, y Cristina Kirchner decidió después la compulsiva reestatización de YPF.
Tanto Néstor como Cristina Kirchner habían sido entusiastas simpatizantes de la privatización de YPF, dispuesta en 1998 por el gobierno de Carlos Menem. Esa privatización le significó a Santa Cruz, entonces bajo el estricto poder político de los Kirchner, contar con los famosos “fondos de Santa Cruz” en concepto de participación en la venta (la provincia tiene pozos petroleros de YPF), que según algunos analistas financieros llegaron a ser de 1000 millones de dólares. Esos fondos desaparecieron luego y nadie explicó nunca qué pasó con ellos. La empresa Petersen, de la familia Eskenazi y titular del 25 por ciento de las acciones de YPF, no fue tenida en cuenta en el arreglo de Kicillof con Repsol; entonces, Petersen se declaró en quiebra y su derecho a litigar fue comprado por los fondos Burford y Eton Park. Preska está decidiendo sobre los planteos de resarcimiento de estos fondos, eventuales derechos que fueron originalmente de los Eskenazi.
En rigor, toda la operación de compraventa de una parte de YPF por los Eskenazi se hizo durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008, aunque siempre se afirmó que la idea de la “argentinización” había sido de su marido. La expropiación se decidió también durante la administración de la expresidenta, en 2012, pero su esposo ya había muerto. La compra por parte de los Eskenazi se hizo primero, en 2008, por un 14,9 por ciento de las acciones. El costo fue de 2133 millones de dólares. Los Eskenazi pusieron solo 100 millones. La propia Repsol recurrió al método de “préstamo del vendedor” y le prestó al comprador 1015 millones de dólares. Otros 1018 millones de dólares fueron préstamos de un pool de bancos integrado por Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa. En 2011, los Eskenazi compraron otro 10,1 por ciento por 1400 millones de dólares. Repsol les hizo otro préstamo de 730 millones y un nuevo pool de bancos les dio un crédito de 670 millones de dólares. De este pool participaron los bancos Standard Bank, Credit Suisse, Santander y Citi. De ese modo, la familia Eskenazi se hizo dueña del 25 por ciento de las acciones de YPF. Los créditos los pagaría con los dividendos anuales que le correspondía cobrar por las acciones que poseía. Fue una operación rara. Por eso, Repsol autorizó el pago casi total de dividendos a sus accionistas, lo que también les permitía a los propios españoles desinvertir en la Argentina; la inversión se redujo y consecuentemente también cayó la producción de YPF. Era una secuela lógica de la “argentinización” imaginada por Néstor Kirchner, no la culpa de la empresa española.
Como es su costumbre, Cristina Kirchner culpó luego a Repsol cuando el país debió importar energía por la reducción de la producción de petróleo y gas de YPF. Entonces, comenzó también el proceso que terminaría con la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF en manos de Repsol. El 15 de abril de 2012, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros funcionarios kirchneristas ingresaron por la fuerza a la moderna sede de YPF, en Puerto Madero, edificio diseñado por el célebre arquitecto César Pelli. En ese mismo momento, Cristina Kirchner anunciaba por cadena nacional que había dispuesto expropiar YPF. De Vido era el único funcionario que solía frecuentar a los máximos ejecutivos españoles de YPF, pero les advirtió en su momento: “Yo soy peronista, no izquierdista. Pero si tengo que adoptar una posición de izquierda, la adoptaré”. Es un marxista convencido, pero de Groucho Marx, no de Karl Marx.
Un exfuncionario que se haría famoso luego, Roberto Baratta, cuyo chofer, Oscar Centeno, escribió los cuadernos de las coimas denunciados y hechos públicos por Diego Cabot, era en ese momento el representante del gobierno en el directorio de YPF. Baratta llegó junto con De Vido y se presentó con una lista de ejecutivos de la compañía, la mayoría españoles, y los echó literalmente a la calle. Fue tal el trauma de esos ya exejecutivos que pidieron dormir esa noche en dependencias de la embajada española. El entonces embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzun, decidió al día siguiente que era más seguro para sus conciudadanos que salieran por barco ese mismo día hacia Montevideo, y que desde esta capital tomaran un vuelo comercial hacia España. Así fue. Todo había tenido la forma y el fondo de una confiscación, más que de una expropiación. Desde hacía seis meses, el gobierno de Cristina Kirchner había desarrollado una operación de “acoso y derribo”, como la llamaron los españoles, para expulsar a los españoles de la petrolera. El gobierno enviaba a la compañía a decenas de inspectores de la entonces AFIP y se abrieron innumerables expedientes administrativos.
Sin embargo, menos de un mes después el Congreso argentino ya había aprobado por abrumadoras mayorías la expropiación de YPF, lo que le está costando a la Argentina ahora la eventual entrega de la compañía petrolera a los acreedores que compraron los derechos de Petersen, de la familia Eskenazi. La aprobación de la expropiación en la Cámara de Diputados fue por 208 votos a favor de los 257 diputados que hay, y en el Senado fue peor: votaron a favor 63 senadores de los 72 que hay. Ya que estaban tan excitados con la expropiación, hubieran expropiado también las acciones de la familia Eskenazi, pero nadie nombró ni a la familia ni a su empresa Petersen. Más, todavía: si Petersen hubiera entrado luego en los acuerdos de Kicillof, el actual juicio que se realiza en el despacho de la jueza Preska no existiría.
Kicillof explicó en su momento que le convenía “no cumplir con la ley de YPF ni con su estatuto”. Suficiente, para la jueza Preska. El gobierno argentino había decidido no cumplir con la ley, y lo decía sin vergüenza. Esa frase de Kicillof figura entre los argumentos de la magistrada para ordenar la entrega de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, porque ellos compraron los derechos de litigar de Petersen. Petersen no pudo seguir pagando los préstamos luego de la expropiación porque no cobraba los dividendos; los bancos declararon a esa empresa en default, y la compañía presentó su quiebra en los tribunales de Madrid, donde estaba radicada. Si Burford y Eton Park ganaran el juicio tal como está ahora, la familia Eskenazi percibiría unos 5000 millones de dólares (el 30 por ciento del total), pero tendría que pagar, según una estimación del periodista Diego Cabot, la misma cifra por sus deudas impagas con Repsol y los bancos.
Votaron en el Congreso a favor todo el peronismo, el radicalismo y varios representantes de partidos provinciales. Es justo consignar también a los pocos que votaron en contra de la expropiación: Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Jorge Triaca y Eduardo Amadeo, entre los más conocidos. Paralelamente, en la Casa de Gobierno, la expropiación fue celebrada y aplaudida, entre Cristina Kirchner y los infaltables camporistas, por Florencio Randazzo, Julián Domínguez, el empresario Gustavo Cinosi y Mercedes Marcó del Pont. El experimentado y sagaz José Manuel García-Margallo, canciller del entonces gobierno español de Mariano Rajoy, anticipó el futuro: “Es probable que dentro de algunos años la Argentina tenga que pagar un precio demasiado alto por la decisión que tomó”, dijo poco después de la expropiación. Lo está pagando. En septiembre de 2012, cinco meses después, el fiscal Carlos Stornelli hizo una denuncia por la inexplicable compraventa de acciones entre Repsol y Petersen, que cayó en el juzgado de Ariel Lijo; nunca pasó nada.
El abogado Bernardo Saravia Frías, exjefe de los abogados del Estado en tiempos de Mauricio Macri, reconoció que la jueza Preska tuvo en cuenta todos los incumplimientos de los gobiernos anteriores (incluida la época del juez Griesa), pero también recordó que hay un artículo de la ley norteamericana que es central en el vínculo de Estados Unidos con otros países. Se llama international comity y “se traduce en que el Estado norteamericano no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro país”. Ese principio, según Saravia Frías, “limita, salvo excepciones, el accionar de la Justicia contra otros Estados”. Y concluye: “La decisión de Preska viola ese principio”, sobre todo porque la ley que expropió YPF establece que el “Estado argentino no puede disponer de las acciones de YPF sin el consentimiento del Congreso con una mayoría agravada de los dos tercios”. Saravia Frías confía en las decisiones que pueda tomar la Cámara donde irán las apelaciones del gobierno argentino. Y dice al final: “Un juicio que no termina no es un juicio perdido. Acá hay instancias de apelación y hay flancos débiles que dan una luz al final del túnel del país. Se debe actuar con astucia y prontitud”. Todo puede ser, pero, aun si hubiera solución judicial, tal desenlace no liberaría de la culpa del error en el manejo de la empresa petrolera a los contradictorios gobiernos peronistas de las últimas tres décadas.
02/07/2025 a las 3:18 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La improbable transformación del peronismo bajo la tutela de Cristina
Eduardo van der Kooy
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
2/7/025
El peronismo se debate, confusamente, entre la vigencia de su viejo orden, los esfuerzos de unidad en Buenos Aires para dar una batalla de supervivencia política y la irrupción de algún dirigente nuevo, solitario, que le permite ilusionarse con la posibilidad de una renovación. En esos tres estados que componen la transición actual de la oposición principal existe un punto de convergencia. La influencia persistente, aunque menguada, de Cristina Fernández. La titular del PJ que, como tal, se ocupa desde su arresto domiciliario de no dejar ningún cabo suelto.
Gildo Insfran le regaló al peronismo en Formosa la victoria más contundente que, con seguridad, el partido opositor podrá recoger en 2025. Se acercó al 70% de los sufragios emitidos. Dominará la Convención Constituyente que se propone reformar la Constitución provincial, también la Legislatura y está dispuesto a desafiar a la Corte Suprema que advirtió sobre la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas. Insfrán viene cabalgando en el poder desde 1995. Está próximo a cumplir 30 años de permanencia. Si logra introducir en la carta magna el gambito de que sus mandatos empiecen a contarse a partir del 2027, sortearía la advertencia del Máximo Tribunal y dispondría del camino allanado.
La ex presidenta se encargó de felicitar a Insfrán con quien los vínculos venían distantes. El formoseño no habría puesto todo el empeño que le reclamaron desde el Instituto Patria en favor de la campaña “Cristina libre”, desatada luego del fallo de la Corte Suprema que avaló una condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos acusada de administración fraudulenta del Estado.
Cristina no estaría en condiciones de ser selectiva por tres motivos. Su situación política y judicial. La escasez de mandatarios del PJ que la rodean. La vigencia en Formosa de un régimen clientelar que nunca observó con malos ojos. Quizás porque, en muchos sentidos, tuvo semejanza con el que Néstor Kirchner y ella misma supieron edificar en Santa Cruz.
¿Cómo conciliar esa matriz de pensamiento con la algarabía que produjo en el kirchnerismo la aparición de Juan Monteverde como ganador en representación del peronismo de la elección de concejales en Rosario? Una victoria, cuando hay desesperanza política, lo puede todo. Aquel joven de origen universitario y militancia de izquierda había dejado una marca hace dos años que no alcanzó a tener repercusión nacional. Perdió por poco la disputa de la intendencia con el radical Pablo Javkin, que consiguió la reelección en un contexto muy complicado. Su primer mandato transcurrió en tiempos del peronista Omar Perotti como gobernador. Signado por el narco-crimen en la principal ciudad de la provincia.
Monteverde trazó una estrategia inteligente para no perder el impulso que había conseguido en los comicios constituyente de abril, cuando quedó segundo del libertario Juan Pedro Aleart. El último domingo las posiciones se invirtieron para demostrar algo, al menos hasta ahora: a La Libertad Avanza le sigue costando mucho superar los tercios. Lo atrapó en la Ciudad con la victoria del portavoz Manuel Adorni.
Monteverde, a propósito, copió algo del plan que desarrolló en suelo porteño Leandro Santoro, que terminó segundo. Evitó rodearse de las figuras locales y nacionales del kirchnerismo. Hizo una campaña alejada de los medios de comunicación tradicionales. Con un perfil módico. Recién blanqueó su situación estructural cuando supo que el triunfo estaba asegurado. Conversó con Cristina y salió a dar reportajes que había evitado antes.
Todos esos movimientos le garantizaron una base de votos que, vale decirlo, venía trabajando hace años en los barrios carenciados de Rosario. Una herencia vacante que, en parte, le dejó el socialismo cuando fue apartado del poder. El entusiasmo de Cristina por la victoria tuvo otra razón. Monteverde priorizó la idea de la unidad antes que las discusiones ideológicas. El objetivo doble, que cumplió, era postergar a La Libertad Avanza y derrotar a Unidos, la coalición que apuntala al gobernador Maximiliano Pullaro. Al dirigente radical no lo mosqueó demasiado: gano en 17 de las 19 ciudades de Santa Fe donde se efectuaron comicios.
La ex presidenta supone que aquella experiencia de Monteverde podría replicarse en Buenos Aires. El territorio que de verdad le importa. De allí sus esfuerzos para que las diferencias que mantiene con Axel Kicillof, el gobernador, no se sigan ensanchando. La meta sería conseguir listas de unidad para las elecciones desdobladas del 7 de septiembre. El foco de Cristina está colocado en la Tercera Sección Electoral (el sur) donde iba a presentarse como candidata. Hasta que alumbró el fallo de la Corte Suprema. Allí se concentra lo más rancio del voto peronista. También un caudal de empadronados que, de participar masivamente, podrían abrirle al peronismo la chance de una victoria provincial.
La ex presidenta tiene anotados para aquella sección a dos candidatos. Su hijo, Máximo Kirchner. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Ambos de La Cámpora. La organización que más ha incomodado a Kicillof. El diputado aparece algo renuente por tres motivos. Debería ser reemplazante de su madre. Posee una ponderación social muy baja en Buenos Aires. Le costaría reponerse y continuar al mando del PJ bonaerense en caso de una derrota.
Otro interrogante respondería a la conducta colectiva. Se reitera una participación declinante, con excepción de Formosa. De las ocho elecciones realizadas hasta ahora, dos de cada cinco argentinos decidieron no votar de acuerdo con un cálculo de la consultora Poliarquía. En Santa Fe volvió a registrarse el último domingo una tendencia descendente. Del 56% de asistencia en abril se pasó al 52%. Una nueva modalidad ciudadana, según los expertos, de expresar el desencanto o la bronca con la realidad política.
¿Podría Máximo dejar la Tercera Sección y pasar a la Primera? Para ese distrito hay anotados. Entre varios el ministro Martín Katopodis. O Federico Achával, intendente de Pilar. Si la premisa acordada por Kicillof, Máximo y Sergio Massa es colocar candidatos competitivos en todas las secciones, tal vez el hijo de Cristina esté en problemas.
Las negociaciones peronistas, amén del interés de los intendentes, debería contemplar otros aspectos. Por ejemplo, los reclamos de Juan Grabois que pretende estar en la disputa de octubre, aunque desea no quedar huérfano en septiembre. Cristina les recuerda siempre a todos que lo principal es la unidad.
Después vendrían las discusiones sobre lo viejo o lo nuevo. Aunque el kirchnerismo parece llevar su pasado como un karma. En el amanecer de las listas y de la campaña se conoció el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que obligaría a la Argentina a entregar la totalidad del 51% de las acciones que tiene en YPF por mala praxis en la estatización de la empresa en 2012. El veredicto estimó se serían unos U$S16 mil millones.
Aunque quede mucho por debatir y negociar respecto de aquel fallo, se reactiva la memoria sobre una época de auge de Cristina –con Kicillof en Economía– que retorna ahora como una maldición.
02/07/2025 a las 3:25 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La Argentina de Milei, ante la sombra larga del kirchnerismo
Luciana Vázquez
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
2/7/025
Del affaire YPF de Kicillof y los Kirchner al triunfo de Gildo Insfrán en Formosa y de ahí a la profecía económica maldita como la herramienta política preferida de Cristina Kirchner: entre el fin de semana y este lunes, la larga sombra del kirchnerismo que pende sobre la Argentina de Milei acaba de saltar al primer plano. Ayer, ese legado oscuro adquirió nueva vigencia a partir de una última noticia, la orden de la jueza Loretta Preska al Estado argentino para que se desprenda del 51% de sus acciones en YPF y compensar así a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF durante la presidencia de Cristina Kirchner, con el Ministerio de Economía en manos de Axel Kicillof.
De todos los eventos fortuitos que pueden traer obstáculos a la recuperación económica de la Argentina, tanto externos como internos, el menos esperado era un fallo judicial que, de cumplirse, puede llegar a quitarle una de las joyas de la abuela. YPF y su rol en la extracción del potencial de Vaca Muerta son una pieza central del modelo productivo de la Argentina de Milei, hecho por ahora de dólares de la energía y minería y commodities del agro.
Los tres episodios, YPF, Insfrán y la maldición de Cristina Kirchner lanzada al modelo económico de Javier Milei, son la punta de un iceberg gigante que mantiene encallada a la Argentina en una pregunta difícil que todavía no encuentra respuesta: ¿cómo producir un cambio de régimen político que logre un desempate entre una Argentina irracional y a contrapelo de los países más desarrollados de la región y una Argentina subida a un ritmo lógico y sostenido según la experiencia de los países que más se le parecen? ¿Cómo llegar a una lógica política, económica y social que contemple la alternancia ideológica en el poder sin que signifique poner en riesgo un ciclo necesario de ilusión sin desencanto, hecho de racionalidad macro y microeconómica? Si la Argentina encuentra esa respuesta, cada fuerza política en el poder puede producir modificaciones importantes pero marginales con relación a ese cimiento fundacional logrado.
El pacto necesario no está hecho de retórica políticamente correcta y “ñoña”. Es un acuerdo tácito o explícito sobre una visión contante y sonante: los principios de la macroeconomía que deben regir en la Argentina, el consenso de todos los consensos. Una racionalidad macro que no se ponga en duda aun con la alternancia ideológica en el poder. Una vez alcanzada esa plataforma de despegue, después se pueden llevar adelante todos los acuerdos en torno a visiones de almas bellas. Pero sin volver naturaleza una visión compartida sobre lo macro, difícil pasar a lo segundo.
El espejo de Chile y de Uruguay están al alcance de la mano. Los dos comparten la conciencia clara de que el orden macroeconómico con equilibrio fiscal y crecimiento es la clave para el desarrollo y la calidad de vida, la baja de la pobreza y de la desigualdad. Chile lo llevó al extremo: con el regreso de la democracia en 1990, la Concertación chilena no se aportó de lineamientos macroeconómicos fijados en los ’80 por la segunda generación de Chicago Boys que logró bajar la inflación y entrar en el camino del crecimiento. Desde entonces, las presidencias de centroizquierda o centroderecha o de izquierda compartieron esos fundamentos. El mismo Gabriel Boric, con una coalición más a la izquierda que nunca, que incluye al Partido Comunista, consagró un principio ni bien asumió el poder, en 2022: “Desde la izquierda, tenemos que dejar de pensar que la responsabilidad fiscal es una cuestión de derechas. La responsabilidad fiscal debe ser una política de Estado”.
En Uruguay, de la izquierda del Frente Amplio entre 2005 y 2020 a la centroderecha de Lacalle Pou, está el convencimiento de que la salida de la pobreza es una combinación justa entre macro ordenada y crecimiento y políticas sociales eficientes, inteligentes y alejadas de cualquier disposición clientelar o de una voluntad patrimonialista de políticos preocupados por cajas y enriquecimiento personal.
El caso de YPF es una muestra de lo contrario. Una cadena de acuerdos espurios, con motivaciones personalistas de guita y poder, que cruzan los intereses de Néstor y Cristina Kirchner con los de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, y un Kicillof listo para cometer errores de apreciación macroeconómica a la luz del sol, sin prever las consecuencias legales. “No les vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”, decía Kicillof en 2014. Fue la justificación para violar una cláusula del estatuto de YPF que hoy les da el argumento central a los fondos Burford y Eton Park y a la jueza Preska para fallar en su favor. YPF fue la ruptura kirchnerista de un ciclo de privatizaciones. La narrativa kirchnerista dijo basarse en una voluntad de recuperación de soberanía energética. Se trató más bien del disfraz necesario para vaciar YPF, primero, y, luego, para sumarla como caja tan propia como discrecional.
En el mejor de los casos, el gobierno de Javier Milei apelará y logrará revertir la decisión de Preska y, al mismo tiempo, le permitirá capitalizar política y electoralmente la herencia kirchnerista. El intrincado proceso que llevó a la estatización de YPF y la idea de Kicillof de desconocer el estatuto de YPF lo exponen al gobernador bonaerense en plena marcha hacia la elección provincial y la legislativa nacional que le disputa La Libertad Avanza.
Con Cristina Kirchner en prisión, el nuevo contendiente del mileísmo es Kicillof: la sombra de YPF lo pone en el centro del debate y del descrédito. Ayer, ni bien conocida la decisión de la jueza, el presidente Milei siguió tirando munición gruesa contra Kicillof: “Es responsabilidad directa del inútil soviético”, dijo.
Desde el fondo Burford mantienen un diálogo frecuente con dirigentes argentinos y funcionarios del Gobierno para tratar puntos de avance. O al menos así lo manifestó una fuente, mientras otras advirtieron que esos encuentros aún no se lograron concretar.
El encargado de las negociaciones es un conocido de Milei y su círculo. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, un argentino de Wall Street, basado en Nueva York desde hace años, exjefe de Global Banking Americas del HSBC, contratado en mayo de 2024 por Burford para ocuparse de las negociaciones con el Estado argentino en el caso YPF. Meses antes, cuando todavía no trabajaba para Burford, en septiembre de 2023, Mato recibió en su casa de Nueva York a Darío Epstein y Juan Nápoli, que en aquel momento, en plena campaña electoral, hacían de asesores y emisarios de Milei. En casa de Mato, expusieron las ideas económicas de Milei ante unos ochenta inversores. Hoy, Mato y su equipo hacen visitas regulares a la Argentina para representar los intereses de Burford.
En el caso YPF se sintetiza buena parte de los problemas de conceptualización económica del kirchnerismo y muchos de los vicios de una construcción de poder opaca, si no oscura. Esa mirada estrábica sobre la macroeconomía vuelve en estos días en la única herramienta política que le queda a Cristina Kirchner en la cárcel: la politización de la profecía, el mal augurio de que “el modelo se cae”. Una anticipación distópica que en otra época de la Argentina habría sonado a destituyente. Hoy suena a manotazo de desesperación política. Una interpretación del modelo económico de Milei que pierde de vista la percepción de una evidencia que por ahora le juega a favor al Gobierno y opta por interpretarlo todo a la luz de un deseo político que no necesariamente se va a volver realidad. El kirchnerismo encarcelado en una ceguera que le impide adaptarse y cambiar, y jugado a un futuro en forma de maldición. Una muestra de que no tiene mucho para ofrecer.
El triunfo de Insfrán el domingo en las elecciones legislativas, y constituyentes, de Formosa apunta al mismo registro: un caso extremo de la acumulación de poder sostenido con el que soñaron Néstor y Cristina Kirchner, y todos los males que se derivan de esa vieja “estatalidad”, en palabras de Cristina, dominante: un Estado hipertrofiado y cooptado por el poder político eterno, y una sociedad rehén de ese poder. La provincia con menor cantidad de empleados del sector privado formal: Formosa solo tiene 57 trabajadores privados registrados cada mil personas en edad laboral. El capitalismo libera, pero el capitalismo de Estado genera clientelismo y dependencia: es la lógica del Estado presente llevada a la máxima expresión de sus efectos nocivos.
Una provincia gobernada ininterrumpidamente por el peronismo desde el regreso a la democracia hace cuarenta y dos años, y por Insfrán desde 1995, también sin interrupciones. Es el modelo kirchnerista vuelto política de Estado más duradera que el mismo kirchnerismo.
El triunfo de Insfrán repone la gran pregunta: con ese voto inelástico a la crisis del peor legado kirchnerista, ¿hay chances de un cambio de régimen macroeconómico perdurable que conduzca al crecimiento y el desarrollo? La respuesta está pendiente.
02/07/2025 a las 3:31 PM
LA ARGENTINA POILÍTICA: ENFOQUES
YPF: la cuestión de fondo
Sergio Crivelli
Fuente: La Prensa
(*) Notiar.com.ar
2/7/025
El lunes, al conocerse el fallo de la justicia norteamericana contra la Argentina por la calamitosa reestatización de YPF, Javier Milei responsabilizó de lo ocurrido a Axel Kicillof por su pésima praxis. “Independientemente de la cuestión de fondo”, aclaró, mientras aprovechaba la ocasión para agraviarlo y ridiculizarlo.
Más allá de que el Gobierno esté en campaña para ganar en la provincia de Buenos Aires y la noticia le cayó como anillo al dedo para exponer al gobernador, lo relevante es -contra la opinión del Presidente- la “cuestión de fondo”. O, puesto en otras palabras, el enorme agujero que el fallo significa para las finanzas públicas que tendrá que pagar toda la población.
La cuestión de fondo es también quién verdaderamente hizo posible la estatización, porque Kicillof no actuó sólo, sino que se limitó a hacer el trabajo encargado por los Kirchner, que venía precedido del turbio ingreso de los Eskenazi a la empresa.
Cristina Kirchner, hoy presa por otra grosera estafa al Estado nacional mediante la obra pública, justificó la enajenación de la empresa a sus dueños españoles, a pesar de que violaba los compromisos asumidos por el Estado argentino durante la privatización de los 90. Su excusa fue que así se recuperaría la “soberanía” energética.
Nacionalismo populista, de la clase más primitiva. El mismo que describió hace más de dos siglos Samuel Johnson con una frase que se hizo célebre: “El nacionalismo es el último refugio de los tramposos”.
El mismo que usó Kicillof para defender su torpeza imperdonable, acusando a Javier Milei de entreguismo, viejo recurso del chauvinismo más grosero provenga de la izquierda o de la derecha.
Kicillof argumentó ante el Congreso en 2012 que eran “tarados” los que creían que había que cumplir con lo establecido en el estatuto de la empresa. Así, gracias a su astucia, enterró al país en una deuda de 16 mil millones de dólares y contando.
Pero ese desastre no fue producto de un desatino, una locura, una avivada u otra estafa al Estado únicamente de quienes manejaban el Poder Ejecutivo. La expropiación fue aprobada por el Congreso por una mayoría aplastante, superior a los dos tercios: 208 diputados sobre 257, y 63 senadores sobre 72. Muy pocos se animaron a votar en contra; varios se ausentaron. Logrado su propósito, los peronistas se felicitaban unos a otros como cuando Adolfo Rodríguez Saá decretó el “default” de la deuda pública y, en plena algarabía bananesca, más de medio recinto lo aplaudió de pie.
Pero la cuestión de fondo tampoco se agota con los responsables ideológicos, políticos y económicos del enorme muerto que dejó el peronismo. Hoy existe Vaca Muerta, un proyecto en pleno crecimiento y clave para el ingreso de los dólares que siempre fueron una limitación para el desarrollo. Hay importantes negocios con impacto directo sobre la macroeconomía que no se sabe en manos de quién quedarán, agregando incertidumbre al futuro.
Por último, la cuestión de fondo deja además una lección para políticos: no se pueden hacer negocios violando la ley cuando la última palabra la tiene un juez independiente que no les garantiza la impunidad.