Tortuga Casanello

Por Luis Razzolini.-

Recientemente los argentinos tomamos conocimiento de acciones judiciales que se llevan a cabo en el vecino país de Brasil, relacionadas con hechos de corrupción de funcionarios públicos pertenecientes al PT, Partido de los Trabajadores, en el que militan la actual presidente Dilma Rousseff y también el ex presidente Lula da Silva.

Estas acciones se llevan a cabo mientras que los sospechados se encuentran en el poder y con alguno de ellos ya en prisión, estos presos, amparándose en la figura de la delación premiada que existe en ese país, han confesado la complicidad de otros funcionarios de mayor jerarquía, llegando así a al ex presidente Lula y salpicando a la propia Dilma que enfrenta un final incierto.

Hice esta introducción para poner de relieve como actúa la justicia brasileña en contraposición con la justicia argentina. En ese sentido se ha vuelto común escuchar la frase “En este país nadie va preso” cuando se refieren a la clase política y sus trapisondas, que al parecer resulta cada vez más cierto.

Creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que el patrimonio del matrimonio Kirchner creció exponencialmente durante los años de sus gobiernos, y que no pueden justificar su fortuna ni sumando sus sueldos sin gastar durante todo ese tiempo ni una moneda. No obstante uno de los jueces más nefastos, que daña la institución judicial, el Juez de los anillos, Oyarbide, en un fallo exprés desestimó la denuncia por enriquecimiento ilícito contra del matrimonio Kirchner.

Otros funcionarios con un montón de causas en su contra, como Jaime, De Vido, Boudou, Felisa Miceli, siguen gozando de la vida loca, Jaime en Méjico de novio con una jovencita, al igual que el ex vicepresidente en idéntica situación.

Lo mismo sucede con los amigos del poder, refiriéndome solo a Lázaro Báez y Cristóbal López para evitar ser extenso. Con respecto al primero, el Juez Casanello tenía los primeros videos de PPT conducido por Jorge Lanata, donde se contaba lo relacionado con la ruta del dinero K y la declaración de Elaskar sobre la operatoria del lavado de dinero que salía del país a través de empresas fantasmas creadas en el exterior.

Cuando esto salió a la luz, era evidente que los involucrados en esa maniobra buscarían eliminar todas las pruebas, y allí aparece el juez tortuga Casanello dándoles todo el tiempo necesario para que eso ocurriera, y manda a allanar las oficinas cuatro días después cuando estas estaban más limpias que un quirófano.

En la edición siguiente de PPT se pudo ver la filmación de gente llevando documentación de esas oficinas en carritos de supermercados.

Lo segundo que me causa inquina, es que este juez tenía argumentos suficiente como para investigar a Báez en relación a su participación en el lavado de dinero, con la compra de aquella famosa estancia en Mendoza con la intervención de Fariña a nombre de Báez, donde se pagó cinco millones de dólares en efectivo y al año se vendió por un millón ochocientos de la misma moneda, ¿No sospechó que se trataba de lavado de dinero?

Otra estancia comprada en Uruguay por intermedio del contador del empresario, Pérez Gadín. Sin que se haya declarado el dinero ingresado a ese país, como lo exige la Ley uruguaya, para montos importantes como lo que requería esa operación.

Ahora con la aparición de nuevos videos donde se muestra a personas muy cercanas a Báez contando dinero, incluso su propio hijo y su contador Pérez Gadín, tortuga pide los documentos fílmicos para incorporarlos a las pruebas, como mostrándose diligente y ocupándose del caso.

En lo que a mí atañe, creo que este juez debería ser apartado de esta causa, en razón de que ya sea por error o intencionalmente, ha dejado que la documentación que podría tener un alto valor probatorio en la investigación, y que tardíamente mandara a secuestrar, fuera retirada de las oficinas donde se realizaban las maniobras de lavado.

Por otra parte ya dio muestra que él no puede investigar nada, todo lo que tiene es porque el periodismo le proveyó y porque es el periodismo el que lo empuja a tomar algunas decisiones.

El caso de Cristóbal López y los 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles que él debía depositar en las cuentas del Estado, lo mismo con los 250 millones que le corresponde a la Nación del cobro de peajes en autopistas, 520 millones relacionado con lo anterior en multas, 300 en aportes previsionales. Dinero que era de todos los argentinos y que él escamoteó para expandir sus negocios, no hubiera sido posible sin la complicidad de los funcionarios del más alto nivel, Ya sea del Director de la AFIP, Echegaray, que quizás cumpliendo órdenes de Cristina, para que el Zar del juego se hiciera de los medios comunicación y silenciara las voces opositoras, como las de Longobardi, Nelson Castro y en su lugar le diera más espacio a los periodistas militantes como Roberto Navarro o Graña.

La justicia argentina tiene una asignación pendiente en cuanto a la adecuada selección de sus magistrados. El intento de copamiento por parte del gobierno Kirchnerista le produjo un grave daño a la Institución Judicial, basta recordar el intento de destituir al Fiscal Campagnoli, cumpliendo la orden de la Comisario Político, Gil Carbó, que contó con la complicidad de algunos funcionarios judiciales militantes, entre ellos el Juez Rodolfo María Ojea Quintana designado por los Kirchner por su pasado como guerrillero, solo porque a Campagnoli se le había ocurrido investigar a Báez.

La administración de justicia es algo casi divino, el hecho de que aparte de Dios los hombres puedan impartirla, le da ese carácter, por eso se le exige tanta excelencia y por eso no puede ser militante, porque pierde su independencia y se transforma en justicia encubridora y apañadora de corruptos y ladrones poderosos.

Por lo menos, así lo veo yo.