Por Hernán Andrés Kruse.-
“Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó el fallo del tribunal de Distrito, pues entendía que la doctrina del “acto de Estado” no era aplicable porque el lugar de emisión de la deuda era Estados Unidos. Aunque el gobierno estadounidense presionó al banco para que aceptara un arreglo extrajudicial, este caso estableció precedentes importantes en dos sentidos. Primero, porque mostró que la estrategia disidente de algunos acreedores en el marco de reestructuraciones podía ser apoyada por el sistema judicial y político; y segundo, porque los recursos defensivos clásicos, como la doctrina del respeto al acto de Estado (the act of state doctrine) y el principio de cortesía internacional (comity) resultaban ya insuficientes.
El primer caso que involucró a nuestro país sentó un precedente fundamental sobre el carácter de las actividades de emisión de deuda. En 1986, al vencer una serie de títulos públicos en dólares estadounidenses (Bonods) emitidos durante la dictadura, el gobierno democrático de Alfonsín manifestó no contar con las reservas para hacer frente a los pagos y unilateralmente forzó una restructuración al sustituirlos por otras obligaciones. Dos corporaciones panameñas y un banco suizo que poseían Bonods por USD 1.300.000 iniciaron una demanda en los tribunales de Nueva York. Como Estado extranjero, la Argentina alegó en su defensa la inmunidad soberana. Sin embargo, tanto la Primera Instancia, como la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. dictaminaron en contra del país.
El fallo, que sentó jurisprudencia, sostuvo que la emisión de bonos, independientemente del propósito de la misma, es una actividad comercial en los términos de la FSIA y que la postergación unilateral de los pagos es una “actividad comercial conexa”, que tiene un efecto directo sobre los Estados Unidos, debido a que allí se realizaban los pagos. Para los jueces, ya que el Estado argentino al emitir los bonos había actuado al igual que un privado en un mercado y no como un regulador, no podía invocar la inmunidad. Desde entonces, tanto la colocación de bonos como la cesación de pagos dejaron de ser considerados como actos soberanos y se equipararon con las actividades comerciales de agentes del sector privado.
El tercer caso, el de Elliott Associates v. Republic of Perú, es sumamente importante pues implicó la inhibición de la doctrina Champerty y el inicio de la utilización de la cláusula pari passu. Además, marca la entrada en escena de un aguerrido y prolífico litigante, hasta hoy activo, el fondo Elliott de Paul Singer. La doctrina Champerty –originada en el derecho anglosajón y presente entonces en la Sección 489 de la ley del Poder Judicial del estado de Nueva York– prohibía la compra de documentos de crédito vencidos por parte de personas físicas o jurídicas con la intención y el propósito de iniciar demandas judiciales. Como es claro, de haberse mantenido se hubiesen eliminado las condiciones que habilitan la estrategia judicial-especulativa. El Estado peruano aprobó en 1996 el Plan Financiero (conocido como Acuerdo Brady) para la reestructuración de su deuda bancaria. Mientras el gobierno de Fujimori negociaba con los acreedores, Elliott compró USD 11.400.000 en títulos de deuda externa, con un valor nominal por encima de los USD 20 millones.
Al implementarse la reestructuración, Elliott la rechazó y presentó una demanda en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, reclamando la totalidad de sus acreencias, más los intereses. El juez de primera instancia, luego de detallar los hechos y fundamentos de su decisión, desestimó la demanda por entender que la estrategia del fondo había tenido como único propósito iniciar acciones legales, lo cual entraba en contradicción con el principio Champerty. En octubre de 1999 la Corte de Apelaciones revocó la decisión del tribunal de primera instancia, presentando una particular interpretación de dicha doctrina. Esta corte entendía que la intención y objetivo principal del demandante al comprar la deuda con descuento era cobrar la totalidad de la misma, o de lo contrario, iniciar acciones legales. El intento de demanda era, entonces, considerado contingente y accidental, aun cuando se reconocía que “Elliott sabía que Perú no podría, bajo las circunstancias en las que se encontraba, pagar la totalidad de la deuda”.
En junio del año 2000, se resolvió que Perú debía pagar a Elliott USD 56 millones, quedando por definirse los intereses, que podían ser de USD 16 millones. El fondo consiguió, además, bloquear los fondos destinados (vía Euroclear) al pago de los bonos Brady. Un Tribunal de Apelación de Bruselas, basándose en una novedosa interpretación de la cláusula pari passu, determinó que el estado peruano la había violado y dictó una medida cautelar que le impedía atender su deuda reestructurada sin pagarle también al demandante. Esta cláusula estándar establece la igualdad de trato entre acreedores con la finalidad de evitar cualquier situación preferencial. Frente a la posibilidad de default, Perú acordó con el litigante el pago de USD 58 millones, lo que significó un beneficio del 400% para el fondo.
Este caso, sin duda, es central para comprender los desarrollos recientes de la litigiosidad en torno a la deuda soberana pues no sólo supuso una nueva erosión de la defensa estatal, sino que sumó el bloqueo potencial de los pagos resultantes de procesos de reestructuración aceptados por una mayoría de acreedores, colocando a los países frente a la posibilidad de nuevos defaults. Desde entonces, otros fondos especulativos invocaron esta cláusula en litigios con países en desarrollo, pero ninguno tendría el grado de conflictividad y la extensión temporal de la disputa que siguió a la cesación de pagos argentina de 2001”.
“CAMBIEMOS” Y LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO
“Con el inicio del gobierno de la alianza Cambiemos el tratamiento del litigio con los buitres sufrió un cambio radical. La estrategia era ahora cooperativa y favorable a la posición de los fondos litigantes a los que se les reconocía el derecho legítimo de cobrar sus acreencias a partir de la orden obtenida en Nueva York. Las bases de este cambio eran, según los funcionarios, por un lado, la posición débil de la Argentina derivada de la sentencia firme que ceñía todo margen de maniobra en las negociaciones y, por otro, la necesidad de ponerle fin a más de una década de “irracionalidad” y “malos manejos” en torno al conflicto para recuperar la “confianza” y tomar las medidas para salir del “aislamiento” en que se encontraba la economía argentina.
El giro en la estrategia se concretó en varios frentes: se reconocía el interés (compartido con los buitres) de cerrar el caso, el discurso hacia los litigantes y los terceros involucrados se moderó (los buitres se trasformaron en “acreedores” o “holdouts”, el special master y el juez Griesa en “nuestros mayores aliados”), la predisposición a dialogar, hacer concesiones y cumplir las disposiciones del juez se incrementó y se abandonó la agenda de discusiones en la ONU. En diciembre de 2015, a pocos días de iniciado el mandato, los funcionarios de la secretaría de Finanzas viajaron a Nueva York para comenzar las negociaciones con los fondos buitre y los restantes grupos de acreedores a los fines de resolver el conflicto, pagar y permitir que la Argentina “se reinserte en el mundo”, esto es, vuelva a financiarse en los mercados voluntarios de deuda.
En febrero se presentó la propuesta de pago, que incluía dos ofertas: uno para aquellos que obtuvieron sentencia pari passu (la oferta pari passu, que discriminaba a su vez entre los que tuvieran o no sentencia monetaria) y otro para los que no tuvieran (oferta base). Se aseguraba que la propuesta daba respuesta a reclamos por un monto aproximado de USD 9.000 millones, implicando una quita de alrededor del 25% sobre las sentencias. El cambio de rumbo y la celeridad del nuevo gobierno para dar solución al conflicto fueron elogiados, internacionalmente, por el gobierno de los Estados Unidos, el FMI, los propios acreedores e incluso por el juez Griesa, para quien desde el 10 de diciembre “todo había cambiado”. A nivel local, numerosos empresarios mostraron su apoyo a la postura oficial. En el sistema político, la aprobación de la ley 27.249 que refrendó los acuerdos y autorizó la emisión de nuevos títulos para financiar el pago a los acreedores demostró el consenso en (casi) todo el arco político en torno al cierre del conflicto. Desde el oficialismo (minoría en ambas cámaras) aseguraban que con la salida del default llegarían inversiones que generarían crecimiento y trabajo, mientras que en la oposición los gobernadores (incluyendo una gran parte de los que hasta diciembre eran oficialismo) presionaban a sus legisladores para poder luego de aprobada la ley, y una vez abierta la canilla de la deuda desde la administración central, financiarse también en el mercado internacional. Finalmente, el gobierno argentino llegó a un acuerdo con la mayoría de los holdouts, incluidos los fondos buitre más combativos, pudo emitir en abril los títulos que permitieron abonar al contado (aunque a una tasa de interés todavía elevada) y logró que el Juez levantara el bloqueo que impedía el pago a los bonistas reestructurados.
Claramente, la salida del default fue una victoria política importante para el gobierno de Macri, que también rehabilitó el mecanismo de la colocación de bonos en el exterior para financiar al Tesoro. Sin embargo, el resultado del cierre del “juicio del siglo” supuso una derrota de nuestro país además de que, en un nivel sistémico, sentó precedentes decididamente negativos de cara a futuras reestructuraciones. En primer lugar, desde el lado de los acreedores, entendemos que esta resolución llevó a resultados heterogéneos entre los diferentes grupos, tanto entre los holdins y los holdouts, como al interior de los holdouts. Las ganancias extraordinarias de algunos fondos (especialmente NML, que llegó a casi el 1600%) crean incentivos para que, en el futuro, los acreedores se nieguen a participar y pongan en peligro cualquier proceso de reestructuración. La profundización de la estrategia buitre sería sumamente peligrosa para países sobreendeudados que necesitan aliviar y reprogramar sus pasivos para poder recuperarse económicamente. En segundo lugar, en caso de que se concreten tales procesos, interpretaciones novedosas de cláusulas estándar (como la realizada por el juez Griesa sobre la pari passu) o decisiones judiciales (como la disposición que frenó el pago a los bonistas que adhirieron a los canjes) pueden derivar en un virtual bloqueo, por parte de una mino-ría, de reestructuraciones consensuadas con amplias mayorías y volverlas insostenibles en el tiempo, generando mayores dificultades para el país en cuestión y para el conjunto de los acreedores.
En este sentido, el caso argentino dejó numerosos interrogantes sobre los verdaderos alcances y consecuencias de este caso. A pesar del impulso dado al fortalecimiento y mejora de los contratos mediante la incorporación de cláusulas de acción colectiva agregadas y el esclarecimiento de los alcances del principio pari passu, e incluso luego de la aprobación en la ONU de nueve principios que deben guiar a las partes durante las renegociaciones, prevalecen las dudas y la incertidumbre sobre el derrotero de próximas reestructuraciones y sobre las posibilidades de morigerar el accionar de estos fondos especulativos. Pues, si algo muestra la historia financiera reciente es que estos actores pueden promover interpretaciones jurídicas novedosas y encontrar intersticios en el sistema legal que explotan en su provecho. Por esto, creemos, impulsar la discusión nacional, internacional y multilateral, de la comunidad financiera y política sobre nuevos marcos que ordenen las negociaciones de reprogramación de pasivos y limiten la estrategia de estos litigantes profesionales, se vuelve imperativa”.
(*) María Emilia Val (Lic. en sociología-UBA-Docente de la Facultad de Ciencias Sociales-UBA): “El accionar de los “fondos buitre”: Una caracterización a partir del conflicto con la República Argentina” (Relaciones Internacionales-2017).
01/02/2025 a las 11:24 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La melodramática ejecución de Marra, un síntoma del cambio del sistema
Ignacio Miri
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
31/1/025
El melodramático montaje que eligió La Libertad Avanza para echar del partido a Ramiro Marra, con un comunicado al que sólo le faltaron las acotaciones que algunos autores de los teleteatros hacen en los guiones para que los actores sepan qué partes de sus parlamentos deben ser pronunciadas con un énfasis particular, tuvo un solo objetivo: bajarle el precio a una cara que buena parte de los votantes conocen por sus frecuentes apariciones en los programas de cable y por su militancia en las redes sociales.
Desde hace rato se sabía que Marra no lograría pasar el veto que le impuso Karina Milei para poder ser candidato de LLA en las elecciones de este año. También se sabía que Marra venía conversando con el Gobierno porteño para poder llegar a algún tipo de acuerdo que mejore las posibilidades de las listas del PRO en la Ciudad, con él como uno de los candidatos o al frente de alguna lista distinta que sirva también para restarle votos a la oferta mileísta.
Karina Milei quiso reducir ese daño potencial para protegerse de los efectos que un salto de Marra podría general tanto en la elección porteña como en la de los cargos nacionales, en un distrito en el que debe renovar diputados y también senadores.
Esa necesidad de castigar a un potencial competidor se aceleró porque este año, el sistema electoral sufrirá un cambio cuyas consecuencias todavía se desconocen.
Los diputados en las 24 provincias y los senadores que se renovarán en ocho de ellas se elegirán con boleta única, el sistema que ya usan la Ciudad, Córdoba, Santa Fe y otras provincias y que, invariablemente, potencia la importancia de las caras conocidas por sobre los muy menguados partidos políticos.
En el sistema de boleta única cada votante se encuentra en el cuarto oscuro con un papel en el que están las caras de uno, dos o tres -no hay espacio para agregar muchos más- candidatos de cada agrupación. Está toda la oferta para, por ejemplo, diputados en una misma boleta, y el elector decide donde poner una cruz. Como todas las agrupaciones tienen el mismo espacio, una cara conocida vale mucho para destacarse.
El otro efecto que tendrá el cambio es que cada agrupación tendrá que conseguir una cara conocida para cada categoría: para diputado y para senador en el caso de que se renueven. A eso hay que sumar todos los cargos provinciales -tengan o no tengan sistema de boleta única-, porque ya no habrá una lista sábana nacional a la cual colgarse. Este punto será particularmente novedoso en la Provincia de Buenos Aires porque, al desaparecer la boleta nacional, en Buenos Aires cada partido tendrá que ofrecer ocho boletas totalmente distintas, una por cada sección electoral. Así, cada agrupación tendrá que elegir al menos un candidato a diputado o senador provincial reconocible en su zona para que impulse toda la boleta sábana provincial y municipal.
Hasta ahora, los políticos bonaerenses daban por hecho que los únicos tramos de la boleta importantes eran el municipal y el nacional. Por eso mismo, la Legislatura bonaerense se llenó durante años con punteros u operadores de intendentes y otros dirigentes que no tenían la obligación de salir de la neblina. Ahora, con el tramo nacional separado, las caras de los candidatos a legisladores provinciales serán importantes para seducir a los votantes.
Esta modificación radical se producirá en un contexto que nunca antes había existido: partidos debilitados, dirigentes políticos desprestigiados e hipervaloración de las características individuales de los candidatos por sobre los proyectos colectivos, un proceso que día a día aceleran más las redes sociales. La frontera entre políticos y famosos nunca había estado tan difusa.
Una incertidumbre adicional la trae el hecho de que -en un caso sin antecedentes- el sistema puede tener un cambio adicional en el mismo año electoral si el Gobierno consigue los votos en el Congreso para suspender las PASO. Todo indica que en la Cámara de Diputados ese número ya está y en el Senado también podría aprobarse, sobre todo porque las Primarias Obligatorias casi no tienen defensores en la sociedad.
A pesar de que podría llenarse una biblioteca entera con libros de politólogos y sociólogos que registran en detalle los resultados electorales en el mundo a través de las décadas para determinar cómo afectan la conformación de los sistemas políticos los cambios en la legislación electoral, hoy es imposible saber qué consecuencias tendrá este nuevo cóctel argentino.
Sí se puede decir que los cambios en el reglamento no serán fundamentales para el resultado del partido. Una vez más, la elección de mitad de mandato será un plebiscito sobre la gestión en los dos primeros años del Presidente, y, en segundo término, lo que quede del recuerdo del gobierno que lo precedió.
A pesar de que las martingalas ayudan, la evaluación sobre el desempeño de Javier Milei será lo que determine el resultado. Por supuesto, la palabra “desempeño” se queda corta para resumir todo lo que lleva a una persona a elegir a quién votar: allí entran la percepción sobre la situación personal del elector y de su entorno, lo que el Presidente hizo y lo que el Presidente dijo en estos años.
En elecciones como esta, además, hay que recordar que el plebiscitado no está en ninguna boleta. Lo importante es ver qué capacidad tendrá Milei, entonces, para trasladar el apoyo que tenga a sus candidatos en las 24 provincias. Si esa transferencia funciona, el Presidente podrá mejorar apreciablemente sus bloques en las dos cámaras del Congreso, aunque no podrá conseguir una bancada mayoritaria en ningún caso. Ese punto es el que usará Mauricio Macri para mantener relevancia.
La mala noticia para La Libertad Avanza es que es muy probable que el peronismo engrose su bloque de Diputados, porque se renovarán las bancas de 2021, una elección desafortunada para el kirchnerismo. Para que eso ocurra, sin embargo, tiene que resolver su propia confrontación interna, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires, donde la pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof ya parece parte del paisaje natural.
01/02/2025 a las 11:29 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El PRO ya ve a Mauricio Macri como candidato a diputado aunque espera un acuerdo con Milei
Gustavo Berón
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
31/1/025
Mauricio Macri ya comienza a probarse el traje de candidato a diputado ante la demora de un acuerdo electoral con la Casa Rosada y el aumento de las tensiones internas en el PRO, entre los que quieren saltar a La Libertad Avanza (LLA) y los que exigen comenzar a definir una oferta propia de cara a octubre. Mientras tanto, desde el oficialismo insisten en preguntar si el ex presidente tiene el poder para cerrar un entendimiento en todo el país como reclamó Javier Milei.
En la reunión de la mesa ejecutiva de esta semana, Macri recibió el mensaje de varios dirigentes pidiendo que avance en un armado propio. Es que en Diputados, por ejemplo, deben renovar su banca 22 de los 37 legisladores y hay que tener en cuenta que en algunos distritos se mantienen los acuerdos con el radicalismo y fuerzas provinciales. Ahí es dónde surge el interrogante de cómo se puede ajustar esa alianza con La Libertad Avanza. Es cierto que la UCR también viene coqueteando con los libertarios, pero hay divisiones más fuertes.
Durante la cumbre se escuchó un informe económico del ex ministro Hernán Lacunza que para varios de los dirigentes del PRO fue casi un déjà vu de lo experimentado por el macrismo en la previa de las legislativas de 2017, cuando Cambiemos ganó las elecciones en 2017 con más del 40 % de los votos. Saben que Milei tiene respaldo en las encuestas por haber bajado la inflación y haber alineado algunos datos macroeconómicos, pero insisten que mientras no haya un levantamiento del cepo cambiario no llegarán inversiones genuinas, salvo las que ingresan por la minería en San Juan o Vaca Muerta.
Pero más allá de los datos económicos, en el macrismo advierten que es una incógnita lo que pueda pasar con La Libertad Avanza en este año electoral porque en las provincias, la mayoría de los gobernadores decidió desdoblar las elecciones justamente para cercenar el poder que el oficialismo construyó a partir de la figura de Javier Milei. «El Presidente no ha mostrado interés por recorrer las provincias y no lo veo yendo a sostener un candidato», reflexionó una importante fuente del partido amarillo.
Justamente, la performance que pueda tener el oficialismo en las elecciones provinciales y, principalmente, lo que ocurra en el territorio bonaerense, donde son altas las chances de que se avance en un desdoblamiento de los comicios, puede marcar el rumbo de las negociaciones entre el macrismo y el Gobierno. «Si pierden dos o tres elecciones provinciales van a tener que buscar el respaldo del PRO, si tienen interés en avanzar en un armado legislativo antikirchnerista», especulan cerca de Macri.
Del lado del bullrichismo ven «difícil» que se pueda llegar a un acuerdo electoral amplio en el cual Macri y Milei definan el armado de las listas en cada una de las provincias. «Para Macri, lo único importante es la Ciudad, no lo veo armando en todo el país, está preocupado por Jorge Macri», apuntaron. Pero también es cierto que al ser elecciones legislativas y no presidenciales, son los representantes de los distritos los que van a cerrar los acuerdos.
Por eso cuando Milei pidió «un acuerdo total», el ex presidente avanzó con la intervención del partido en Córdoba, por ejemplo, con la intención de tener el dominio de ese espacio. Pero en el PRO remarcaron que son las provincias las que terminarán armando las alianzas y los frentes electorales. En este escenario, las opciones serían que Macri y Milei definan las condiciones de la alianza, que surja de un entendimiento con las autoridades partidarias de cada provincia o que haya un pacto con Patricia Bullrich. «Lo lógico es que se haga porque tenemos el mismo modelo de país. Pero para eso Macri tiene que aceptar que el liderazgo lo tiene el Presidente», señalaron del sector díscolo.
En el macrismo aún mantiene abierta la puerta para una estrategia conjunta con el oficialismo porque entienden que aún haciendo una gran elección, el Gobierno va a seguir necesitando de los bloques dialoguistas para aprobar las leyes que necesita para los próximos años. Es que en definitiva, La Libertad Avanza terminará absorbiendo las bancas que pierdan la UCR y el PRO porque el kirchnerismo mantiene su caudal electoral, de acuerdo a las encuestas que manejan en el partido amarillo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en los próximos años, el Gobierno deberá avanzar en una reforma previsional y en otra fiscal.
También es cierto que a la Casa Rosada le viene funcionando la estrategia de ir sumando a partir de las divisiones internas del PRO. La muestra más reciente fue el salto de los legisladores porteños que responden a Bullrich a La Libertad Avanza.
En el bloque de diputados nacionales que comanda Cristian Ritondo descartan, «por ahora», la posibilidad de alguna fuga. Entre los diputados que responden a la ministra de Seguridad saben que no es conveniente irse de la bancada, pese a que Damián Arabia no fue invitado a la reunión de la mesa ejecutiva aunque ocupa la vicepresidencia del partido. Habrá que ver en el próximo encuentro, que podría ser convocado para dentro de dos semanas si se aprueba la suspensión de las primarias, si el bullrichista es invitado.
01/02/2025 a las 11:33 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El peronismo aprovecha la debilidad de Villarruel para negociar y sumar poder en el Senado
María Cafferata
Fuente: El Diario A
(*) Notiar.com.ar
31/1/025
El peronismo huele sangre y aprovecha. Esto ha sido así en el Senado desde que comenzó la batalla interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei. A veces negociando con una, a veces con el otro, Unión por la Patria aprovecha su número para presionar y sumar poder en la Cámara alta. Y ahora, con la excompañera de fórmula de Javier Milei bajo asedio y más débil que nunca, la bancada peronista analiza la posibilidad de conseguir su revancha. El ojo está puesto en las autoridades de la Cámara: uno de los pocos lugares en los que la vicepresidenta de la Nación tenía cierto control, pero que ahora se encuentran casi vacantes debido a la intervención depuradora de Santiago Caputo.
“Nos equivocamos cuando elegimos las autoridades. No ofrecimos nada y nos cagaron. Fue un error haber renunciado a todo, esta vez tenemos que ir por todo. Va a haber un vuelto”, advierte un senador de Unión por la Patria que, como muchos, viene presionando puertas adentro para hacerse con el control de las autoridades de la Cámara. No solo la presidencia provisional —tercer lugar en la línea de sucesión presidencial—, sino también el resto de las secretarías.
Cuando Milei asumió, el peronismo se dio un debate interno: siendo primera minoría le correspondía la presidencia provisional en el Senado, ¿correspondía dejársela al oficialismo como gesto institucional o había que pelear para quedársela para sí? El mismo debate se dio en Diputados con la presidencia de la Cámara. Un poco por trauma histórico —el 2001 estaba presente y ninguno quería que lo llamaran “golpista”— y otro poco por la intervención de Cristina Fernández de Kirchner —que falló a favor de darle el lugar a La Libertad Avanza—, las presidencias quedaron en manos del oficialismo.
Lo mismo terminó sucediendo con las comisiones, aunque esta vez en contra de la voluntad del peronismo. Ahí maniobró Villarruel, logrando juntar a toda la oposición no kirchnerista para hacerse de una mayoría que dejaba en minoría a UxP. Una maniobra que al día de hoy el peronismo cuestiona y mastica con ansias de revancha.
Estos deseos de venganza coinciden, ahora, con otro factor: la debilidad de Villarruel en el Senado. El operativo de asedio y desgaste de Casa Rosada sobre la vicepresidenta la ha dejado prácticamente sin aliados. Primero le renunció su secretaria de Derechos Humanos, Claudia Rucci, hija del exsecretario general de la CGT asesinado en el 75. Después su secretaria Administrativa, María Laura Izzo, aunque todavía falta el anuncio oficial. Y ahora Casa Rosada dio inicio a un operativo para hacerse con el lugar del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, y el prosecretario administrativo, Lucas Clark. “Tiene terror de que se hagan con el lugar de Clark, que es quien se encarga de la Seguridad de la Cámara”, deslizó un senador que se reunió con la vice.
Debilitada Villarruel, el peronismo observa que es un escenario propicio para intervenir. Cerca de la vice sospechan que UxP colabora con Casa Rosada para hacerse con las autoridades, como parte de un acuerdo más amplio que incluya el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema y la suspensión de las PASO. Pero en el peronismo lo niegan.
“Ellos tienen un quilombo interno. Villarruel no quiere a Lijo. Hoy tenemos una nueva composición, tenemos más senadores. ¿El Gobierno va a jugar limpio o va a jugar sucio? ¿En qué tiene interés?”, provoca, críptico, un peso pesado del interbloque peronista. La jefatura de la bancada es consciente de las presiones internas y las deja correr a la espera de poder negociar. Con Villarruel o con Casa Rosada.
La vice, mientras tanto, ya comenzó a hacer números con senadores aliados, a la espera de poder repetir la mayoría que le permitió retener el control del Senado a pesar de contar solo con 7 senadores oficialistas (hoy son 6, luego de la expulsión del formoseño Francisco Paoltroni por cuestionar la postulación de Lijo para la Corte y pelearse, así, públicamente con Santiago Caputo). Tanteando a radicales, PRO y fuerzas provinciales, Villarruel podría llegar a 34 voluntades para reelegir al puntano Bartolomé Abdala. Eso, siempre y cuando la Casa Rosada juegue a favor, algo de lo que Villarruel duda.
Los aliados observan, sin embargo, que la vice quedó golpeada tras la pelea con Casa Rosada, y que no es la misma. “No está con las mismas ganas de antes”, reconoce un senador aliado. Y, frente a esta debilidad, el peronismo actúa para presionar. Cuenta con que los dos senadores santacruceños, Jose María Carambia y Natalia Gadano, aún no se pronunciaron en favor de la vice (como había hecho el año pasado). De sumarlos, el peronismo podría hacerse de un sólido número para amenazar con quedarse con las autoridades y, así, negociar.
LA MAYORÍA PERONISTA
Los 33 senadores peronistas —serán 34 cuando jure la Stefanía Cora en reemplazo del expulsado Edgardo Kueider— representan la mayor amenaza a las fantasías libertarias para estas sesiones extraordinarias. No es solo el debate por las autoridades, que se elegirán a finales de febrero, sino por los proyectos que Milei quiere convertir en ley este verano.
El principal escollo son los pliegos para la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno se anotó una victoria cuando logró que Lucía Corpacci, senadora catamarqueña cercana a CFK, firmase el pliego de Ariel Lijo. Lo hizo en el despacho de “Camau” Espínola, el ex compañero de bloque de Kueider que el gobierno designó como responsable del manejo de los pliegos de la Corte. “Camau” estuvo hace un par de días por Casa Rosada y, pese al escándalo desatado por la detención de Kueider en la frontera con Paraguay, ya está diciendo que trabaja para ser gobernador de Corrientes como candidato del oficialismo.
La firma de Corpacci, sin embargo, fue todo. El Gobierno no avanzó mucho más que eso. Las conversaciones, por estos días, vienen congeladas, y en UxP aseguran no tener ningún interés en aprobar el pliego de Lijo sin que haya, a cambio, un acuerdo más amplio que incluya otros jueces y la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de modo de poder incluir su propio pliego. “¿Cuál es la ventaja de regalarle Lijo a Milei? Él no es de nosotros”, afirma uno de los senadores del interbloque que preside José Mayans. “Si ellos quieren su hijo de puta, nosotros queremos al nuestro”, sostiene, más brusco, otro senador del espacio.
Pero el problema no es solo la Corte Suprema, sino también los proyectos que tienen que tratarse primero en Diputados. En el caso de Ficha Limpia, por ejemplo, el PRO y el radicalismo están convencidos que, de aprobarse en Diputados, el proyecto nunca pasará el filtro del Senado. Y los senadores peronistas coinciden.
Lo mismo sucede con la suspensión de las PASO: si el gobierno desea hacerse con una mayoría especial necesitará del respaldo de una parte de UxP. Solo con los aliados no puede. Y el peronismo cuenta con esto a la hora de negociar.
01/02/2025 a las 11:39 AM
LA ARGENTINA POLÍITCA: ENFOQUES
Marcha «LGBT y anti fascista»: el plan de Milei para convertir su polémico discurso en ganancia electoral
Fernando Gutiérrez
Fuente: El Profesional
(*) Notiar.com.ar
31/1/025
En su «batalla cultural» contra el progresismo, Javier Milei nunca había corrido tantos riesgos de sufrir un efecto boomerang como en la marcha de repudio a su discurso en el Foro de Davos. A esta altura, el gobierno dejó en evidencia que cometió uno de sus peores errores comunicacionales y que está desplegando el plan de «control de daños».
Para empezar, porque el propio Milei se sintió obligado, el domingo pasado -después de un acto del colectivo LGBT en el parque Lezama- a aclarar sus dichos y a ratificar que, como liberal, no se opone a ninguna orientación sexual. En un giro retórico, después de haber hablado explícitamente sobre abusos y pedofilia, intentó encauzar la discusión al debate sobre la cooptación del Estado por parte de quienes quieren imponer «políticas de género» y embolsar dineros públicos.
«Somos liberales. El respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo es parte de nuestro ADN. Lo que no vamos a tolerar nunca, y lo que la sociedad ya no tolera más, es pretender imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley, con el único fin de obtener privilegios», escribió el presidente.
Al mismo tiempo, como para reforzar ese mensaje, el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, publicó una columna en la que dijo que en 2023, durante el gobierno peronista, se había llegado al récord de crímenes contra mujeres, y que eso había ocurrido a pesar de que el Estado había gastado u$s300 millones en el funcionamiento del Ministerio de la Mujer. En 2024, ya con ese ministerio abolido, la estadística de crímenes contra mujeres bajó 10%.
Pero el error ya se había cometido. El presidente, que venía disfrutando una saga de celebraciones por una serie de indicadores económicos positivos, y que llegaba de una gira por Washington -invitado por el mismísimo Donald Trump- y de hablar ante Davos ya no como una voz solitaria sino como representante del nuevo establishment, creía que podría tener un rédito político de esa gira.
Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: su discurso generó críticas unánimes -incluyendo la interna del propio espacio libertario- y, lo peor de todo, corrió la discusión desde la economía hacia el terreno de los derechos civiles. Es decir, Milei le dio, involuntariamente, una carga de oxígeno a una oposición que venía alicaída y encontró una motivación para contraatacar.
EL ANTECEDENTE DE LA MARCHA UNIVERSITARIA
Milei no cometía un error de cálculo político igual desde el conflicto por el presupuesto universitario, hace un año. En aquel momento, después de haberse peleado con una larga lista de sectores con capacidad de presión -incluyendo a los sindicalistas y a los poderosos gobernadores provinciales-, cometió el error de enfrentarse con un símbolo del ascenso social apreciado por la clase media.
En aquella oportunidad, el gobierno, por un ahorro fiscal apenas marginal -3% del gasto primario- pagó un alto costo político, al generar una reacción que protagonizó, sobre todo, la juventud. Justamente el segmento social en el que Milei había basado su apoyo. Para peor, aquella masiva marcha de repudio posibilitó que políticos que habían perdido la conexión con la juventud universitaria y la clase media -desde Axel Kicillof hasta Martín Losteau, desde la cúpula sindical hasta Horacio Rodríguez Larreta-, recuperaran protagonismo y se sumaran a los reclamos.
También en aquella ocasión, el presidente tuvo que aclarar su posición en las redes, con un mensaje en el que tuvo que ratificar temas tan obvios como la gratuidad de la enseñanza pública y en el que acusó a la oposición de tomar «causas nobles» para usarlas en provecho propio.
En un llamativo parecido con aquel debate, ahora también el presidente tuvo que salir a hacer aclaraciones sobre temas que se consideraban ya fuera de debate -como que, por ejemplo, no habrá un retroceso en el matrimonio igualitario-.
Pero el efecto de la protesta ya está en marcha. Pocas veces se ha visto que un tema ponga en la misma vereda a Cristina Kirchner, Elisa Carrió, la izquierda troskista y a referentes del movimiento gay de orientación liberal.
Es por eso que el debate del momento entre los analistas es si la adopción de una postura radical «anti woke» -y, más concretamente, el deslucido discurso de Davos- constituyó un error de cálculo o si, por el contrario, es parte de una estrategia deliberada para polarizar el escenario político en un año electoral.
MILEI HACE CONTROL DE DAÑOS
La preocupación del oficialismo quedó en evidencia por el súbito cambio de discurso. A esta altura, quedó en duda que pueda avanzar en el Congreso el proyecto de ley para abolir la figura legal de «femicidio», así como los cupos trans en oficinas estatales y la opción «no binario» en los documentos de identidad-. Era, a priori, una batalla perdida porque se sabe que los votos no darán en la Cámara de Diputados, de manera que si el proyecto sigue adelante será únicamente por un convencimiento interno de que instalar ese tema «paga» políticamente.
Por lo pronto, Elisa Carrió ya está avisando que considera esa iniciativa como posible violación a la constitución, puesto que «conlleva a una disminución o menoscabo en el pleno ejercicio de los derechos de todos los habitantes, contradiciendo el principio de progresividad de los derechos humanos, que impone a los Estados la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para lograr su pleno ejercicio».
Más irónica, Cristina Kirchner le recordó a Milei que, por sus propios intereses, no le conviene enemistarse con el colectivo gay, dado que más temprano que tarde deberá pedirle favores económicos a al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que está casado con un hombre y tiene dos hijos por gestación subrogada.
Mientras tanto, se escuchan críticas hacia Agustín Laje, el presunto autor del discurso que Milei leyó en Davos, uno de los más fervientes ideólogos de la «ideología anti woke».
Y quien parece haber tomado el liderazgo en la comunicación fue Daniel Parisini, el combativo «Gordo Dan» de las redes sociales, que estableció el argumento que por estas horas están viralizando los libertarios -incluyendo al propio Milei-. El mensaje es una típica contraofensiva que marca contradicciones del peronismo en temas de género y derechos humanos.
«No marcharon cuando el presidente golpeaba a la mujer. No marcharon cuando Alperovich violaba a su sobrina. No marcharon cuando Espinoza abusaba de su empleada. No marcharon cuando dirigentes de su partido mataron una chica y se la dieron a comer a los chanchos. Pero marchan por un recorte editado de un discurso de Milei», escribió Parisini. Y ese argumento pasó a ser la base de la estrategia comunicacional.
DEBATE POR EL TONO DE LA MARCHA
Paradójicamente, la mejor ayuda para Milei podría venir precisamente de los organizadores de la marcha. En los días previos se dio un debate respecto de cuál debería ser el tono y la forma, tanto a nivel de las consignas como hasta en la vestimenta de quienes participen.
Básicamente, la discusión es si debe ser -como en el caso de la protesta por el presupuesto universitario- una marcha que atraiga al público en general y que deje al gobierno en una postura de minoría «anti derechos» o si debe tener el tono de una marcha protagonizada por grupos minoritarios.
Más concretamente, hubo polémicas respecto de si se debe evitar los atuendos y las actitudes típicas de las marchas del orgullo gay o si, por el contrario, se debe visibilizar al máximo a las minorías, haciendo que la protesta del sábado sea protagonizada por personas ataviadas en modo «cosplay».
Quienes reclaman cierto recato en los «looks» temen que la marcha pueda generar el rechazo de sectores conservadores que, aun estando en contra de la política económica de Milei, puedan coincidir con puntos de la agenda «anti woke».
En las convocatorias se ha dado el título del «marcha del orgullo antifascista, antirracista y LGTBINBQ+». Pero también hubo otras consignas de corte más político como «anti extractivista», «anti ajuste» y «por el trabajo».
Para algunos, la fuerza de la marcha estará dada por el hecho de que tendrá un tono político y que concurrirán dirigentes de varios partidos, incluyendo a ex candidatos de Juntos por el Cambio.
UNA FISURA EN EL PERONISMO
En definitiva, la apuesta del gobierno es que la marcha termine por confirmar los motivos que llevan a buena parte de la población a rechazar el progresismo.
No se descarta, por caso, que la columna de la izquierda concurra, como ya es habitual en sus marchas, con banderas palestinas, algo que muchos ven como contradictorio con los reclamos feministas y de derechos gay.
Pero, sobre todo, la mayor incógnita atañe a una ya indisimulable interna en el peronismo. El sector más conservador, ligado a gobernadores del interior que en su momento se opusieron a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no mostró entusiasmo por la convocatoria. Hay, particularmente, una tensión creciente entre el grupo progresista y los seguidores de Guillermo Moreno, a quien ven como el líder del peronismo «con sentido común y que rescata los valores originales del movimiento.
La CGT quedó en una posición ambigua: dio una declaración de apoyo pero no comprometió una asistencia formal de su dirigencia.
Y en el gobierno creen que esa incipiente fisura puede ser beneficiosa en términos electorales: el espacio hacia donde más terreno tiene Milei para crecer no es tanto el del liberalismo del PRO sino el del conservadurismo del peronismo tradicional.
De manera que la consecuencia política de la marcha es una gran incógnita: dependiendo de cómo sea la manifestación y de quién acapare el protagonismo, puede convertirse en un momento de ruptura de Milei con su base electoral o, por el contrario, en una oportunidad de captar adhesiones en un peronismo que no quiere reconocerse en la agenda «progre».