Por Carlos Tórtora.-

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar el pedido de licencia extraordinaria presentado por el juez Ariel Lijo tiene efectos paradójicos sobre el gobierno de Javier Milei. Por un lado, el máximo tribunal le infringió un duro golpe a la Casa Rosada pero, al mismo tiempo, los ministros de la Corte beneficiaron internacionalmente al gobierno, ya que demostraron que la Corte está en capacidad de mostrar una conducta independiente ante el poder político. Y más por cuanto el flamante ministro Manuel García Mansilla votó en contra de la licencia de Lijo, aun cuando el mismo fue impulsado por Milei.

Con este fallo, la Corte acusó recibo de las crecientes críticas, por ejemplo del Wall Street Journal, acerca de la subordinación de la justicia argentina al poder político.

Pero es dudoso que el gobierno acepte que es mejor tener un tribunal supremo con aire de independencia. Ayer el círculo áulico libertario vivía el fallo contra Lijo como una puñalada judicial.

El oficialismo se encamina ahora a una votación complicada en el Senado y Milei está jugándose el todo por el todo en el caso Lijo. La realidad es que la pérdida de la iniciativa política es cada vez más marcada. El costo político del caso Lijo se está volviendo así desmesurado para el presidente.

Con la vista puesta en el FMI

Esta situación actual genera no pocos interrogantes acerca de qué curso puede tomar en el futuro la discusión en el Congreso del acuerdo en ciernes con el FMI. No es impensable entonces que la oposición pueda llegar a imponer que se modifique parcialmente lo que Luis Caputo arregle en Washington.

Si, como todo parece indicar, el Criptogate avanza en la próximas semanas, la debilidad política del oficialismo podría convertirse en anemia y reaparecer entonces en escena la amenaza del juicio político.

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