Por Hernán Andrés Kruse.-
“La democracia debe garantizar la seguridad, pero también la libertad, la igualdad, la justicia y ninguno de estos valores fundamentales deben transarse por la consecución del otro. Por tanto, es vital que en el afán de proveer seguridad no se transgredan los derechos de las personas reconocidos constitucionalmente. Así pues, “la búsqueda de seguridad debe ser coherente y complementaria con los propósitos del Estado y de la democracia y este desafío demanda la adecuada interrelación de las políticas y la gestión de los gobiernos enmarcados e inspirados en una visión de seguridad en democracia” (López y Tudela, 2005). Actualmente el objeto de la seguridad ya no es el Estado sino el ciudadano a quien debe protegérsele y garantizársele sus derechos, sus libertades (Rico, 1983). De esta manera la seguridad no es en sí misma un fin, por el contrario, es una garantía para el ejercicio de los derechos y el bien social, por lo cual es fundamental que las instituciones de seguridad operen dentro del marco del Estado de Derecho y eviten la realización de prácticas que atenten contra su misión y la calidad de la democracia. Así, “la calidad de los servicios policiales y los modelos y estrategias empleados son claves, tanto desde una perspectiva sociopolítica (calidad de la democracia) como desde el punto de vista de las personas (inseguridad)” (Tudela, 2012).
Resulta fundamental para la consolidación democrática que las acciones de la institución policial se efectúen dentro de los parámetros del sistema democrático, lo cual “implica la supervisión del uso de los poderes policiales, no para que no se usen, sino para que se usen legítimamente” (López y Frühling, 2008). Las Policías generalmente tienen establecidos códigos de ética y de conducta para regular sus prácticas y enmarcarlas dentro del respeto de los derechos de los ciudadanos y el orden constitucional, con el objetivo de ser funcionales para el fortalecimiento del régimen. El concepto democrático más moderno de la doctrina policial significa simplemente que esta se someta a un código de conducta fundamentado en el respeto de los derechos humanos; que realice su función con una orientación de servicio público; que los efectivos que incurran en infracciones al derecho sean sancionados, y que este debe rendir cuentas ante la ciudadanía sobre las “estrategias que utiliza para protegerlo, la eficiencia o acuciosidad con la que despliega sus tareas y el respeto que demuestra por los intereses y valores de la democracia” (Frühling , 2001).
De allí, la necesidad de que incorporen elementos claves para estimular la transparencia, como las rendiciones de cuentas y el grado de accesibilidad que tengan los ciudadanos a la información pública para realizar ejercicios de control social. Para garantizar que el desempeño policial se adhiera a los principios democráticos es vital que la policía esté sometida a mecanismos de supervisión, internos y externos, que contribuyan a la consolidación de un desempeño policial más transparente, moderno y eficiente. “El avance hacia una policía sujeta a las reglas de la ley y respetuosa de los derechos de las personas, implica garantizar la responsabilidad de las conductas de la institución y de cada uno de sus representantes. Para ello se requiere construir sistemas de responsabilización policial que impliquen la existencia de controles coherentes y complementarios y que requieren la participación de distintas instituciones” (López y Frühling, 2008). Sin embargo, es indispensable que aquellos quienes están a cargo de ejercer el control sobre el cuerpo policial también estén sometidos al proceso democrático. Además de que la policía esté sometida a la existencia de mecanismos e instituciones independientes abocadas al control de la actuación policial (accountability) y se preocupe por la calidad de la respuesta que ofrece a las demandas ciudadanas (responsiveness), debe ser más responsable ante la ley que ante un gobierno (Bayley 1985). El hecho de que las instituciones de seguridad asuman un rol político también es inaceptable en democracia, debido a que no es válido que superpongan los intereses de grupos políticos y económicos, al bienestar colectivo.
Con base en lo hasta ahora planteado es posible arribar a nuestra quinta conclusión. La consolidación democrática requiere que el Estado sea capaz de garantizar la existencia de una institución policial que cumpla con las siguientes características: (1) que sea capaz de mantener los conflictos en un mínimo tolerable; (2) que se encuentre restringida, limitada, subordinada y controlada; (3) que sus integrantes, al igual que el resto de los ciudadanos del Estado, hayan sido capaces de interiorizar y reflejar en sus actos la tolerancia, el respeto por el pluralismo y por los principios fundamentales de la democracia y; (4) que se encuentre legitimada ante la población, es decir, que goce de altos niveles de confianza y los ciudadanos vean en ella la mejor opción para resolver sus diferencias y conflictos.
Si se analizan los principios de un cuerpo policial moderno señalados por Robert Peel (1840), es posible encontrar luces sobre cuáles dimensiones deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar de forma integral el desempeño de dicha institución. Así pues, para que un país cuente con una policía moderna y funcional para el sistema democrático el autor señala que: 1) su misión debe ser prevenir la criminalidad y el desorden público; 2) su labor debe estar sometida a la aprobación pública de sus acciones; 3) debe asegurarse la libre cooperación de la ciudadanía en el acatamiento voluntario de la ley; 4) debe promover la disminución del uso de la fuerza; 5) debe demostrar constantemente un absoluto e imparcial servicio a la ley; 6) debe utilizar la fuerza física sólo en el grado necesario para asegurar el cumplimiento de la ley o para restablecer el orden cuando el ejercicio de la persuasión, exhortación y advertencias resulte ser insuficiente; 7) debe mantener una relación armónica y cercana con la población, reconociendo que el policía es ante todo un ciudadano más; 8) debe limitarse a la realización de su función sin usurpar los poderes del aparato judicial y; 9) debe reconocer que la prueba de la eficiencia policial era la ausencia de criminalidad y desorden, no la evidencia visible de la acción policial en el manejo de esas realidades.
Lo anterior nos permite sostener que el buen desempeño policial implica que la institución sea capaz de mantener el orden y controlar los niveles de criminalidad y violencia, es decir, que sus labores sean efectivas para el cumplimiento de su deber ser. En la búsqueda de dicho objetivo, el cuerpo policial debe hacer uso de la fuerza de manera limitada y recurrir a esta solo en casos extremos. Así mismo, su cercanía con la ciudadanía permite que se encuentre legitimada ante ella, más aún cuando la policía ha interpuesto la defensa de los intereses y derechos de la comunidad a los intereses políticos y económicos de grupos específicos, lo cual garantiza el trabajo conjunto en aras del bienestar colectivo.
Un componente adicional que ha venido ganando peso dentro de las reflexiones teóricas sobre policía y democracia, radica en el hecho de separar las acciones policiales de las militares. “Una policía plenamente inserta en el sistema democrático responde a una doctrina civil (desmilitarización del servicio) que privilegia su rol junto a la ciudadanía, evitando actuaciones que la alejan de su misión fundamental y del respeto y promoción de los derechos humanos y civiles, y que es capaz de dar evidencias de esto y demostrarlo” (Tudela, 2007). En este sentido, resulta riesgoso que en aras de alcanzar mejores condiciones de seguridad ciudadana se estimule el trabajo conjunto de dos instituciones de seguridad (policía y ejército) que cuentan con procesos de formación de personal incompatibles y que persiguen objetivos distintos”.
CONCLUSIONES
“Tras la revisión teórica desarrollada hasta el momento es posible concluir que para determinar el grado de funcionalidad democrática del desempeño policial es indispensable que los países realicen un esfuerzo por observar y cuantificar las siguientes dimensiones: a) Efectividad en el control del delito y las contravenciones: La Policía debe garantizar el derecho de la sociedad a vivir en “paz ciudadana”, lo cual implica minimizar los delitos y las contravenciones que afecten la seguridad de los individuos que hacen parte de la unidad territorial donde opera. Para lograr dicho objetivo, debe contar con la colaboración de la comunidad y alejarse de cualquier trabajo conjunto con el ejército. b) Buenas prácticas policiales: El accionar de la policía debe caracterizarse por el respeto de los derechos ciudadanos reconocidos constitucionalmente, así como por el cumplimiento de los códigos, normas y leyes que regulan sus prácticas. Por ningún motivo, las prácticas policiales deben estar inmersas en escándalos de corrupción. c) Rendición de cuentas: La policía debe rendir cuentas de sus acciones y facilitar tanto el control social como el institucional (mecanismos internos y externos). Para ello, debe facilitar el acceso a la información, por parte de las personas naturales y jurídicas que la requieran, así como los procesos para realizar denuncias y seguimiento a los procesos. d) La policía debe gozar de altos niveles de legitimidad, lo cual implica contar con el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía, por ende debe ser acreedora de su confianza, exaltada en su trato respetuoso, atento, diligente. Al ser el ciudadano “el cliente” de la gestión policial, la percepción que este tenga de ella es determinante en la evaluación de su desempeño”.
(*) María Eugenia Bonilla Ovallos titulado “Democracia, desempeño institucional y cuerpos policiales” (Reflexión Política, vol. 17, núm. 33, junio, 2015, pp. 108-120 Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia).
26/03/2025 a las 4:40 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Defensores y detractores de algo nuevo
Joaquín Morales Solá
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
26/3/025
Es más transcendental que lo que parece a primera vista. Y está destinado, si se lo hace bien, a cambiar profundamente la poderosa justicia federal penal de la Capital, que investiga la corrupción política, el lavado de dinero y el narcotráfico. O puede ser todo lo contrario. Todo depende de cómo instrumenten la modificación. Se trata del reciente anuncio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la instauración del sistema acusatorio en la Capital, que ha promovido apoyos eufóricos en la Justicia en la misma medida que ha causado reacciones adversas.
El cambio comunicado por el Gobierno es tan significativo que un destacado camarista llegó a expresarse de este modo: “Es un cambio histórico, que ya comenzó a generar las tensiones propias de un giro de esa magnitud. Se abrió una conexión entre lo viejo que cruje y la esperanza de estar ante algo histórico”. Otro juez describió como un “hervidero” lo que está sucediendo en el viejo edificio de Comodoro Py, que nunca expresó arquitectónicamente el excesivo poder de los jueces que lo habitan. Se habla de llamados preocupados “de una de las vocalías del cuarto piso” (del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema) a sus terminales en los juzgados federales de Comodoro Py. Nunca se dicen nombres. “Amenazan y operan lo que están por perder”, resumió otro juez de instancias superiores. Pero, ¿a quiénes se refieren? A los jueces federales, quienes con el nuevo sistema perderán gran parte del poder que tienen ahora.
Un miembro de la Corte Suprema de Justicia suele decir que los jueces de instrucción de los tribunales federales de Comodoro Py (Ariel Lijo, María Servini, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos, entre pocos más) tienen más poder que los magistrados de la Corte. “Nosotros somos un cuerpo colegiado y necesitamos construir una mayoría para sacarle la libertad a alguien. Los jueces federales de Comodoro Py pueden allanar oficinas o casas particulares y decidir a sola firma la prisión preventiva de una o de varias personas”, argumentó. De hecho, está circulando en los últimos días la versión de que los senadores reciben mensajes amenazantes sobre lo que les podría suceder si la semana próxima rechazaran el acuerdo del juez federal Lijo, candidato del Presidente para ser miembro de la Corte Suprema. Sucede que Lijo conservará, aun cuando su acuerdo le fuera negado por el Senado, el cargo de poderoso juez federal, que investiga la corrupción política y el lavado de dinero. Algunos senadores se confiesan temerosos ante semejante extorsión.
El sistema acusatorio le quitará poder a Lijo y a sus colegas de Comodoro Py, y se lo transferirá a los fiscales federales. Los jueces federales están muy desgastados ante la opinión pública por el sistema de cronoterapia que aplicaron siempre a su gestión judicial. Manejan los tiempos y la negociación política, de tal forma que se convirtieron con los años en decisivos protagonistas de la vida pública en lugar de prudentes administradores de justicia e intérpretes de la ley. Según un rumor insistente, Lijo tiene fama de ser el “mejor anestesista de Comodoro Py”; esto es, el juez más hábil para poner a dormir los expedientes (o para despertarlos bruscamente). El nuevo sistema les sacará a esos jueces la investigación y la pondrá en manos de los fiscales. El sistema acusatorio prevé la designación del fiscal de distrito, que serán varios en la Capital, según se pronostica; esas designaciones estarán a cargo del procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales), Eduardo Casal. La misión de Casal será muy delicada, porque deberá reconocer la trayectoria y la formación de cada fiscal para asignarle un distrito. También deberá designar al fiscal de garantía, que será quien acompañará al fiscal a cargo de una investigación en la supervisión de que se cumplan todas las garantías constitucionales. A su vez, los actuales jueces federales, dueños y señores hasta ahora de todas las investigaciones, se convertirán solo en jueces de garantías, aunque ellos seguirán firmando las órdenes de allanamientos o de detenciones preventivas. Siempre lo harán luego de que un fiscal requiera tales medidas porque serán los fiscales, a partir de agosto, los dueños de la investigación. Esto significa, a su vez, que los fiscales dejarán de estar cubiertos por el manto de protección que, en la práctica, les creaba la gestión del juez. En adelante, los fiscales serán los que pondrán la cara y el pecho ante la opinión pública.
Teóricamente, al menos, los juicios deberían ser más rápidos porque pasarán directamente de la investigación de los fiscales (y la homologación del juez de garantías) al juicio oral y público. Pero debe reconocerse que hay fiscales buenos, malos y regulares. Hay fiscales excelentes, como Carlos Rívolo (que inició la investigación que terminó con Amado Boudou preso por corrupción); Carlos Stornelli (que llevó adelante la monumental investigación por el llamado caso de los cuadernos); Diego Luciani (el magistrado que hizo el memorable alegato contra Cristina Kirchner en el juicio por la corrupción en la obra pública); el duro fiscal de Casación Mario Villar (que pidió una pena más severa para Cristina Kirchner por ese delito), y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques (autores del primer informe sobre la corrupción en la obra pública que terminó con la condena de Cristina Kirchner), entre varios fiscales más. Luego están los fiscales ideologizados, que adscribieron a la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima, y están también los que no pueden explicar la fortuna que manejan ni el despilfarro de dinero que hacen a la vista de todos. Los jueces federales tienen mala imagen, pero muchos fiscales (no todos) son desconocidos por la opinión pública y aprovecharon ese anonimato para cometer sus fechorías. Les tocará a partir de agosto arriesgar el nombre y la presencia pública en la investigación de muchas prácticas mafiosas.
Algunos fiscales serios manifestaron de igual modo su preocupación por el apuro y la falta de previsiones que mostró el anuncio de Cúneo Libarona. “No hay recursos ni se anunció un presupuesto nuevo”, dice uno de ellos. La faena de los fiscales aumentará exponencialmente con el nuevo sistema, pero nadie les dijo que tendrán, por ejemplo, más personal, más recursos tecnológicos y nuevos dispositivos para filmar y grabar las audiencias en el proceso de la investigación. Tampoco se adelantó que habrá un período de capacitación de los fiscales para pasar hacia un sistema en el que todo el peso de la investigación recaerá en ellos, cuando hasta ahora esa tarea está en manos exclusivas del juez, salvo que este la delegue expresamente en un fiscal. Los más tremendistas advierten sobre un “colapso” en el Poder Judicial si no hay modificaciones importantes en el sistema acusatorio antes de su implementación. “El poder de los jueces federales pasará a los fiscales, pero solo en un 50 por ciento si perduran las actuales circunstancias”, consideró.
Dice un juez de instancias superiores: “La bajísima calidad institucional se exhibe no solo en el nivel de nuestros legisladores y en la locura que suponen las amenazas subterráneas a senadores sobre el acuerdo a un juez de la Corte. El sistema (también el judicial) está crujiendo y es posible que estas sean algunas de sus últimas manifestaciones”. Se refería precisamente al anuncio del ministro de Justicia. Esa comunicación pública de Cúneo Libarona es algo que la Justicia estaba esperando desde hace rato, pero de su implementación dependerá que se convierta en un punto de inflexión para una institución poco valorada por la sociedad o en otra derrota del sistema judicial.
Los rumores no cesan en los pasillos de los tribunales. La nueva versión sobre la composición de la Corte Suprema señala que el padrino de Lijo, el juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, le habría propuesto al Gobierno cambiar a ese juez federal, muy cuestionado y con escasa probabilidades de salir airoso en una votación del Senado, por el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Licht, designado en ese cargo en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández. Licht estaba propuesto desde los tiempos de Mauricio Macri, pero este decidió no nombrarlo por los informes negativos que recibió de la Corte Suprema. Se trata de un abogado que fue secretario letrado de la Corte cuando esta era presidida por el propio Lorenzetti, de quien era un hombre de su extrema confianza. En efecto, la autora de un libro sobre Lorenzetti (El Señor de la Corte), Natalia Aguiar, denunció públicamente a Licht como “un operador” del entonces presidente de la Corte; Licht le dijo, según la denuncia de Aguiar que “no tenía sentido enfrentarse al poder ni a Lorenzetti” y que “tuviera cuidado”. Ya como presidente del Tribunal Fiscal, que es la primera instancia para resolver un pleito entre contribuyentes y la actual ARCA (ex-Afip), Licht se negó a pagar el impuesto a las ganancias porque adujo que antes había sido funcionario judicial y que estos no pagaban ese tributo. LA NACION señaló en aquel momento, luego de contar lo que había hecho Licht: “Quien precisamente no paga los impuestos es nada menos que quien preside el Tribunal Fiscal de la Nación”. La pregunta que corresponde hacerse es si realmente el viejo sistema está crujiendo o si, en cambio, goza de buena salud.
26/03/2025 a las 5:12 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Batalla cultural y FMI: el Gobierno atraviesa un momento delicado
Eduardo van der Kooy
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
26/3/025
El Gobierno supuso que su doble intervención en el 49 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 tendría más permanencia en la agenda pública de la que terminó concitando. Una fue el video del intelectual de ultraderecha, Agustín Laje, que apuntó a refutar la tragedia del terrorismo de Estado de la década del 70. Desarrolló en 15 minutos también las responsabilidades de las organizaciones guerrilleras en la masacre de aquel tiempo. La otra resultó el anuncio del portavoz, Manuel Adorni, que comunicó la desclasificación total de los documentos de las Fuerzas Armadas a fin de que pueda ser transparentada la verdad. Iniciativa de Cristina Fernández en su segundo mandato que, como tantas, se diluyó en la nada.
Los libertarios se entusiasmaron con la notable cantidad de visualizaciones que cosechó en las redes la explicación de Laje. La asociaron a un pequeño paso adelante dado en la que denominan batalla cultural. El éxito de audiencia puede haber respondido, tal vez, a otras cuestiones. El año que viene se cumplirá medio siglo del golpe de 1976. Es decir, una persona de 50 años lo conoció sólo de manera indirecta. El propio Laje admitió que su inmersión en el tema había ocurrido en la escuela secundaria. La profundización sucedió de adulto, por propio interés y la presunción que la información recibida con anterioridad había sido teñida por el ideologismo progresista. O kirchnerista.
Más allá de alguna apreciación atendible, la visión de Laje pareció caracterizarse por omisiones. Sostuvo que toda la acción del terrorismo había resultado, de alguna manera, apañada. A diferencia de las horrendas revelaciones que signaron el Juicio a las Juntas que concluyó con la condena de los jefes militares. El enjuiciamiento, en épocas de Raúl Alfonsín, incluyó también a los jefes de las cúpulas guerrilleras. Mario Firmenich, Ricardo Obregón Cano, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, entre otros.
Ocurrió que todos ellos resultaron indultados en su momento (1990) por Carlos Menem. También junto a los jefes militares. Un verdadero incordio, sin dudas, para la historiografía que ha venido tratando de escribir La Libertad Avanza. El menemismo es siempre reconocido por los libertarios como el único ciclo rescatable de los 40 años largos de la democracia. Como contracara, el caudillo radical sería observado como la raíz de un supuesto colectivismo que habría penetrado en el país y la región.
Aquel video de Laje y la desclasificación de los documentos militares parecieron durar, exactamente, el tiempo que insumió la evocación del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es cierto que una batalla cultural, como la que imaginan los libertarios, jamás puede saldarse en 24 horas. No es menos cierto que alrededor de la tragedia de los 70 existe una conciencia bien solidificada al margen de la manipulación política que durante tantos años realizó el kirchnerismo. En todo caso podría aceptarse la realización de ajustes históricos, como sucede con cualquier proceso. El del setentismo fue, por otra parte, de altísima complejidad.
El propio gobierno de Javier Milei no asoma en condiciones de dispensar tanto tiempo a aquellos aspectos de la batalla cultural. Las premuras son otras. La marcha de la economía, la intranquilidad de los mercados y el acuerdo en maceración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se demora más de lo que el mileísmo desearía.
Hace ya varias semanas que Luis Caputo, el ministro de Economía, aseguró que a ese nuevo pacto sólo le restaba el moño. Se vio que no era así. Días más tarde, el mismo funcionario arriesgó algunas apreciaciones que en vez de apaciguar terminaron por atizar la intranquilidad de los mercados. Dijo que el futuro acuerdo podría significar alguna variación en el régimen cambiario “que de ninguna manera resultaría perjudicial para la gente”.
Desde entonces las conjeturas no cesan. Se habla de posibles bandas de flotación del dólar. De un levantamiento muy acotado del cepo. La consecuencia fue una constante salida de reservas del Banco Central: sólo la semana pasada perdió alrededor de U$S 1.500 millones. La cotización del dólar paralelo oscila en alza; el riesgo país gana casi todos los días algún punto.
El paisaje ni siquiera logró modificarse con la exigente jugada política que concretó el Gobierno. La aprobación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para el acuerdo con el FMI que aún no está cerrado y cuyo contenido se desconoce. Aquella artillería tampoco surtió el efecto buscado.
La posibilidad de que el crawling peg actual (devaluación mensual del 1%) resulte modificado sería uno de los motivos de la inestabilidad del dólar. En una instancia sumamente delicada para el Gobierno: siempre la moneda estadounidense ejerce presión sobre la inflación. El índice de febrero (2.4%) dejó muchas dudas y los pronósticos tampoco resultan auspiciosos para marzo. La herramienta antiinflacionaria es la que ha sostenido la expectativa social a favor de Milei. Es también el recurso clave que disponen los libertarios para hacer frente con optimismo a las elecciones legislativas.
Hay dentro de la administración libertaria funcionarios que se interpelan sobre la estrategia seguida hasta el presente por Luis Caputo. ¿Hubo algún cálculo que falló? ¿Existió una mala praxis no detectada a tiempo? ¿Por qué razón no alcanzaron como dique los U$S 20.631 millones del exitoso blanqueo? El ministro de Economía ha dado su explicación al Triángulo de Hierro. El que Milei comparte con Karina, su hermana, y el joven Santiago Caputo. ¿Cuál ha sido? La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca fue esperada en la Casa Rosada como una bendición. Nunca se pensó, sin embargo, que sus medidas de guerra comercial alterarían tanto y tan rápido el contexto internacional. Canadá, México, la Unión Europea y China replican a los arancelamientos trumpistas.
Milei echa mano a la diplomacia presidencial para hacer frente a este trance delicado. Mantuvo una charla con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Reafirmó la relación estratégica entre ambos países. Se podría entender, también, como un guiño al FMI. Francia es en el organismo internacional el quinto país más influyente. Después de Estados Unidos, Alemania, Japón y Gran Bretaña.
Los libertarios no dejan de quitar su atención de Washington. Se espera un gesto de Trump para que el staff del FMI no sólo termine aprobando un posible desembolso. También -sobre todo- la manera de utilizar esos fondos. El mandatario estadounidense, electo con una condena judicial y tres causas pendientes, tuvo una deferencia reciente con los libertarios que sirvió por horas como cotillón: canceló el ingreso de Cristina a Estados Unidos por corrupción. Como había hecho Joe Biden, por idénticas razones, con el ex mandatario de Paraguay, Horacio Cartes.
26/03/2025 a las 5:24 PM
LAA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Decretos y represión: cómo funciona la fase autoritaria de Milei
Juan Luis González
Fuente: Noticias
(*) Notiar.com.ar
26/3/025
“Creo que la democracia tiene muchísimos errores”. La frase es de Javier Milei, en una entrevista con Luciana Geuna a fines de 2021. La dijo luego de que la periodista le repreguntara tres veces sobre si “creía” en este sistema de gobierno, esperando encontrar una respuesta afirmativa que jamás llegó. Hay muchos que piensan que esa oración fue uno de los tantos exabruptos que caracterizaron siempre al economista. Los que creen eso no conocen al libertario.
Es que esa reflexión estuvo lejos de ser un descuido, sino que es uno de los postulados más profundos del anarcocapitalismo, al cual Milei adscribe. Tanto su fundador, Murray Rothbard, como su discípulo más célebre, Hans-Herman Hoppe, le dedicaron mucho trabajo a criticar este sistema. Aunque Rothbard lo postula en su canónico “Hacia una nueva libertad” -que podría ser el equivalente al “Manifiesto comunista” para un marxista-, es su alumno alemán quien más elaboró la idea. Tanto que hizo un libro que se llama “Democracia, el Dios que fracasó”. “Bajo la democracia la propiedad personal se vuelve alcanzable por los demás. La mayoría tratará de enriquecerse a costa de la minoría. Al obligar a los dueños de propiedades y a los productores a subsidiar a los políticos, a sus partidos y a la burocracia, habrá menos creación de riqueza, menos productividad y más parásitos. Y aunque cientos de parásitos pueden vivir de miles de cuerpos, miles de parásitos no pueden vivir de cientos de cuerpos”, dice Hoppe, que postula que esta forma de gobierno conduce a algún tipo de comunismo. Para el escritor habría que buscar la desaparición del Estado y de quienes lo manejan, dejando al mercado con un control total de la economía y de la vida política. La lista de reproches de Milei a los límites que impone la división de poderes es larga y podría seguir, por ejemplo con el apoyo público que le dio a los levantamientos antidemocráticos en el Capitolio y en Brasil.
En ese sentido, se podría entender a los 15 meses del gobierno del anarcocapitalista más famoso del mundo como el desarrollo de una pulseada entre lo que Milei cree y lo que Milei puede, su marco teórico versus los límites que le impone la realidad. Es un duelo que el Presidente suele sintetizar en su frase “soy loco pero no boludo”, y de cuyo resultado dependen los 45 millones de argentinos. Sin embargo, si efectivamente la desaparición de la democracia y de las instituciones que le dan forma es el objetivo final del libertario, que además está empujado por la íntima convicción de creerse un elegido por Dios, hay una pregunta que se impone: ¿en qué punto exacto de ese recorrido se encuentra el país? Los episodios de los últimos meses, desde el Ejecutivo gobernando a base de decretos hasta una represión descontrolada -en un sentido literal- que terminó con un fotógrafo herido de extrema gravedad, plantean que el sueño húmedo de Rotbhard y Hoppe se acerca a paso firme. Y con ruido de botas.
LABERINTO
Amenazas de “represión” en los altoparlantes de las estaciones de tren y en las pantallas. Un operativo de seguridad desmedido, que casi termina en el asesinato de un fotógrafo y en golpes a una jubilada de 81 años. Y la negativa de la ministra a investigar a los agentes que incumplieron el protocolo y que casi terminan con la vida de Pablo Grillo.
El accionar de las fuerzas que comanda Patricia Bullrich es autoritario en lo discursivo y en lo estético, con escenas que a veces parecen sacadas de “1984”, el libro de George Orwell. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda que lo que se ve en la superficie. Pasó casi desapercibido en medio del drama cotidiano en el que está envuelta Argentina hace mucho tiempo, pero desde que asumió en su cargo la ministra viene llevando una decidida política que apunta a un solo lugar: cambiar la lógica con la que funcionan las fuerzas de seguridad, transformar su condición de ser “auxiliares” del Poder Judicial -es decir, que responden ante la decisión de un juez o de un fiscal- a ser un ente con autonomía y poder propio. Y que, encima, tienen la mano suelta.
Bullrich comenzó ese sendero a días del nuevo gobierno, cuando promulgó el famoso “protocolo antipiquetes”. Todas las luces de esa medida se las llevó la decisión de prohibir los cortes de calle, de que los operativos de seguridad comiencen a ser pagados por las organizaciones que marchaban y la eliminación de la norma que impedía a los agentes tener armas de fuego cerca de una movilización. Pero hubo algo de fondo que aquel día cambió: a partir de aquel decreto se resolvió que las fuerzas puedan actuar sin orden judicial, al sostener que las marchas se tratan de un “delito flagrante”.
PODER
Si un gobierno autoritario se define en base a cuántas atribuciones del resto de los poderes del Estado el Ejecutivo clama para sí, lo que está haciendo Bullrich se podría definir en ese sentido. Es que desde entonces todos los pasos que dio la ministra fueron para sacarse a la Justicia de encima. En junio publicó el decreto 496, que le dio la facultad de incorporar al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y Financiamiento (Repet) a “toda persona humana, jurídica o entidad” sobre la que “tuviera motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional”. Es decir, que ahora Bullrich y su ministerio pueden inscribir a cualquier persona u organización en la lista de terroristas, lo que, llegado el caso, agrava la pena que enfrentarían ante la Justicia. Eso sucedió a la par que el Gobierno empezaba a tildar de “terroristas” a los que marchaban contra el oficialismo -como hizo el Ministerio de Seguridad durante las protestas por la aprobación de la ley Bases, en ese mismo mes-, y desde entonces ya inscribieron, por ejemplo, a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en ese registro.
Pero Bullrich no se quedó ahí. En enero de este año, el Congreso aprobó, a pedido suyo, la ley “antimafia”, inspirada en la ley RICO que las películas estadounidenses suelen promocionar. Gracias a este cambio, cualquier persona considerada parte de una “mafia” por su ministerio puede -con la autorización de un fiscal- ser detenido hasta 30 días por “averiguación de delitos” y hasta, sin condena, decomisarle cualquier bien que sea sospechado de estar relacionado a esa supuesta mafia.
Carlos Manfroni, jefe de Gabinete de Bullrich, dijo en una nota en Infobae: “Si se multiplican las detenciones se debe a que el régimen penal actual impedía que se hicieran”. Este mensaje se vuelve inquietante cuando se ve la reacción del Gobierno ante la jueza Karina Andrade, que decidió liberar a los 114 detenidos por la marcha del miércoles 12 -según ella, porque fueron apresados en un contexto de extremas irregularidades- o lo que sucedió con las 33 personas detenidas luego de la protesta de la Ley Bases -donde algunos de ellos estuvieron detenidos sin condena durante más de un mes en una cárcel común-. ¿Bullrich y Milei empezaran a considerar a cualquier opositor a su Gobierno como “mafioso” o “terrorista”? ¿Usaran estas figuras como excusas para detener sin pruebas? ¿La búsqueda última es anular el derecho a la protesta?
Son preguntas que flotan. Guillermo Torremare, vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), le dijo a PERFIL que “se está generando un combo de instrumentos jurídicos propio de un Estado autoritario”. Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad durante la gestión de Alberto Fernández, es más categórica. “Bullrich quiere la suma del poder público”, le dice a este medio.
En el Congreso también se ve este avance. Milei nombró a dos jueces de la Corte Suprema por decreto. De esa misma manera tomó nueva deuda con el FMI, a pesar de que la ley establecía que un préstamo con el Fondo debía ser primero votada.
La degradación del poder y de la importancia de esa pata de la república es central para cualquier gobierno autoritario: desde la Alemania de Hitler hasta El Salvador de Bukele. Milei impulsa ese desempoderamiento de distintas maneras. Una es discursiva y estética. Insulta al Congreso en discursos y entrevistas, calificándolo de “parásitos” o de distintos animales, y comparte en las redes memes donde se ve cómo un león le tira gas a las ratas en el recinto. La otra es gobernando a través de decretos, a lo que se le podría sumar lo que sucede cuando está obligado a pasar por el Congreso.
Los casos de Edgardo Kueider y sus dólares y de Lucía Crexell y la embajada prometida en París abren grandes interrogantes sobre cómo logra el Gobierno hacer funcionar al Poder Legislativo cuando no logra eludirlo. También está el caso de lo que hizo Martín Menem el miércoles 12, el día en que casi asesinan a Grillo afuera del Congreso: el presidente de la Cámara levantó de improvisto una sesión contra todo reglamento, por temor a perder una votación. “Menem se quiere llevar puesta a toda la institución”, dijo Marcela Pagano, diputada libertaria en la mira del karinismo, en C5N.
DISCURSO
La avanzada autoritaria de Milei, que por lo que él mismo decía siempre estuvo latente, viene acelerándose desde que Donald Trump triunfó en las elecciones de Estados Unidos en noviembre. Desde entonces el Presidente asoció a la homosexualidad con la pedofilia, aseguró que “había que estar dispuesto a dar la vida por la causa”, en esa batalla que es la del “bien contra el mal, y con el mal no se negocia, se lo aplasta” y hasta llegó a pedirle a Axel Kicillof que renunciara a su rol como gobernador. Si no, dijo, otra opción sería intervenir Buenos Aires. Mientras, sigue tratando al que piensa distinto de «zurdo de mierda» y «enfermo del alma», lo que de fondo supone la supresión del otro y habilita a escenas como las que se vieron en las últimas represiones: un camión hidrante de la Policía incitando a manifestantes a la pelea al grito de «zurdos vengan».
Milei no opera sólo en ese sentido. A su lado lo tiene a Santiago Caputo, a quien se ha visto amenazando física y verbalmente a un diputado nacional. Desde principio de año el asesor estrella empezó a incluir en las encuestas que pide la Casa Rosada una terna que dice “¿en qué país prefiere vivir?” y cuyas opciones son “un país con un gobierno democrático que respete los derechos individuales de las personas» o «un país con un gobierno autoritario que logre buenos resultados económicos».
Ese filón antidemocrático de Caputo aparece en el grueso de los posteos que hace con sus cuentas -cada vez menos anónimas- en las redes. “Javier Gerardo Milei jamás aceptaría ser declarado Emperador del nuevo Imperio argentino. Es exactamente por eso que es imperativo que lo sea”, posteó Caputo el 30 de diciembre de 2024. Es una de las tantas publicaciones que hizo el estratega en ese sentido -lo llama «Rey filósofo, César del Imperio Argentino» y suele firmar sus textos con «Ave, Milei»-, que acompaña con imágenes hechas con inteligencia artificial donde se ve al Presidente vestido como Napoleón o emperador. Esa retórica antidemocrática es muy repetida por el núcleo duro libertario, en especial por alfiles de Caputo. De más está decir que Milei, que cree ser un elegido de Dios, ve con agrado este tipo de teorías.
Teniendo en claro, entonces, cuál es la orientación que viene demostrando el oficialismo, faltaría resolver el enigma de cómo puede reaccionar la sociedad. Roberto Gargarella, abogado y sociólogo, no es optimista en ese sentido. «Lamentablemente están dadas las condiciones para que un movimiento autoritario tenga lugar. La sociedad está económicamente fragmentada y eso da el contexto para el enojo social. Con lo cual puede que Milei se vaya, pero el germen del autoritarismo está», dice.
Roberto Nunes, autor de «Bolsonarismo y extrema derecha global», profundiza sobre cómo el complejo momento del mundo favorece el crecimiento de estas lógicas: «Si la competencia se eleva al fundamento de la vida y la lucha por la supervivencia en el mercado se equipara a la selección natural, se puede esperar que para muchos la fuerza se convierta en la única ley y el éxito en el único criterio. Esto hace que las restricciones legales o morales aparezcan como limitaciones a la libertad de competir». Ahí está lo más grave: la fase autoritaria de Milei puede encontrar eco en este país agobiado por tantas crisis.
26/03/2025 a las 5:30 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Hayden Davis ofrecía acceder al presidente Milei nueve meses antes del lanzamiento de $LIBRA
Hugo Alconada Mon
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
26/3/025
El vínculo entre el entorno de Javier Milei y Hayden Mark Davis es más antiguo de lo que hasta ahora se conocía. Ya en mayo de 2024, el joven estadounidense que nueve meses después sería el rostro más visible de la fallida criptomoneda $LIBRA ya ofrecía acceder al Presidente a cambio de contratar sus servicios, confirmaron a LA NACION dos fuentes consultadas por separado, en Estados Unidos y Europa.
“Hayden mencionaba que él podía hacer brotar una reunión entre Milei y nuestro CEO”, detalló una de las fuentes consultadas, que precisó que Davis exigía un monto en dólares de cinco cifras como contraprestación, que encuadraba como servicios de “marketing” de Kelsier Ventures, la firma familiar con base en Delaware.
El rol de Davis como abrepuertas de la Casa Rosada siembra dudas sobre los dichos del Presidente, quien tras borrar el posteo del 14 de febrero con que promocionó $LIBRA, emitió otro posteo en los primeros minutos del 15 para despegarse del “supuesto emprendimiento privado” y aclarar que “obviamente” no tenía “vinculación alguna”.
Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, Davis comenzó a moverse en tándem con los futuros organizadores del evento Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, nueve meses antes de $LIBRA. Se habían conocido durante una conferencia del sector en Denver, Colorado, y luego volvieron a encontrarse; unos dicen en Perú y otros, en Dubai. Poco después unieron fuerzas y comenzaron a contactar a empresas tecnológicas y del mundo cripto. Y juntos o por separado se presentaron como “sherpas” para llegar a Milei.
Los registros de ingresos y salidas a la Casa Rosada conservan rastros de ese vínculo. Davis, Novelli y Terrones Godoy entraron juntos a la casa de Gobierno el 16 de julio pasado. Faltaban siete meses para $LIBRA y se reunieron con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Pero no ingresaron solos. A ellos se sumó Bartosz Lipinski, el cofundador y CEO de Cube Group, una plataforma para la compra y venta de critpoactivos.
El encuentro fue más que social, según reconstruyó LA NACION. Lipinski delineó ante la hermana del Presidente su proyecto para abrir una oficina de Cube Exchange en Buenos Aires y debatió con ella los trazos de una “carta de intención” que plasmaría por escrito la sintonía de intereses entre el Estado argentino y su empresa privada.
La presencia de Davis durante la reunión con Karina Milei no fue casual. Cube Exchange había contratado los supuestos servicios de “marketing” de Kelsier Ventures, según detalló el hermano de Davis y “Chief Operating Officer” (COO), es decir, el máximo responsable operativo de la firma, Gideon Davis, en una entrevista que se difundió en noviembre, cuando la relación entre la Casa Rosada y los Davis avanzaba sin turbulencias.
Tras el fallido lanzamiento de $LIBRA, manos anónimas buscaron evitar que se conociera el contenido de esa entrevista. La eliminaron de YouTube, de Apple, de Spotify e incluso de la página de Internet del show, “Unscripted Arena”, según detectó el programador y periodista Maximiliano Firtman, pero ya era demasiado tarde. “Es una carta de intención”, remarcó en esa entrevista Gideon Davis, quien actuó como el lugarteniente de su hermano cuando se firmó ese primer documento. “No es un contrato en sí, pero la carta de intención está firmada y sellada por Javier Milei”, subrayó.
LA NACION consultó al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre esa “carta de intención”, y también presentó un pedido de acceso de información pública para acceder a una copia de ese documento, pero al cierre de esta edición todavía no había obtenido una respuesta.
Según reconstruyó LA NACION, sin embargo, la plataforma Cube Exchange sí contrató los servicios de “marketing” de Kelsier Ventures, accedió con Davis a Karina Milei, y firmó una carta de intención con el Gobierno argentino. Se fechó el 12 de agosto pasado, sujeta a la revisión posterior –no previa– del Banco Central (BCRA) y de la unidad antilavado (UIF).
En simultáneo, Davis, Novelli y Terrones Godoy contactaron a otras empresas para ofrecer sus servicios de “marketing” o “consultoría”. El CEO de Kelsier Ventures llegó a florearse del nivel de acceso al poder que tenía: “Todo, desde los tuits de Milei [hasta] todo lo que hace Milei de cara al público, básicamente, aparecer en eventos, etcétera; tengo control sobre muchas de esas palancas”, afirmó en un audio que le envió, en inglés, a un emprendedor al que accedió el diario The New York Times.
En otro mensaje que distribuyó entre expertos en finanzas y ejecutivos de inversiones cripto a finales de 2024 y principios de 2025, y que obtuvo LA NACION, Davis ahondó en esa misma senda: “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga”, añadió. “Le envío $$ a su hermana [por Karina] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”.
Además de contratar los servicios de “marketing” de Davis por una suma que no trascendió, Cube Exchange también se convirtió en “sponsor” de Tech Forum. Desembolsó US$60.000, según reconstruyó LA NACION, para apoyar el evento que organizaron Novelli y Terrones Godoy, el 19 de octubre, en el que Milei dio el discurso central. En primera fila lo escuchó el CEO de la plataforma, Bartosz Lipinski, sentado junto a Hayden Davis, el hermano y el padre de este, Gideon y Tom, y el CEO de KIP Protocol, Julian Peh.
Por esos días, el vínculo entre Cube Exchange y Davis parecía fluir sobre ruedas. La plataforma posteó en la red social X un video publicitario en la que mostró y aludió a Milei. Entre banderas argentinas, anunció que estaban “uniendo fuerzas con el Gobierno argentino” para “llevar la innovación blockchain al sector público para beneficio de sus ciudadanos”.
Un mes después del Tech Forum, sin embargo, Cube Exchange cortó el vínculo con Kelsier Ventures. La empresa de la familia Davis debía encargarse de promover la “concientización” ciudadana sobre los beneficios de la tecnología blockchain, contratar “influencers” para elevar la imagen de Cube Exchange –en lo que encuadraría la fiesta con el cantante Travis Scott en Puerto Madero–, y algunas tareas menores. Todo eso se cortó.
Faltaban tres meses para el lanzamiento de $LIBRA.