Por Hernán Andrés Kruse.-
La sesión que tuvo lugar el jueves 3 de abril en el Senado de la nación quedará registrada en los futuros libros de historia ya que por primera vez sus miembros rechazaron los pliegos de dos postulantes del Poder Ejecutivo a ocupar asientos en la Corte Suprema. El doctor Ariel Lijo, emblema de Comodoro Py, recibió 43 votos negativos y 27 votos positivos. Peor le fue al académico Manuel García-Mansilla, quien recibió 51 votos negativos y sólo 20 votos afirmativos.
Al día siguiente de la votación, un buen número de docentes universitarios y especialistas en Derecho Constitucional de distintas provincias dio a conocer un documento en el que solicita el cese inmediato del doctor García-Mansilla en sus funciones dentro de la Corte Suprema. Con la firma, entre otros, de los doctores Daniel Rafecas, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Manuel Garrido y Roberto Gargarella, afirma que la permanencia del doctor García- Mansilla en el máximo tribunal de garantías constitucionales implica una vulneración de “las garantías de los justiciables” y un atentado contra “la legitimidad de la Corte Suprema como intérprete de la Constitución”. Cuestionaron, además, la designación del doctor García-Mansilla por un decreto del Poder Ejecutivo, claramente violatoria del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que establece que los jueces de la Corte deben ser aprobados por el Senado con acuerdo de dos tercios de sus miembros presentes. “Por respeto a la Constitución Nacional y al derecho que juró respetar, el Dr. García-Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado”, concluyeron los académicos (fuente: Infobae, 4/4/025).
El lunes 7 de abril, el doctor García-Mansilla presentó su renuncia indeclinable a su cargo. Fue miembro de la Corte sólo 39 días. En una carta dirigida al presidente de la nación, el constitucionalista expresó: “Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional. Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 24 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones (…) A partir de la misma convicción con la que asumí el nombramiento en comisión con que Usted me honró, considero que, debido a la decisión tomada por el Senado de la Nación de rechazar el pliego oportunamente enviado en el marco del art. 99, inc. 4 de la Constitución Nacional, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes existentes en la Corte Suprema” (fuente: Silvana Boschi, Infobae, 7/4/025).
El 14 de abril de 2004 el constitucionalista Jorge Reinaldo Vanossi disertó en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El título de la comunicación es el siguiente: “¿Qué jueces queremos”? (*). Sus reflexiones ayudan sobremanera a la comprensión de un tema por demás delicado: los jueces que necesitamos para que impere en la Argentina la democracia liberal. Expresó el doctor Vanossi:
“Lo primero que llama la atención y quiero resaltar es que en momentos en que la vida del país transcurre en un tramo de alto voltaje de tensión y confusión, siguen pendientes del debate concreto, positivo y constructivo las propuestas para los grandes temas que interesan a la Nación, por parte de las Academias Nacionales se haga el enorme esfuerzo de asumir esa responsabilidad, que no se observa en otros ámbitos. Y esto merece realmente no sólo una felicitación sino una expresión de gratitud, porque lo que está en juego detrás del tema aparentemente inocente del perfil del juez es cómo mejorar la calidad de vida institucional de los justiciables en particular y del pueblo en general, porque todo el pueblo es potencialmente un justiciable. Esto no es poca cosa y debería ser parte de un tema que abrazaran, como el de la educación y otras cuestiones que están ausentes, todas las fuerzas y sectores que se disputan el acceso al poder.
Creo que el ser o no ser de la Justicia consiste fundamentalmente en asumir o no su condición de ser uno de los poderes del Estado. Y allí está el meollo de la cuestión. Por desgracia, hasta el lenguaje nos ha llevado subconscientemente a subestimar esta enorme importancia que tiene la selección del juez y la búsqueda del perfil del magistrado que debe ser seleccionado. Durante mucho tiempo se habló de la “administración de justicia” siguiendo un lenguaje europeo ajeno a la tradición americana, donde el Poder Judicial se inició como un órgano que aplicaba la ley, de manera distinta, pero como también lo hacía el Poder Ejecutivo en la órbita de sus incumbencias. El juez podía ser independiente, pero no necesariamente era parte de un poder del Estado revestido de todo lo que ello implica. También, por desgracia, la reforma constitucional de 1994, probablemente contagiándose de los administrativistas, incurrió en la grosería de hablar del “servicio de justicia”, lo que implica colocar a la Justicia, que por ser uno de los poderes del Estado cumple una función, en el mismo nivel que el servicio de barrido y limpieza, es decir, como cualquier otro servicio público que en forma directa o indirecta, propia o impropia, se prestan en las sociedades contemporáneas.
De modo que el tema debe ser puesto en otro ángulo. ¿Por qué? Porque elegir a un juez implica buscar el perfil de alguien que va a tomar una decisión final respecto de temas que conciernen a la vida, la libertad, el honor, los derechos, la propiedad, las garantías, la seguridad y la dignidad de las personas. Esto es fundamental, no es algo menor. En nuestro sistema el juez tiene esas atribuciones, como sucede en general en las democracias constitucionales cuando actúa independientemente. Además, en nuestro sistema tiene la nota del control difuso: este poder enorme consiste en verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Esto significa que al pensar en el perfil de un juez también habrá que tener en cuenta quién está dotado de la preparación suficiente a efectos de ejercer acertadamente esa función. Asimismo, tiene otro control paralelo al de la constitucionalidad, que en el Estado moderno reviste una enorme importancia. Se trata del control de la operatividad de las normas: el juez puede inutilizarlas o potenciarlas al declarar que una norma es de por sí autosuficiente, que puede aplicarse, o bien puede lavarse las manos y decir que hace falta otra reglamentación que la implemente y la pormenorice. Hasta entonces no se va a reparar el derecho lesionado, con lo cual entra en vía muerta la necesidad urgente de dar plenitud a ese derecho cuestionado o amenazado. Estos dos poderes potencian más aún la función primigenia que tiene la justicia entre nosotros. Por eso, lo que la sociedad reclama en lo que respecta al perfil del juez, son condiciones que tienen que ver con la eficiencia, la independencia, la dignidad y la honorabilidad. Pero todo esto presume además que la etapa previa al desempeño del juez venga abonada con los ingredientes que hagan al menos potencialmente factibles el cumplimiento de estos requisitos.
El tema también se vincula con el de la capacitación que brindan nuestras Facultades de Derecho en el grado o en el posgrado, y lo resumiría de la siguiente manera: “Dime cómo es la fábrica y te diré cómo es el producto”. Esto es así porque los jueces se forman en las facultades de derecho, y por añadidura tienen una experiencia según la orientación profesional que hayan tomado, ya sea desde el llano, en la carrera judicial o en otra de las tantas variedades que hoy en día tiene esta profesión (consultoría, asesoría, etc.). La carrera judicial no asegura de por sí la reunión prístina de estos requisitos que estoy mencionando. Si bien es importante, considero un error dar un potenciamiento cuantitativo a la medición de los antecedentes, que prácticamente lleve a que la selección de la mayor parte de los magistrados se realice mediante un sistema de cuasi-cooptación, es decir, dentro de la misma magistratura.
Quiero aclarar que no tengo absolutamente ningún prejuicio en contra de la magistratura, pero también cabe señalar que el derecho comparado-tal como lo señaló Couture hace muchas décadas-nos da el dato de países de Europa-ya que la investigación de Couture fue fundamentalmente europea- que tenían un Poder Judicial numerosísimo en cuanto a sus componentes, pero muy ineficaz desde el punto de vista de la expectativa de la sociedad respecto de la prestación de esa función judicial. También señalaba que había otros países en Europa con un escaso número de jueces que no provenían de un ascenso burocrático o de un cursus honorum aritmético, es decir, casi automático, sino que eran extraídos de la profesión y de otras manifestaciones de experiencia profesional, a quienes la sociedad reconocía como jueces que prestaban su función con niveles ampliamente satisfactorios (el caso de Inglaterra)”.
10/04/2025 a las 1:07 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Un quiebre en la familia kirchnerista
Carlos Pagni
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
10/4/025
La fractura en la provincia de Buenos Aires, entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, puede disparar una revolución política. Sobre el proceso irrefrenable de segmentación que presenta la política nacional se está verificando un caso de primera magnitud: la fractura del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.
No es un quiebre provocado por la diversidad, como pudo haber sido el que separó a los Kirchner de sus padrinos, los Duhalde, en 2005. O como el que llevó a Antonio Cafiero a salir del PJ y competir contra Herminio Iglesias en 1985. Ahora el conflicto es dentro de la misma familia ideológica: es imposible, al menos hasta ahora, identificar cuáles son las diferencias conceptuales de Axel Kicillof con la señora de Kirchner.
El gobernador no piensa distinto. Quiere lo mismo. La discusión en estas horas se centra en cómo acotar los daños de esa pelea. Es decir, cómo conseguir que la herida no se profundice hasta volverse catastrófica. El peronismo fue creado para el conurbano bonaerense. Allí está su principal base de poder. Allí se encuentra su cantera electoral. Ese activo permitió a Néstor y Cristina Kirchner controlar al partido por más de 20 años. Esa plataforma se partió. La expresidenta está intentando en estas horas mantener unidos los fragmentos de algo que ya está roto.
El pegamento para mantener junto lo que ya se separó es el sistema electoral. Kicillof adelantó los comicios provinciales para dejar a los candidatos al Congreso desprovistos del potencial de movilización del aparato clientelar del conurbano.
Los futuros integrantes de la Legislatura bonaerense se elegirán el 7 de septiembre. Los de la Cámara de Diputados de la Nación, el 26 de octubre. Al mismo tiempo, a fin de evitar a los vecinos la molestia de concurrir tres veces a las urnas, el gobernador envió al Senado de la provincia un proyecto de ley para suspender las PASO. La aprobación de esa iniciativa agravaría las decisiones que Kicillof ya adoptó. Porque los postulantes de la expresidenta y los postulantes que se identifican con él irían en listas separadas. La división sería definitiva y facilitaría el triunfo de una tercera fuerza. El tecnicismo del método electoral puede cobijar, entonces, una revolución política.
Anteayer Máximo Kirchner y su inconstante aliado Sergio Massa trataron de impedir que se deroguen las PASO. Si tenían dudas sobre la ventaja de hacerlo, los terminó de convencer Emilio Monzó, un experto en estos misterios técnicos del poder. Monzó conversó con Máximo en el recinto de Diputados y le explicó: “Si quieren mantener el partido unido tienen que conservar las PASO. Compiten ahí con las listas de Kicillof, pero todo converge a una oferta única”.
Es posible que muchos intendentes del PJ coincidan con Monzó: con un kirchnerismo dividido es más fácil que triunfe una tercera fuerza. Esta lógica pide a gritos una cita de aquel tratado sobre Las leyes fundamentales de la estupidez humana de Carlo Cipolla, que tanto divierte a la expresidenta. En este caso aplica la quinta ley: la de aquel que, queriendo perjudicar a otro no logra hacerlo, pero termina dañándose a sí mismo. El riesgo que corre Kicillof adelantando las elecciones provinciales y, en especial, suspendiendo las primarias, es que su fuerza sea derrotada. Sin considerar otro perjuicio: que su eventual candidatura presidencial quede disminuida en su propio territorio por la división del kirchnerismo, donde él milita. Se relame Massa, quien no sepultó su sueño de llegar a la Casa Rosada.
La estrategia del gobernador enfrenta un obstáculo más inmediato, que advierte su vice, Verónica Magario, desde la presidencia del Senado provincial. Si ella se propusiera aprobar la ley de suspensión de las PASO, sólo contaría con 4 legisladores peronistas. El resto de los votos tendría que conseguirlos en la oposición. Cristina Kirchner controla, a través de Teresa García, 17 senadores. Quiere decir que para alcanzar su objetivo Kicillof debería quebrar el bloque del PJ en la Cámara alta. Y a partir de allí tendría otro problema: carece de los diputados que se necesitan para sancionar el texto en la otra cámara. Más Cipolla.
Lo más probable, entonces, es que los bonaerenses deban ir a votar en tres oportunidades este año. En dos de ellas lo harán por legisladores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. Habrá que estimular mucho la imaginación para entusiasmarlos. Aparece aquí otro peligro: que la logística de esos comicios sea escandalosa. Nunca en la provincia se organizaron elecciones separadas de las nacionales, lo que significa, por ejemplo, que nunca la Policía Bonaerense estuvo a cargo de la custodia y el traslado de las urnas. El otro riesgo es que el resultado, sobre todo en las primarias, sea impugnado por alguna de las partes. Son pesadillas que ya atormentan a la Justicia provincial.
Esta peripecia del distrito más importante del país no involucra sólo al PJ. ¿Qué va a hacer el radicalismo? ¿Irá aislado del resto? Porque, si decide asociarse al Pro, deberá aceptar una alianza con La Libertad Avanza. Es decir, con el partido del líder que confiesa matar sus momentos de ocio tirando dardos sobre una foto de Raúl Alfonsín.
La dirigencia de Pro está dispuesta a avanzar todavía más en sus acuerdos con Karina Milei. El calendario electoral se burla de esa fuerza. El 14 de mayo deben presentarse las alianzas en la provincia. Y cuatro días más tarde, el 18, se celebrarán los comicios porteños. Quiere decir que el Pro podría conmemorar las bodas con las Fuerzas del Cielo en la provincia, mientras sus candidatos se matan con los de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”, va a tener que llevar su creatividad al límite para que sus consignas contra la casta maldita sobrevivan a una nueva foto de los Milei con Diego “Colo” Santilli y Cristian Ritondo, el entrañable “Pucho”. Sólo falta el fiscal Scapolán.
Estos percances son inevitables cuando se intenta armar una oferta electoral sin tener recursos humanos disponibles. A veces se llega a límites tragicómicos, como sucedió en la localidad de Suipacha. Cuando hubo que encontrar a un representante en ese pueblo, las Fuerzas del Cielo tuvieron que recurrir a Claudio Carrasco, un ex candidato peronista a la intendencia. Nadie avisó que Carrasco había estado preso porque se lo encontró en Zárate manejando un camión que transportaba 80 kilos de cocaína. ¿Cómo saberlo, si ocurrió hace 25 años?
Una leyenda urbana afirma que hace pocos días Mauricio Macri se cruzó con Diego Santilli, lo detuvo y lo conminó: “Mirame a los ojos, Colo. ¿Cerraste con los Milei?” Santilli contestó negando tres veces, como San Pedro. Por lo que siguió, según esta versión, Macri le creyó poco: “Avisale a tus amigos del gobierno, Colo, que si ellos lanzan un campaña sucia yo voy a hablar de los negocios de Santiago Caputo”. Con “campaña sucia” el expresidente se referiría a algún documento que emisarios de la Casa Rosada habrían comprado el miércoles pasado, para hostigar a Jorge Macri cuando la campaña esté a punto de caramelo. Habladurías.
Las últimas negociaciones que registra la política demuestran que el comportamiento de Pro está mucho más determinado por el acuerdismo bonaerense de “Pucho” y “Colo” que por el conflicto porteño de los Macri. Anteayer, en la Cámara de Diputados, los diputados que conduce Ritondo acompañaron a La Libertad Avanza en la discusión sobre la creación de una Comisión Investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Los representantes del Gobierno negociaron con el kirchnerismo que en la lista de convocados a dar explicaciones no estuvieran Karina Milei ni Manuel Adorni.
El vocero es el candidato oficialista de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es el abanderado de la fuerza más hostil a los Macri, que postulan a Silvia Lospenatto. ¿Consultaron a la conducción del Pro para salvar a Adorni de una interpelación? Los criterios aplicados son enigmáticos. Porque Luis “Toto” Caputo sí fue incluido en la lista y, sin comerla ni beberla, deber ir a la Cámara de Diputados a dar explicaciones por aquella operación en la que quedó involucrado el Presidente.
La instalación de esa comisión investigadora en plena campaña electoral es la demostración de otra impericia del oficialismo en la relación con el Congreso. De nuevo los delegados de Milei confiaron en que no se lograría el quorum en una sesión, para ellos, peligrosa.
Ya les pasó en el Senado con el tratamiento de los malhadados pliegos de Manuel García-Mansilla y el juez Ariel Lijo. Anteayer volvió a suceder. Martín Menem estaba convencido, hasta bien entrada la noche del lunes, de que la Cámara que él preside no sesionaría. Lo desmintieron los peronistas cordobeses y catamarqueños que, contra todo pronóstico, ocuparon sus bancas. ¿Explicación? Dicen que hubo alguna palabra incumplida en una negociación con el gobernador Martín Llaryora. También aducen que Llaryora está envalentonado porque la imagen de Milei cayó 15 puntos en la provincia. De nuevo hay que mirar lo relevante: los representantes del Gobierno consiguieron excluir a la hermana del Presidente y al vocero y candidato porteño Adorni del desgaste de la interpelación parlamentaria. “Toto” Caputo, el ministro de Economía, no tuvo la misma suerte. Nadie lo lloró y quedó en la lista de convocados.
La misericordia con Adorni contrasta con el nivel de agresividad que promete la pelea porteña entre La Libertad Avanza y Pro. En las filas de Macri maldicen la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, la que más amenaza la performance de la lista de Lospennato. Buscan un túnel entre Larreta y la Casa Rosada, a través del cual Milei estimule el deterioro de los Macri. Inclusive fantasean con una comunicación, hasta hace poco tiempo impensable, entre Patricia Bullrich y Larreta. Es curioso que estos contactos llaman la atención más que otros, también sorprendentes.
El binguero Daniel Angelici, por ejemplo, mantiene una vieja relación con Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y esposo de Pilar Ramírez, ojos y oídos de Karina Milei en la Legislatura porteña. Los relacionan por haberse beneficiado con la concesión de salones de boliches de la costanera, como Morocco y Bali, en Costa Salguero. Angelici y Wasserman comparten una estrecha amistad con Ricardo Benedicto, socio de Cristóbal López en el negocio del juego. Una trama curiosa de relaciones, sobre todo en el caso de Angelici: amigo de Wasserman, que es el principal auspiciante de la lista de Adorni, ubicó dos de los suyos en la lista de Mauricio y Jorge Macri, sus eternos socios políticos, y conduce el radicalismo porteño, que presentó otra nómina de candidatos. ¿Por qué hablar de promiscuidad existiendo la palabra ecumenismo?
Angelici es una transversalidad que camina. Le atribuyen esa condición a su capacidad para imaginar negocios. Pero no hay que menospreciar sus relaciones con la Justicia. Es, por ejemplo, el padrino de Juan Bautista Mahiques, fiscal general del gobierno porteño. Aunque esa relación se ha resentido en los últimos tiempos, por las ínfulas de Mahiques por conquistar cierta autonomía. A pesar de este enfriamiento, Angelici fue uno de los animadores del cumpleaños del padre del fiscal, el “boxindanga” Carlos Mahiques, camarista federal de Casación Penal. Papá Mahiques agregó en los últimos días otro renglón a su lista de pronunciamientos controvertidos. Fue nada menos que en la causa Odebrecht, un caso internacional de corrupción, donde salió beneficiado el polémico Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros imputados. Mahiques, con el apoyo de su colega Daniel Petrone, aceptó un recurso cuya irregularidad está demostrada con bastante claridad en el voto en disidencia del camarista Javier Carbajo.
Pero lo más escandaloso es que, además, ordenaron que se realice otro juicio. Es decir, revocaron el procesamiento de los imputados por lavado de dinero. Mahiques es el mismo magistrado que aceptó, en la causa “Cuadernos”, que los sobornos de Angelo Calcaterra, primo hermano de los Macri, habían sido aportes de campaña. Es también el que admitió los argumentos de las defensas para que el juez federal Marcelo Bailaque y el titular de la ex AFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, dejen de ser investigados por los fiscales en una causa por extorsiones que todavía carece de juez. En esta oportunidad la posición del “boxindanga” no tuvo éxito porque sus colegas Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña rechazaron el planteo. Un detalle que pinta la época: en el mismo cumpleaños de Mahiques al que asistió Angelici, fueron concelebrantes el juez Lijo y el secretario privado del tenebroso Antonio “Jaime” Stiuso, Lucas Nejamkis.
Este paisaje político-electoral, constituido por transformaciones y continuidades, está determinado por una escena situada en otra latitud: mañana el directorio del Fondo Monetario Internacional debe tratar la propuesta que realizó el staff técnico para un nuevo programa asignado a la Argentina.
La clave de esa iniciativa es el régimen cambiario: si habrá o no una liberalización del cepo. Es decir, si existe una amenaza de que, por impulso de una suba del dólar, se reponga la inflación. Ayer algunos expertos relevaban indicios según los cuales habría pocos cambios. Uno de ellos es que el Gobierno no hizo anuncios cambiarios, como suele ocurrir cuando el Fondo pone condiciones en ese campo.
Hubo, además, ventas de dólares en el mercado de futuros. Y el Banco Central compró bonos para bajar la tasa de interés, que es lo contrario de lo que haría si quiere evitar la compra de divisas. En esta presunción de que no habría casi liberación del dólar no hay dato alguno. Ciento por ciento especulación. Lo importante es el significado del problema: para la Casa Rosada la tranquilidad cambiaria es el principal acto de la campaña electoral.
10/04/2025 a las 1:12 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
“La ley para la gilada”: un retrato del poder concebido como privilegio
Luciano Román
10 de abril de 2025
LA NACION
Hay que situarse en la escena de una noche desapacible y otoñal, en medio de la autopista La Plata–Buenos Aires, para tener un retrato del vicio más chocante y nocivo de la política: sentir que el poder equivale a un privilegio y que la función pública no implica obligaciones, sino que ubica a quien la ejerce por encima de la ley.
Esa noche, cientos de automovilistas eran detenidos por policías y agentes de tránsito para un control de alcoholemia en el peaje de Dock Sud. Los hacían acercarse a un dispositivo que mide el alcohol en sangre y soplar con energía a una corta distancia de la boquilla. Los ciudadanos lo aceptaban con paciencia y resignación, por más que el control pueda resultar algo de invasivo y generar cierta incomodidad. La inmensa mayoría, sin embargo, entiende que esos operativos se realizan en el marco de la ley y, nos guste o no, la ley impide conducir en la provincia de Buenos Aires si se tomó una sola gota: rige el “alcohol cero al volante”, a diferencia de otras jurisdicciones que contemplan un mayor umbral de tolerancia.
Todo transcurría con cierta monotonía en la noche inhóspita de Dock Sud. Hasta que el destino puso al más importante ministro bonaerense, a bordo de un auto oficial, frente al control de alcoholemia. Su reacción está descripta ahora en una denuncia penal: se niega a que le hagan el test y, cuando le retiran la licencia, obliga a un empleado de la empresa estatal que administra la autopista a conducir el vehículo para llevarlo a su casa. También se dispone un auto de soporte para que, después de dejar al funcionario, lleve de regreso al agente de Aubasa al lugar del operativo. Del incidente, como si fuera poco, se desprende otro dato: el auto ministerial carga una pesada mochila de multas impagas. Debe más de 20 millones de pesos por infracciones en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires.
El episodio excede la módica dimensión de una inconducta personal. Desnuda, en realidad, una cultura del poder que ya hemos visto muchas veces y que parece especialmente enquistada en el kirchnerismo, aunque con el riesgo de ser contagiosa. Remite a la icónica foto de la fiesta de Olivos o al perverso circuito del vacunatorio vip. También invoca el recuerdo de aquel chocante incidente protagonizado por el exdiputado y funcionario Juan Cabandié, que “chapeó” y amenazó con un “correctivo” a una agente de tránsito que le exigía una documentación que no tenía. Son todas muestras de la concepción del poder como una prerrogativa, como si acceder a cargos públicos no implicara mayores obligaciones sino derechos excepcionales. Son muestras, además, de una impostura ideológica que hace alharaca discursiva de la “igualdad” y la “inclusión” mientras abusa en los hechos de posiciones de poder.
El protagonista de esta historia no es un ministro cualquiera. Se trata de Carlos Bianco, que ahora ocupa la cartera de Gobierno en el gabinete de Axel Kicillof, pero que es en verdad el hombre fuerte del gobierno provincial: una suerte de ideólogo, exégeta y mano derecha del mandatario bonaerense. Sus explicaciones sobre el incidente de Dock Sud nos dejan desconcertados: “Ejercí mi derecho ciudadano a negarme al control”. ¿Todos los automovilistas, entonces, podemos negarnos a soplar en la pipeta y pedirle a un empleado de Aubasa que conduzca nuestro auto para llevarnos a casa? Sería una novedad de primera plana: “La Provincia habilita a los ciudadanos a rechazar los controles de alcoholemia”.
Con un completo desapego por el rigor y la verdad, el funcionario le hace decir a la ley lo que la ley no dice. O, peor aún, la reescribe a la medida de su conveniencia. ¿Dónde dice que un ciudadano puede negarse a hacer el test? El artículo 39 de la ley provincial de tránsito dice textualmente: “Todas las personas, sin distinción de edad, que conduzcan vehículos con motor, están obligadas a someterse a las pruebas establecidas para la detección de las posibles intoxicaciones previstas en el artículo 28”.
El episodio del ministro Bianco revela, sin embargo, algo más complejo que la sola resistencia al cumplimiento de la ley. La aparente exigencia a un empleado de una repartición completamente ajena a su ministerio para que se hiciera cargo de conducir su vehículo es el reflejo de otra grave confusión: “el Estado a mi disposición”; “todos están para servirme”; “el que manda soy yo”. En un hecho que podría parecer menor se revela el sentido de apropiación y de abuso con el que muchos funcionarios se relacionan con el Estado. No lo ven como una estructura a la que deben servir, sino como un botín del que pueden servirse en su propio beneficio. Remite, además, a la idea monárquica de funcionarios que se autoperciben con corona, como si la credencial oficial convirtiera a la ley en algo optativo para ellos.
El hecho justifica, además, una pregunta inquietante: si semejante despliegue de omnipotencia se hace a la vista de todos, en un operativo público y frente a decenas de empleados y testigos a los que no se conoce, ¿qué ocurrirá cuando nadie los ve?; ¿cuántos privilegios, acomodos y abusos de autoridad se cometen sin que nos enteremos, a la sombra del poder?
Esta cultura política, que de tanto en tanto queda en evidencia por algún episodio casual o por alguna filtración “inoportuna”, es la que explica, en buena medida, otro rasgo malsano de cierta dirigencia: la vocación de perpetuidad. ¿Quién quiere volver al llano si cree que la función pública otorga impunidad y privilegios? ¿Para qué bajar del olimpo y tener que someterse, como cualquier mortal, a un incómodo test de alcoholemia con el riesgo de quedar varado en el medio de la autopista y tener que tomarse un Uber? Estas preguntas tal vez sean oportunas para entender las escaramuzas coyunturales de la política bonaerense. Detrás del desdoblamiento electoral y de las gestiones para reactivar las reelecciones indefinidas de los intendentes se esconde la intención de aferrarse al poder, a los privilegios, a la idea del Estado al servicio del funcionario. Se esconde, en el fondo, el pánico a volver a una dimensión terrenal, donde las multas se pagan y los privilegios también.
El “prontuario” que carga el vehículo del ministro sirve, por otra parte, para entender la resistencia del gobierno bonaerense a revisar un sistema como el de las fotomultas, teñido de abusos y corrupción. Cualquier ciudadano padece los efectos de “cazabobos” instalados en las rutas bonaerenses, que se amparan en la imprescindible necesidad de garantizar la seguridad vial para montar un sistema recaudatorio infectado de trampas, atajos y arbitrariedades. El caso Bianco explica la despreocupación de los funcionarios por ese vidrioso entramado: ellos no pagan las multas. Y si algún día hubiera que pagarlas, las pagaremos nosotros. Otro exministro de Kicillof, el inefable Jorge D’Onofrio, está investigado por un gigantesco y escandaloso negocio a través de las fotomultas.
El caso de Bianco no debería encuadrarse como un hecho aislado ni excepcional. Ocurre en una provincia donde el intendente más poderoso sigue atornillado al sillón a pesar de que se encamina a un juicio oral por presunto abuso sexual. Ocurre, también, en una provincia en la que un sindicalista y jefe barrabrava con varias causas pendientes comparte el palco con el gobernador en un acto oficial de inauguración de obras. Ocurre, por supuesto, en la provincia de Chocolate Rigau y en la del yate de Insaurralde. También en un sistema de poder que valora la uniformidad y el disciplinamiento ideológico, y que llegó al extremo de despedir a un cantante lírico del Teatro Argentino por expresar en Facebook simpatías por una fuerza opositora. Todo ocurre, además, en un contexto político en el que nada de eso escandaliza demasiado. Cuando habla sin casete y sin careta, lo que la política bonaerense reprocha en estos casos no es lo que ocurrió, sino que se haya sabido. El descuido o la torpeza son peores que la corrupción o el abuso de poder. “Lo grave no es que lo hagas, sino que manches el relato”.
La ejemplaridad es un valor completamente ajeno a esta cultura política. Su sola mención parece una ingenuidad. Lo que importa es “la caja”, “el aparato”, “la interna”. ¿Y la conducta?; ¿la trayectoria?; ¿el prestigio? Todo remite a un diccionario de otra época. A una época en la que un funcionario habría durado cinco minutos en su puesto si se hubiera resistido a un control policial.
El álbum al que se suma ahora la foto de Bianco negándose al test de alcoholemia (en el que se destacan la foto de Olivos y la del yate en el Mediterráneo) es un material imprescindible para entender por qué germinó un sentimiento antipolítica y de indignación en buena parte de la sociedad. Es esa cultura la que ha engendrado un desprecio profundo contra “la casta” y ha alimentado un peligroso desprestigio de los partidos y las instituciones, exacerbado ahora por una nueva cultura política que también exhibe confusiones inquietantes en el manejo del Estado. ¿O no debemos preocuparnos por el conflicto de intereses que expuso el escándalo $LIBRA o por el superpoder de un asesor sin cargo ni responsabilidad en el organigrama oficial?
En medio de un episodio tan penoso, vale la pena rescatar un dato reconfortante: hubo al menos un empleado que esa madrugada en el peaje de Dock Sud hizo lo que tenía que hacer. Detuvo al “señor ministro” y, ante la resistencia al control, labró el acta de infracción y le quitó la licencia. En medio de la noche cerrada, esa actitud echa un poco de luz y nos recuerda que no todo está perdido. Hay un camino silencioso pero posible: acatar la ley, cumplir con el deber, hacer las cosas bien. Si repara en los códigos de la política bonaerense, ese empleado hoy debe estar preocupado. Gran parte de la sociedad, sin embargo, estaría dispuesta a aplaudirlo de pie. En ese aplauso imaginario está la esperanza de la Argentina.
10/04/2025 a las 1:19 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Se realiza el tercer paro general contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei
Felipe Yapur
Página/12
9 de abril de 2025
Una multitud participó de la convocatoria. Las columnas de la CGT y las dos CTA aportaron buena parte de la concurrencia que colmó las inmediaciones del Congreso para acompañar el reclamo que las organizaciones que integran jubilados y jubiladas realizan todos los miércoles contra las políticas de ajuste y destrucción de la Argentina que aplica Javier Milei. Los miles que participaron, además, le dieron carnadura a la acción sindical de 36 horas que se complementa, a partir de hoy jueves, con el paro nacional por 24 horas que lanzó la CGT, que acompañan las otras centrales sindicales y a la que se suman organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. El paro de hoy se convierte en la tercera huelga nacional que se realiza contra Milei y su modelo económico de exclusión y destrucción del aparato productivo.
Milei apuesta a que la postal del paro tenga a los colectivos de la UTA circulando por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Seguramente se podrá verlos andar. La UTA tiene experiencia en esto de romper con el mandato cegetista. En mayo del año pasado desoyó la convocatoria al segundo paro nacional. A pesar de eso, aquel 9 de mayo mostró un alto acatamiento en todo el país y la conducción de la central obrera está convencida de que la potencia de la huelga volverá a repetirse. La magnitud de la movilización de este miércoles, que se repitió en casi todas las capitales de provincia, representa un buen anticipo.
Hasta ahora los paros realizados por la CGT a la gestión libertarias fueron contundentes y en términos sindicales resultaron exitosos. Los dos primeros se produjeron en los primeros seis meses de un gobierno de Milei fuerte desde los político y decidido a implementar las primeras y más profundas medidas del modelo que desconfiguró el Estado.
Luego la CGT fue modificando su perfil ante el avance del gobierno en materia legislativa, donde impuso normas como la ley Bases o resistió los vetos a leyes como la reforma jubilatoria o el presupuesto educativo que Milei consideraba una afrenta a su dogmática defensa del déficit cero. Así, la central obrera abandonó su perfil combativo y los sectores más proclives al diálogo se impusieron y la CGT se desdibujó. Los puestos de trabajo se fueron reduciendo tanto en el Estado como en el sector privado y la defensa sectorial ante este avance libertario resultó insuficiente.
Este año, el gobierno de Milei comenzó un proceso de retroceso fruto de errores no forzados y propios de los límites rígidos que impone el modelo económico adoptado y la concepción ideológica del Presidente sobre materias que la sociedad argentina no solo tiene aceptadas sino hasta superadas. El mejor de ejemplo de ello fue el masivo repudio que recibió el discurso supremacista, homofóbico y machirulo que pronunció Milei en Davos justo antes de que finalice enero. A eso le siguieron las marchas del 8 y 24 de marzo, pero sobre todo la feroz represión del 12 contra jubilados, militantes, transeúntes y hasta el fotógrafo Pablo Grillo. La participación de Milei en la promoción de la criptomoneda $LIBRA que resultó una millonaria estafa de nivel mundial, debilitó la figura presidencial.
Esta recaída provocó una reacción en los sectores más combativos de la CGT que recuperaron el centro de la escena y promovieron lo que buena parte de la sociedad y la casi totalidad de los trabajadores le reclamaban a los gritos: un paro nacional.
Y el día del paro llegó. El gobierno comenzó con su retahíla de argumentos sobre los males de una medida de fuerza: hablaron del supuesto importente costo que tiene la medida de fuerza para el país; que se trata de una medida de neto corte político; que los que promueven la medida de fuerza representan la casta y que un paro no cambia nada. Todos argumentos que tienen, por lo menos en este último período democrático, solo 42 años.
El tercer paro llega porque efectivamente el gobierno está más débil, pero sobre todo porque hay cada día más argumentos para que se convoque: por paritarias libres y homologadas, aumento de emergencia a los jubilados y un proyecto de actualización del bono, contra la represión a la protesta social, en defensa de la industria nacional, por la obra pública, un plan nacional de empleo, más presupuesto para educación y salud, respeto por las libertades y derechos logrados por los diversos colectivos sociales y por más equilibro y justicia social. El conflicto que tiene a la UTA en una conciliación obligatoria no está incluido.
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO
Desde que surgieron los primeros rumores sobre la convocatoria a un nuevo paro, la Casa Rosada se buscó desactivar o debilitar la medida de fuerza. Probaron con el diálogo pero no funcionó. Entonces recurrieron a la misma estrategia de mayo pasado, la UTA. El gremio que todavía controla Roberto Fernández tiene como punto débil la obra social que tambalea y necesita de los dineros del gobierno. Un dato que el gobierno supo aprovechar.
Hay otro dato más que favoreció a la Rosada y la histórica disputa que el colectivero mantiene con los Moyano. Fernández suele responsabilizare al gremio de camioneros de sus penurias internas en el sindicato, que no solo respaldan listas internas sino que además le fogonean conflictos como aquel de diciembre de 2019 cuando un sector interno tomó la sede del gremio y se desató una batalla campal. Según cuentan en la sede cegetista, ese hecho resulta imperdonable para Fernández.
LOS GREMIOS SE SUMAN
En la CGT sostienen que la maniobra de la UTA no afectará la medida de fuerza. Insisten con el antecedente de lo ocurrido el 9 de mayo del año pasado. Pero también se apoyan en el trabajo político sindical que se realizó desde la Secretaría de Interior de la CGT, que realizan Abel Furlán y Horacio Otero de la UOM, con la normalización de las regionales de la central sindical.
Este proceso le permite a la CGT contar con regionales no solo organizadas sino dispuestas a desarrollar en sus zonas de influencias las actividades sindicales que se acuerdan en el consejo directivo pero que también se afianzan ante el funcionamiento de los plenarios de regionales.
Esto se pudo ver en las movilizaciones que se realizaron en casi todas las capitales del país donde las regionales de la CGT se manifestaron en favor de los reclamos de los jubilados.
LO QUE FALTA
El paro lo hacen los gremios, pero hay algo que todavía reclama la conducción cegetista y no es precisamente a sus afiliados. La queja se centra en la ausencia de una referencia política que aglutine, encauce y conduzca esta energía que generan los gremios con sus movilizaciones y con los paros.
El reparo que le ponen los sindicalistas a los dirigentes políticos es que éstos suelen aprovechar el proceso combativo de los gremios pero en beneficio de este sector y a los sindicalistas los olvidan a la hora de armar las listas de legisladores.
Por otra parte, la normalización del peronismo a nivel nacional no resultó suficiente. El desafío, según entienden sectores sindicales, está en que se supere la disputa interna que se extiende en el tiempo en el territorio bonaerense para poder aprovechar la debilidad manifiesta del gobierno de Javier Milei.
10/04/2025 a las 1:30 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Kicillof le pidió al Gobierno el comando electoral: se llevó una muestra de “predisposición” y apoyo a la suspensión de la PASO
Brenda Struminger
Infobae
10/4/025
Tras desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof mandó a su mano derecha, Carlos Bianco, a la Casa Rosada, para pedirle al gobierno de Javier Milei que despliegue excepcionalmente el comando electoral en el distrito el 7 de septiembre. No se llevó un compromiso, pero sí una muestra de “buena predisposición” de parte del Gobierno para armar una “mesa técnica de coordinación”. Y, sobre todo, una primera señal informal de apoyo de La Libertad Avanza para la suspensión de la PASO que impulsa la gobernación de PBA.
Ese respaldo para que no haya Primarias en el bastión más importante del país es clave para Kicillof en su pelea con Cristina Kirchner en la Legislatura de cara a los comicios, donde La Cámpora quiere obligar a la Provincia a pagar el costo político de que los bonaerenses tengan que ir tres veces a votar.
Envuelto en esa interna con el kirchnerismo duro, Bianco llegó a las 11 a la sede del Gobierno a la reunión que había solicitado él mismo, días atrás, con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Se presentó con una carpeta con los detalles técnicos, acompañado por un asistente, y le pidió Gobierno que conforme y despliegue el dispositivo de custodia y seguridad que suele aplicarse a comicios nacionales para garantizar el desarrollo de los comicios bonaerenses.
Durante el encuentro en la planta baja de la Casa Rosada habló mayormente con Catalán y con Javier Milano, pero en un momento pasó a saludar el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El ministro coordinador lo había recibido en otras dos ocasiones, el año pasado, por cuestiones presupuestarias entre la Nación y la Provincia, y tienen buena sintonía.
Al retirarse, 40 minutos después, Bianco le dijo a Infobae que se llevó un compromiso del gobierno nacional para evaluar asistencia. “Nos dijeron que van a coordinar con la ministra Patricia Bullrich el operativo de seguridad de las elecciones bonaerenses», dijo el funcionario, antes de regresar a La Plata.
Desde Interior advirtieron que el comando electoral “es para elecciones nacionales”. Pero agregaron que tienen “predisposición para colaborar». “Por ahora no hay un compromiso firme, vamos a evaluar y a armar una mesa para ver en qué consisten los próximos pasos”, deslizaron en Casa Rosada.
En la Nación no brindaron detalles sobre el tema de los costos que representaría aplicar el comando en la Provincia en septiembre, pero deslizaron, a priori, que debería hacerse cargo la Provincia. En La Plata, sin embargo, dijeron que es algo que deberán “negociar”.
Catalán, que tiene a cargo la Dirección Nacional Electoral (DINE), se comrpometió a hablar con Bullrich. Pero también le deslizó a Bianco que el Gobierno considera que, por una “cuestión de tiempos”, el Gobierno cree que deberían suspenderse las PASO.
Los libertarios bonaerenses que responden a Karina Milei y a Sebastián Pareja habían mostrado intenciones de respaldar la medida que Milei ya impulsó a nivel nacional. Pero hasta ahora nadie desde LLA confirmó formalmente que los legisladores violetas tengan planeado dar quórum y levantar la mano para respaldar a Kicillof en la cruzada contra Cristina Kirchner, que el mandatario anunció en conferencia de prensa junto a Verónica Magario hace días.
La impresión de boletas y el conteo de votos, advirtieron en PBA, estará a cargo de la Provincia, que ya tiene “todo organizado”, incluidas las gestiones con el Correo. Pero necesitan asistencia de las fuerzas de seguridad federales -PSA, Gendarmería, Prefectura y las Fuerzas Armadas- en las escuelas y la custodia del traslado de urnas.
En off the record, en la administración bonaerense habían deslizado durante las últimas semanas, mientras evaluaban qué hacer con sus planes de desdoblamiento, su preocupación por la falta de experiencia de la Policía Bonaerense en la custodia de una elección. También habían dicho que en la Nación les habían ofrecido ayuda informalmente. En el Gobierno guardaron reserva sobre tales versiones.
Es la primera vez que se desdoblan las elecciones bonaerenses desde 2003, y en ese caso fueron Ejecutivas, no legislativas como este año. Antes, el único antecedente data de 1948. La provincia, y en particular la Policía Bonaerense, tienen escasa experiencia en tales menesteres, que correspondieron históricamente a las fuerzas nacionales. Por lo que en la Provincia creen que a partir del decreto de Kicillof para separar las fechas de los comicios, el comando electoral debería coordinarse con la Nación y en particular, la vicejefatura de Gabinete Interior y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las funcionarias más combativas con Kicillof.