Por César Augusto Lerena.-

Cuando el 30 noviembre de 1973 el presidente Juan D. Perón promulgó la Ley 20.561 que declaró el día «de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y del sector antártico» el 10 de junio, como «expresión de soberanía», utilizando para ello, la fecha que en 1829 el Gobernador de Buenos Aires Brig. Gral. Martín Rodriguez creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos y, estableció también mecanismos que pusieran de manifiesto «las agresiones sufridas por la República en la región» y, luego, cuando se reformó en 1994 la Constitución Nacional, estableciendo en las “Disposiciones Transitorias” que «La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» nadie podía imaginarse que se tratarían de meras declaraciones inconducentes en manos del Poder Ejecutivo Nacional.

Mientras el pasado 29 de mayo los ocupantes británicos en Malvinas resolvieron ratificar, lo ya resuelto en 2012, respecto a extender en 1 millón de km2 un Área Marítima Protegida alrededor de las Islas Georgias y Sándwich del Sur, corroborando la vocación invasiva británica en el Atlántico Sur y Océano Antártico, violando las Res. de la ONU 31/49 que pidió a ambos gobiernos que ace­leren las negociaciones de soberanía e instó a las partes a abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras no se realicen las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía (Res. 2065/65 y Res. 3160/73) y, en igual sentido, por analogía, las Res. de la ONU Nº 3171/73 y ONU 3175/73 relativas a soberanía sobre los recursos naturales que no deben explotarse en el país ocupado, el canciller Jorge Faurie, manifestaba que después de tres año y medio, el gobierno trabaja para “crear condiciones de diálogo y llevar adelante una política de recrear confianza y crear condiciones para un diálogo”.

Para “recrear esa confianza”, a la que refiere el ministro, ya la Argentina acordó investigar recursos pesqueros que son vitales para la economía de las Islas (140 mil millones de dólares de productos finales desde 1976); otorgó a favor de tres empresas inglesas áreas estratégicas en el atlántico sur para la explotación petrolera offshore; acordó nuevos vuelos -resignando la línea área de bandera argentina- a San Pablo, que facilitarán la logística y el comercio de las Islas con el mundo.

Habría que observarle al ministro Faurie que es muy ingenuo para ser el canciller o tiene una errónea apreciación respecto a que la desconfianza inglesa habría “surgido con el conflicto bélico” (sic). Las Islas fueron ocupadas en 1883 y, las Naciones Unidas, desde hace 54 años que instan sin solución de continuidad a ambos países a negociar la soberanía, sin que jamás el Reino Unido se hubiese dignado a hacerlo. La invasión y ocupación estratégica británica es una cuestión geopolítica y, si nuestro ministro de Relaciones Exteriores no lo ha entendido, estamos en serios problemas, porque no ha entendido que vivimos en un país ocupado (1.639.900 km2 marítimos e insulares) y, que, la voluntad popular de los argentinos ratificó «su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes».

¿Pensará el canciller argentino, que la base misilística instalada en Malvinas, es para evitar un nuevo intento armado de recuperar las Islas por parte de los argentinos? Bueno, ello sería suponer que los ingleses no conocen nuestra limitadísima capacidad de fuego y que nuestro presupuesto de defensa es similar al de Chile o Perú, con un territorio continental y marítimo infinitamente menor.

Aquí no se trata de cuestionar idoneidades, se trata de establecer una estrategia nacional para dar cumplimiento a la voluntad popular plasmada en la Constitución Nacional y, en ello, desde el inicio de esta gestión, en su intento infructuoso por recrear confianza, el canciller incumple con lo prescripto en la Carta Magna y, en todo caso, ajusta su proceder a todo lo acordado en el Tratado de Madrid, cuyo contenido no cuenta con la aprobación del Congreso de la Nación.

Se lo llamó “Relaciones Carnales”, ahora “restablecer Confianza”. Por razones de decoro, omitimos decir de qué se trata.

No será posible recuperar Malvinas y los territorios marítimos ocupados, sino se deroga el referido Tratado de Madrid y el consecuente acuerdo Foradori-Duncan; se denuncia al Reino Unido ante los organismos internacionales por la explotación y depredación de los recursos pesqueros de la Argentina; se acuerda la explotación de los recursos originarios en el área adyacente a la ZEE con los países que pescan nuestros recursos migratorios; se promueva ante la UE -con motivo del Brixet- la colocación de los mismos aranceles de importación que sufren los productos argentinos, a los originados en las Islas o los países que capturen bajo su licencia ilegal; se deje sin efectos los vuelos que desde las Islas transponen nuestro espacio aéreo; se acuerde con la República Oriental del Uruguay para finalizar con el apoyo logístico que le prestan sus puertos a los buques extranjeros; se dote a las fuerzas navales de nuestro país de los medios aptos para ocupar y controlar el territorio marítimo y continental patagónico, se lleve adelante una política activa en el Atlántico Sur, considerando a este espacio, de función social, interés y desarrollo para todos los argentinos.

La soberanía no se declama. Se ejerce.

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

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