La Argentina 2025 en el nuevo escenario mundial

Por Pascual Albanese.-

Algún observador perspicaz con sentido del humor señaló que “las elecciones en la ciudad de Buenos Aires son las PASO de la elección de octubre en la provincia de Buenos Aires”. La metáfora tiene sentido: lo más significativo de la compulsa electoral porteña del 18 de mayo es la competencia entre el Pro y La Libertad Avanza (LLA) dentro de un espacio que, sin ninguna duda, concurrirá unificado en la elección decisiva, que es la que se celebrará en la provincia de Buenos Aires, esa “madre de todas las batallas”, para enfrentar al “kirchnerismo” en su último reducto político.

Sin embargo, hay una relación directa entre esta elección de legisladores porteños y la instrucción de Mauricio Macri al bloque del PRO de formar el quorum necesario para la sesión del Senado que rechazó los pliegos de designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. Esa vinculación entre un episodio institucionalmente de menor cuantía y otro mucho más trascedente como la integración del máximo tribunal de la República refleja la precariedad del sistema político argentino. Solo la existencia de un gobierno con escuálida representación parlamentaria y obligado en muchos casos al dictado de decretos de necesidad y urgencia susceptibles de judicialización explica semejante insistencia en acelerar la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia y la dimensión de la derrota política experimentada en esa tentativa.

Esta singularidad colocó también a Macri en una situación muy especial. Tiene que diferenciarse, y hasta confrontar con el gobierno el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, pero sin generar daños irreparables para concertar una alianza en octubre. Javier Milei no siente como propia esa obligación. En su evaluación, la mayoría del electorado tradicional del PRO respaldará espontáneamente al gobierno y votará por el oficialismo. El camino de Patricia Bullrich sería seguido por la mayoría de sus votantes.

En coincidencia con ese análisis, Diego Santilli y Cristian Ritondo, los dos dirigentes más relevantes del PRO bonaerense adelantaron ya que en cualquier hipótesis irán fusionados con el oficialismo, tal como también anunciaron públicamente los intendentes de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, y otros de sus pares.

Esta dicotomía explica que mientras el PRO pretende focalizar la atención en los asuntos locales, en búsqueda de una ratificación popular a sus dieciséis años de gestión en la ciudad, LLA plantea la elección como el punto de partida del proceso electoral nacional en que persigue un aval al gobierno de Milei, que cuenta con el apoyo de la mayoría de la opinión pública porteña.

En esa puja LLA cuenta a su favor con un antecedente: a diferencia de lo que suele suceder en el interior, el electorado porteño tiende a priorizar lo nacional sobre lo local. Ni el respaldo a Milei con que Jorge Macri busca eludir una confrontación ni la motosierra enarbolada por Adorni y Karina Milei para enfatizar la decisión de reducir drásticamente el gasto público en la ciudad parecieran determinantes para guiar el voto de los porteños.

Si la atención principal estará focalizada en la cuestión nacional y no en la gestión local, la disputa por el electorado que respaldó a Milei contra Sergio Massa en la segunda vuelta electoral de noviembre de 2023 tendrá como línea divisoria el respaldo incondicional representado por Adorni, cuya personalidad es inseparable de la imagen presidencial, y el apoyo condicionado expresado por el “macrismo”.

Detenerse en este punto exige una precisión. El respaldo a Milei reconoce dos vertientes fundamentales, con una amplísima gama de matices intermedios. Por un lado, el apoyo entusiasta a un nuevo proyecto encarnado por un liderazgo indiscutido. Por el otro, un aval condicional a la gestión gubernamental. La totalidad de las encuestas más recientes coinciden en marcar, al mismo tiempo, un progresivo descenso en la alta imagen positiva de Milei y un mantenimiento del caudal electoral del oficialismo.

Como los sondeos de opinión sólo consignan porcentajes de adhesión o de rechazo, pero no pueden identificar su intensidad, los especialistas en opinión pública tratan de indagar ese fenómeno en los “focus group”. La conclusión obvia es que el gobierno cuenta hoy con adherentes menos entusiastas, pero con un similar porcentaje que en noviembre de 2024.

Esa comprobación coincide con la evolución del tradicional Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, que consigna un paulatino descenso de esa confianza en el último cuatrimestre y también, sugestivamente, con el aumento de la tasa riesgo país de la Argentina, que en ese mismo período subió desde unos 550 puntos básicos a más de 800 puntos, antes de las medidas arancelarias dispuestas por Donald Trump.

Ese fenómeno comenzó con anterioridad al clima de incertidumbre en los mercados financieros internacionales provocado por las medidas arancelarias de Donald Trump, aunque su profundización esté signada por esa conmoción mundial. También fue previo al llamado “criptogate” y a la controversia derivada por la represión policial a los manifestantes en las recientes movilizaciones en Plaza Congreso. Todos estos elementos de juicio impulsaron a la CGT a convocar al paro general de jueves 10 de abril.

Sin embargo, la ausencia de una alterativa opositora en condiciones de mostrarse como una alternativa de poder constituye un límite insalvable al deterioro del gobierno. Mientras la percepción colectiva sea que la opción es “Milei o la nada” no cabe esperar ningún vuelco significativo en las urnas. Por ese motivo, es probable que esa pérdida de imagen no tenga implicancias electorales inmediatas, aunque sí traduzca una incipiente caída de la confianza en el gobierno dentro mismo de esa sólida “mitad más uno” de la opinión pública que sostiene a Milei.

Macri intenta capitalizar esa sensación negativa para presionar para un acuerdo político y hasta para la formación de un gobierno de coalición. Milei, en cambio, apuesta a que una rápida aprobación final del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impulse una rápida reversión de las expectativas desfavorables en los mercados y, casi como una consecuencia natural, en la opinión pública.

Un efecto colateral de la confrontación entre el PRO y LLA en la ciudad de Buenos Aires es la posibilidad de que la lista encabezada por Leandro Santoro obtenga el primer lugar en las urnas de mayo. Quienes conocen los entretelones internos del peronismo saben perfectamente que esa eventual victoria no sería un triunfo del “kirchnerismo” sino el resultado de una afortunada combinación entre la extremada fragmentación del escenario electoral y una política de apertura diseñada por Juan Manuel Olmos, el principal estratega y dirigente del Partido Justicialista porteño, actual titular de la Auditoría General de la Nación, quien promovió la nominación de Santoro, un extrapartidario de extracción radical con una excelente imagen pública, precisamente como una forma de diferenciación con el “kirchnerismo” representado por “La Cámpora”.

Sin embargo, en los círculos políticos y empresarios existe preocupación ante la hipótesis de que un eventual triunfo de Santoro sea interpretado, equivocadamente, no sólo como una derrota del gobierno sino también como un triunfo de Cristina Kirchner en un distrito históricamente hostil al peronismo, lo que podría provocar una mayor incertidumbre en los mercados financieros ante el peligro de una victoria de Cristina Kirchner en las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que la ex presidenta experimenta un debilitamiento adicional en su ya menguado poder político, a raíz del agravamiento de la tensión con el gobernador bonaerense con Axel Kicillof y con la totalidad de los mandatarios peronistas, que en esta elección privilegiarán a sus propias figuras para ocupar los cargos legislativos, en detrimento de los dirigentes del “kirchnerismo” en cada distrito. La todavía pendiente resolución definitiva de la condena penal que pesa en su contra es una espada de Damocles que torna más incierto el porvenir político de la ex mandataria aún para sus más fieles partidarios.

Desde aquí hasta octubre el calendario electoral estará signado por una sucesión de elecciones provinciales. Con independencia de lo que suceda en la ciudad de Buenos Aires, la contienda más significativa tendrá lugar en Santa Fe el domingo 13 de abril. Todo permite pronosticar allí una amplia victoria del gobernador Maximiliano Pullaro, quien promueve una reforma de la constitución provincial que le habilitaría postularse para la reelección.

Pullaro es una figura ascendente dentro de un radicalismo virtualmente acéfalo y motoriza un eje político transversal con su colega mediterráneo, Martín Llaryora, y el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, para avanzar hacia la construcción de un “Frente de Centro” para las elecciones de 2027, basado territorialmente, valga la redundancia, en la “Región Centro”, el corazón de la Argentina agroalimentaria.

En esa dirección vale inscribir las implicancias políticas de la reciente reunión entre Pullaro, Llaryora y su colega entrerriano Rogelio Frigerio (un gobernador peronista, otro radical y un tercero del PRO), quienes acordaron avanzar en la realización de un plan conjunto de obras públicas provinciales. El lema del encuentro fue “Un nuevo modelo de desarrollo para el sector productivo” y entre sus conclusiones figura también la creación de una Agencia Regional de Evaluación Educativa.

En los próximos seis meses el gobierno tendrá que volver a pisar sobre tierra firme. Esta exigencia lo obliga a enfrentar los recientes brotes de incertidumbre económica unidos a la inevitable cuota de incertidumbre política derivada de la pulseada electoral. Para afrontar ese desafío, su mayor carta de triunfo es el respaldo político de Trump, que abre una perspectiva de asociación estratégica con Estados Unidos que brindaría a la Argentina de un horizonte de previsibilidad inédito en el presente siglo.

Conviene aquí destacar la aclaración de Milei acerca de que el gobierno argentino no busca ningún tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos sino apresurar un acuerdo puntual sobre temas comerciales y de garantía recíproca de inversiones en consonancia con la actitud moderada del gobierno brasileño ante las medidas arancelarias de Trump.

El Ministro de Hacienda, Fernando Haddad, expresión del ala moderada del Partido de los Trabajadores y su más probable candidato presidencial para las elecciones de 2026, destacó la importancia que tiene para Brasil su condición de socio comercial de Estados Unidos y subrayó la intención de negociar con Washington. La diplomacia del Palacio de Itamaraty es experta en el manejo de esos sutiles y muchas veces subterráneos equilibrios políticos internos e internacionales.

La aclaración de Milei y las declaraciones de Haddad alejan el riesgo de la fractura del MERCOSUR y suponen una coincidencia implícita sobre necesidad de una mayor apertura comercial del bloque regional y la reformulación de sus vínculos con terceros países. Más aún si se tiene en cuenta la posibilidad, nada desdeñable, de que en las elecciones de 2026 Brasil elija a un gobierno de centroderecha, partidario de un mayor acercamiento con Estados Unidos. Como señala Martín Redrado, en el nuevo escenario abierto por Trump, “pasamos de un mundo donde las relaciones entre los países estaban basadas en reglas y valores a uno donde priman únicamente las negociaciones e intereses”. “Realpolitik” en estado puro.

El nudo gordiano para el gobierno es la firma del acuerdo con el FMI para recomponer el nivel de reservas monetarias del Banco Central, levantar el cepo cambiario, permitir el regreso de la Argentina al mercado voluntario de deuda, lo que en las actuales circunstancias internacionales requeriría una tasa riesgo país menor a los 500 puntos, para de esa manera impulsar las inversiones necesarias para el crecimiento económico.

En un reciente artículo publicado el 8 de marzo pasado en La Nación, Milei explicó con claridad la importancia crucial que tiene esa recomposición del nivel de reservas del Banco Central, hoy negativas en más de siete mil millones de dólares a pesar del éxito del blanqueo de capitales que ascendió a 20.000 millones de dólares.

En esa nota Milei diferencia entre los manejos del “flujo” en la circulación de dinero y del “stock” para lograr la estabilidad monetaria. En otros términos, Milei subrayó la importancia de la acumulación de reservas del Banco Central como garantía necesaria para el levantamiento del cepo sin provocar un nuevo salto inflacionario. En sus palabras, “el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA para que este modo de inflación sea sólo un mal recuerdo del pasado”. Esto implicó el anuncio de que el acuerdo con el FMI implicará la fijación de metas progresivas de acumulación de reservas el camino hacia el levantamiento del cepo cambiario.

Hay una relación directa entre el tipo de cambio y el nivel de competitividad de una economía. La competitividad no se reduce al plano microeconómico, sino que es un fenómeno de carácter sistémico. No compiten únicamente las empresas, sino también y sobre todo los países, es decir sistemas integrales de organización y decisión.

De allí que, para determinar la competitividad de una economía, adquieran una importancia fundamental factores estructurales como la infraestructura, la presión fiscal y el régimen laboral, así como la calidad de los bienes públicos, desde la educación y la salud hasta la seguridad ciudadana. Con independencia de las opciones ideológicas, en estos asuntos es imposible omitir la importancia del rol estratégico del Estado.

En esta precisión reside el núcleo de un conflicto político del presente. La estrategia de modernización y apertura internacional de la economía implementada contra viento y marea por Milei tropieza con la resistencia más o menos larvada de algunos factores de poder de singular gravitación. En este terreno cabe situar los movimientos del Grupo Techint, liderado por Paolo Rocca, y el grupo Clarín, comandado por Héctor Magnetto, que en defensa de sus respectivos intereses, advierten contra lo que califican de “apertura indiscriminada” de la economía y plantean la exigencia de “nivelar la cancha” entre las empresas argentinas y sus competidoras del exterior.

Los cuestionamientos de Techint a la liberación de la exportación de chatarra, una medida apartemente inocua pero que encarece el precio interno de un insumo fundamental para la industria siderúrgica, y también en consecuencia para el conjunto de la estructura industrial, y del que Techint es el principal consumidor, y las declaraciones de Milei sobre los presuntos riesgos monopólicos en el mercado de las telecomunicaciones derivados de la adquisición de Telefónica por Telecom, seguidas por el dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia que aconsejó suspender de los efectos de la operación, constituyen sólo dos ejemplos de una multiplicidad de conflictos de intereses que no pueden sino tener consecuencias políticas.

La asociación estratégica entre Clarín y Techint, forjada en la década del 90, en el marco de la apertura económica impulsada por el gobierno de Carlos Menem, es un factor decisivo en el sistema de poder empresario de la argentino, como se refleja sistemáticamente en el comportamiento de las conducciones de la Unión Industrial Argentina y la Asociación de Empresarios Argentinos, que reúne a los principales empresarios del país. En la actualidad esa dupla comparte los recurrentes señalamientos sobre las consecuencias del presunto atraso cambiario advertido por aquéllos que el oficialismo estigmatiza como el “Partido de la Devaluación” y muy especialmente por quienes Milei descalifica como “econochantas”, una caracterización que incluye a Domingo Cavallo.

La competitividad sistémica es fundamental para la atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, la evolución de la tasa de inversión es un indicador fundamental para medir las perspectivas de desarrollo económico y la tasa de inversión en la Argentina es extraordinariamente baja.

El análisis de esta cuestión requiere una perspectiva amplia en el tiempo. Nuestro déficit de inversión presenta una particularidad que en el exterior es difícil de explicar. La Argentina, que demanda perentoriamente al FMI un auxilio financiero de 20.000 millones de dólares, es, después de Estados Unidos y Rusia, el país más dolarizado del mundo. Los argentinos retienen actualmente alrededor de 400.000 millones de dólares. Según el INDEC, hay 271.000 millones de dólares en depósitos (más de 11.000 millones que en diciembre de 2023 y diez veces las reservas brutas del Banco Central), 50.000 en inversión directa (propiedades y otros activos físicos) y 94.000 millones en “inversiones de cartera” (títulos, acciones y otros instrumentos financieros).

Mercado Libre, la empresa más importante de la Argentina por su valor accionario, cuyo principal accionista, Marcos Galperin, es un ferviente partidario de las políticas de Milei acaba de anunciar una inversión de 5.800 millones en Brasil, en un acto que contó con la presencia del presidente Lula. Semanas atrás el propio Galperín, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, informó sobre una inversión de 3.400 millones de dólares en México.

La razón es obvia: la historia reciente de la Argentina. Como resalta el conocido economista estadounidense Jeffrey Sachs, “La Argentina no es confiable. No importa su realidad actual, sino su reputación”. Ya en 2017 Larry Summers, ex Secretario del Tesoro durante el gobierno de Bill Clinton, le decía a Macri: “No se ilusionen con que vendrán inversiones extranjeras. Por mejores que sean las señales que se emitan tardarán años en cambiar la imagen de mal pagador del país”.

Esa limitación estructural explica la importancia atribuida al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga garantías de seguridad jurídica a las inversiones en rubros estratégicos como la energía y la minería, absolutamente fundamentales para el desarrollo. Pero la cuestión de la confianza tiene una dimensión eminentemente política. Para atraer una corriente de inversiones acorde con las necesidades no alcanza con la confianza que despierte un gobierno determinado. Se trata de la confianza en la Argentina como Nación, en su previsibilidad de mediano y largo plazo.

En marzo pasado se cumplió el 70° aniversario de la realización del Congreso Nacional de la Productividad, convocado por el segundo gobierno de Perón para generar una instancia de concertación social en la que el Estado, la representación empresarial y las organizaciones sindicales pudieran acordar los lineamientos fundamentales del cambio de rumbo necesario para impulsar un aumento en la productividad sistémica de la economía argentina una vez agotado el modelo de crecimiento fundada en el aumento del consumo interno y la sustitución de importaciones. En la oportunidad se aprobó el Acuerdo Nacional de la Productividad. En el discurso de apertura del encuentro Perón afirmó que “la productividad es la estrella polar que debe guiarnos en todas nuestras concepciones económicas”.

La coyuntura política doméstica conspira contra esa necesidad de previsibilidad de largo plazo. Cuando, envuelto en el fárrago de las elecciones legislativas porteñas, Macri instruye a los senadores del PRO para que otorguen quórum a la sesión que resolvió rechazar los pliegos de Lijo y García Mansilla queda reflejada la precariedad del sistema político. Cuando, en represalia por esa decisión, el Poder Ejecutivo emite una declaración en la que expresa que “por primera vez en la historia el Senado de la Nación ha rechazado los pliegos propuestos por un presidente por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”, no parece tenerse suficientemente en cuenta que los embajadores, los empresarios extranjeros, los banqueros de Wall Street y las consultoras financieras y los medios periodísticos internacionales también leen los comunicados oficiales, más allá de la altamente probable aprobación que su contenido pueda tener en la opinión pública argentina.

La cuestión política central para la Argentina, que excede largamente el chimenterío periodístico, los vaivenes de la coyuntura y las especulaciones electorales, es la construcción del sistema de poder indispensable para generar un clima de confianza interna y externa que nos permita encarar exitosamente las reformas estructurales necesarias para estar a la altura de las oportunidades y los desafíos que nos plantea este nuevo escenario mundial. Esta exigencia supone una reconfiguración integral del sistema política argentino, que nunca podrá tener características semejantes a las que precedieron al ascenso de Milei. Lo que venga a partir de Milei no podrá tener nada que ver con lo hubo antes.