Por Carlos Tórtora.-

La elección provincial bonaerense del próximo 7 de septiembre, la más importante de este año después de la del 26 de octubre, se está convirtiendo en un verdadero tembladeral. Axel Kicillof, con un gran esfuerzo político, consiguió mediante un decreto desdoblar la elección local de la nacional doblegando así a Cristina Kirchner.

Pero los legisladores cristinistas se tomaron su venganza: no modificaron la vetusta ley provincial 5109, que entre otras cosas establece el calendario electoral. La norma dice que entre el cierre de listas y la presentación de las boletas partidarias sólo hay un plazo de 10 días. Algo viable para la década del 40, cuando la provincia tenía un millón de votantes, pero impracticable ahora, con 14 millones. La Junta Electoral tendría que controlar entonces 10.000 candidaturas en 10 días.

Si esta situación no se modifica en los próximos días, Kicillof se vería obligado a hacer algo que quiere Cristina Kirchner. Es decir, postergar la fecha de elecciones hasta fines de septiembre. No se trata de una decisión inocua. De ser así, la elección provincial se encimaría a la nacional del 26 de octubre y políticamente esta última absorbería por su importancia a la primera, dándole así mayor peso a Cristina en las decisiones.

Si Kicillof se ve obligado a recolocar la fecha de elecciones para un mes antes de los comicios para cargos nacionales, el desdoblamiento sería bastante cuestionable y habría una obvia confusión entre dos campañas electorales casi simultáneas.

Basta con imaginar el caos comunicacional que se produciría con la campaña para cargos provinciales superpuesta a la de los cargos nacionales.

Todo esto en realidad se origina en Javier Milei. Al impulsar éste la suspensión de las primarias por el Congreso, dejó instalado que, si la elección nacional se realizaba simultáneamente con la provincial -como fue siempre-, se produciría una crisis logística. Habría entonces dos elecciones simultáneas pero con dos sistemas distintos: boleta única de papel para los cargos nacionales y boleta partidaria para los provinciales. No hace falta decir que esto produciría enormes demoras para votar, así como confusiones y la necesidad de una estructura logística duplicada, empezando por los lugares de votación. La perspectiva de este desastre fue la excusa que justificó que Kicillof desdoblara y se despegara así parcialmente de la tutela de Cristina.

Una elección con 40.000 urnas no se organiza así nomás.

Una nueva crisis logística

Así es que el desdoblamiento tiene ahora un verdadero efecto dominó. La Junta Electoral Provincial es un reducido organismo administrativo que carece de estructura y experiencia como para organizar una elección, ya que siempre descansó en la Justicia Federal. Ante esta realidad, Kicillof pretende ahora que el Juez Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firme un convenio de colaboración con la Junta Electoral para que la Justicia Federal colabore en la elección provincial.

Pero Ramos Padilla se resiste a firmar y tiene sus razones. El Juzgado Federal no podría organizar al mismo tiempo dos elecciones casi simultáneas. Si Kicillof posterga la fecha, esto sería más grave aún.

A todo lo anterior se agrega que Guillermo Francos le estaría negando a Kicillof la participación de las fuerzas federales para custodiar el comicio provincial. La seguridad de las urnas dependería entonces de la policía bonaerense y se abriría aquí un nuevo campo de sospechas.

La realidad de la logística le está poniendo entonces un límite a la creatividad política. Y la astucia de Cristina, una vez más. lo tiene embretado a Kicillof.

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