¿Lawfare o no Lawfare? That is the question
Por Otto Schmucler.-
Hagamos este ejercicio Intentando un punto de encuentro que nos lleve a algún lugar de coincidencia. Entremos entonces en el campo de las suposiciones, esto es, que aceptemos que haya existido lawfare alrededor de Cristina.
Si bien repudiable, la utilización abusiva de las instancias judiciales camufladas para darle aspecto de legalidad y acusar, desprestigiar y/o inhabilitar a un oponente apoyándose de manera fraudulenta en el poder judicial, dejaría pendiente de resolución la pregunta final para resolver este entuerto. ¿Las desgravaciones realizadas al celular secuestrado al ex Secretario de Obras Públicas, presentadas por Luciani en el extenso alegato del Ministerio Público Fiscal, son falsas? ¿Han sido tergiversadas? ¿o fraguadas?
La documentación “oficial” aportada por el mismo fiscal, demuestra que hubo 24 obras, pagadas por el Estado que no se realizaron y el 65% de las otras (comenzadas) no finalizaron en tiempo y forma y no tuvieron penalización por el atraso, ¿esa información ha sido adulterada?
El operativo denunciado en el mismo alegato para que Austral Construcciones dejara de funcionar en la primera quincena de enero de 2016 (días después de la asunción del gobierno de Cambiemos) dejando a más de 3000 operarios en la calle fue ejecutado ¿o no?
¿Quedó alguna factura presentada por la empresa constructora impaga? ¿O cobró hasta el último peso, incluyendo varias obras sin comenzar o concluir?
De esas desgravaciones (con fecha y hora), se deduce que “la señora” “la jefa” o la Pta”, como la menciona en las mismas, López y los distintos actores (que además eran funcionarios), para dar y/o recibir indicaciones o comunicarse vía wsapp con otros funcionarios (o secretarios privados de CFK) estaba perfectamente al tanto de todo cuanto ocurría en las Obras Públicas.
Si todo lo expuesto hasta aquí por el Fiscal Luciani es cierto, de nada vale discutir si existió lawfare o no, porque lo que la justicia debe probar y por ende sancionar es el fraude y el quebranto a las arcas públicas de semejante “estafa político social” que ha sufrido la Argentina.
Primero: Si tuvieramos constituidos tribunales con jurados, todos los implicados ya estarían presos. Segundo: Si se dejan de tergiversar los verdaderos alcances de los «fueros parlamentarios», ningún legislador se podría amparar en los mismos para eludir a la justicia ante semejantes delitos con estragos de las arcas públicas.
La maquinaria demoledora construida por el clan K dejó al Estado en bancarrota y todos tienen que pagar por los daños infligidos al país y al pueblo todo.
Haciendo un arqueo salen a la luz las propiedades del secretario de NCK, Muñoz, en Miami y otras en Argentina, las estancias compradas por Lázaro Báez, maquinarias y autos de alta gama, etc. Los hoteles y fenomenal cantidad de viviendas del entonces matrimonio K. Sigo… los millones de dólares y euros desparramados por el mundo, entre otros lugares en el banco IOR del Vaticano. Las propiedades de Milagro Salas, autos de alta gama, etc. Y ¿Sueños Compartidos con la vieja Pastor y los hermanitos parricidas? Sigo…
Bien planteado. Pero los fanas y los que viven de rgalías y beneficios varios … no darán el brazo a torcer. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán. Y acá se comprueba que es verdad.