Por Carlos Tórtora.-

Una decisión del gobierno sobre las funciones de las Fuerzas Armadas encendió una luz de alerta en el mundo político. En el marco del Operativo Roca, que en la zona norte moviliza a 10.000 efectivos del Ejército y la Armada, y con referencia normativa en la Ley de Defensa Nacional y el decreto 1112/2024, el gobierno autorizó a los militares a detener civiles en los casos de flagrancia. Con esto Javier Milei y Luis Petri empezaron a cruzar una barrera: la que levantó hace 30 años la Ley de Seguridad Interior al prohibir a las Fuerzas Armadas cualquier intervención directa en cuestiones de seguridad. La norma sólo habilita el apoyo logístico de los militares a la seguridad.

Seguramente la detención de civiles por los militares en el Operativo Roca no generará grandes problemas, porque las tropas operarán en áreas casi despobladas y con escaso contacto con civiles. La cuestión es si el avance de los militares en seguridad forma parte de la estrategia política del gobierno.

En este punto vale la pena puntualizar algo: Javier Milei ha mostrado hasta ahora muy escaso interés en combatir el narcotráfico. Más bien tiene tendencia a lo contrario. Basta con mencionar su política laxa en materia de lavado de activos.

El 16 de este mes el presidente derogó el Decreto 2226/08, que le daba a la Unidad de Información Financiera facultades para querellar en casos de lavado. La medida fue por tanto un golpe a la lucha contra el narcotráfico.

Previendo la conmoción interior

Hay que buscar entonces, por otro lado, las razones por las cuales el gobierno prioriza ahora el avance de los militares sobre la seguridad interior.

La interpretación más coherente señala que en el gobierno ya se está trabajando en la hipótesis más probable: la derrota electoral de La Libertad Avanza en las elecciones en Capital, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y la instalación de un escenario de fuerte inestabilidad institucional. Esto incluiría una escalada de agitación social y la posibilidad de que la Cámara de Diputados se le descontrole al gobierno y avance hacia el juicio político. Esta pérdida en gran escala de la gobernabilidad crearía un clima propicio para que Milei intente militarizar la seguridad y tal vez sacar los tanques a la calle para evitar terminar como Fernando de la Rúa.

De difícil ejecución y con escasas posibilidades de evitar sanciones judiciales, la militarización de la seguridad podría ser uno de los últimos recursos de Milei para mantenerse en el poder, junto con el dictado del estado de sitio.

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