Por Enrique Guillermo Avogadro.-
“Con una Justicia seria, independiente y rápida, todo será posible; sin ella, nada lo será”.
Mi horrible presentimiento acerca de una nueva frustración nacional se agudizó en estos días por la reiteración de viejas y tan detestables conductas en la selección y propuestas de los candidatos que deben cubrir las múltiples vacantes de jueces y fiscales en todas las jurisdicciones del país, en especial en el ámbito de la Justicia Federal, responsable de permitir y administrar la siniestra venganza contra los militares que derrotaron a la guerrilla en los terribles 70’s, de investigar la corrupción de los funcionarios y sus contrapartes privadas, de controlar las elecciones nacionales y de perseguir, entre otros delincuentes, a los grandes narcotraficantes.
La Argentina tiene una penosa historia de rompimiento de compromisos, a punto tal que, normalmente, se ve obligada a aceptar que sean tribunales extranjeros quienes intervengan en los diferendos entre las partes, aún cuando una de ellas sea el Estado nacional. Y es así porque todos saben cómo se mueven, a instancias de los vientos políticos de cada momento, las veletas que coronan los edificios en que tienen su sede esos tribunales federales; y qué decir de las jurisdicciones provinciales, muchas de ellas feudos de los mismos caudillos, en que la voluntad de éstos se impone a cualquier ley.
Este Gobierno, en cual tantos hemos cifrado nuestras esperanzas de verdadero cambio de rumbo, ha olvidado cuán esencial es la seguridad jurídica a la hora de confiar y decidir inversiones, se trate de grandes obras públicas o de sacar los dólares del colchón de simples ciudadanos; y digo esto porque estamos viendo, a cielo abierto, el chiquero maloliente en que ha decidido mantener el proceso de selección y la consecuente confección de las ternas de candidatos, desdeñando el excelente proyecto de reglamento elaborado por la Corte Suprema – y aplaudido por todas las organizaciones vinculadas al tema – para administrar los concursos de modo transparente y evitar manipulaciones políticas. Es indispensable recordar que, una vez nombrados, los jueces permanecen en su cargo hasta cumplir 75 años (cuando no se les renueva interesadamente su mandato) o hasta su fallecimiento, salvo que sean removidos por el Consejo de la Magistratura por su mal desempeño o por la comisión de delitos, algo sumamente inusual.
Ese proyecto, firmado originalmente por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz y acompañado por Ricardo Lorenzetti, privilegiaba la capacidad jurídica, el resultado de exámenes anónimos y la experiencia por sobre la entrevista personal con los candidatos, impidiendo la alteración en esta última instancia del orden de mérito previamente establecido. En una llamativa voltereta, Rosatti – Presidente de la Corte y, por ello, también del Consejo – lo giró a las comisiones de éste, es decir, lo remitió al freezer habitual, justo en el momento en que Juan Bautista Mahiques, el nuevo Ministro de Justicia tan vinculado personal y familiarmente a la AFA de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, enviaba decenas de pliegos muy cuestionables al Senado para su aprobación, incluyendo a familiares de magistrados que llevan causas preocupantes para la Casa Rosada.
Los recientes e inmorales fallos favorables que recibieron Cristina Fernández y Eduardo Menem (los habilitaron a cobrar las enormes jubilaciones de privilegio y los pertinentes multimillonarios retroactivos) y Alberto Fernández (revocaron su procesamiento en la causa “seguros”) dan justa cuenta de los enormes defectos del Poder Judicial.
Javier Milei y su corte ya venían mal barajados en este crucial tema, en especial cuando pretendió, sin explicación pública alguna, incorporar a la Corte al impresentable Juez Ariel Lijo, gran protector del poder de turno cuando las aguas bajan turbias para éste. Claro que éste no es el único, tal como puede percibirse por el manto de impunidad que sigue protegiendo a Sergio Aceitoso Massa, a pesar de su innegable vinculación – entre muchos otros negociados de toda índole – con la monumental estafa de las SIRA.
Tal como dijo Francisco Pancho Olivera, las importaciones en 2023 (cuando aquél era Ministro de Economía y candidato presidencial) alcanzaron a US$ 75.000 millones, o sea, quienes debían pagarlas pudieron recibir del Banco Central esas sumas a precio oficial, con una brecha que llegó al 300% contra el blue. Si creyéramos que sólo se pagó un 1% de coima, los corruptos funcionarios que autorizaron tantas irregularidades se habrían llevado la friolera de US$ 750 millones, capaz de solventar varias campañas políticas; pero era vox populi que, de la mano de Matías Tombolini -¿o Tongolini?-, llegaban al 10 y al 15%, por lo cual la cifra real puede ser infinitamente mayor.
En otro orden de cosas, también me horroriza, como a muchos, la forma en que Javier Milei se comporta con la prensa, a la cual no le reconoce derecho alguno a investigar al poder y a los funcionarios; ni siquiera su admirado socio Donald Trump tiene actitudes similares, que sólo adoptan en la región, curiosamente, Daniel Ortega, en Nicaragua, y Nayib Bukele, en El Salvador.
De todas maneras, y más allá de estas genuinas preocupaciones, cabe pensar en la enorme suerte que tiene Milei en el terreno político. Para confirmarlo, basta con observar a quiénes tiene enfrente. Si la oposición intentara competir con candidatos como Axel Kicillof (que no se enteró aún de la caída del Muro de Berlín), el mismo Aceitoso, o uno de ese rejunte “federal” que conforman Miguel Angel Pichetto, Guillermo Patotín Moreno, Victoria Tolosa Paz (comedora de pochoclo consorte), Hugo Moyano y sus “gordos” compañeros y tantos otros felices viajeros en el tren fantasma que tan caro nos ha costado, la “Armada Brancaleone” de La Libertad Avanza tendrá el futuro asegurado: ni siquiera quienes han perdido el trabajo o cerrado el negocio quieren volver a la inflación y el saqueo que la precedieron.
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