Por Hernán Andrés Kruse.-

El 1 de mayo se cumplió el quincuagésimo aniversario de la promesa de María Estela Martínez de Perón de usar el látigo para imponer orden y seguridad. En aquel dramático año la democracia liberal se había esfumado. El poder estaba en manos de la ultraderecha del peronismo, comandada por la presidenta y el todopoderoso ministro de Bienestar Social José López Rega. Había estallado una lucha sin cuartel entre el gobierno peronista y la guerrilla, liderada por los montoneros y los erpianos.

Semejante ambiente explica el tono bélico del discurso de Isabel. Dijo la presidenta ante una enfervorizada multitud: “Tengan confianza, porque yo los llevaré, pese a quien le pese y caiga quien caiga, a la felicidad que este pueblo maravilloso merece por ser tan bueno y comprensivo”. “Yo, a aquellos antipatria que se opongan, les daré con el látigo, como a los fariseos en el templo”. “Hay un límite para la paciencia, hay un límite para la comprensión. Hemos tenido demasiada paciencia y demasiada comprensión para ellos”. “No les tengo miedo”. “El general decía que es mejor persuadir que obligar, pero yo le digo al general, de aquí a donde se encuentre, que si tengo que obligar los voy a obligar” (fuente: Perfil, 1/5/035).

Es probable que las nuevas generaciones desconozcan este violento discurso de Isabel. Es probable que desconozcan que 1975 fue uno de los años más dramáticos de la historia argentina contemporánea. Es probable que desconozcan que en ese entonces el terrorismo de estado funcionaba, es decir antes de que las Fuerzas Armadas derrocaran a Isabel el 24 de marzo de 1976.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de Alicia María Servetto (Doctora en Historia y Magíster en Partidos Políticos por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Investigadora y Directora del Centro de Estudios Avanzados de la UNC) y Melisa Paiaro (Doctoranda en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Becaria de CONICET en el Centro de Estudios Avanzados-UNC) titulado “Las palabras del terror. Los discursos de la presidenta María Estela Martínez de Perón y su legitimación de los dispositivos de la violencia estatal y paraestatal” (Passagens. Revista Internacional de Historia Política e Cultura Jurídica, vol. 4, núm. 2, mayo-agosto, Universidad Federal Fluminense, Río de Janeiro, Brasil). Refleja a la perfección lo que acontecía en un país que estaba al borde de la guerra civil.

INTRODUCCIÓN

“El período de sucesivos gobiernos civiles y militares incapaces de resolver el dilema de la proscripción del peronismo y el agotamiento del gobierno de la dictadura de la “Revolución Argentina”, derivó en la apertura de una nueva alternativa electoral a nivel nacional en 1973. El dato relevante que motorizó una movilización preelectoral sin precedentes fue precisamente el levantamiento de la proscripción del partido peronista. Los sectores que expresaban el ala radicalizada del movimiento peronista, aquellos que integraban la “Tendencia Revolucionaria,” habían tenido un alto grado de participación en la campaña y, por tanto, fueron quienes se consagraron como los protagonistas principales de las elecciones. El 11 de marzo de 1973 triunfó en las elecciones nacionales la fórmula presidencial del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una suerte de alianza del peronismo con otros partidos menores. Los candidatos, Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, asumieron el gobierno el 25 de mayo de ese mismo año dejando atrás siete largos años de dictadura y opresión.

Algunos autores coinciden en señalar al triunfo de Cámpora como el momento culminante de la “consagración de la juventud radicalizada”. Sin embargo, la ilusión de las nuevas generaciones peronistas no duró mucho puesto que en menos de un mes fue necesario para que se iniciara el avance de los sectores ortodoxos del movimiento, con el propio Perón a la cabeza de esa cruzada. Un mes después de la asunción de las nuevas autoridades, el 20 de junio, y luego de 18 años de proscripción, retornó al país el Gral. Juan Domingo Perón. Su regreso estuvo signado por la movilización de una gran multitud que fue a recibirlo al aeropuerto internacional de Ezeiza. Ese día quedó marcado en la historia argentina por la masacre ocurrida como consecuencia del enfrentamiento interno entre los distintos sectores que componían el movimiento peronista. En tal oportunidad, los grupos de represión parapoliciales organizados ilegalmente desde el propio aparato del Estado (los servicios de inteligencia del Ejército, el ministerio a cargo de López Rega y civiles armados por comandos de extrema derecha), dispararon desde el palco y sus cercanías sobre las columnas afines a la Juventud Peronista, a la Tendencia Revolucionaria, que buscaban acercarse al líder. De esta manera, la Argentina asistía a la primera acción del Estado Terrorista bajo un gobierno constitucional.

Es importante señalar que, al hablar de Estado Terrorista nos referimos al agente ejecutor de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos, que para llevarlo a cabo utiliza sus Fuerzas Armadas o el accionar de grupos paramilitares o parapoliciales contra sus ciudadanos, despojándolos de sus derechos civiles y libertades públicas, anulando las garantías constitucionales y marginando el Poder Judicial. El Estado Terrorista aplica métodos de exterminio de guerra para resolver conflictos internos, en los que se califica a parte importante de la población como enemigo ajeno a la nacionalidad contra el que se ejerce todo el poder soberano. El discurso que brindó Perón al día siguiente de lo ocurrido, no dejaba dudas de que avalaba implícitamente el accionar de la derecha y sentenciaba a la Juventud al cese de las movilizaciones en tanto era preciso “volver al orden legal y constitucional”. Se ocupó entonces de revertir el giro a la izquierda que el Presidente Héctor Cámpora había procurado y despejó la ambigüedad del proyecto con el que había regresado al país. Afirmó la convicción de que estando en la Argentina, no tenía sentido que alguien más que él mismo fuese presidente.

De esta manera, el 13 de julio de 1973, el Presidente Cámpora y su Vicepresidente, Vicente Solano Lima, renunciaron. La jefatura del Estado quedó a cargo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Raúl Lastiri, quien convocó nuevamente a comicios presidenciales. Pocos meses después, en las elecciones nacionales del 23 de septiembre de 1973, triunfó la fórmula Perón-Perón con el 62% de los votos. La dupla Juan Domingo Perón y su esposa, María Estela Martínez de Perón, fue una suerte de “jugada” política que permitió al lopezrreguismo colocar a un miembro de su círculo en la primera línea de la sucesión presidencial. Tras la muerte del Gral. Perón, el 1° de julio de 1974, “Isabelita” lo reemplazó en la presidencia de la Nación hasta ser depuesta por los jefes militares el 24 de marzo de 1976.

Desde la asunción de la Vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, el gobierno nacional reorientó las alianzas políticas dirigidas hacia los sectores de la derecha peronista, los jefes sindicales, las Fuerzas Armadas y los sectores capitalistas más concentrados. El grupo de López Rega y los sectores más conservadores y ultramontanos avanzaron sobre las principales áreas del Estado. El gobierno abandonó las negociaciones y los acuerdos parlamentarios con las diferentes fuerzas políticas que había sostenido su predecesor, el presidente Perón. La estrategia del nuevo gobierno contemplaba el cumplimiento de varios objetivos para consolidar su poder: liquidación de las organizaciones guerrilleras, eliminar la influencia de la izquierda peronista y marxista en los ámbitos gubernamentales (intervención a las provincias sindicadas de “montoneras”, intervención a las Universidades, legislación represiva destinada a combatir la guerrilla fabril, etc.), concretar un giro en la política económica, desplazando a los sectores de la burguesía nucleada en torno a la Confederación General Económica, disciplinar a la fuerzas laborales y solicitar colaboración a las Fuerzas Armadas para llevar adelante la represión.

En términos de Guido Di Tella: “Nadie consideraba que Isabel poseyera las mínimas condiciones personales necesarias para esa tarea e incluso muchos estimaban que ni siquiera sería capaz de mantenerse como figura simbólica. La historia se desarrolló en forma distinta. Si bien muchos, dentro de los círculos castrenses, empezaron a considerar inevitable el golpe, existió un sorprendente consenso en el sentido de que era preciso dar a Isabel una oportunidad. La principal sorpresa consistió en que Isabel no asumió una posición decorativa ni tampoco una actitud que la situara por encima de todas las facciones en pugna. Por el contrario, con pleno apoyo de López Rega y bajo su poderosa influencia, trató de manejar el Gobierno y llevó adelante, en forma sorprendente y enérgica, un programa de derecha, de línea muy autoritaria, que alarmó incluso a las fuerzas tradicionales”.

Uno de los rasgos distintivos de este período fue el recrudecimiento de la violencia y la represión, utilizando metodologías propias del Terrorismo de Estado, prácticas que ya se habían iniciado con la presidencia de Perón. La política represiva se desplegó a través de diferentes mecanismos y dispositivos que pusieron en marcha un complejo y perverso andamiaje institucional y no institucional, legal e ilegal, para reprimir, perseguir, prohibir o eliminar a los sectores disidentes, disruptivos y opositores al gobierno. En esta dirección, se definieron líneas de acción que se caracterizaron por la sanción de leyes y decretos que restringían y/o prohibían una amplia gama de actividades consideradas subversivas, tales como la Ley de Seguridad Nacional, el decreto del Estado de Sitio, prohibiciones y sanciones a periódicos y revistas opositoras al gobierno nacional. A ello se sumaron detenciones sin juicio, torturas sistemáticas, habilitación del poder militar en el escenario político, desaparición de personas y la existencia de campos de concentración meses antes del Golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas militares en marzo de 1976.

Partiendo de tales consideraciones contextuales, nuestro trabajo centra su atención en los discursos y mensajes de la Presidenta María Estela Martínez de Perón, a los fines de revisar y analizar los componentes discursivos que sostenían la necesidad de aplicar la violencia represiva, la construcción de una determinada imagen del enemigo, y sus implicancias en la instalación del terrorismo de Estado en la etapa que precedió inmediatamente a la última dictadura militar”.

LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA QUE INSTITUYÓ EL TERROR

“La Doctrina de la Seguridad Nacional difundida durante los años de la Guerra Fría sostenía que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos debían dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir ideologías, organizaciones o movimientos que pudieran favorecer o propiciar el desarrollo de ideas revolucionarias, marxistas, comunistas, terroristas o subversivas. Esta Doctrina se asentó en dos postulados básicos: la bipolaridad y la guerra generalizada; entendiendo la división del mundo en dos grandes fuerzas opuestas: la del bien y la del mal, lo que era traducido como la guerra entre el occidente cristiano y el oriente comunista. Este enfrentamiento se produjo en América Latina a través de las llamadas “guerras sucias” que consistieron en la eliminación de cualquier proyecto político alternativo al orden mundial hegemonizado por los Estados Unidos.

El Terrorismo de Estado fue tanto metodología de acción como instrumento represivo que permitió llevar adelante la guerra, la exclusión y el exterminio de todos los sectores, grupos o personas disruptivas que cuestionaran o se sublevaran contra el orden dominante. En palabras de Pilar Calveiro, “al abrigo de estas guerras se convirtió a los Estados latinoamericanos en Estados de excepción, inaugurando un derecho de facto, más allá de los bordes del derecho institucional, pero una vez más protegido por éste, bajo las figuras de estado de sitio, estado de emergencia, guerra antisubversiva y otras similares”.

En la Argentina, existen sobrados antecedentes históricos sobre la instrumentación de dispositivos legales que procuraron erradicar prácticas o acciones terroristas o antisubversivas. La mayoría de las leyes y decretos fueron dictados entre los años `60 – `70 y, en todos ellos, se facultaba a las Fuerzas Armadas para “combatir y aniquilar el accionar de elementos subversivos”, para lo cual se habilitaban mecanismos de asistencia, cooperación, penalidades, formas de juzgamiento, asignaciones presupuestarias, etc. Durante el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, se produjo un aumento de la legislación represiva que, a diferencia de otras leyes y decretos dictados bajo regímenes dictatoriales o de facto, tuvo lugar en el marco de un gobierno constitucional, esto es, bajo las premisas y fundamentos de un estado de derecho. En este sentido, cabe citar las reflexiones del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) que sostiene que los “paquetes jurídicos antiterroristas” son sancionados para combatir a los protagonistas de las “acciones terroristas” pero terminan incrementando la violencia institucional y parainstitucional: “Este antiterrorismo jurídico deja la puerta abierta para que las agencias policiales del Estado administren los conflictos a través de la fuerza y el terror. Los ciudadanos son desprovistos de cualquier status jurídico, convertidos en monstruos que no merecen la misericordia del Estado ni la piedad de la sociedad. Dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en objetos de control, plausibles de un tratamiento diferenciado en el marco de una guerra preventiva de policía”.

En efecto, el corpus de la legislación represiva y antisubversiva sancionada durante los años del tercer gobierno peronista, con especial referencia a los dictados durante el gobierno de Isabel puede entenderse dentro del marco reflexivo que propone el CIAJ. En cierta manera, podría afirmarse que dicha legislación recuperaba y legitimaba conceptos de la legislación represiva de los gobiernos de facto anteriores. Siguiendo el análisis que propone Julián Axat sobre las leyes antisubversión en la Argentina, éstas han contenido en su estructura argumental, más o menos, los mismos términos, a saber: a) Especialidad de la ley: las leyes sancionadas proponían modificaciones sobre algunas cuestiones a las que caratulaban de “especial”. b) Descripción de una situación como ingobernable: se fundamentaba la ley sobre la base de un diagnóstico de la realidad como caótica, creada por la penetración/infiltración de ideologías foráneas (léase comunista, marxista, revolucionaria). c) Peligro para la Nación: se destacaba que dicha penetración creaba un clima favorable a los desbordes marxistas, colocando a la Nación en situación de peligro. d) Peligro que requiere remedios de excepción: es decir, el peligro del desborde requería de la excepción de la legalidad en defensa de los valores fundamentales, o fundantes, de la Nación. e) Transitoriedad de las medidas: la excepcionalidad se pensaba con un tiempo limitado y transitorio mientras persistiera el peligro o la amenaza. f) El instrumento era la neutralización: neutralizar todo tipo de extremismos que se opusiera a la unidad espiritual de la población. g) El fin último: era salvaguardar los valores, restituir la dignidad de las personas, la tradición nacional, la vigencia de la moral cristiana y occidental. Sobre la base de esta caracterización, proponemos analizar dos ejemplos de leyes-decretos sancionados entre 1974 y 1975, en tanto permiten visualizar claramente la construcción del “enemigo subversivo” y la regularización de la “excepción”.

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