Sigue la cuña en el gabinete

Por Silvio Pedro Pizarro.-

Hay una cuña muy peligrosa en el gabinete nacional, en el Ministerio de Justicia, adentrada en la secretaría de Derechos Humanos, pues este organismo es el que administra las solicitudes y las cobranzas que luego paga ANSES.

No se conocen registros ni antecedentes con respecto al manejo de este vaciamiento continuo que desangra la economía del país a costa de todos sus habitantes.

Continuamos pagando los premios que, como pensiones, otorgó la ex presidente a los terroristas que asesinaron, secuestraron y torturaron a miles de inocentes, niños, ancianos, y mujeres con la finalidad de poner de rodillas a todo el país, bajo la férula del comunismo

En el propio gobierno hay legisladores que las cobran.

Pero no sólo a ellos se benefició con esta insólita legislación que por ley 26.913 reglamentó Cristina Fernández de Kirchner, ya que también la hizo extensiva a los desaparecidos y sus descendientes, una paradójica y monárquica decisión que la Justicia aceptó sin reparos.

El resultado de estas incongruencias fue de que de una cifra oficial estimada de 4.800 desparecidos se pasó a otra irreal de 30.000, fraguada con la ayuda de Amnesty International y otros pseudo organismos de derechos humanos ávidos de obtener ganancias a costa de un país desquiciado. Es conocida la polémica con el secretario Avruj sobre esta cifra que, aunque reconoce que es casi diez veces menor, afirma que debe mantenerse porque es una cifra simbólica. Es una estafa simbólicamente aceptada por el funcionario con un grave perjuicio al Estado.

Ratificamos que los organismos del Ministerio de Justicia son una peligrosa cuña abierta en el Gobierno Nacional, a la cual se unen organismos del Poder Judicial

La Jueza Federal María Servini de Cubría debe fallar sobre un reclamo de US$ 140 millones que el empresario Saiegh exige, ahora basado en un fraguado delito de lesa humanidad, pero la decisión está en suspenso hasta que se conozca el resultado del mismo.

Este caso comenzó cuando el dueño del Banco Latinoamericano, liquidado por insolvencia en 1981, Saiegh, demandó al Estado por daños y perjuicios. Encontró apoyo en Osvaldo Guglielmino, titular de la Procuración del Tesoro, pero la propuesta fue rechazada por el Ministro de Economía.

Ante este fracaso, convirtió la liquidación de su banco ocurrida en 1981 en una fuente retroactiva de crímenes de lesa humanidad ignorados hasta 2009.

Como no quedaron registros en la Conadep, ni médicos que recordasen los tormentos, ni secuelas de las torturas, ni historias clínicas, ni registros hospitalarios, ni fotos de sus lesiones, ni declaraciones notariales, alegadas por el farsante, la denuncia del banquero fue ignorada por el fiscal Carlos Rívolo, quien se negó a impulsar la acción penal ante el juez federal Daniel Rafecas por considerar que el relato carecía de seriedad. Pero la «justicia legítima» actuó de inmediato en favor de Saiegh, y ambos, Rafecas y Rívolo, fueron apartados.

Pero le quedaba la invalorable connivencia de la Secretaría de Derechos Humanos.

Todos los organismos del Estado recibieron la orden de apoyar el reclamo del aspirante a los 140 millones de dólares. La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante y también se alinearon tras Saiegh el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procelac, ahora procesado por prevaricato; el entonces titular de la UIF, José Sbatella, ahora procesado por violación de secreto; el entonces presidente de la Comisión de Valores, Alejandro Vanoli, ahora procesado por abuso de autoridad, y el entonces director del Banco Central Pedro Biscay, hoy procesado en la causa por el dólar futuro. También pusieron sus medios de prensa al servicio de Saiegh beneficiarios de la pauta oficial, como el grupo Szpolski y Página 12, además de 6,7,8 en el canal oficial. Como se puede apreciar una alineación de verdaderos delincuentes. El ex banquero nunca logró convencer a las organizaciones civiles de derechos humanos, que, con toda perspicacia, prefirieron no mancharse con la proximidad del personaje.

El nuevo fiscal, Eduardo Taiano, impulsó la causa ante el nuevo juez, Norberto Oyarbide. Ante la desilusión de Saiegh, hasta el maleable ex juez consideró que el relato era falso y rechazó la denuncia, imponiéndole las costas. Nuevamente, la «justicia legítima» actuó en favor de Saiegh, y Oyarbide fue recusado y apartado. La Cámara Federal no se atrevió a revocar ese fallo contundente, pero, ante la presión política, ordenó una investigación más profunda, que conduce la jueza María Romilda Servini.

El juicio ordinario contra el Estado nacional se encuentra listo para sentencia, pero la decisión está en suspenso hasta que se conozca el resultado de la causa de lesa humanidad. El tribunal se encuentra dubitativo, ante la señal de apoyo al financista por parte del mismo Estado nacional, aun durante la gestión de Cambiemos. Indudablemente, los escollos son el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y Justicia Legítima.

El apoyo obtenido de la Secretaría de Derechos Humanos equivaldría a un reconocimiento oficial de su reclamo, por más que el Banco Central haya probado que el Banco Latinoamericano fue vaciado con «autopréstamos» a más de 40 empresas insolventes del grupo Inversai.

Advirtiendo que debe aprovechar cuanto antes el valiosísimo respaldo oficial, Saiegh ha acelerado el trámite para concretar el cobro. Y así pretende interrumpir la investigación que conduce la magistrada Servini, para impedir las pruebas que demuestran su fraude y evitar un nuevo rechazo a su pretensión.