Argentina 2025

Por Pascual Albanese.-

En vísperas de cumplir su primer aniversario en el ejercicio del poder todas las encuestas indican que el gobierno de Javier Milei ha recuperado la leve pérdida de popularidad que había experimentado en los últimos meses y afronta con excelentes perspectivas el desafío de las elecciones de 2025, una instancia crucial para el éxito o el fracaso de su gestión.

Ese optimismo que rodea el mundo del oficialismo está acompañado por los pronósticos generalizados sobre la salida de la recesión y una reactivación económica que, aunque heterogénea y marcadamente desigual, haría que el producto bruto interno aumente el año próximo un 5%. Mucho más cuando las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA indican un leve descenso del índice de pobreza en el último trimestre de este año.

El giro experimentado en la opinión pública, sostenido por la caída de la inflación, la estabilidad del precio del dólar y la reducción de la brecha cambiaria coincide con un acontecimiento fundamental, de una enorme dimensión estratégica para la Argentina, como es la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. En esa valoración positiva sobresale el ejercicio del hiperpresidencialismo como sostén del poder político, tradicionalmente importante en la Argentina, pero mucho más relevante en situaciones de emergencia como la actual.

La medida del poder de un gobierno está en su capacidad de decir “no”. En un artículo en La Nación el periodista Francisco Olivera consigna que las dos últimas reducciones significativas de la tasa riesgo país coincidieron con sendos vetos presidenciales a leyes aprobadas por el Congreso y que contaban con un fuerte apoyo de la opinión pública. La primera de esas reducciones, que fue desde los 1562 a los 1433 puntos básicos, ocurrió durante diez días consecutivos a partir del 21 de agosto, tras el veto a la ley de movilidad jubilatoria. La segunda, que se prolongó durante cuatro semanas, con un descenso desde los 1468 a los 1060 puntos básicos, fue luego del 13 de septiembre, tras el veto a la ley de financiación universitaria.

Pero, más allá de los factores coyunturales, la razón de ser del éxito de un gobierno estará siempre fundada en su capacidad de brindar respuestas efectivas a los desafíos de un país como la Argentina acostumbrado a vivir situaciones de crisis, muchas veces al borde del abismo, y en la percepción colectiva de que el rumbo escogido, más allá de su elevado costo social, responde a las exigencias de las circunstancias.

Resulta evidente que la conjunción entre el catastrófico balance de la experiencia “kirchnerista”, la desintegración de Juntos por el Cambio, la acefalía en el peronismo y el desprestigio generalizado de toda la dirigencia política, que sumados encumbraron a Milei en la presidencia, lo consolidan como el eje del sistema de poder y mejoran sus expectativas electorales. La ausencia en la superficie de una alternativa considerada viable es un incentivo muy poderoso para apostar a la continuidad. Mientas la opción sea “Milei o la nada”, nadie debería sorprenderse por sus resultados.

Los pronósticos catastrofistas, que en un principio acompañaron el inicio del gobierno, pasaron al olvido. La razón es bastante obvia. Los dos grandes estallidos sociales ocurridos en la Argentina desde la restauración de la democracia, tanto en el estallido hiperinflacionario de junio de 1989 como en la debacle del gobierno de Fernando De la Rúa en diciembre de 201, sucedieron recién cuando ya estaban dadas las condiciones políticas para un recambio gubernamental.

En junio de 1989 Carlos Menem ya había resultado electo presidente de la República y solamente hubo que adelantar la transferencia del poder. En diciembre de 2001 el peronismo acababa de ganar las elecciones legislativas de medio término, con Eduardo Duhalde como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Ramón Puerta ya era presidente provisional del Senado y el acuerdo con Raúl Alfonsín terminó de crear las condiciones para la Asamblea Legislativa.

En otros términos, los pueblos no acostumbran a suicidarse. La sociedad argentina sólo impulsó la caída de esos dos gobiernos cuando visualizó con claridad la existencia de una alternativa. Nada de esto ocurre ni por asomo en la actualidad y este dato es absolutamente fundamental para interpretar el actual momento político.

Muy por el contrario, y al margen de sus aspectos anecdóticos, la atención despertada por las discrepancias entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarroel, con quien comparte los primeros puestos de imagen positiva en las encuestas de opinión pública, parecieran recrear un hecho propio de los ejemplos clásicos de hegemonía política, cuando las tensiones de la sociedad no se canalizan por afuera sino por dentro de la fuerza dominante.

El hecho de que la vicepresidente se haya transformado, aunque más no sea simbólicamente, en una divisoria de aguas en una franja del peronismo patentiza una crisis de conducción y el consecuente vacío de reemplazo. Cuando designó a Claudia Rucci al frente del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Villarruel emitió una señal política significativa, multiplicada por su entrevista en Madrid con Isabel Perón y la instalación del busto de la ex presidente en el Senado, en una ceremonia en la que reivindicó la “doctrina justicialista”.

Resulta paradójico para el peronismo que Villarroel haya sido la encargada de revindicar la memoria de Isabel Perón, que Milei lo haya hecho previamente con Carlos Menem y que la instalación del busto del ex presidente en la Casa de Gobierno haya coincidido con el de la ex presidenta en el Senado y con la aparición de “La Carlos Menen” como una corriente política dentro de la Libertad Avanza, en obvia contraposición con “La Cámpora”.

Hay aquí también otra paradoja históricamente cargada de sentido: el ascenso de Milei supuso el fin del ciclo del “kirchnerismo”, que había comenzado precisamente veinte años atrás, cuando en las elecciones presidenciales de abril de2003 Carlos Menem derrotó en la primera vuelta a Néstor Kirchner pero renunció a participar en el balotaje, lo que dio origen a la etapa que finalizó en diciembre de 2023.

Mientras tanto, en el nuevo escenario mundial la victoria de Trump en contribuye al fortalecimiento del gobierno. En lo inmediato mejora las posibilidades para una reformulación de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y su consecuencia en la provisión de “fondos frescos” que permitan acelerar la salida del cepo cambiario, condición ineludible para un aumento sustantivo en el flujo de inversiones extranjeras focalizadas en la actividad productiva y no en las inversiones financieras de corto plazo.

Conviene destacar que, a pesar de la importante acumulación de divisas lograda en los últimos doce meses por el Banco Central, las reservas monetarias son todavía negativas por más de 5.000 millones de dólares. Ese el trasfondo de las discusiones sobre el atraso cambiario y las presiones devaluatorias, detrás de las cuales juegan siempre un conjunto de intereses empresarios vinculados con el alza o la baja del precio del dólar, un valor central en una economía bimonetaria como la Argentina.

Esta conjunción de las circunstancias favorables en el orden internacional, derivadas del triunfo de Trump, y en el orden interno, como producto del avance progresivo en el ordenamiento de las variables macroeconómicas, constituye un empujón que Milei intentará aprovechar con una brusca aceleración del ritmo de su gestión, aún a costa de incrementar los niveles de conflictividad política. En la óptica presidencial hay desafíos que pueden afrontarse “ahora o nunca”.

En lo inmediato, la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2025, cuyo eje es la institucionalización del “déficit cero”, constituye una prioridad para la profundización del programa económico. Si no se logran acuerdos para su sanción parlamentaria, la alternativa sería una nueva prórroga del presupuesto aprobado en 2022, tal como sucedió este año. Como esa prórroga supone una mayor discrecionalidad para el Poder Ejecutivo, cabe la posibilidad de que esta amenaza flexibilice la actitud de los gobernadores y de algunos sectores de la oposición legislativa.

Paralelamente el gobierno puso en marcha una estrategia de apertura internacional de la economía que despierta una natural resistencia en los sectores industriales, muy particularmente en la franja de las pequeñas y medianas empresas que en las actuales condiciones no se sienten en situación de competir con los productos importados por las diferencias de competitividad sistémica, de carácter estructural, que los separan de las empresas de los países altamente desarrollados.

La discusión suscitada dentro de la Unión Industrial Argentina patentiza esos signos de disconformidad empresaria. Salta a la vista que esa apertura implicará un golpe para los sectores tecnológicamente más atrasados e internacionalmente menos competitivos del aparato productivo, en especial en la estructura industrial del conurbano bonaerense.

La definición de esas dos prioridades, el “déficit cero” y la apertura internacional de la economía, condiciona la estrategia política del gobierno y explican algunas decisiones u omisiones que suelen generar críticas en los medios periodísticos tradicionales y en muchos de sus aliados, que son el precio de la necesidad de establecer acuerdos puntuales más o menos explícitos con sectores del peronismo tanto político como sindical.

Las tratativas previas que determinaron falta de quórum en la Cámara de Diputados que impidió la sanción del proyecto de la oposición que limitaba al Poder Ejecutivo para el empleo de los decretos de necesidad y urgencia, una herramienta legal que un gobierno en minoría parlamentaria estará impelido a utilizar en los próximos meses, están vinculadas con la actitud de los legisladores de La Libertad Avanza que provocó el rechazo a la ley que impedía la prórroga indefinida de los mandatos de los dirigentes sindicales, impulsada por el radicalismo y el PRO, que evocaba el espíritu de la fallida “ley Mucci” de 1984, y a la ausencia de diputados oficialistas que impidió la sanción de la ley de “ficha limpia”, ferozmente resistida por el “kirchnerismo”, que amenazaba incluso con impedir la reelección de Martín Menem en la presidencia de la Cámara de Diputados.

El caso emblemático en este escenario de negociaciones es la propuesta para la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia. No es posible subestimar la importancia que tiene en cualquier gobierno, pero más para uno forzado muchas veces a manejarse a través decretos de necesidad de urgencia fácilmente judicializables, la orientación política de la Corte.

El hecho de que Lijo haya aparecido días pasados en un acto público fotografiado junto a Hugo Moyano y a Julio Piumato, secretario general del gremio de judiciales torna innecesarias las elucubraciones acerca de un “pacto secreto” entre Milei y Cristina Kirchner, cuya suerte inmediata está cada vez más ligada al resultado de los procesos penales sustanciados en su contra. En ese intrincado laberinto cabe inscribir las respuestas, semejantes al antiguo juego de la “mancha venenosa”, con el que el gobierno y el ”kirchnerismo” afrontan al escándalo derivado de la detención en Paraguay del senador nacional entrerriano Edgardo Kueider.

El “macrismo” y otros aliados gubernamentales machacan con que la transparencia con que Milei enuncia sus objetivos y expresa sus opiniones contrasta con la opacidad de los métodos frecuentemente empleados para su implementación. Para el oficialismo esas críticas de quienes estigmatiza como el “centrismo bien-pensante”, son producto de la intención de presionar a Milei para conformar una suerte de “gobierno de coalición” con sus socios el balotaje de la pasada elección presidencial, una hipótesis categóricamente desechada desde un principio en la Casa Rosada.

Esa negativa está fundada en dos razones convergentes. La primera es la decisión de Milei de restaurar la autoridad presidencial, debilitada durante el gobierno de Alberto Fernández. La segunda es la consideración de que una alianza explícita con el PRO no haría sino empujar al conjunto del peronismo hacia posturas más radicalizadas y eliminaría la opción de las negociaciones con gobernadores y dirigentes sindicales que desde la firma del Pacto de Mayo vienen facilitando la gestión gubernamental.

Para corroborar ese análisis, el equipo presidencial destaca la moderación exhibida por la mayoría de los gobernadores peronistas y el giro registrado en la conducción de la CGT, en la que la prevalencia del sector dialoguista determinó el alejamiento de ala rupturista encabezada por Pablo Moyano, que exigía la declaración de un paro general en diciembre. Lo cierto es que tanto los funcionarios oficiales como sus interlocutores políticos y sindicales del peronismo prefieren para concertar sus acuerdos el método de las negociaciones subterráneas porque les permite mantener mayores espacios de maniobra.

Las elucubraciones sobre el sectarismo, el pragmatismo o la duplicidad política de Milei suelen prescindir de los antecedentes fundacionales de su campaña presidencial. Ya en la fase de armado de su fuerza electoral y de sus listas de candidatos Milei no tuvo reparos en incorporar a un variopinto espectro de figuras políticas locales de diversas procedencias partidarias, particularmente de origen peronista y no desdeñó el aporte subterráneo del oficialismo de entones, que alentaba el crecimiento de la Libertad Avanza con la intención de debilitar a Juntos por el Cambio y dividir al voto opositor para favorecer la chance de Sergio Massa.

En esa etapa de su campaña, Milei concentró toda su artillería en atacar a Juntos por el Cambio en la persona de sus dos candidatos, Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificada de “comunista”, y a Patricia Bullrich, a la que llegó a acusar “montonera asesina que ponía bombas en los jardines infantes”. Pese a ello, cuando logró su objetivo táctico de convertirse en la opción opositora para la segunda vuelta, Milei tardó apenas 48 horas en forjar un acuerdo con Macri y Bullrich para derrotar a Massa en el balotaje.

Luego, inmediatamente después de su victoria en la segunda vuelta, designó a Bullrich Ministra de Seguridad y a su compañero de fórmula, el radical Luis Petri, Ministro de Defensa, sin consultar previamente a Macri, con lo que colocó a ambos directamente bajo su mando y afianzó su liderazgo ya no sólo sobre el 30% de sus votos en la primera vuelta sino sobre el 56% que logró en el balotaje. En otros términos, la experiencia revela que Milei no descarta nunca los acuerdos, abiertos o subterráneas, sino que en todo caso emplea la confrontación como herramienta para imponer sus condiciones en la mesa de negociaciones.

En 2025 adquirirá nuevas formas este proceso de reconfiguración del sistema de fuerzas iniciado en los hechos con la victoria de Milei en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2023, un triunfo que extendió el acta de defunción del sistema surgido a partir de la crisis de diciembre de 2001, que a la vez había sustituido al bipartidismo predominante desde la restauración de la democracia en 1983.

Esta crisis del sistema político en su conjunto hace que los gobernadores, más como producto de los hechos que como resultado de su voluntad política, quedaran posicionados como únicos interlocutores válidos para cualquier negociación con el poder central. Esta realidad incide, a su vez, sobre las posturas de esos gobernadores, que actúan con una creciente independencia de sus respectivas adscripciones partidarias. Diecinueve de esos gobernadores, entre ellos cuatro pertenecientes a Unión por la Patria, suscribieron en julio el Pacto de Mayo propuesto por Milei.

Esta fragmentación otorga a las elecciones de 2025 una particularidad. La única fuerza política nacional que de una u otra manera estará presente en los veinticuatro distritos es el oficialismo. Por el contrario, las demás fuerzas presentarán características diferentes en cada territorio. En algunos casos su principal contrincante será el oficialismo provincial, sea el peronismo, el radicalismo o los partidos provinciales. En otros habrá diferentes tipos de alianzas locales sin correspondencia con las disputas a nivel nacional.

La descomposición de las estructuras partidarias tradicionales abre una intensa discusión en los dos antiguos polos de la política argentina, tanto en el peronismo bonaerense, último bastión de Cristina Kirchner, como en el PRO en la ciudad de Buenos Aires, la base de sustentación originaria de Macri. En la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof, con el respaldo de una crecida cantidad de intendentes municipales, pretende aprovechar la excusa que brinda la sanción de la ley que establece la boleta única para adelantar la elección provincial y dejar librada a la ex presidente la responsabilidad política del resultado de la elección nacional. En la ciudad de Buenos Aires, el “macrismo” estudia ese adelantamiento como forma de afianzar el poder territorial del PRO y no verse obligado disputar a suerte y verdad con la Libertad Avanza las cabeceras de lista en la elección nacional.

Como suele ocurrir, cualquier recomposición de fuerzas está precedida por una etapa de descomposición, un fenómeno que ya se exhibe no sólo en la oposición como incluso en el propio oficialismo, obligado a armonizar la construcción de una fuerza política nacional electoralmente competitiva con el mantenimiento de un sistema de concertación con los gobernadores y los bloques legislativos. Resulta inevitable que en la búsqueda simultánea de esos objetivos aparezcan tensiones, superposiciones y contradicciones, pero sería erróneo deducir de esa ambivalencia funcional la existencia de una confrontación política, porque ambas tareas están contenidas por el liderazgo presidencial.

Fuera del oficialismo esa reconfiguración de fuerzas es mucho más ardua. Ante la crisis de representación que afecta a las estructuras tradicionales y que posibilitó la meteórica irrupción de Milei, cobran mayor relevancia los liderazgos territoriales. La reconfiguración del sistema político no requiere una precisión geométrica en los alineamientos de fuerzas sino la creación de nuevos mecanismos de decisión, que en esta etapa se materializa caso por caso.

En 1989, para erradicar la hiperinflación, lograr la estabilidad monetaria y materializar su proyecto de modernización económica y de reinserción internacional de la Argentina, Menem, que contaba con el apoyo del peronismo, tuvo que aliarse con el “establishment” económico, expresado primero por el grupo Bunge y Born y luego por Domingo Cavallo, y la derecha liberal, simbolizada en la UCD de Álvaro Alsogaray. Milei, que ya cuenta con ese respaldo, está impelido a recorrer el camino inverso. Necesita intensificar sus canales de diálogo y negociación con el peronismo en sus distintas manifestaciones para canalizar la conflictividad social derivada de este gigantesco y todavía no completado ajuste de la economía argentina.

En este marco el peronismo afronta un nuevo y difícil desafío histórico. Las circunstancias le exigen un replanteo de fondo que deje definitivamente atrás el ciclo “kirchnerista”. El eclipse del vértice del poder, encarnado por Cristina Kirchner, inauguró un período de horizontalización. Los liderazgos territoriales y el sindicalismo tratan de articular un mecanismo de transición hacia el surgimiento de una reconfiguración de su sistema de poder.

Precisamente hace cuarenta años, cuando por primera vez en su historia fue derrotado en las urnas por Raúl Alfonsín y todavía no recuperado del gigantesco vacío político generado por la muerte de Perón, el peronismo había quedado invertebrado y sin rumbo. En esa encrucijada, un grupo de dirigentes, encabezado por Antonio Cafiero, Carlos Menem y Carlos Grosso, con el aporte de figuras como José Manuel De la Sota y José Luis Manzano, protagonizó un proceso de renovación para volver a colocarse en sintonía con la época y cerrar la brecha que lo había separado de las expectativas de la sociedad.

Aquel esfuerzo de armonización con la época, que en esas circunstancias históricas exigía una reivindicación de los valores republicanos, hizo que la renovación peronista no se plantara como una oposición frontal al gobierno de Alfonsín sino como una fuerza dispuesta a cooperar en la consolidación de las instituciones democráticas recién recuperadas.

La primera cabal demostración de esa actitud cooperativa se manifestó en 1984 y fue el apoyo al voto por el “sí” en la consulta popular sobre el laudo del Papa Juan Pablo II en el conflicto con Chile sobre el canal de Beagle, que en 1979 nos había colocado al borde de la guerra con Chile Mientras la conducción formal del Partido Justicialista se pronunciaba por la abstención, la incipiente corriente renovadora cerró filas a favor de la propuesta del gobierno de Alfonsín que fue ratificada en las urnas. Menem en La Rioja y Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora encabezaron sendos actos públicos junto a Alfonsín.

Esa actitud colaborativa con el gobierno radical se reprodujo en la Semana Santa de 1987 cuando ante la primera rebelión “carapintada”, liderada por Aldo Rico, Cafiero apareció junto a Alfonsín en los balcones de la Casa de Gobierno y la dirigencia renovadora impulsó la convocatoria a la movilización a Plaza de Mayo en defensa del orden constitucional.

Con las características propias e intransferibles de este nuevo escenario nacional e internacional, que tornan irrepetibles los intentos de reedición de cualquier fórmula empleada en el pasado, el peronismo enfrenta otra vez el desafío que afrontó en tiempos de Alfonsín, cuya resolución le permitió volver a ser gobierno con Menem en 1989. Esta exigencia implica una nueva renovación, a través de una actualización de ideas y propuestas y de la asunción de una actitud política que demuestre un inequívoco reconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas, junto con una adecuada comprensión de este nuevo “espíritu de la época” y de las nuevas demandas de la sociedad.

Un interesante artículo de Federico Zapata, uno de los intelectuales más lúcidos de la nueva camada del peronismo, señala que “la sintonía de la sociedad con Milei no se explica sólo como consecuencia de la radicalidad política utilizada por la Libertad Avanza (LLA) para interpretar el malestar social ante las élites gobernantes, sino que expresa un consenso social desde abajo, que considera que existe un colapso operativo de la política tradicional y una crisis terminal de la economía, que inevitablemente se solucionan con un nuevo sistema de representaciones políticas (una política post-casta) y un conjunto de reformas estructurales (un capitalismo popular. Para esa mayoría social silvestre, desconectada del sistema político tradicional y del círculo rojo del capitalismo argentino, cortar el nudo gordiano es la única salida posible de la crisis y el estancamiento secular argentino”. Agrega Zapata: “hasta el momento, y como en el tango, la clase política tradicional prefiere seguir aferrada a un dulce recuerdo que no ha de volver”.

La Argentina recorre un camino inédito que, sea cual sea la evolución de su curso inmediato, no tiene vuelta atrás. La estrategia de la “resistencia”, declamada por el “kirchnerismo” y sectores de izquierda, es una idea retrógrada que está inexorablemente condenada al fracaso. No estamos en vísperas de ninguna catástrofe ni tampoco ante el principio del fin, sino en todo caso ante el fin del principio. Vivimos un “momento” dentro de un “proceso” que está en línea con un cambio mundial. Nada de lo que venga después de Milei podrá parecerse a lo que hubo antes. Para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo.