CAMBIEMOS

Por Raúl Cuello.-

Desde octubre de 1962, cuando el Ministro Ing. Álvaro Alsogaray dictó una ley de “Blanqueo Impositivo” (por única vez) debido a la crisis financiera (cambiaria y fiscal) desarrollada en la Presidencia de Guido en momentos que era Ministro el Dr. Federico Pinedo, dictó “por última vez al blanqueo de capitales”. Todos los argentinos sabemos que en esta materia la última vez es un eufemismo y habrá más últimas veces. Hubo algunas excepciones, pero siempre tratándose de gobiernos accidentales y por poco tiempo que no alcanzaron a dictarlas (Levingston, Cámpora, Lastiri, Isabel Perón, Duhalde). Pudo haber habido otra excepción, que me tuvo como protagonista pero que obligó a mi renuncia como Director General de la D.G.I. entre julio de 1966 y septiembre de 1969. Y merece que cuente el caso.

Cuando el Ministro Dr. Jorge Martín Salimei, me ofreció el cargo, le pedí tener una conversación con el Presidente Gral. Onganía. En esas circunstancias expliqué que mi formación era la de Economista y por tanto estaba habilitado para diseñar instrumentos fiscales ya que mi formación académica, me lo permitía. Pero que no la tenía para administrar al Sistema, ya que nunca había dirigido una institución como la que se me ofrecía. Alegaron para que aceptara, pero lo hice bajo una condición: que no se produjeran ni Moratorias ni Blanqueos. Y a mayor abundamiento, solicité que se derogara un “Comité de Prórrogas” integrado por funcionarios de la D.G.I. que en reuniones periódicas estaban habilitados para conceder facilidades de pagos a contribuyentes en casos especiales.

Los convencí y así fui autorizado para derogar la norma, pero también fue modificado el Art. 112 de la Ley 11.683 que habilitaba al Director General a otorgar “per sé” facilidades de pagos. Es que entendí siempre que la Ley está para ser cumplida y quien evade debe afrontar las consecuencias y quien carece de medios para pagar, debe acudir al sistema bancario para solicitar créditos y pagar sus impuestos. La D.G.I. no estaba ni está en funciones para otra cosa que no sea administrar al sistema tributario.

Recuerdo que en aquella ocasión y por orden del Presidente, del Ministro y del Secretario de Hacienda (Aguilar), utilicé la cadena de radios y TV para dar un escueto mensaje con esos lineamientos. Y así fue hasta que producida la renuncia del Dr. Krieger Vasena y su reemplazo por el Dr. José María Dagnino Pastore, las circunstancias hicieron que este último me solicitara un Proyecto de Ley de Blanqueo y Moratoria. Al negarme y pese a la insistencia del Presidente presenté mi renuncia. En mi reemplazo ocupó el cargo el Lic. Pedro Pavesi, que hasta ese momento era Director de Programación y Métodos del Organismo.

Antes de que eso ocurriera, el propio Dr. Pastore en nombre del Presidente me ofreció el cargo de Secretario de Hacienda en reemplazo del Dr. Cesar Bunge, dado que lo consideraba un honor y acepté, pero al pasar tres días y visto que el nombramiento no se concretaba por alguna razón que no podía entender, decliné definitivamente el cargo ofrecido y renuncié de manera indeclinable. Después supe la razón. Y al pasar tantos años no tengo inconvenientes para hacerla pública por primera vez después de 46 años. El Presidente había recibido en la Quinta de Olivos la visita conjunta de las personas que cito para oponerse a mi designación y los motivos que los motivaban: Señor Alfredo Fortabat, representante de la Sociedad Rural Argentina (por ser yo partidario del impuesto a las tierras aptas para la agro ganadería), el Señor Juan Bautista Peña, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (por ser yo partidario de la gravabilidad de los dividendos en cabeza de los accionistas) y el Señor Juan Martín Oneto Gaona, Presidente de la Unión Industrial Argentina y Presidente de Manufactura Piccardo, una de las dos más grandes tabacaleras del país. En este último caso, porque me oponía a que las estampillas para los paquetes de cigarrillos se pagarán a los 45 días de retiradas del organismo, no obstante que se cobraban casi al contado, lo cual arrojaba una renta financiera de envergadura, la misma que tenían las expendedoras de combustibles.

Ciertamente tenían razones para que yo me alejara del Estado. Y claro está a las renuncias se dictó el Blanqueo.[i]

Entre los beneficiarios estaban dos grandes empresas, una Havanna S.A. y la otra la Tabacalera de presidida por Oneto Gaona se encontraron, deudoras cada una de ellas por más de Es 100 millones (de entonces). Los ajustes producidos en ambas empresas llevaron mucho tiempo y pericia por parte del personal fiscalizador de la D.G.I., que finalmente vio, como siempre que ocurre un Blanqueo, que sus esfuerzos como funcionarios habían sido inútiles. Las deudas licuadas por la inflación fueron canceladas en 120 cómodas cuotas mensuales con muy pequeños intereses (altamente negativos).

El rendimiento fiscal de la medida fue irrelevante, como ocurrió siempre, excepto en el caso del dictado por el Ing. Alsogaray en octubre de 1962 que por ser el primero, fue considerado un éxito ya que produjo $ 10.000 millones (al tipo de cambio de $ 120 por dólar).

Hoy, con un nuevo gobierno que tiene como bandera “CAMBIEMOS” se anuncia la posibilidad de otras medidas similares a la que comento, un proyecto del cual ha sido conocido en medios profesionales. Como es de práctica, está justificado en urgencias fiscales y necesidades de recomponer las reservas del BCRA. Lo realmente injustificable es que a su favor se han pronunciado figuras académicas, que debiendo optar por la virtud frente a la necesidad se pronuncian por la segunda. No está equivocado el refrán que dice que “La necesidad tiene cara de hereje”. Y bien, asumiendo que la medida se toma e implicaría una burla al tantas veces pronunciados “Cambiemos”, consigue su finalidad recaudatoria. ¿Cuál es el costo que implica para la sociedad?

La primera de comenzar haciendo regresión al pasado y negando que la última vez no es la última. La segunda la de desconocer que un Blanqueo se debe dictar en la faz creciente del ciclo y no en recesión. La tercera que en el contexto de una economía informal del 40%, se violan reglas de equidad al castigar a quien cumple y premiar al que no lo hace. La cuarta, que si hay que acudir a estas normas es porque la D.G.I. explícitamente confiesa su incapacidad para recaudar y fiscalizar. La quinta que un país de alto grado de evasión fuga capitales y luego requiere de prácticas de “lavado” para ingresarlos, con lo cual el delito es doble. La sexta, porque cumplir no da ventajas a los eficientes ya que la competencia con los evasores es absolutamente desigual. La séptima, cualquier argentino sabe donde están los bolsones de evasión, de sobre y subfacturación. Y así podríamos seguir con el listado. Y finalmente la octava, que la época de mayor corrupción que ha conocido la República, no puede premiar a los responsables con un lavado legal de sus capitales mal habidos.

Hoy al frente de la A.F.I.P hay un profesional probo, que seguramente modificará los programas y normas de fiscalización, hoy muy deficitarios, y que no requerirá de Blanqueos ni Moratorias “para que los melones se acomoden cuando el carro empiece a andar”. No hemos aprendido que lo que verdaderamente importa es el Sistema que regla el ejercicio de nuestros deberes y derechos, y que no es otra cosa que la Constitución nacional. Felizmente, estamos al principio de un camino que nos puede retrotraer a la Argentina que fue, ya que en términos políticos estamos dando un “verdadero salto cuántico”. Pero comencemos el camino de una manera virtuosa y no acuciados por la necesidad.

NOTA:

[i] Debo manifestar que soy Socio Vitalicio de la S.R.A. y que soy partidario de impuestos que graven no solo la tierra rural y urbana (libres de mejoras) sino toda manifestación de la naturaleza que sea aprovechada por el hombre para obtener utilidades. El Sr. Fortabat no era capaz de dar una definición de “Tierra”. Y no porque no fuera inteligente, sino porque carecía de la formación académica que lo habilitara.