Por Luis Alejandro Rizzi.-
No existe duda alguna que, pensando la legalidad desde su aspecto meramente formal, el Poder ejecutivo puede hacer nombramientos en comisión, incluso en el Poder Judicial, durante el receso legislativo.
Como sabemos, la Corte tiene dos vacantes, además de la del Procurador fiscal, que el Dr. Casal viene ejerciendo de modo interino.
Lo cierto es que no hubo consenso político para cubrir esto tres cargos, sin contar las más de 250 vacancias que hay en instancias inferiores.
Estas últimas corresponden más bien al fracaso del Consejo de la Magistratura, que, como era de suponer, se convirtió desde su inicio en un foro de controversias partidarias, que de hecho lo paralizó.
Sería inútil negar, nos guste o no, que el Poder Judicial es un órgano político; por ese motivo se dificulta cubrir las vacantes, ya que, además de la idoneidad de los postulantes, se pondera su filiación política, dicho de modo realista, se negocian “CUPOS”, lo que cada día nos acerca más a caer en el disparate de sustituir el sistema de selección -concursos- por el de elecciones, como acaba de decidirse en México. Los jueces se elegirían por períodos fijos y deberían hacer campaña electoral.
Según la información que tengo a mi alcance, la única duda del “triángulo de hierro”, es la fecha de emisión del respectivo decreto de nombramiento, principio o fines de enero.
Desde luego sería un error garrafal, un verdadero disparate, que impactaría de modo directo, no sólo en la ya mínima seguridad jurídica institucional que ofrece la república, sino frenaría proyectos de inversión que ya temen que Cristina o Kicillof mantenga el control político de la Provincia de Buenos Aires.
A ello se suma el hecho de gobernar discrecionalmente sin presupuesto, con la finalidad de “comprar aliados”, por aquello de que se baila por la plata.
Los entretelones que se comienzan a evidenciar, con las designaciones en la ARCA, personas que no han explicado los hechos que parecen haber ocultado, respecto de la posesión de bienes, lo que de por sí genera presunción de ilegitimidad. La rapidez con que se dejó de investigar la fiesta de cumpleaños de un fiscal que gastó más o menos u$s 140 por invitado.
A ello sumamos la decisión de no convocar a sesiones extraordinarias, para tratar el presupuesto 2025, que nos coloca prácticamente sobre un sistema de gobierno que sería “(i)institucional”, ejercido en su plenitud por el cívico Partido militar que sólo responde a las “FUERZAS DEL CIELO”.
El art. 29 de la Constitución ha sido borrado. Dependemos de la discrecionalidad de un trío, cuando menos, enfermos del mate…
La Corte está a tiro de decreto. Nos queda aún la posibilidad de un milagro: que los eventuales designados no acepten.
20/12/2024 a las 7:28 PM
Me imagino la siguiente escena:
Ariel Lijo se presenta ante la Corte con el decreto de designación. El empleado de mesa de entradas les pregunta que desea «Vengo a jurar», ¿a jurar qué? ¿cómo a jurar qué? Soy el nuevo juez del Tribunal ¿tiene acuerdo del Senado? ¿y eso qué es? No pasará mucho tiempo hasta que la policía o una ambulancia se lo lleve. Pero esto no es real. Solo a Vacarezza se le hubiera ocurrido como parte de uno de sus inolvidables sainetes. A dormir tranquilos mis queridos conciudadanos
26/12/2024 a las 8:44 AM
Tiro de decreto?
Designación en comisión?
Cual es la base jurídica de tal afirmación?
Un absurdo!
Inclusive ante cualquier cuestionamiento o planteo. La corte con sus integrantes originales (sean 2) y conjueces, pueden decidir al respecto. Lo cual es difícil que tengan un resultado favorable. Teniendo en cuenta la adelantada opinión de la mayoría de los senadores y la oposición, incluída el PRO y demás.
Por lo tanto la nota expresa más un deseo que una realidad…