Por Hernán Andrés Kruse.-

La conocida expresión “ser más papista que el Papa” se utiliza fundamentalmente para caracterizar a esa persona que muestra una mayor preocupación que la persona directamente afectada. Pues bien, Milei demostró ser más papista que el Papa, o si se prefiere, más “muskista” que Elon Musk. Durante la celebración de la asunción de Donald Trump, Musk, luego de alzar su brazo derecho para llevar su mano al corazón, la estiró hacia arriba. El gesto fue duramente criticado por diversos sectores que coincidieron en señalar lo que, según ellos, era lisa y llanamente una apología del nazismo.

Quien salió con una vehemencia inusitada al cruce de esos sectores fue Javier Milei. Haciendo gala de una obsecuencia impropia de un jefe de Estado, afirmó que “Elon Musk debe ser uno de los hombres más importantes de la historia, que está empujando el progreso humano a ritmos vertiginosos, y siempre ha defendido la libertad en su forma más pura, para todos”. “Hoy toda la progresía internacional se monta sobre el inocente gesto de Elon Musk para tildarlo de nazi. Porque su lucha por la libertad atenta contra el control hegemónico del wokismo internacional” (fuente: 21/1/025).

Al leer estas manifestaciones presidenciales me vino a la memoria el inolvidable actor Gianni Lunadei cuando, en el histórico programa Mesa de Noticias, exclamaba delante de su jefe “Le pertenezco”, en señal de sumisión. Pues bien, Milei acaba de exclamar delante de Musk “Le pertenezco”. Y lo hizo sin ponerse colorado porque el libertario no se siente presidente de los argentinos sino funcionario del gobierno de Trump. En realidad, Milei no se siente argentino sino norteamericano. Su sueño es, me parece, que Argentina deje de ser un país soberano para pasar a ser un Estado federal de Estados Unidos.

Ello explica, por ejemplo, su obsesión por la dolarización, por el reemplazo del peso por el dólar. En este contexto debe analizarse con extremo cuidado la reciente decisión del gobierno de autorizar a los establecimientos comerciales mostrar en dólares el precio de sus productos. Se trata, lisa y llanamente, del primer paso hacia la pérdida definitiva de la soberanía monetaria, de la adopción del dólar como moneda oficial.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de Rubén Lo Vuolo (Director Académico del CIEPP) y Jaime Marques Pereira (Investigador del Centro de Investigación sobre las instituciones, la industria y los sistemas económicos) titulado “De la pérdida de soberanía monetaria a la pérdida de soberanía política: los ejemplos de Argentina y Grecia” (Documentos de Trabajo-CIEPP (Centro Interdisciplinario para el estudio de políticas públicas)-2018). Saque el lector sus propias conclusiones.

INTRODUCCIÓN

“Para comprender el actual funcionamiento del capitalismo democrático, cada vez se vuelven más cruciales los problemas de la creciente tensión entre el ejercicio de la soberanía monetaria y de la soberanía política de los Estados nacionales. Así, la cuestión de la soberanía monetaria (y de los espacios de la política monetaria) no debe abordarse como si fuera un problema meramente técnico circunscripto al campo de la economía: las formas y el ejercicio de la soberanía monetaria por parte de los Estados nacionales son fundamentales para entender las formas y el ejercicio de la ciudadanía en las democracias modernas.

En los hechos, la actual fase de reproducción capitalista liderada por las finanzas está transformando la naturaleza de los Estados democráticos. Como bien lo señala Wolfgang Streek, un rasgo sobresaliente de estos cambios es que el Estado pierde poder para financiar la expansión de sus funciones en base al monopolio tributario (Tax State) y recurre al financiamiento tomando deuda en los mercados financieros (Debt State). El primer tipo de Estado se corresponde con la etapa del capitalismo industrial de posguerra, cuando se expandieron las políticas reconocedoras de derechos sociales gracias, entre otras cosas, a que los Estados nacionales tenían un amplio margen de autonomía para la aplicación de políticas monetarias y fiscales autónomas en economías más bien cerradas.

En contraste, en el capitalismo financiero, se observa una pérdida de autonomía de las políticas nacionales y en especial la erosión de las capacidades de financiamiento del Estado por el ejercicio de su monopolio tributario y monetario. En este nuevo escenario, se retrae el ejercicio de una “ciudadanía de derechos sociales”, crece el endeudamiento público (y privado) y se va conformando una ciudadanía basada en la cual el ejercicio efectivo de los derechos se segmenta conforme al poder de mercado de cada individuo o grupo. Así, conforme lo indica Soederberg, estaríamos presenciando la retracción del Welfare State en favor del avance de una suerte de Debtfare State donde el endeudamiento se vuelve una forma de control y disciplina de los Estados y la ciudadanía en general.

En este escenario el orden monetario de los Estados nacionales se vuelve un potente instrumento político que tiende a consolidar una nueva forma de soberanía y de ejercicio de la voluntad colectiva de las ciudadanías. En otras palabras, las formas que adopta el ejercicio de la soberanía monetaria definen las formas en que se ejerce la soberanía política. Esta percepción ayuda a reflexionar sobre una cuestión más general: ¿cuál es el poder de influencia de los mercados financieros sobre el ejercicio de la soberanía de los Estados democráticos? La experiencia de la Unión Monetaria Europea (UME) es uno de los ejemplos más aleccionadores en esta materia. Cuando en los años 1990s se concibió la unión monetaria de los países de Europa, esta forma de integración se presentó como una política que tenía objetivos puramente económicos. Así, los derechos y las políticas sociales se dejaban formalmente bajo el poder autónomo de cada país y se catalogaba como irreal la eventual posibilidad de compartir la soberanía política nacional de los países.

Hoy es claro que esta percepción estaba equivocada. En la práctica, la pérdida de soberanía monetaria nacional que implicó la creación de la UME definió nuevas reglas de gobernanza política para los países miembros que ni siquiera están plasmadas institucionalmente en una explícita “unión política”. Esto es evidente a poco que se observe que las crisis de liquidez financiera de los países de la periferia de la UME no pueden controlarse con las políticas de los Estados nacionales debido a que los mecanismos para administrar la crisis, y en particular los programas de austeridad que condicionan la ayuda financiera quedaron bajo el control de instituciones supranacionales.

Esta nueva forma de gobernanza se fue conformando a lo largo del tiempo y adquirió su actual configuración con el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza firmado en marzo 2012 y que fue pactado por todos los países miembros (con excepción de Gran Bretaña y Republica Checa). La piedra angular de dicho Tratado es la regla conocida como “semestre europeo” que ya había sido adoptada anteriormente por el Consejo Europeo en noviembre 2010. Esta regla dicta que las programaciones de presupuestos públicos y reformas, antes de ser debatidas y votadas por los parlamentos nacionales, deben ser sometidas a las recomendaciones de la Comisión Europea. Así, la Comisión Europea tiene el poder de recomendar al Consejo la aplicación de sanciones financieras a los gobiernos cuyas programaciones presupuestarias les parezcan impropias, considerando también el esfuerzo de reformas de los países.

Los problemas de la relación entre soberanía monetaria y soberanía política no alcanzan solamente a los países que han sustituido sus monedas por una moneda de mayor jerarquía de carácter supranacional como en el caso de la UME. Es un problema común a todos los países que se integran al Sistema Monetario y Financiero Internacional (SMFI) mediante la emisión de monedas “periféricas” que orbitan en torno a pocas monedas “centrales”. Se consideran como periféricas aquellas que sólo cumplen algunas funciones en el orden doméstico mientras que se denominan monedas centrales a aquellas que cumplen funciones no sólo a nivel doméstico sino también a nivel internacional. En otras palabras, los países que emiten monedas periféricas deben contar siempre con un stock de monedas centrales para poder operar en el SMFI.

Dentro de este grupo de países, Argentina es un caso ejemplificativo de un país que buscó resolver los problemas que plantea el carácter jerárquico del SMFI atando su moneda local al dólar. En particular, entre 1991-2001 el país adoptó un régimen de Convertibilidad estricta de su moneda doméstica con el dólar, como una forma de controlar un escenario de hiperinflación. Esta experiencia terminó una década después de adoptada en una macrodevaluación seguida de default de su deuda pública. Nuestra hipótesis es que tanto la experiencia de los países de la periferia de la UME que sustituyeron sus monedas nacionales por el euro, como la de Argentina durante la convertibilidad y la post-convertibilidad, representan dos ejemplos fracasados de intentos por ascender en la jerarquía monetaria.

En ambos casos se terminó en crisis financieras, bancarias y en general de liquidez de moneda central para pagar sus abultadas deudas; también en ambos casos las crisis financieras derivaron en crisis políticas. A su vez, ambas experiencias ejemplifican que las crisis de las deudas soberanas no son sólo un problema financiero para cubrir los desbalances fiscales, sino fundamentalmente una cuestión de arquitectura institucional y pérdida de la capacidad de hacer política económica y social capaz de regular el funcionamiento del sistema económico nacional. Así, tanto la ley de convertibilidad de Argentina como la UME son cambios institucionales por los cuales la moneda se vuelve “autorreferencial”, concepto mediante el cual “designa una moneda puramente instrumental (…) ningún proyecto político, ningún valor social son llamados a legitimarla” (Orléan).

La conservación del valor de la moneda, y por lo tanto del valor de los activos que denomina, se erige como valor social superior a todos los otros valores de la sociedad. Así, la política monetaria asume una jerarquía superior a cualquier otra política pública, es especial a las políticas de desarrollo económico y distribución que caracterizaron al llamado Estado de Bienestar. Esta conformación institucional instaura un nuevo régimen de soberanía política donde la misma deja de ser expresión de la voluntad ciudadana y más bien expresa la voluntad de los agentes económicos corporativos con peso en los mercados financieros.

En este escenario es necesario redefinir el concepto de soberanía nacional como categoría analítica para comprender el margen de maniobra de las políticas públicas nacionales en un contexto de SMFI jerárquico. A nuestro modo de ver, esto sólo puede hacerse elucidando la relación entre soberanía monetaria y soberanía política en las actuales condiciones de funcionamiento del SMFI. El análisis de los casos de extremos de Grecia y Argentina sirve para extraer enseñanzas en este tema que no se limiten al corto plazo, sino que abarquen las diversas formas que actualmente asume la cesión de soberanía monetaria y política. Esto es así no sólo porque representan dos países que buscaron sin éxito subir en la jerarquía monetaria por dos caminos diferentes, sino porque además la salida argentina de la Convertibilidad en Argentina fue esgrimida como una alternativa exitosa para recomendar un camino similar de default y su salida de la zona euro para Grecia

Así, la rápida recuperación del crecimiento económico argentino luego del default y devaluación de finales de 2001 para muchos demostraba que se podía actuar independientemente de los condicionantes del SMFI y recuperar soberanía monetaria eludiendo a los organismos multilaterales de asistencia financiera. Sin embargo, como explicamos en este trabajo, el tiempo demostró que el carácter periférico de la moneda argentina coloca límites muy estrechos a una estrategia de recuperación de soberanía monetaria (…)”.

RESTRICCIONES A LA SOBERANÍA DEL ESTADO EN PAÍSES CON MONEDA PERIFÉRICA

SOBERANÍA MONETARIA Y SOBERANÍA POLÍTICA: LA RELACIÓN ORGÁNICA ENTRE EL BANCO CENTRAL Y EL PODER POLÍTICO

“Es una idea generalmente aceptada que las economías nacionales han perdido soberanía monetaria con la globalización económica y financiera. Sin embargo, esta afirmación no suele vincularse con el concepto de soberanía monetaria, pese a que un grupo notable de investigadores franceses han hecho esfuerzos por conceptualizar el tema (Aglietta et al; Aglietta y Orléan; Théret; Blanc 200). Entre otras conclusiones de estos trabajos, se postula que el orden soberano de la moneda “no se reduce necesariamente a una soberanía grabada en la constitución de un Estado. La soberanía jurídicamente formulada es sólo una de sus partes integrantes”. En base a esta premisa, se propone distinguir cuatro elementos básicos de la soberanía monetaria que serían “suficientes” para caracterizarla. La soberanía monetaria implica la existencia de una “autoridad política territorial” que se afirma soberana en materia monetaria al definir “la unidad de cuenta”. Esto le permite percibir un “ingreso soberano” de la emisión de medios de pago (señoreaje) y al mismo tiempo controlar esa emisión. Todo lo anterior involucra una “simbología monetaria” como marca de la soberanía monetaria de los Estados.

No obstante, si bien los elementos anteriores son suficientes para caracterizar la soberanía monetaria, para que los Estados tengan un control absoluto del orden monetario son necesarios otros elementos: i) una capacidad de imponer en todas las prácticas monetarias los instrumentos de cuenta y pago instituidos por la autoridad; ii) un control de la convertibilidad -esto es de las prácticas de conversión de la moneda doméstica en otras-; iii) la capacidad de arbitrar entre intereses de los acreedores y deudores, lo cual determina la capacidad de regular la emisión monetaria; iv) la capacidad de modular la valorización externa de la moneda a través de una política de cambio.

La presencia de todos estos elementos que definen la soberanía monetaria no siempre se verifica. Para Jerome Blanc, según sea esta presencia serán las diferentes capacidades estatales que implican una diversidad de regímenes de soberanía monetaria entendidos como formas durables de institucionalización de la organización monetaria nacional. Estos distintos regímenes definen el grado de autonomía de la política monetaria y de la política de cambio, por un lado, y el grado en que los instrumentos monetarios domésticos tienen capacidad de cubrir la totalidad de las prácticas de pago y de emisión de créditos. ¿Pero cómo se vinculan los regímenes monetarios con los regímenes políticos? Tres serían las finalidades comunes a las instituciones monetarias y a las autoridades políticas en las sociedades democráticas modernas: la estabilidad, la equidad y el crecimiento. Estas finalidades comunes son evidentes a poco que se tenga presente que el régimen monetario (el conjunto de las reglas del sistema de cuenta y de pagos) opera como un dispositivo institucional de regulación de los conflictos distributivos en tanto y en cuanto regula el valor real de la nómina de los diversos tipos de ingresos (salarios, ganancias, rentas incluyendo las financieras).

Para la obtención de estas finalidades comunes a las instituciones monetarias y políticas se establece una “relación orgánica” entre gobierno político y gobierno del banco central. Esta relación orgánica implica: 1) el Estado garantiza el capital del banco central y por lo tanto la liquidez última que da cobertura al conjunto del sistema bancario; 2) el banco central mantiene legítimamente a la deuda pública fuera del mercado en situaciones de stress. Así, la deuda pública de un Estado soberano (y no fallido) queda a salvo del default porque el Estado tiene la capacidad última de monetizar su deuda. Esta capacidad es una condición sine qua non del ejercicio de la soberanía monetaria y política. En otras palabras, si el Estado no puede monetizar su deuda, no puede ejercer soberanía monetaria, no puede ejercer soberanía política y por lo tanto no puede tener éxito en la búsqueda de los objetivos comunes señalados previamente.

De hecho, la relación orgánica entre gobierno político y banco central fue un elemento fundamental para la construcción del llamado Estado de Bienestar. Como bien lo señala Robert Boyer, en los países desarrollados el régimen monetario de la pos-guerra se pautaba en base a la necesidad de asegurar el volumen de crédito necesario para viabilizar ex ante los aumentos salariales indexados sobre la productividad. Retomando a John Hicks, Boyer resalta que el padrón-trabajo de aquel régimen monetario implicaba la posibilidad de devaluar en el sistema de Breton-Woods, en oposición al sistema del padrón-oro o del entonces programado padrón-ECU (European Currency Unit). Complementariamente, este régimen monetario basado en el patrón trabajo permitió financiar los gastos de los seguros sociales financiados por impuesto a los salarios.

En contraste, las formas actuales que adopta la relación orgánica entre los bancos centrales y los gobiernos políticos definen un escenario diferente para la búsqueda de los objetivos conjuntos señalados. En particular, nos interesa observar el escenario que se dibuja para los países que se insertan con monedas periféricas en la estructura jerárquica del SMFI. En estos casos, la posibilidad de monetizar la deuda del Estado por parte del banco central es muy limitada porque la mayor parte de la deuda pública es fundamentalmente deuda externa nominada en monedas centrales. Esto define límites estrictos para que los regímenes monetario y político trabajen conjuntamente en la búsqueda de los objetivos de estabilidad, equidad y crecimiento económico”.

SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL: JERARQUÍA ENTRE MONEDAS PERIFÉRICAS Y MONEDAS CENTRALES

“Para comprender las consecuencias del carácter jerárquico del SMFI en economías con monedas periféricas, es ilustrativo referirse al renombrado “triángulo de Mundell”. Este planteo postula que, en un escenario de libre movilidad de capitales como el actualmente vigente, se verificaría la presencia de una “trinidad imposible” para la política monetaria y cambiaria. La prescripción derivada del triángulo de Mundell se resume en el siguiente dilema: se debe elegir entre manejo más autónomo de la política monetaria o manejo más autónomo de la política de cambio. Por lo tanto, no sería posible combinar exitosamente la autonomía de la política monetaria junto con la estabilidad del tipo de cambio fijo o administrado. En otras palabras, las políticas monetarias sólo podrían ser independientes sí y solo sí el tipo de cambio es flotante”.

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