Por Hernán Andrés Kruse.-

LA CONADEP

“Dentro de la política que llevamos adelante resulta fundamental la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), llamada a investigar el drama de la desaparición forzada, los secuestros y asesinatos cometidos. El caudal de información que reunió resultó decisivo para que la Fiscalía pudiera elaborar y formular en un lapso breve su acusación en el juicio a las Juntas Militares. También sirvió para las acusaciones en otros juicios iniciados contra el personal de seguridad y militar involucrado. Se logró la reconstrucción del modus operandi del terrorismo de Estado y el relevamiento de su infraestructura. Se contabilizaron 8.960 casos de desaparición de personas y se identificaron unos 380 centros clandestinos de detención; entre ellos, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), El Olimpo, Automotores Orletti, La Perla, Pozo de Banfield y Mansión Seré. La Conadep se creó el 15 de diciembre de 1983 como parte de la política de Estado instituida para esclarecer el pasado violento de la Argentina. Fue, además, la respuesta específica del gobierno a los reclamos de constituir, con el mismo fin, una comisión parlamentaria bicameral. Ése era el planteo de muchos dirigentes de los organismos de derechos humanos y de algunos partidos políticos que pensaban que sólo una comisión de ese tipo podía llevar adelante la tarea, munida de poderes especiales.

La propuesta se descartó porque estábamos convencidos de que no era la solución que el problema requería. Era fácil prever que una comisión bicameral podía verse envuelta en manejos políticos, tener dificultades para llegar a acuerdos efectivos en cuanto a la materialización de los objetivos perseguidos, entrar en conflicto con el Poder Judicial y, en definitiva, fracasar en el cumplimiento de su misión. Los hechos nos dieron la razón. En varias provincias se crearon comisiones de ese tipo. Ninguna logró funcionar a pleno y con efectividad, ninguna se destacó en el esclarecimiento de los hechos que se le habían encomendado. El decreto 187/83 le asignó a la Conadep las funciones de recibir denuncias y pruebas, remitirlas a los jueces competentes, averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, determinar la ubicación de niños sustraídos, denunciar la ocultación de elementos probatorios y emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados. El decreto estableció, además, la obligación de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de organismos dependientes o autárquicos, de prestarle colaboración.

La Conadep no fue facultada a emitir juicio sobre hechos o circunstancias que pudieran constituir materia exclusiva del Poder Judicial. Ello fue coherente con el principio de la división de poderes y la naturaleza de la Comisión, y concordó con la política de poner exclusivamente en manos del Poder Judicial la tarea de juzgar a los responsables. El decreto estipuló un plazo de seis meses para cumplir con la misión, que se extendió luego a nueve meses. La elección de los miembros no fue fácil. Se requería constituir un grupo que estuviera formado por personas sin tacha en su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, que gozaran de prestigio en la vida pública del país y, además, que pudieran organizar y poner en marcha la Comisión con dedicación y efectividad. La elección fue un acierto en todos esos respectos. Un hecho revelador es la prontitud con que fue posible constituirla. Prácticamente, todas las personas incluidas en la lista original aceptaron el ofrecimiento y estuvieron dispuestas a iniciar de inmediato la difícil tarea. La única excepción fue la de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, que rechazó la invitación alegando no compartir la política del gobierno en la materia.

Los miembros de la Conadep fueron: Ricardo Colombres (jurista, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), René Favaloro (eminente médico cirujano), Hilario Fernández Long (ingeniero, rector de la Universidad de Buenos Aires destituido por el golpe militar de 1966), Carlos Gattinoni (obispo metodista protestante), Gregorio Klimovsky (filósofo, científico, renunciante a sus cátedras universitarias en 1966), Marshall Meyer (rabino), Jaime de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi (filósofo, jurista, renunciante a sus cátedras universitarias en 1966), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y el escritor Ernesto Sabato, a quien los miembros eligieron para presidir la Comisión. Se invitó también a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación a integrar la Comisión, nombrando tres representantes cada uno. El Senado, con mayoría justicialista, nunca envió los tres miembros que le correspondían. En la Cámara de Diputados ninguno de los legisladores de los partidos representados aceptó el cargo, con excepción de la Unión Cívica Radical (UCR). En definitiva, concurrieron los diputados radicales Santiago López, Hugo Piucill y Horacio Huarte.

Los miembros de la Conadep trabajaron ad honorem. Sus secretarios (Raúl Aragón, Graciela Fernández Meijide, Alberto Mansur, Daniel Salvador y Leopoldo Silgueira) y el personal (cerca de cien personas provenientes en casi su totalidad de organismos de derechos humanos) cobraron sueldos equiparados a los del Poder Judicial. Esto permitió que pudieran dedicarse de lleno al trabajo en la Comisión. Se ordenó al Ministerio del Interior dar el apoyo administrativo, logístico y financiero necesario. El gobierno no influyó ni interfirió en sus decisiones y actividades. La decisión de crear una comisión de ciudadanos que se abocaran a la dura tarea encomendada sin sufrir presiones políticas ni padecer cortapisas de cualquier otra índole se concretó plenamente. Vista a la distancia, la tarea llevada a cabo por la Conadep fue ciclópea. Superados unos primeros momentos de indecisión, recibió el apoyo de los organismos de derechos humanos y pronto fue visualizada por la ciudadanía como una entidad altamente responsable, dedicada a la angustiosa tarea de echar luz sobre uno de los capítulos más terribles de la historia de nuestro país. Era un trance doloroso que la salud y el afianzamiento de la naciente democracia exigían.

Se libraron más de mil oficios a organismos gubernamentales requiriendo distintos tipos de información, se recibió el testimonio de numerosas personas detenidas que habían sido liberadas y, en base a ello y a informaciones adicionales, se realizaron diligencias en edificios militares y de fuerzas de seguridad que permitieron identificar varios cientos de centros clandestinos de detención. Con el objeto de facilitar las denuncias de personas domiciliadas lejos de Buenos Aires, la Conadep instaló una sede en la ciudad de Córdoba y autorizó a que en Mar del Plata, Rosario y Bahía Blanca personas allegadas a los organismos de derechos humanos y a asociaciones locales de abogados recibieran denuncias. Además, envió al interior del país grupos formados por secretarios y empleados para que recibieran denuncias.

La apropiación ilegal de niños fue uno de los aspectos más terroríficos del régimen represivo desatado por la dictadura. El secuestro de niños ocurría durante los procedimientos de detención o cuando detenidas-desaparecidas daban a luz en los centros clandestinos. La apropiación se concretaba con un registro falso de la identidad de los chicos. Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron de la Conadep ayuda para ubicar niños secuestrados o nacidos en cautiverio y, sobre todo, para comenzar a utilizar la tecnología de identificación por ADN. En 1987 se sancionó la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (ley 23.511) y a partir de allí se logró ubicar a numerosos niños que habían sido secuestrados. La Comisión adoptó un procedimiento apropiado para llevar a la Justicia las denuncias recibidas: no presentar casos aislados sino casos colectivos elaborados en base a las personas desaparecidas que habían estado en un centro clandestino de detención. También incluyó en cada caso los nombres de presuntos responsables mencionados en los testimonios y pidió su investigación judicial.

Al concluir sus funciones, la Conadep había puesto en conocimiento de la Justicia más de mil denuncias de personas desaparecidas. Con el apoyo de la American Association for the Advancement of Science, gestionó la visita de peritos forenses y genetistas norteamericanos para asesorar y ayudar en la posible identificación de las víctimas. La doctora Mary-Claire King, de la Universidad de Berkeley, integrante del grupo, dio impulso a la utilización de datos genéticos para la identificación de las filiaciones de los niños recuperados. El 20 de septiembre de 1984 los miembros de la Conadep presentaron en la Casa de Gobierno su informe final. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi gestión presidencial. Una multitud silenciosa colmaba la Plaza de Mayo. Sábato entregó las abultadas carpetas y pidió la pronta publicación del material. Hacerlo conocer a la opinión pública nacional e internacional era, precisamente, uno de los objetivos que teníamos. El informe fue publicado el 28 de noviembre, gracias al esfuerzo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA). La primera edición, de 40.000 ejemplares, se agotó en cuarenta y ocho horas. Luego fue traducido al inglés (la versión norteamericana lleva un prólogo del Ronald Dworkin, eminente filósofo del derecho), italiano, alemán, portugués, haciendo conocer el caso argentino en el ámbito internacional.

“Nunca más: Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” es, sin duda, uno de los documentos más desgarradores de nuestra historia. Con minuciosidad, sin el empleo de frases altisonantes, con el simple expediente de acumular datos comprobados y de transcribir declaraciones formuladas en las denuncias, pone en evidencia la tragedia que vivió nuestro país. Después del “Nunca más”, nadie en la Argentina puede ignorar o negar lo ocurrido durante la dictadura. La misión patriótica realizada por los integrantes de esa Comisión fue de una enorme envergadura. Cumplieron con su deber de una manera abnegada y sin estridencias, sufrieron con paciencia amenazas, frases de descrédito y descalificación. Lograron lo que a muchos parecía imposible: que en unos pocos meses se pudiera elaborar, procesar e informar acerca de las desapariciones, la apropiación de niños y los mecanismos siniestros del terrorismo de Estado. El Informe y la documentación obtenida resultaron esenciales para la acusación fiscal en el juicio a las Juntas Militares. Si el régimen militar de los años setenta nos había hecho trágicamente famosos, a partir de entonces la democracia argentina se enorgullecía de ser un país que enfrentaba el pasado, que no le temía a la verdad y que denunciaba con nombre y apellido los trágicos sucesos que habían enlutado su territorio”.

(*) Alfonsín: “Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos” (Fondo de Cultura Económica de Argentina-2003).

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