Por Jorge Augusto Cardoso.-

El gasto del aparato estatal y provincial se calculó, en el año 2000, en unos 20.000 millones de pesos anuales, en ese entonces un peso equivalía a un dólar; entonces podríamos decir que el gasto era de 20.000 millones de dólares; ahora debe ser algo mayor. La mayor parte de esa suma se la llevan los 9242 cargos electivos que hay en la Argentina, con sus accesorios. Las causas más notorias se encuentran en el amiguismo, la operación política, el nepotismo, las prebendas y los subsidios (Carlota Jackisch, La Nación, 26/11/2000).

Siendo necesaria una reforma electoral consensuada con todos los actores y protagonistas de la política nacional, surge como prioritario efectuar una reforma del orden político de nuestro país, que encuentra su crecimiento anclado, casi inmovilizado debido, entre otros factores, al sostenimiento de un aparato estatal gigante, pesado y para colmo, mal administrado.

La organización nacional que plasmó la Constitución del 53 contemplaba 14 provincias y su cumplimiento (aún a medias) llevó a nuestro país a ocupar uno de los primeros lugares del mundo al comienzo del siglo XX (ese lugar lo ocupa actualmente Brasil). Hoy tenemos 24 estados provinciales, con sus tres poderes independientes. (Aunque no lo sean en lo real, lo son en lo formal). Esto significa el mantenimiento de numerosos cargos tanto en los ejecutivos como en los legislativos y judiciales, que en muchas provincias nuevas (y algunas fundacionales) no son justificables merced a la cantidad de habitantes que poseen. El conurbano bonaerense supera en cantidad de habitantes a muchas de estas organizaciones políticas, (Chaco, Formosa; Santa Cruz, Chubut, Catamarca, Tierra del Fuego, etc.)

En el Congreso Nacional tenemos 331 legisladores; 72 senadores y 257 diputados. La Constitución del 53 fijaba dos senadores por provincia. (Eran 14, el total sólo 28 senadores). Hoy son tres por cada estado provincial.

Por la reforma del 94 se aumentó la cantidad de senadores y diputados, (más dietas que pagamos los contribuyentes), con el argumento de equilibrar la representación de los distritos menos poblados y así puedan resonar todas las ideas y pensamientos de las provincias. Loable deseo que en realidad no ocurre, pues no se vota con el aporte creativo, individual y a conciencia de los legisladores con el afán de resolver los grandes temas que preocupan a los argentinos, sino que lo hacen en bloque o en conjunto de acuerdo a lo que ordene el Ejecutivo o el partido al que pertenecen.

Hemos visto además, en el gobierno del Frente Para la Victoria, que la mayoría de las veces los senadores, representantes de los intereses provinciales, se olvidaron de su verdadera misión y fueron consecuentes con el Ejecutivo Nacional; los Diputados que fueron de la mayoría por su parte, demostraron ser obedientes y disciplinados soldados de ese mismo poder en lugar de defender con vehemencia los intereses de los ciudadanos a los que representaron y a los que se debieron.

En las 24 provincias son 1293 los cargos electivos y en las 1163 intendencias son 7.618; incluidos 6455 concejales.

Reestructurar la organización y representación política de nuestro país es una tarea que debe emprenderse cuanto antes y con toda la energía posible si pretendemos incluirnos en los primeros puestos del concierto de las naciones. Para lograr ese objetivo sugiero una regionalización del país que disminuya el número de estados provinciales uniéndolos en conjuntos por áreas u otros criterios de integración a considerar. Esto sólo se podrá lograr si se deponen los intereses partidarios, ya que si así ocurriera, muchos políticos que sólo viven de los cargos electivos y públicos, se quedarán afuera.

Es necesario y prioritario dirigir el esfuerzo colectivo para disminuir el costo de la política que la Argentina no está en condiciones de financiar; y de este modo, con ejemplos de austeridad y acompañamiento a las penurias que sufre la sociedad, hoy ausentes por demás (los sueldos de los funcionarios públicos superan con creces a los del sector privado-hay intendentes que cobran más de $ 200.000), se afianzará el sistema democrático y se reconocerá y justificará a la dirigencia política nacional.

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