Larreta y una visita obligatoria

Por Hernán Andrés Kruse.-

Es tradición en nuestro país la visita a la Exposición Rural de los candidatos a presidente que defienden los intereses de la oligarquía. Horacio Rodríguez Larreta lejos estuvo de ser una excepción. En las últimas horas se acercó a Palermo para garantizar a los representantes del campo que si llega a la presidencia la salvaguarda de sus intereses será prioritario. “Nos comprometemos, al 10 de diciembre, a sacar todos los derechos a la exportación de los productos regionales: arroz, leche, porotos, maní, limones, aceitunas, a lo largo de todo el país. También iniciaremos un sendero de reducción seria pero sostenible en el tiempo, de la retención de los productos más grandes”. Y agregó: “Con estos niveles de inflación e inestabilidad cambiaria, es imposible planificar nada. Tenemos que ser conscientes que las retenciones son un pésimo impuesto. Ningún país las tiene”. “En un país cuyo motor de desarrollo serán las exportaciones es fundamental terminar con los cupos cuantitativos y buscar abrir mercados. La Argentina tiene acuerdos comerciales con países que representan el 10% de la población mundial”. “Estamos siempre en desventaja competitiva con nuestros vecinos que tienen accesos más favorables”. “Tenemos un objetivo muy claro que es duplicar las exportaciones agropecuarias en ocho años. Eso es factible dada la demanda de alimentos que hay en el mundo”. “Definitivamente tenemos que cerrar la brecha cambiaria. Se necesita, de movida, el mismo tipo de cambio para exportar que para importar. Después se debe trabajar para la unificación del tipo de cambio como en cualquier país serio”. “El campo será un motor clave para el desarrollo del país” (fuente: Infobae, 21/7/023).

Larreta dijo lo que los productores del campo querían escuchar. Por eso fue tratado como uno de los suyos. Qué diferente fue el trato que le dispensaron a Raúl Alfonsín cuando visitó Palermo en 1988. Molestos con la política económica del gobierno radical los productores del campo no dudaron en abuchear al presidente cuando le tocó hacer uso de la palabra. Fue una patética demostración de intolerancia, autoritarismo y, fundamentalmente, de odio clasista. Pero lo que aconteció en aquella oportunidad en la inauguración de la Exposición Rural lejos estuvo de ser un accidente. Fue, por el contrario, una nueva demostración de poder de una corporación que se cree dueña de la Argentina, que no tolera a los gobiernos que adoptan políticas económicas que considera contrarias a sus intereses, que acusa de populistas a aquellos presidentes que, como Alfonsín, osan apartarse, aunque sea un milímetro, de la ortodoxia económica.

La Sociedad Rural es una poderosa corporación agropecuaria visceralmente antidemocrática. Ello quedó de manifiesto en 1966 cuando participó activamente en el derrocamiento del presidente Arturo Illia. En un ensayo titulado “La Sociedad Rural Argentina y el golpe de estado de 1966”, María Cecilia Miguez (Dr. en Ciencias Sociales (UBA) e investigadora del CONICET) analiza el rol que jugó la Sociedad Rural en la destitución del honorable médico de Cruz del Eje.

“Dadas las características de la estructura económica, social y política de la Argentina, el rol de la Sociedad Rural Argentina, máxima expresión corporativa de la cúpula de los grandes terratenientes fundada en 1866, ha sido fundamental en el devenir histórico del país. Su accionar se vinculó generalmente -y sobre todo a través de gobiernos de facto incluidos en este período- al despliegue de políticas de matriz “liberal”, en la búsqueda de una inserción de la Argentina en el mercado mundial favorable a los intereses agroexportadores y al capital extranjero. Uno de esos gobiernos de facto -si bien su política no fue unívocamente liberal- fue la autodenominada Revolución Argentina, surgida del golpe de estado de 1966, haciéndose cargo de la presidencia el General Onganía. Varias eran las razones para que las políticas del gobierno de Illia no fueran apoyadas por las distintas fracciones de las clases dirigentes. La Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, ambas pertenecientes junto con la Cámara Argentina de Comercio y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), fueron las principales corporaciones opositoras. Faustino Fano, presidente de la SRA y Jorge Oría, titular de ACIEL, asistirían en primera fila a la asunción de Onganía luego del golpe de junio de 1966. Cada una de estas corporaciones empresarias, tuvo sus razones en función de intereses particulares para oponerse, y desde su poder de presión en el ámbito civil y político, su participación en los medios de prensa escrita y sus vínculos con las cúpulas castrenses, fueron legitimando la supuesta necesidad de deponer al presidente electo. Una vez desatado el golpe de estado e instalado el nuevo gobierno de facto, también tuvieron distinto espacio en la diagramación de la política económica y el beneficio obtenido tampoco fue equitativo.

Para comprender el panorama, las medidas políticas centrales del gobierno radical en 1963 fueron las siguientes:1) la anulación de los contratos petroleros con compañías extranjeras -en su mayoría de los Estados Unidos- firmados durante la presidencia de Frondizi, por considerarlos ilegítimos y lesivos para la soberanía nacional. Ello generó el descontento de las empresas extranjeras y la presión de los Estados Unidos por una compensación e indemnización, así como la oposición de las Fuerzas Armadas afines a los vínculos con los Estados Unidos y las compañías extranjeras; 2) los controles de precios y la restricción de exportaciones de carne, lo que enfureció a la Sociedad Rural Argentina; 3) en el año 1964, se sumaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con la finalidad de aumentar el crédito, la Ley de Abastecimiento, y la regulación del mercado farmacéutico a través de la propuesta del Ministro de Salud Arturo Oñativia, que también tuvo que lidiar con la oposición de grandes empresas extranjeras; 4) asimismo, se agregaron dos temas fundamentales muy vinculados a cuestiones políticas: el Plan de Lucha de la Confederación General del Trabajo y la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil.

Luego de un primer paro general realizado en 1963, la central obrera hegemonizada por el peronismo dispuso un Plan de Lucha para solicitar mejoras económicas y sociales. Este plan comenzaba su preparación en el mes de enero de 1964, para culminar con la acción directa de toma de fábricas, que alcanzó finalmente los 11000 establecimientos entre los meses de mayo y septiembre. La Ley de Abastecimiento promulgada en febrero no logró detener el Plan. El accionar de la CGT también tenía una dimensión claramente política: demostrar al gobierno y a las Fuerzas Armadas tanto la debilidad del primero como el poder de los sindicatos, y con ello presionar para forzar la participación electoral; y por otro lado dar una esperanza a la clase obrera excluida de la política. En particular, durante el período 1963-1966 los terratenientes nucleados en la SRA se vieron afectados por los controles aplicados en el mercado cambiario y por una política agrícola que se proponía implementar una reforma tributaria y que había prorrogado los arrendamientos rurales durante los primeros meses de su gestión, en beneficio de pequeños y medianos productores .

Como se afirmaba, una de las primeras medidas del gobierno fue la fijación de precios máximos para algunos productos, y en especial la carne vacuna. Ya en el mes de noviembre, a aproximadamente treinta días de la asunción del presidente, la SRA le envió un despacho telegráfico donde indicaba que “ante la posible fijación de precios máximos (…) reitera su total oposición al establecimiento de los mismos” y una nota, fechada el 28 de noviembre donde se responsabiliza al “agobiante déficit presupuestario y la equivocada política intervencionista estatal” por la “distorsión económica que afecta al país”. Agregaba asimismo que “el agro reclama la revisión del régimen impositivo que grava la producción, infla los costos y encarece los precios, reduciendo el poder adquisitivo del salario”.

Uno de los aspectos criticados fue la fijación de un impuesto de emergencia de un 5% a la producción agropecuaria. No sólo la SRA se oponía a dicho gravamen, sino también la Coordinadora de Entidades Agropecuarias y la Confederación de Asociaciones Rurales Argentinas. La medida del gobierno se complementó en el mes de diciembre con una limitación a la exportación de carnes para poder priorizar el abastecimiento al mercado interno y evitar las prácticas especulativas de los productores agropecuarios, lo que generó también la reacción de la SRA. El 2 de enero de 1964 la entidad también se opuso abiertamente a la Ley de Abastecimiento que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, enviando notas al presidente de la Cámara de Diputados, Arturo Mor Roig, y a cada uno de los presidentes de los bloques de los distintos partidos y agrupaciones de esa Cámara. En ellas se destacaba nuevamente que «el gobierno actual cree necesario volver al régimen de los controles y del intervencionismo y piensa que está allí la solución correcta (…) La causa fundamental de la carestía de la vida es el intervencionismo estatal y el régimen económico de corte totalitario que nos ha gobernado durante tan largo tiempo».

Las referencias contra la política económica de Illia tenían una fuerte referencia a las medidas aplicadas durante el peronismo, algo que la SRA pretendía borrar definitivamente de la faz de la historia. Las Memorias del año 1964 de la SRA están plagadas de documentos críticos y cartas dirigidas para comunicar el desacuerdo con el gobierno argumentado desde una perspectiva claramente liberal. En otra carta dirigida al presidente en el mes de marzo de 1964, la entidad afirmaba: “En nuestro concepto el único sistema practicable y el único que nos puede llevar rápidamente a una situación mejor y consolidada, es el sistema de la libre iniciativa privada. Sólo pedimos que nos dejen hacer.” Estas afirmaciones iban contra la limitación de exportación de carnes y la restricción a las importaciones en general.

Esta carta fue en el contexto del citado Plan de Lucha de la CGT, al que la SRA se refirió como “expresión indiscutible de subversión”. Sus dirigentes no sólo temían la vuelta a políticas de intervención en los distintos mercados que caracterizaron al peronismo, sino también el avance y la movilización de los sectores populares en sus diversas formas, principalmente el de los peronistas no dispuestos a negociar y susceptibles de radicalizar sus propuestas y estrategias, el de las corrientes de izquierda que crecían en el sindicalismo y entre los estudiantes. Por ello se refirieron al tema diciendo que “los dirigentes sindicales han obrado al margen de la ley y el respeto, creando un clima de angustia y amenaza impropio de un país civilizado; a lo que agregaba la crítica al gobierno, sosteniendo que “el procedimiento de la conciliación debilita el principio de autoridad, cuya crisis es la causa de los graves males que sufrimos”.

El 3 de junio, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación dio a conocer cinco decretos que reordenaban el comercio de carnes. Esos decretos incluyeron la fijación de precios máximos de venta al público de todos los cortes de res vacuna, la disposición de medidas tendientes a la recuperación de las existencias ganaderas y al ordenamiento de la comercialización especificando sanciones para los infractores, retenciones sobre las exportaciones de carne y finalmente la autorización a la Secretaría de Comercio para disponer de la carne faenada almacenada en frigoríficos a los efectos del consumo interno. Se trataba claramente de resguardar el mercado interno, evitar la especulación de los ganaderos, garantizar para el Estado un porcentaje de la renta terrateniente a través de las retenciones y finalmente, evitar las estrategias de boicot que habían sido moneda corriente de este sector para presionar a los gobiernos que no le eran afines. Ello provocó la rápida reacción a través una declaración con fuertes afirmaciones, como “La dictadura del error se ha impuesto”, “El atraso será nuestra característica: el país la víctima propiciatoria”, “El triunfo será de los que esperan el fracaso, necesario y útil a sus designios totalitarios”. Y finalmente, una crítica que será moneda corriente para justificar el golpe de estado unos años después: la de la falta de conocimiento y del “saber técnico”. “Por eso, política no es ya tan sólo el ‘arte de gobernar’. Gobernar es una ciencia y no puede ni debe gobernarse cuando se desconocen y desprecian los aspectos técnicos de cada problema, a los que se trata políticamente”. Esta frase es muy significativa respecto de lo que serán los pilares de la nueva corriente ideológica sobre la que se sustentaría la “modernización autoritaria”, el modelo de la “eficiencia”.

Otra de las estrategias para presionar a la gestión radical fue la presentación de sucesivos amparos ante la Justicia, especialmente a nivel provincial, como en el caso de la Ley de Abastecimiento. La complicidad con el Poder Judicial le permitió a la entidad, en mucho casos, que sus reclamos prosperaran, como en el caso de la Cámara Federal de Rosario, que indicó no innovar tanto en la extracción de ganado en pie de la provincia de Santa Fe, como en la venta de dicho ganado. Otro caso similar fue la impugnación de un gravamen diferencial impuesto por la Provincia de Buenos Aires a la actividad pecuaria bovina, donde el Tribunal Arbitral también falló a favor de la corporación rural. En el mes de diciembre de ese mismo año, la SRA presentó a las autoridades del Poder Ejecutivo una serie de “Sugestiones” que incluían lo que la entidad consideraba como medidas necesarias para aumentar el producto agropecuario. El aspecto que más nos interesa en función de nuestra hipótesis de trabajo, es que dichas “sugestiones” fueron anunciadas casi en forma completa como “Directivas para el planeamiento y desarrollo de la acción de gobierno”, por el dictador Onganía, cuando el gobierno militar asumió el poder luego del derrocamiento del presidente Illia.

En enero de 1965, la SRA envió una nota al presidente Illia indicando que a su juicio y de “toda la opinión sana del país” debía modificarse la orientación económica “rotundamente, sin titubeos, sin vacilaciones, para ganar la confianza del exterior y reconfortar el espíritu del trabajo nacional”. Faustino Fano, presidente de la corporación, fue uno de los primeros en pronunciarse contra la política económica del gobierno, especialmente contra el impuesto a la producción, el tipo de cambio y la supresión de las desgravaciones que hasta ese momento habían beneficiado a las inversiones en maquinaria, pasturas y tambos. En febrero, la asamblea de ACIEL también impugnaba la política del gobierno, afirmando que si no se modificaba “se producirá un caos que provocará una alteración profunda de la paz social, y como resultado la crisis de la estabilidad política”. Durante todo ese año, profundizó en su crítica a la política económica una acusación al gobierno que pretendía asociar el contenido de sus políticas con ciertas prácticas “colectivistas” o que atentaban contra la propiedad privada. Era de algún modo y en el contexto de la generalización de la Doctrina de Seguridad Nacional en el continente latinoamericano, la utilización de la amenaza marxista para criticar la intervención del estado en la economía.

Por otra parte, la corporación agraria se opuso a la Ley de Trabajo Agropecuario, y consideró que la prórroga otorgada por el gobierno a los contratos de arrendamientos consistía un ataque a la propiedad privada, al igual que había sucedido con las políticas ya descriptas más arriba. También expresó su rechazo por la obligación impuesta por la Ley 16.600 de contratar un seguro de vida para el peón rural a cargo del productor. Por otra parte, defendiendo el ingreso del capital extranjero afirmó: “La iniciativa privada, prácticamente anulada por el estatismo, no tiene interés en aportar su esfuerzo en la explotación de nuestros recursos naturales. El actual sistema no atrae al inversor extranjero y ahuyenta al nacional. El capital se retrae, no se crean nuevas fuentes de trabajo, se resienten las actuales y aumentan las fricciones sociales, como consecuencia de la desmoralización que cunde en las fuerzas empresarias”.

En el mes de marzo, a pocos meses del golpe, ante un conflicto ocurrido en establecimientos rurales de la provincia de Santa Fe, la SRA se dirigió al Ministro del Interior del siguiente modo: “se solicita la intervención de la fuerza pública a raíz de los delitos cometidos por obreros afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Rurales para obtener salarios exorbitantes (…) Esta situación se suma a la ola de paros, huelgas y delitos que afectan a todos el país y comenzaron con el plan de lucha de la CGT con el objeto extragremial de lograr un ‘cambio de las estructuras’. Se ha quebrado el principio de autoridad. Este estado de cosas es el resultado de un plan subversivo que pretende imponernos un régimen extremista. El gobierno radical tiene la obligación de establecer la normalidad”. Durante esos primeros meses de 1966, el año del derrocamiento del presidente, se opuso también abiertamente junto con otras entidades empresarias a la reforma de la Ley de Contratos de Trabajo (11.729). Finalmente, la intervención del Estado en la comercialización internacional de la cosecha de trigo que se implementó para que los productores vendieran en forma directa vía Londres su producción a la República Popular China, eludiendo a las tradicionales empresas comercializadoras e intermediarias como Bunge y Born, fue considerada por estos últimos como una muestra de un pernicioso dirigismo estatal.

El golpe de estado contra Illia, tal como ha sido estudiado por varios autores y especialistas, incluyó una completa campaña psicológica dirigida por un lado a la opinión pública, y por otro a la opinión militar, ya que no bastaba con el apoyo del Estado mayor y las cúpulas castrenses. Se culpó al gobierno de todo tipo de problemáticas, a través de una prensa alarmista desestabilizadora. El presidente fue sistemáticamente caricaturizado como una tortuga, para enfatizar la idea de inoperancia y lentitud frente a la supuesta eficiencia y efectividad de las empresas privadas y de las Fuerzas Armadas. Tradicionales periódicos de raigambre liberal como La Prensa y La Nación amplificaron las posiciones de la SRA. Sus páginas y editoriales reproducían una a una las críticas de la entidad a veces en forma directa (porque allí se publicaban las solicitadas) o través de sus editoriales. Otros semanarios novedosos, como Primera Plana y Confirmado, vinculados a grandes empresas industriales fueron actores centrales para desestabilizar al gobierno”.