Por Carlos Tórtora.-

El expresidente Mauricio Macri volvió a ser citado a declaración indagatoria mañana a las 12 por el juez federal de Dolores Martín Bava, en la causa que lo investiga por supuesto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017. En el gobierno y el macrismo hay amplia coincidencia en lo que ocurrirá: el juez dictaría sin más trámite el procesamiento de Macri y éste obviamente apelará la decisión. Se descuenta que el caso tendría amplia repercusión internacional, por tratarse de espionaje y del siniestro de un submarino.

De este modo, el kirchnerismo conseguiría un éxito electoral, es decir, que en el momento culminante de la campaña electoral la principal figura de la oposición resulte procesada. El daño político para Juntos por el Cambio admite varias lecturas. En algún sector de los votantes puede repercutir negativamente el procesamiento. Pero lo que es seguro es que Macri recuperará una firme centralidad, por encima de Diego Santilli y María Eugenia Vidal. En tercer lugar, el discurso que adopte Macri será el preponderante en la oposición y, además, todo Juntos por el Cambio, con menor o mayor entusiasmo, pasaría a girar en torno al expresidente. Este panorama es exactamente lo contrario a lo que desearía Horacio Rodríguez Larreta, que hizo cuanto pudo para tratar de lateralizar a Macri colocándolo como un líder en retirada. Este último no ha negado explícitamente una eventual candidatura presidencial y deja que algunos sectores del PRO sigan hablando del tema. Lo que es seguro es que su procesamiento lo instalaría en un rol mucho más protagónico que hasta ahora, desatando además la polémica sobre su eventual prisión preventiva.

La otra causa

Mientras la operación oficial en la causa del ARA San Juan entra en un etapa decisiva, fuentes kirchneristas señalan que puede avanzar, también contra Macri, la causa por el presunto contrabando de material de seguridad a Bolivia.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, conformada unipersonalmente por la jueza Carolina Robiglio, resolvió el 3 de septiembre pasado que el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, Alejandro Catania, sea quien continúe a cargo de la investigación por el presunto contrabando de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia. La investigación fue impulsada en julio de este año por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, Claudio Navas Rial.

El 12 de julio pasado, basado en noticias periodísticas, un abogado denunció el posible contrabando de material bélico a Bolivia. Esa presentación recayó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, cuyo titular delegó la pesquisa en cabeza de la fiscalía de Navas Rial. Sin embargo, horas después, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, también denunciaron los hechos, los cuales recayeron en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, a cargo de Javier López Biscayart.

En ambos casos, se investiga la responsabilidad del expresidente de la Nación Mauricio Macri, sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el exjefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña, al exministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo, el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente, en el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 201. Siempre según fuentes oficiales, estarían avanzando las gestiones bajo la mesa para que Catania cite a indagatoria al expresidente apuntando a un segundo procesamiento que se sumaría al que dictaría Bava. Hay una diferencia importante entre ambos expedientes y es que en la causa de espionaje sólo aparecen como denunciantes los familiares de las victimas del ARA, mientras que en la causa de Bolivia es querellante el estado nacional.

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