Tsunamis y jueces vencidos

Por Enrique Guillermo Avogadro.-

«La cuestión moral existe desde hace tiempo, pero ahora se ha convertido en la principal y más importante cuestión política, porque de su solución dependen la recuperación de la fe en las instituciones, la gobernabilidad del país y la viabilidad del régimen democrático», Enrico Berlinguer.

El vencimiento de los contratos de alquiler que vinculaban al kirchnerismo con casi todos los jueces federales que residen en Comodoro Py ha comenzado a mostrar sus efectos, tras una lógica espera de los interesados hasta ver desde qué punto del cuadrante venían los nuevos vientos sociales. En la medida en que éstos se han descontrolado, se han convertido en un verdadero tsunami y su fuerza tiene mucho que ver con el humillante y grosero modo en que el poder fue ejercido durante la década relatada.

Tal vez a contramano de la voluntad del Juez Sebastián Tortuga Casanello, la declaración de Leonardo Fariña reventó los opacos cristales de la catedral pingüina; mientras éste evacuaba durante doce horas, se ordenaron allanamientos varios y, de inmediato, el Fiscal Guillermo Marijuán imputó penalmente a Cristina Kirchner, a Julio de Vido, a Ernesto Clarens (uno de los «financistas» que más trabajó con el trono) y a varios personajes más. Todavía resulta inexplicable que Martín Báez, cuyo padre ya está preso, continúe en libertad pese a habérselo visto contando toneladas de dinero, en pesos, dólares y euros; si hubiera sido detenido, sus progenitores se sentirían más que dispuestos a revelar también los secretos de la emperatriz. Una versión, en cierto modo confirmada por el propio Luis Amor D’Elía, atribuye el silencio de Báez y Ricardo Jaime a amenazas a la vida de los hijos de ambos.

El adelanto de las indagatorias en la causa de «La Rosadita» se debió a un hecho que puede traer aparejadas terribles consecuencias para funcionarios y empresarios: la semana próxima, Marijuán, que debía estar presente en ellas, viajará a Estados Unidos para acceder a la investigación que abrió la SEC (que controla a las empresas que cotizan en las bolsas norteamericanas) por la auto-denuncia de British Petroleum por las coimas pagadas en la inusitada extensión de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón, en la Provincia de Chubut, donde los británicos con socios de PanAmerican Energy, de los Bulgheroni.

Es que el saqueo perpetrado mientras el relato imperó superó todos sus antecedentes históricos, menemismo incluido, y los montos involucrados son de tal magnitud que, si fueran recuperados, permitirían solucionar algunos de los grandes déficits sociales: salud, educación, vivienda. Baste pensar que se reveló que un secretario privado de Néstor, el que le llevaba a las cajas fuertes de Río Gallegos los bolsones de dinero, compró nada menos que ¡ochenta departamentos en Miami!

Si sumamos las cifras mencionadas por Federico Elaskar y Fariña, los saldos descubiertos en las cuentas suizas de Bóvedas, las increíbles compras de trenes chatarra y aviones de Embraer, los fondos desaparecidos de Santa Cruz, los retornos de los subsidios al transporte, los «sueños compartidos» por Hebe Bonafini y Sergio Schoklender, las confesadas coimas de Skanska, los negociados con bonos con la Venezuela de Hugo Chávez, las varias valijas de Antonini Wilson, los diamantes de Angola, las «escalas técnicas» en las Seychelles, las ventas de terrenos fiscales a precios irrisorios, las gigantescas estancias de Lázaro, los hoteles y las joyas presidenciales, las compras de gas licuado y miles de etcéteras, no puede dudarse de esa afirmación.

La lectura de ese incompleto recordatorio permite ver la enorme diferencia que existe entre los Kirchner y Mauricio Macri, y desechar rápidamente la maniobra intentada mediante los «Panamá papers» que, sin embargo, se habían transformado en un problema político para el Gobierno, que reaccionó con demasiada lentitud frente a la ofensiva que el cristinismo resistente y recalcitrante lanzó en su contra, con la obvia intención de mezclar, «en el mismo lodo y todos manoseados», a los delincuentes desalojados del poder y a quienes han venido a recuperar la República.

Porque lo cierto es que la actitud de Mauricio Macri frente a las acusaciones y denuncias, aunque criticable por su morosidad, marcan una sideral diferencia con quienes lo antecedieron, que literalmente mataban (¡Nisman!) a los acosadores y desplazaban, sin pudor alguno, a fiscales y jueces incómodos. El Presidente, por el contrario, se ha puesto a disposición de la Justicia. Hubiera sido mejor, sin embargo, que fuera la propia Oficina Anticorrupción o hasta él mismo quienes reclamaran la investigación, ya que eso hubiera mojado la pólvora de los cañones que ahora le apuntan.

Basta con comprobar que en los directorios de las empresas cuestionadas figuran -no fáciles testaferros, a diferencia de las compañías armadas para Bóvedas y Néstor- el propio Franco Macri y su hijo para comprender que no se pretendía ocultar nada. La creación de empresas offshore no constituye delito, salvo que se las utilice para lavar dinero o para evadir impuestos y, si ese hubiera sido el caso, el padre del Presidente no hubiera cometido tal torpeza.

Me genera urticaria la probabilidad de que el Presidente acepte, esta semana, la renuncia presentada por el emblemático Juez Norberto Oyarbide, tal como denunció Lilita Carrió, pero comprendo que será lo mejor, para ofrecer a otros colegas cuestionados el puente de plata necesario para convencerlos de dejar sus puestos; además, el rechazo de esa renuncia, por mucho que hubiera permitido continuar con el proceso de destitución que se está incubando en el Consejo de la Magistratura, hubiera irritado al sector de la ciudadanía más alejado de los entresijos legales, que lo quiere fuera ya mismo.

De todos modos, muchos de los hechos cometidos por este repugnante individuo podrán ser ahora investigados por la Justicia, ya que habrá perdido todos los privilegios de los que hasta ahora gozaba; será cuestión, solamente, de impedirle fugar del país para instalarse en alguno de los paraísos «gay friendly» a los que se ha mostrado tan afecto.

Ante el mazazo inflacionario que estamos soportando es útil recordar que la industria nacional ha recibido enormes subsidios a través de tarifas de electricidad baratas y, aún así, no ha aprovechado ese mágico momento para actualizar su parque de producción de modo de competir con éxito en el mundo. Si ahora sigue aumentando los precios de sus productos, pescando en la bañadera y cazando en el zoológico, me parece que ha llegado la hora de mandarle un aviso concreto: en un plazo cierto, la economía se abrirá y esa competencia internacional será forzada.

No pretendo que el Presidente nos haga volver a la época en que Cristina nos atosigaba, casi diariamente, con sus monumentales peroratas en cadena oficial, pero creo que hubiera sido mejor si hubiera recurrido a esa herramienta para explicar claramente al país, antes de que sus ministros anunciaran los aumentos en los servicios públicos, en qué estado lo encontró, qué convertía a esos incrementos en esenciales, cuál es el plan económico y en qué plazo estima que surtirá efecto sobre la inflación y el desempleo, vía supresión del IVA a los productos de la canasta básica y licitar obra pública.

La enorme mayoría de la población no entiende de macroeconomía, ni puede pedírsele que lo haga. Para ella, algunas medidas en particular resultan inexplicables (baja en las retenciones a la agricultura y la minería), las consideran mayores privilegios para los ricos y, así, se convierte en fácil blanco para las falsedades que el kirchnerismo y los populismos que lo acompañan como idiotas saben difundir tan bien.