Por Luis Alejandro Rizzi.-
Escuché decir que el gobierno subsidia en el AMBA alrededor del 65% del precio del boleto del colectivo.
Dejamos de lado que en general en el interior del país, la gente paga el valor real de su precio.
El problema se plantea en el AMBA. donde habita alrededor del 30% de la población total y en la geografía socialmente más complicada por la situación económica, pobreza, trabajo informal, dificultad para acceder a servicios básicos de salud y educación, deficiente y mala alimentación y en muchos lugares localizaciones de villas que constituyen un escarnio a la dignidad.
La cuestión social como tal viene de decenas de años, pero no se trata de identificar culpables para justificar el presente, sino de buscar el mejor modo de resolverla.
El objetivo de largo plazo debe ser la necesidad de descomprimir la actual densidad poblacional promoviendo una migración ordenada hacia otros destinos.
La cuestión es que no existen, salvo excepciones, como ahora Neuquén, alternativas.
Tampoco se trata de ofrecer vivienda con facilidades de financiación en lugares que carecen de fuentes de trabajo, de servicios y de mínima y precaria conectividad.
En vez de pensar en facilidades para grandes inversiones, caso RIGI, lo que no deja de ser un caso de “justicia social al revés”, promovida por el estado o sus gobiernos, se debería pensar en facilitar un sistema de pequeñas inversiones reguladas por sistema simplificados en las que el propio estado cumpla la función de asesoramiento.
Los mayores dadores de empleo son las pequeñas y medianas empresas, que deberían estar regidas exclusivamente por el derecho privado con un sistema de gerenciamiento participativo.
Las condiciones de funcionamiento deberían estar condicionadas a los resultados logrados, terminando con la vieja cantinela de los “derechos adquiridos”.
Lo que en verdad es un contrasentido, los derechos se ejercen en las condiciones posibles, además no son comparables.
El derecho a la propiedad no se fija en un valor mínimo o máximo y para gozarlo en el tiempo es necesario tener la suficiente capacidad para mantenerlo y conservarlo.
Una persona puede adquirir una propiedad cuyo valor es “x”, pero eso no significa tener un derecho mínimo vitalicio.
El subsidio a la oferta boleto del transporte de buses es en el fondo hacerse una trampa a uno mismo, como en los juegos solitarios.
El transporte de buses debe tener un precio libremente fijado por el prestador y será el estado, según los casos, el que determinará la necesidad de fijar un subsidio a la demanda de modo selectivo.
En el transporte se debe admitir el uso de todos los medios de pagos disponibles.
El uso de la SUBE permitiría determinar casi condiciones individuales de subsidio según nivel de ingresos declarados.
De hecho, el “dinero negro” deberá pagar la tarifa plena vigente.
Los medios de pago privados, tarjetas de crédito, débito, billeteras, etc., crean la presunción de capacidad de pago de la tarifa plena, sin perjuicio de que los emisores establezcan beneficios a sus poseedores, lo que constituiría una suerte de subsidio privado a sus poseedores, sin perjuicio económico al estado y los contribuyentes.
Este sería un modelo liberal para una economía de mercado abierto con mínimas regulaciones.
No es un problema complicado, se trata de pensar.
Deja una respuesta