Por Carlos Tórtora.-

El gobierno, por boca de Patricia Bullrich, no oculta sus temores. Ahora el principal es que la rebelión estudiantil contra el veto a la ley de financiamiento universitario se convierta en una réplica del estallido social que sacudió Chile en el 2019. En el país trasandino, todo empezó con una protesta contra el aumento del transporte público. Más lejos y más grave, está la historia del Mayo francés de 1968.

La Ley Nacional de Educación Superior 24521 bloquea cualquier intervención policial en casas de estudio que no sea pedida por sus autoridades. Como la actual protesta tiene el aval de los decanos, la toma de facultades puede ser permanente y empezar a proyectarse hacia afuera con otras protestas sociales, como ya está pasando. En la Casa Rosada llegó a hablarse estos días hasta de cambiar el régimen legal de la autonomía universitaria, que es uno de los ejes del sistema democrático.

En caso de que la revuelta estudiantil se multiplicara en una reacción en cadena con focos de violencia social, el gobierno se encontraría con la opción del estado de sitio, que colocaría a Javier Milei cerca del colapso político, como ocurrió con Fernando de la Rúa en diciembre del 2021.

Lo cierto es que por ahora la protesta está marcada por un tono pacifista que no le quita por cierto gravedad.

Por primera vez desde que asumió, Milei se enfrenta con un adversario al que no puede reducir. Las organizaciones estudiantiles no pueden ser frenadas por denuncias penales ni por la represión en la calle, como ocurrió con los piqueteros. Tampoco es probable que el Movimiento estudiantil termine negociando su desactivación a cambio de concesiones económicas, como lo hizo la CGT. Si Milei diera hoy marcha atrás con el veto, su autoridad política se derrumbaría y sufriría una cadena de presiones sectoriales. Él se mantiene entonces emulando a Margareth Thatcher.

Tratar de recuperar la iniciativa

Mientras la situación se sigue tensando, el gobierno trata de recuperar la iniciativa en distintos campos. Ayer los libertarios hicieron que la Asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas echara de su directorio a Pablo Biró, el secretario general del gremio de pilotos, APLA, cabeza de los paros del sector.

Ayer también, y con el condimento de una trifulca con Leopoldo Moreau, Bullrich amenazó a los diputados nacionales que se interpongan entre los manifestantes y la policía. Además, en Tucumán, el gobierno probó una mayor presión policial desalojando una clase pública que daban los universitarios en plena calle. También hay que anotar que Mario Manrique, el secretario adjunto de uno de los gremios más grandes, SMATA, dio el portazo y se fue de la CGT pidiendo confrontar con el gobierno. Este parece ser el prólogo de una ruptura de la central obrera y el crecimiento de un sector combativo.

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