Por Hernán Andrés Kruse.-

Los gravísimos hechos acaecidos el pasado miércoles 12 de marzo en la Plaza del Congreso pusieron nuevamente en evidencia la imperiosa necesidad de analizar un tema central de la democracia liberal: el rol que debe jugar la fuerza policial en un régimen político de esa índole. Lo primero que cabe aclarar es que nadie, me parece, está en contra de la existencia de la institución policial como tal. Como señaló Max Weber en su monumental obra “Economía y Sociedad”, el estado se caracteriza por detentar el monopolio del uso legítimo de la fuerza, monopolio que es puesto en práctica por la policía. De no existir la institución policial la convivencia civilizada sería inviable ya que todos se arrogarían dicho monopolio dando lugar a una guerra de todos contra todos (Hobbes).

Lo acaecido en ese día aciago para la democracia demostró lo que no debe hacer la policía para garantizar el orden. Golpear salvajemente a una jubilada indefensa es impropio de una fuerza policial que actúa en el marco de la democracia liberal. Ni qué hablar de disparar a la cabeza de un reportero gráfico. La policía está obligada a garantizar el orden pero siempre respetando las reglas fundamentales del estado de derecho, reglas que se sintetizan en la siguiente: el respeto irrestricto de los derechos humanos. Claro que siempre existe el peligro de que la policía se enfrente con delincuentes para quienes la vida de los demás y las de ellos, no valen absolutamente nada. En ese caso extremo la policía no debe dudar, pero haciendo todo lo que esté a su alcance para evitar lo que en nuestro país se ha dado en llamar “el gatillo fácil”.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de María Eugenia Bonilla Ovallos titulado “Democracia, desempeño institucional y cuerpos policiales” (Reflexión Política, vol. 17, núm. 33, junio, 2015, pp. 108-120 Universidad Autónoma de Bucaramanga Bucaramanga, Colombia). A continuación paso a transcribir la parte del escrito dedicada al análisis de las funciones que debe cumplir la fuerza policial en democracia.

EL DESEMPEÑO POLICIAL EN DEMOCRACIA

“El fortalecimiento y la legitimación de las instituciones democráticas es un reto pendiente en América Latina. Siguiendo las directrices establecidas por Schedler (1998), Dahl (2002) y Diamond (1997) la consolidación democrática requiere: primero, la existencia de instituciones eficientes en la reducción de los conflictos; segundo, instituciones limitadas, subordinadas y controladas por el poder civil; tercero, instituciones cuyo accionar se caracterice por el respeto de los principios y los valores democráticos y cuarto, instituciones legitimadas. Dentro del amplio conjunto de instituciones que conforman el Estado democrático, nos centraremos particularmente en el debate en torno a ¿cuáles deben ser las características del desempeño de una institución policial coherente con los principios del sistema democrático y, por ende, favorable a su consolidación?

En democracia es indispensable que exista coacción. El monopolio de la fuerza, la coacción física del Estado, reside en las organizaciones militares y policiales cuyo principal objetivo es aplicar la violencia sistemática en miras de mantener en niveles aceptables el orden y la seguridad. “La policía es un instituto de administración positiva dirigido a hacer valer las limitaciones que la ley impone a la libertad de los individuos y de los grupos a fin de salvaguardar y conservar el orden público, en sus diversas manifestaciones: de la seguridad de las personas a la propiedad privada, de la tranquilidad de los conglomerados humanos a la protección de cualquier otro bien titulado con disposiciones penales” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2005) Dicha función policial permite sostener que “en un Estado democrático es necesaria la policía, una policía democrática” (Rico, 1983) que progrese constantemente hacía su modernización. Para ello, es esencial el desarrollo de políticas públicas, modelos institucionales e instrumentos de gestión especializados (López y Frühling, 2008) que rompan con el rezago de arbitrariedad que a lo largo de la historia documentada ha caracterizado el desempeño de estos cuerpos de seguridad (Cruz, 2010; Dahl, 2002).

Tradicionalmente las fuerzas militares y policiales han participado en la vida política de los Estados operando al servicio de la defensa de los intereses de la burguesía, convirtiéndose en garantes del mantenimiento del statu quo, mediante la represión de movimientos sociales y ataques constantes a la población civil (Cruz, 2010; Dahl, 2002). Incluso en la actualidad varias investigaciones sostienen que miembros de los cuerpos de seguridad se han visto envueltos en escándalos de desapariciones y persecuciones en casi la totalidad de los países, afectando los niveles de seguridad y de consolidación democrática. “El Estado juega un papel primordial en la reproducción de la violencia criminal. No solo porque la ineficiencia y negligencia de sus instituciones contribuye a reproducir y mantener sistemas de impunidad sino también, y sobre todo, porque en muchos casos es el Estado mismo, a través de sus instituciones y agentes, el responsable directo de los crímenes y actos de violencia que sufre la población” (Cruz, 2010).

En democracia, la policía debe ser garante de los derechos ciudadanos “que forman parte integral del proceso democrático o son esenciales para él” (Dahl, 2002). No obstante, en algunos casos es posible que el cuerpo policial, en miras de maximizar el bienestar colectivo, transgreda ciertos intereses particulares debido a que generalmente “las decisiones vinculadas a los asuntos públicos son, en gran parte, decisiones sobre la distribución de los beneficios y los costos y las ganancias y los prejuicios” (Dahl, 2002). Los cuerpos policiales, al tener la facultad del uso de la fuerza, con bastante regularidad enfrentan dicha dicotomía debido a que son ellos los responsables de hacer efectivo el derecho y se encuentran frecuentemente en contacto directo y constante con los ciudadanos, las víctimas, los victimarios y el crimen, por lo que sus efectivos están propensos a incurrir en malas prácticas policiales durante en el ejercicio de sus funciones, caracterizadas por el excesivo uso de la fuerza, el abuso de autoridad, la negligencia, la arbitrariedad y la corrupción, todo lo cual afecta su relación con la ciudadanía, el nivel de confianza que ésta deposita en la institución y la percepción que tiene sobre la seguridad.

Al ser “el uso de la fuerza física el rasgo más destacado de la actividad policial” (González, 2006), la cual puede ser usada, en nombre de la colectividad, para prevenir y reprimir la violación de las reglas que rigen al grupo, es posible que los miembros de la institución policial violen de manera temporal el ejercicio de los derechos de algunos ciudadanos. De allí, que el uso de la fuerza policial sea “un problema que es preciso gobernar” (Aimar, 2005), evitando que el desempeño policial infrinja los principios fundamentales de la democracia y termine estableciéndose como un obstáculo para la consolidación del régimen.

En democracia existen unos “derechos o intereses considerados inviolables y por ende superiores al proceso democrático mismo” (Dahl, 2002) que deben ser protegidos por las instituciones de seguridad y, en consecuencia, resulta inaceptable que el desempeño policial los transgreda. Es indispensable que la policía no se preste para la defensa de intereses políticos, ni sea instrumento para la violación de los derechos ciudadanos, al contrario, los cuerpos policiales deben ser garantes de los derechos constitucionalmente reconocidos y sus acciones deben enfocarse en alcanzar dicho objetivo. La consolidación democrática requiere la existencia de un cuerpo policial que, entre otras cosas, no utilice su principal potestad, el uso de la fuerza, de manera arbitraría, desigual, injusta y sesgada. De esta manera se evidencia que los atributos fundamentales de una institución policial democrática también incluyen la relación que esta tiene con los ciudadanos y la naturaleza de sus actuaciones, además de función elemental de prevención y control de la criminalidad.

La consolidación de la democracia requiere que la policía “preste menos atención en qué hace y por qué lo hace, y enfatice más en cómo lo hace, o cómo “se hace policía” o “policiamiento” (policing)” (Tudela, 2007). Para que la policía pueda garantizar al ciudadano el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la ley le ha reconocido, es indispensable que sea capaz de prestar un servicio público democrático caracterizado por: “a) la desmilitarización del servicio; b) un total respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos; c) la adopción y rigurosa aplicación de un código de deontología policial; d) la participación de todos los miembros del servicio y del conjunto de la población en la elaboración de las políticas policiales; e) la aceptación de la obligación de rendir periódicamente cuenta de sus actividades; f) la necesidad de que el servicio sea profesional e involucre en sus acciones la planificación, la coordinación y la evaluación de sus actividades” (Frühling , 2001, p.7).

Sin embargo, no basta con garantizar que el accionar policial sea respetuoso de los derechos del orden constitucional para que exista una policía favorable a la consolidación democrática, también es necesario que esta sea capaz de suplir las necesidades de los ciudadanos. El mantenimiento de la paz ciudadana tendrá repercusiones importantes sobre la forma en que los ciudadanos resuelven sus diferencias y la credibilidad que tienen en la Policía. En consecuencia, los problemas de seguridad ciudadana y convivencia que aquejan cada vez con mayor fuerza a la población, introducen reflexiones en torno a cuestionamientos aún más pertinentes cuando pensamos en que las instituciones competentes deben proveer seguridad dentro del marco de los principios fundamentales del sistema democrático, entonces: ¿la policía debe proporcionar seguridad bajo qué circunstancias o condiciones?, ¿a qué costo?, ¿de qué forma? Las exigencias actuales del Estado de derecho y del fortalecimiento democrático obligan a pensar en que el enfoque de la seguridad y las prácticas que se implementan para alcanzar los niveles requeridos por la sociedad están relacionados directamente con los conceptos de democracia y gobernabilidad, lo cual “configura un espacio sociopolítico determinante en las condiciones y la viabilidad de los esfuerzos” (Tudela, 2007).

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