Por Carlos Tórtora.-

La media sanción del proyecto de Ficha Limpia en Diputados dejó dudas y sombras que se destacan. Si es que el Senado la convierte en ley, Ficha Limpia instala múltiples interrogantes y tal vez el principal sea que es muy probable que los jueces terminen aplicando el principio de irretroactividad de la ley penal y que entonces la norma resulte ahora por lo menos inaplicable para Cristina Kirchner. Pero el debate en Diputados se extendió a múltiples aspectos de la corrupción. Pese a esto, ningún diputado mencionó que el gobierno acaba de anular la licitación por 9000 millones de dólares de la Justicia Paraguay Paraná, a la cual se presentó una sola oferente, DEME, acusada ahora por el gobierno de falta de transparencia. Justamente DEME venía denunciando últimamente el direccionamiento de la licitación a favor del actual operador, Jan de Nul. De este modo, el gobierno salió a atajarse por el dictamen negativo de la Procuradora de Investigaciones Administrativas. El fiscal Sergio Leonardo Rodríguez habló de graves irregularidades en el proceso licitatorio, incluyendo los pliegos de procedimientos. También mencionó el fiscal posibles consecuencias penales.

Ante semejante panorama, el gobierno habría salido indirectamente en apoyo de Jan de Nul, anulando la licitación y seguramente extendiéndole la concesión actual a esa empresa. Semejante escándalo de trascendencia internacional no pareció merecer ninguna mención por parte del Congreso.

La conspiración del silencio

Fracasó en Diputados el proyecto presentado por la kirchnerista Lorena Pokoik García para crear una comisión investigadora de la situación patrimonial de Cristian Ritondo. El presidente de la bancada del PRO está acusado ante la justicia federal de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y lavado de dinero a través de la propiedad de alrededor de 500 inmuebles por un valor cercano a los US$ 100 millones. El Fiscal Federal Eduardo Taiano, en una actitud ya un tanto sospechosa, no se pronunció todavía en la causa. Y Ritondo sigue repitiendo mecánicamente que todas las propiedades en cuestión están declaradas. En realidad, la clave de la cuestión es de dónde salieron los fondos para semejantes inversiones, pudiendo tratarse de una operación de lavado en gran escala. No quedan precisamente bien parados ni La Libertad Avanza ni el PRO negándose a que se investigue a Ritondo justamente cuando estaban por votar un proyecto de ley contra la corrupción como es el de la Ficha Limpia.

Si, como es lo más probable, trascienden pronto nuevas revelaciones que agraven la situación penal del diputado macrista, las bancadas que lo protegieron quedarían posiblemente en el rol de encubridoras.

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