Por Hernán Andrés Kruse.-

Guillermo Francos, actual Jefe de Gabinete, es un dirigente con una vasta experiencia política. Conoce al dedillo las reglas de la política, esas reglas que frecuentemente ignoran las más elementales reglas morales. Sabe muy bien que la concepción maquiavélica de la política (el fin justifica los medios) está plenamente vigente, Al escucharlo hablar en televisión se nota su sabiduría política, su capacidad para no dejarse llevar por emociones violentas. Francos medita muy bien sus palabras, lo que significa que es perfectamente consciente de las repercusiones que provocan.

El lunes 14 de octubre, al participar en un programa de radio, el Jefe de Gabinete expresó lo siguiente: “En la década del setenta también se tomaban las universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión”. “El gobierno se gana con votos, no se gana haciendo una marcha o tomando una universidad. Si quieren ganar y cambiar la posición del gobierno nacional que vayan a una elección y la ganen, tienen todo su tiempo por delante los chicos, hagan un partido y ganen. En este momento el gobierno es de Milei” (fuente: Perfil, 14/10/024).

Francos está jugando con fuego. Porque él es perfectamente consciente de la gravedad de sus dichos. ¿Cómo es posible que un dirigente con una trayectoria política tan vasta, compare la protesta estudiantil contra el veto de Milei con las tomas de universidades en los setenta? ¿Acaso pretende que el pueblo crea que los estudiantes que en estos momentos toman las universidades son la reencarnación de los montoneros y los erpianos? Sin embargo, lo positivo de semejantes afirmaciones es que nos hacen recordar lo que aconteció en aquella dramática época. Es bueno recordar lo que nos pasó entonces para que nunca más vuelva a tener lugar semejante tragedia.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de María Cristina Vera de Flachs (Miembro de Número de la JPHC) titulado “Las universidades argentinas en tiempos del Cordobazo” (trabajo realizado dentro del Grupo de Investigación “Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana”, Colombia). Aconsejo su lectura ya que trata con seriedad y bastante objetividad lo que pasó en Córdoba en mayo de 1969, el antecedente inmediato de la tragedia setentista.

LA PÉRDIDA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

“Antes de producirse el golpe de Onganía se informaba en Córdoba de la existencia de elementos trotskistas y otros grupos de izquierda señalando que dichos grupos no estaban reconocidos por la Universidad. Era obvio que si la afirmación anterior era conocida por los jefes de la llamada “Revolución Argentina” de 1966 las universidades nacionales fueran las primeras instituciones que sufrieran la política represiva y que su escenario político y académico se viese alterado al ser intervenidas y ocupadas. En efecto el 29 de julio se sancionó el decreto-ley 16.912/66, que terminó con la autonomía de las casas de altos estudios las que pasaron a depender del Ministerio del Interior. La normativa suprimía el gobierno tripartito, disolvía los consejos superiores y transformaba a los rectores y decanos en interventores dependientes del Ministerio de Educación con carácter de administradores. En consecuencia, los rectores de las seis Universidades Nacionales más grandes: Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Tucumán, Litoral y Cuyo renunciaron a sus cargos pues argüían que la medida atacaba la democracia interna de esas instituciones al desconocerles legitimidad e injerencia a sus órganos gubernamentales, siendo reemplazados por tecnócratas o por gente de tendencia nacionalista allegada a la Iglesia Católica con la intención de eliminar toda tendencia marxista o izquierdista.

Se anulaba así el cogobierno, la asamblea universitaria, el Consejo Superior y los consejos directivos que decidían los destinos de cada Facultad dando por tierra con toda la institucionalidad construida bajo el ideario de la Reforma de 1918. Con excepción de tres universidades más pequeñas (del Sur, Cuyo y Nordeste) que acataron la medida, las clases se suspendieron en aquellas unidades académicas. A su vez la resolución Nro. 175 del Ministerio del Interior dispuso la disolución de todas las entidades estudiantiles en la Universidad y la prohibición de todo acto público, sin expresa autorización del gobierno. También el golpe afectó a la editorial EUDEBA empresa que, en siete años, publicó 802 títulos que difundieron el pensamiento científico, cultural, artístico y técnico a precios económicos. La excusa era que esa producción esparcía el ideario filo castrista para lectores desprevenidos. Esto llevó a su intervención y, en consecuencia, a la renuncia de su personal. Posteriormente parte de este grupo, dirigido por Boris Spivacov, creo el Centro Editorial de América Latina.

Entretanto un alto porcentaje de profesores fueron cesanteados o renunciaron a sus cátedras en las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba. En la UBA, fueron desmanteladas las carreras de Ciencias Exactas, Psicología, Sociología, Ciencias de la Educación y Filosofía. Lo insólito es que mientras el país se sumergía en la oscuridad, liquidando una floreciente década que había convertido a las universidades argentinas en las más avanzadas de Latinoamérica, emisarios norteamericanos y latinoamericanos llegaban para contratar a los expulsados. Equipos enteros de químicos y físicos, biólogos y matemáticos se fueron del país”.

LOS DECRETOS LEYES RESTRINGEN LAS LIBERTADES CIVILES Y POLÍTICAS

“A su vez la dictadura iniciada en 1966 puso en vigencia un conjunto de decretos/leyes con el fin de restringir las libertades civiles y políticas. Por ejemplo, la ley Nro. 16912, sancionada el 29 de julio de ese año, dispuso entre otras cosas, que las autoridades de las universidades nacionales que estaban desempeñando sus cargos, ejercerán el gobierno hasta que se estableciera el régimen definitivo. Y que los centros de estudiantes deberían de abstenerse de efectuar actividades políticas. Ante esta legislación, ochenta y nueve destacados científicos y universitarios de todo el mundo remitieron un telegrama al general Onganía, repudiando la agresión contra las universidades y sus colegas argentinos: “Nos hemos enterado de graves violaciones efectuadas por el gobierno actual de la Argentina a la autonomía de sus universidades y a la libertad académica de sus miembros. Nos preocupan los actos de violencia de la policía contra nuestros colegas y el daño que hacen a las universidades de su país las renuncias provocadas por la Ley 16.912 y los acontecimientos posteriores. Aunque reconocemos la necesidad de reformar las universidades argentinas y de mejorar su calidad, creemos que los procedimientos que se emplean solamente pueden perjudicarlas. Instamos a que se restablezca la autonomía de las universidades y que se creen condiciones que disuadan a docentes e investigadores de emigrar”.

Paralelamente la ley Nro. 16.896/66 permitía detenciones y allanamientos sin previa orden judicial; la 16.970/66 hacía referencia a la Defensa Nacional, a la que años posteriores se sumaron otras; la ley 16.984/66 dispuso la prohibición y disolución de los partidos políticos, la confiscación de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias, según lo dispuesto en el artículo 3 de la mencionada ley. Por otro lado, la aplicación del polémico Operativo de Moralidad, el cual tenía como objetivo prioritario resguardar y preservar la moral occidental y cristiana frente a los embates del “comunismo extranjerizante”, llevó a prohibir «libros, impresos, grabados, pinturas, litografías o fotografías de carácter inmoral» (arts. 36 y 37 de la Ley 816) e idénticos objetos y otros tipos de literatura que tuvieran por finalidad la difusión y/o propaganda de la doctrina, la plataforma, los programas, objetivos y propósitos del comunismo o que tiendan a sostener o propiciar su implantación». Cientos de títulos publicados por EUDEBA fueron quemados.

La ley 17.224/04/67 congelo las convenciones colectivas de trabajo hasta 1969, como corolario el peso de devaluó en un 40%. La Nro.17.401/67 concretamente hablaba de la represión al comunismo. El Partido Comunista Argentino de gran llegada entre el estudiantado fue proscripto y se clausuró la posibilidad de realizar alguna protesta colectiva. La 17.649/67 de movilización militar de la población civil; la Nro. 17.567/68 hablaba de la represión a la huelga de empleados públicos; la 17.567/68 reformaba el Código Penal; la Nro. 18.019/68 hacía referencia a la censura y control de la información y la 18.232/69 creaba los Consejos de Guerra especiales. Al comenzar el año 1970 se ampliaron estas medidas con la sanción de otras leyes: la 18.701/70 de pena de muerte por fusilamiento para algunos delitos; 18.799/70 reducción de la figura del habeas corpus y al año siguiente 19.081/71 de represión del terrorismo y la subversión. Además, en 1971 fue creada la Cámara Federal en lo Penal, un fuero exclusivo para juzgar a la subversión (conocida como la “Cámara del Terror” o “Camarón”).

LA LEGISLACIÓN NACIONAL

“El 21 de abril de 1967 se sancionó la ley orgánica N 17.245 de las Universidades Nacionales, elaborada por un Consejo Asesor de la Enseñanza Universitaria Oficial creado para tal fin que entraría a regir a partir de dicho año. La misma contenía ciento veintiséis artículos que regulaban la vida académica y si bien se otorgaba libertad académica (art. 81) a continuación se restringía al condenar las opiniones políticas. La ley estableció la autarquía, fortaleciendo la autoridad de rectores y decanos y permitiendo una participación estudiantil limitada, reduciendo el gobierno universitario a los profesores de mayor jerarquía, concediéndoles a los estudiantes voz pero no voto. El representante estudiantil electo, además, debía ser elegido entre los alumnos del último año y sólo quienes tuvieran aprobada al menos la mitad de la carrera podrían sufragar. La nueva legislación admitía la existencia de centros estudiantiles, pero advertía que no podrían realizar ninguna clase de actividad política. Por otro lado, obligaba a tomar exámenes de ingreso a las casas de estudio, previendo que cada facultad encontrara el mejor modo de implementarlos.

En octubre de 1967 muere el Che Guevara y se desbarata la guerrilla boliviana lo que supuso que la conflictividad social y laboral, iba a mermar notablemente en todo el país, al tiempo que las protestas universitarias acompañaron esa línea descendente. El miedo surtía efecto. Paralelamente se reglamentaron las disposiciones de la ley 17.604/67 de las universidades privadas. A pesar de la preocupación del gobierno por sancionar una legislación para los estudios superiores, las cosas no estaban claras y los jóvenes rechazaban estas disposiciones con permanentes jornadas de protestas. En los ‘60 había ya 21 universidades privadas.

El 12 de junio de 1968, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, se sancionó la ley de las Universidades Provinciales existentes a la fecha, a las que se les concedió un plazo de 180 días para adecuarse a la ley 17.24526. Simultáneamente, el 28 de noviembre de 1968, por ley 17.987, el poder ejecutivo creó la décima universidad argentina: la Universidad Nacional de Rosario teniendo en cuenta que el 73% de los alumnos inscritos en la Universidad Nacional del Litoral y un alto porcentaje de sus docentes correspondían a la ciudad de Rosario. Las nuevas universidades y la diversificación del sistema universitario constituyeron uno de los principales instrumentos con el que el régimen militar procuró revertir los efectos de la politización y movilización estudiantil.

EL PAÍS SE PRECIPITA A UN “ABISMO”

“El año ‘69 se presentó bastante complicado desde todo punto de vista y en el país los estudiantes debatían en las aulas universitarias los grandes problemas políticos solidarizándose con las clases obreras, manifestando su descontento y enfrentando fuertemente la dictadura de Onganía. En pleno receso escolar, en febrero de dicho año, en Corrientes se decidió la privatización del comedor universitario de la Universidad Nacional del Nordeste y, en el mes de mayo, se aumentó el precio del ticket en un 500%, lo que provocó la movilización masiva del estudiantado, con la consecuente represión por parte de la policía y durante una pueblada conocida como Correntinazo, el 15 de dicho mes, fue asesinado el estudiante de cuarto año de Medicina, Juan José Cabral, seguido por una ola de protestas y movilizaciones que requirieron la intervención de las Fuerzas Armadas. El asesinato de Cabral desató asambleas y protestas en casi todas las universidades públicas del país.

El viernes 16 de mayo, en la Universidad Nacional de Rosario, el rector José Luis Valentín Cantini intentó frenar las asambleas en las facultades con la suspensión de las clases durante tres días. Pero los estudiantes, lejos de desmovilizarse, confluyeron en el comedor universitario -ubicado en avenida Corrientes al 700- que seguía abierto. Después de la asamblea, cerca de medio millar marchó por las calles céntricas de la ciudad. En esa ocasión cayó el estudiante de Ciencias Económicas Adolfo Roque Bello. Tres días más tarde cayó herido de bala el estudiante secundario y aprendiz metalúrgico Luis Blanco, de 15 años. Fue el segundo muerto del Rosariazo. Esas muertes crearían en esas unidades académicas el clima propicio para que en ambos centros se suspendieran también las clases y se produjeran manifestaciones callejeras que fueron reprimidas con gases lacrimógenos y disparos.

Las universidades nacionales de Mendoza y Tucumán adoptarían similares medidas, lo que motivó que la FUA convocase en todo el país a la realización de asambleas, concentraciones, manifestaciones y tomas de facultades, mientras se preparaba un paro nacional. En síntesis, las universidades argentinas durante el gobierno de Onganía presenciaron cambios de rectores y modificaciones en la educación superior para evitar males mayores. Sin embargo, las nuevas autoridades no pudieron evitar el grado de politización instalado en sus claustros y esos acontecimientos indicaban que la dictadura había fallado en aquello de lo que se vanagloriaba: la imposición del orden y posibilitó que los estudiantes hicieran alianza con los sectores obreros. A partir de esas movilizaciones, además, quedó demostrado que la lucha se hacía en las calles y que los grupos armados crecerían en el país”.

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