Por Hernán Andrés Kruse.-

En su edición del 18 de diciembre, La Nación publicó un artículo de Gustavo Ybarra titulado “Victoria Villarruel ante las horas más oscuras”. Escribió el autor: “Cercada por su propio gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel atraviesa sus horas más oscuras desde que tomó posesión del cargo y de la presidencia del Senado. Ya no le quedan dudas de que la Casa Rosada quiera verla reducida a su mínima expresión política y, de ser posible, humillada. Aunque ya deberían estar acostumbrados, en el entorno de Villarruel se sorprenden por la crueldad con la que “el triángulo de hierro” compuesto por los hermanos Javier y Karina Milei y Santiago Caputo sigue atacándola. Por eso, otra vez empieza a sonar en el primer piso del Senado, donde habita la vicepresidenta, la muletilla esgrimida durante las anteriores refriegas públicas con el primer anillo del poder. “No la rajan porque no pueden, porque no está a tiro de decreto”, repiten cerca de la vicepresidenta”.

El quiebre del vínculo entre Milei y Villarruel es definitivo. Las críticas de la vicepresidenta a Patricia Bullrich por el secuestro de un gendarme en Venezuela es la frutilla del postre. Cabe reconocer que Victoria Villarruel fue desde el comienzo un hueso duro de roer para el triángulo de hierro. Milei, su hermana y Caputo siempre fueron conscientes de las ambiciones políticas de la vicepresidente. Siempre fueron conscientes de que Villarruel, envalentonada por su alta imagen positiva, tiene en mente suceder a Javier Milei en 2027. La vicepresidente es, qué duda cabe, el rival más poderoso y encarnizado del triángulo de hierro. Ello explica su obsesión por reducirla a la mínima expresión.

Este enfrentamiento me hizo acordar al que protagonizaron a comienzos del siglo XXI Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez que terminó con la renuncia del vicepresidente en octubre de 2000. Buceando en Google me encontré con un ensayo de Julián Zicari (Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA) titulado “Estrategias individuales, consecuencias colectivas. La renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia” (Temas Debate, Rosario, 2017). Invito al lector que compare lo que sucedió entre De la Rúa y Álvarez hace 23 años y lo que acontece ahora entre Milei y Villarruel. Cambian los protagonistas pero no la esencia de la política: la lucha descarnada por el poder.

Las dinámicas individuales y un conflicto que escalona sin red: el enfrentamiento entre el presidente y su vice

“Dadas las estrategias y preferencias individuales de los principales líderes aliancistas, no parece difícil pensar porqué el sistema latente de incompatibilidades que habían conformado tuviera un alto riesgo: éste podría ponerse al descubierto e incluso luego estallar una vez que alguna cuestión ganara protagonismo político y con ello obligara al pronunciamiento público discordante entre los líderes sobre cómo proceder. Entonces, las diferencias podrían aflorar y así el armisticio palaciego ya no podría ser más la regla sino que se tendría que dar lugar a otros mecanismos de funcionamiento para el gobierno, los cuales permitieran igualmente la coexistencia de los estilos contrarios; especialmente esto último era fundamental ante un eventual y peligroso choque entre el presidente y su vice.

La cuestión que operó como disparadora de los clivajes fueron sospechas de pago de sobornos en el Senado, en las que se rumoreó que el gobierno había comprado el voto de varios senadores para que aprobaran la ley de reforma laboral. En este caso, sin embargo, vale aclararlo, dichas sospechas no se instalaron en la agenda política de un solo golpe, sino que fue un proceso que ganó peso lentamente, sobre todo por la propia dinámica que los protagonistas le fueron dando en función de las heterogéneas disposiciones que asumieron. La ley bajo sospecha, como dijimos, fue aprobada en el Senado a fin de abril, empero, el primer manto de duda sobre ella apareció recién dos meses después en una nota de un diario porteño (La Nación, 25/06/2000). Tal nota sugería la posibilidad de sobornos en un párrafo muy periférico, sin datos certeros ni nombres y con poca precisión. Por lo que, en principio, ella sola no fue motivo suficiente para que las sospechas ganaran la relevancia que luego tuvieron, sobre todo en vistas a que la nota fuera publicada el mismo fin de semana en que se produjo la muerte del cantante de cuarteto “el potro” Rodrigo Bueno y que fue una noticia que dominó los medios de comunicación ese tiempo.

A su vez, así como Menem había tenido un sinfín de denuncias, sospechas y notas periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción y había sobrevivido políticamente durante años a ellos, algunos operadores políticos de la Alianza recomendaban actuar con sigilo y dejar que el asunto quedara en la nada, desvanecido en el olvido. Sin embargo, la dialéctica política bajo el imperio de la Alianza conllevaba disposiciones muy diferentes a los viejos tiempos menemistas, ya que las sospechas calaban ahora en el epicentro del discurso personal que Álvarez y que parte de la Alianza llevaban como bandera. A su vez, el tema tuvo mayor repercusión todavía a mediados de agosto cuando el líder sindical de la CGT disidente –Hugo Moyano–, que se había decidido a encabezar el frente opositor contra el gobierno y la lucha contra el neoliberalismo –especialmente contra la ley de flexibilización laboral por la que se acusaba de haber pagado coimas– comentó en la televisión un diálogo que habría tenido con el ministro de Trabajo Flamarique antes de que se aprobara la ley. Allí señaló: “cuando yo le dije que en el Senado había mayoría peronista y la ley no iba a pasar, él me dijo “para los senadores tengo la Banelco”. Por su parte, el senador del PJ Antonio Cafiero involucró a algunos de sus pares al respecto en la prensa y en la Justicia, acusando puntualmente a Emilio Cantarero y a Ramón Ortega (La Nación, 31/08/2000).

Frente a un tema que se había ido adueñando totalmente de la escena, el vicepresidente Álvarez consideró que estaba obligado a actuar, pues las coimas, de haber existido, fueron en el propio recinto que él dirigía. Con lo que, se decidió a convertir la situación en una oportunidad al utilizar su habitual ingenio político e ir por todo: señaló que un cuerpo legislativo tan importante para la democracia como era el Senado no podía estar bajo sospecha, por lo que para defender su honra éste debía ser refundado. Esto último, a la luz de las circunstancias, brindaría diversas ventajas políticas que según Álvarez habría que aprovechar: no sólo él personalmente y el gobierno podrían recuperar así el protagonismo político que estaban perdiendo, sino que también se podrían apuntar a dos objetivos más: uno de “máxima”, con el cual pretendía adelantar las elecciones directas a senadores previstas para 2001 lo antes posible (decía Álvarez: “Habría que pensar si la Constitución no deja alguna luz para adelantar las elecciones de senadores […] para un cambio de fondo” ya que para que haya “legitimidad de los que lleguen a la Cámara como senadores [tengan que ser] elegidos por el pueblo y no por los acuerdos en las legislaturas provinciales, como ocurrió hasta ahora”) (Clarín, 05/09/2000), con lo que la Alianza podría invertir la relación de fuerzas a su favor en la Cámara Alta; y un objetivo de “mínima”, en el que habría que cambiar las autoridades de las comisiones, presidentes de bloques y forzar algunas renuncias en el Senado (decía aquél: hay que “oxigenar el Senado” y “se tienen que producir cambios políticos porque hay una crisis política de representación […] los sospechados deben dar un paso al costado”) (Clarín, 02/09/2000).

Para cualquier de los dos casos, tanto el de máxima como el de mínima, Álvarez citaba recurrentemente el ejemplo del mani pulite italiano (Página 12, 22/08/2000), en el cual frente a casos de corrupción, muchos políticos habían decidido refundar las instituciones, los cargos y los mecanismos de gobierno, lo que podría ser un antecedente para replicar en la Argentina. Puesto que para ese momento el número de personas que creían que habían existido los sobornos había crecido a toda velocidad: llegó al 71,5% a fin de agosto, una semana después ya era el 83,2% mientras que para principios de septiembre el número era del 93,7% (Clarín, 10/09/2000). Es decir, después de tantos años de centrar como principal tema político por parte de los miembros de la Alianza –especialmente por el Frepaso– a las causas de corrupción y fomentarse la cultura del escepticismo y la desconfianza –construyendo una imagen generalizada en la que “todos los políticos roban”–, con sólo mencionarse rumores de sobornos casi toda la población terminaba por adoptar la certeza de que eran hechos efectivamente ocurridos –aun cuando no se hubieran presentado pruebas, sino sólo sospechas–, volviendo el tema “corrupción” un boomerang de difícil escapatoria; a su vez, el asunto se volvía más candente si se considera que también el desánimo y la resignación conquistaron la escena como su contrapartida: el 70% de los encuestados pensaba que el caso iba a quedar diluido y sin culpables (Ibídem), perdiendo toda esperanza en la renovación institucional que la Alianza se había comprometido a realizar.

Por lo que más que nunca Álvarez leyó en tal situación la chance de convertir la crisis en una oportunidad y volverla algo que no se podría desperdiciar para volcar así la situación a su favor –con lo cual pudieran beneficiarse tanto él como el gobierno– y se lanzó a representar el rol de máximo impulsor de la investigación, empujando para que ésta se haga de forma rápida y firme –pero sobre todo pública– con el fin de marcar una clara señal de diferenciación con las formas en que había procedido el menemismo hasta entonces, quien no hacía nada frente a las sospechas y denuncias, sugiriendo que no actuar era confirmar la idea de impunidad. Sin embargo, para que tal empresa funcionara su alter ego institucional debía estar dispuesto a acompañarlo, cosa que nunca iba a ocurrir: el presidente, en una posición totalmente distinta, continuaba abrazado a la mesura de sus acciones y buscó proteger el débil equilibrio de poder institucional que debía conducir. Ya que gobernadores y legisladores de su propio partido le habrían pedido que controlara a Álvarez, puesto que éste era un peligro para la gobernabilidad y los acuerdos partidarios; peligro que ahora se extendía al Senado en donde los opositores eran mayoría, una mayoría con la que se tenía que tener buen trato y dialogar para sacar las leyes adelante, pero que empero eran duramente acusados –al igual que oficialistas– de haber recibido coimas pagadas por su propio gobierno.

Con lo que, De la Rúa, de darle mayor lugar a los rumores de sobornos, no sólo ayudaba a atacar la frágil convivencia institucional con aquellos que debía pactar, sino que empujaba por trasladar las sospechas a la propia Alianza. Como señaló el senador del PJ Eduardo Menem: “Si lo que se dice fuera cierto, incurre en el mismo delito tanto el que da como el que recibe. Vamos a caer todos en el caldero hirviente de la difamación, del cual saldremos todos quemados” (Clarín, 09/08/2000). De esta forma, el presidente De la Rúa se dispuso a asegurar la paz y se reunió a mediados de agosto en la quinta de Olivos con los senadores peronistas para llevar tranquilidad sobre el asunto y expresar su “total confianza” en el bloque opositor, ya que estaba seguro que no existieron sobornos. Allí dijo sobre las supuestas coimas: “Esas versiones son totalmente absurdas [con las que] se desprestigia a la Cámara alta sin ningún asidero real […] Yo tengo la más absoluta seguridad de mis funcionarios” (La Nación, 10/08/2000).

El presidente del bloque de senadores del PJ, Augusto Alasino, se quejó en dicha reunión sobre las presiones de Álvarez con las que acusaba a la oposición con sus denuncias: “Con esta falta de libertad es complicado manejar los temas: si los votamos somos corruptos y, si no, obstruimos” (Ibídem). Reunión en la que la mayoría de los legisladores expresó sentirse cansados de “la campaña de desprestigio”, aunque aclarando que ahora se sentían “defendidos por el presidente”. En este sentido, pocos días después, De la Rúa decidió sellar su pacto de paz y convivencia con los senadores sospechados cuando pidió que fueran ellos mismos los que resolvieran el tema, llevaran adelante la investigación y aclarasen lo sucedido. Allí dijo: “No hay cosa peor que las versiones flotando, porque dañan a las instituciones. Es muy importante que en el Senado mismo, donde se originaron las versiones, se den los pasos para determinar con claridad esta situación” (Página 12, 18/08/2000).

Empero, la actitud del vicepresidente fue diametralmente distinta a lo planteado por De la Rúa. En este caso, el vice se oponía a la idea de pacificación con los senadores y de que estos se auto-investigasen, promoviendo incluso un “desafuero colectivo” para toda la Cámara: “Es muy difícil, al estar involucrada una parte de los senadores en este tema, que el propio cuerpo pueda llevar adelante una investigación objetiva [ya que soy] pesimista acerca de la posibilidad de auto-investigación de los senadores […] Debería desaforarse colectivamente la Cámara para que la Justicia pueda actuar en este tema […] No estoy dispuesto a ser el presidente de un cuerpo que conviva con estas situaciones” (La Nación, 22/08/2000). En esta dirección, las recurrentes embestidas de Álvarez para avanzar sobre el tema estaban llevando la situación a posiciones cada vez más enfrentadas, ya que mientras el vice fogueaba las sospechas, actuando como si tuviera la certeza de que hubo sobornos, el presidente intentaba dejar el tema en el olvido, asegurando que las versiones no tenían ningún asidero.

Por lo que, De la Rúa y su entorno comenzaron a ver en las actitudes de Álvarez un tipo de protagonismo político que quería opacarlo, minar su autoridad y tejer así una conspiración contra él, en la que buscaba presentar a De la Rúa como abrazado y protector de los corruptos. Algunos senadores, tanto del radicalismo como del peronismo, se quejaban del vice y su constante referencia a los sobornos como una estrategia puramente personal para resaltar su figura, señalando: “fogonea este tema porque necesita prensa” (Página 12, 23/08/2000). Por lo cual, el presidente comenzó a tomar una distancia cada vez mayor de Álvarez y buscó el amparo del menemismo, que había amenazado con proyectar la misma suerte de los senadores sospechados con la del gobierno (el senador menemista Jorge Yoma había dicho: “si quiere llegar hasta el fondo de las investigaciones, habría que citar también a declarar a De la Rúa”) (Clarín, 19/08/2000).

Así, primero tuvo una reunión secreta con Menem en Olivos durante una madrugada de domingo –la cual igualmente trascendió (Clarín, 14/09/2000)– para luego tener un encuentro público en la Casa Rosada, en el que ambos plantearon que era la Justicia la que debería actuar (Clarín, 23/09/2000); aunque esa reunión pareció también un intercambio de favores y un pacto político, por medio del cual el gobierno detendría las “persecuciones” contra los ex funcionarios de Menem y éste se comprometería a dar su apoyo legislativo en el Congreso. A su vez, De la Rúa también pretendió con esa reunión unificar al disperso campo opositor, ratificando al riojano con el liderazgo peronista que a éste se le cuestionaba dentro del PJ, convirtiendo así al ex presidente en su principal interlocutor político y garante de la estabilidad institucional.

Por último, la alianza proyectada por De la Rúa junto a Menem también pareció confirmar lo peor al ser asociados a la firma de un acuerdo de impunidad entre ambos, ya que el juez a cargo de investigar la causa del Senado –Carlos Liporace– era acusado no sólo de ser excesivamente permeable y de fallar siempre a favor del menemismo (incluso terminaría preso tiempo después por esto) (La Nación, 12/05/2015), sino que también era acusado contemporáneamente por causas de corrupción y de tener un patrimonio imposible de justificar. Todo lo cual sentaba más la sensación de que el oscuro mundo político era inexpugnable y que toda la corporación política era, finalmente, lo mismo, tal cual se sospechaba; lo que incluía también al presidente, al vice, al gobierno y a toda la Alianza.

A las situaciones de oposición y enfrentamiento tácito a las que se estaba dirigiendo la cuestión por las actitudes asumidas tanto por Álvarez como por De la Rúa, debemos sumar un hecho más, puesto que la pelea pública entre ambas figuras también debe ser contextuada en el marco de la guerra subterránea entre grupos. En este caso, no pueden dejarse de lado los distintos tipos de operaciones de prensa e inteligencia originados desde el entorno delarruista y sufridos por los tres principales miembros del Frepaso y quienes vertebraban a dicho partido: Fernández Meijide, Álvarez e Ibarra. Así, en el caso de Fernández Meijide se habían realizado en marzo denuncias de corrupción contra ella que terminaron por minar su trayectoria política y llevarla hasta un punto ya sin retorno, mientras que los otros dos casos tensaron la convivencia dentro de la Alianza todavía más. Los tres casos eran instigaciones originadas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –organismo a cargo de Fernando De Santibañez, amigo íntimo de De la Rúa–, quien también era uno de los máximos sospechados por los sobornos, ya que se sostenía que –de haber existido sobornos– los pagos se realizaron con dinero proveniente de esa Secretaría”.

Share