Por Carlos Tórtora.-

Una serie de hechos hicieron que esta semana el gobierno de Javier Milei se deslizara cada vez más por la pendiente del autoritarismo y la corrupción. Marcelo Longobardi fue despedido de su programa Esta mañana, que se emitía por Radio Rivadavia. La emisora argumentó inconsistentes razones de falta de rating. Pero Longobardi no se calló y mencionó a Karina Milei como la autora intelectual de su despido, en una clara señal de persecución a las voces disidentes. Al mismo tiempo trascendía que existirían listas negras de figuras cuya difusión se les prohibiría a todos los medios adictos al régimen, igual que durante el último gobierno militar. El economista Roberto Cachanosky sería uno de ellos.

Por último en este ramo, el Ejecutivo contrató por 190 millones para el primer semestre del año entrante -contrato renovable- a 17 encuestadoras, en un claro intento de manipular a la opinión pública, ya que la necesidad de valerse de encuestadoras agota su racionalidad contando como mucho con 5 o 6. Tener 17 firmas bajo su influencia implica intentar controlar la opinión pública.

Adiós a la ética

En un gesto insólito, Milei salió a respaldar firmemente a Cristian Ritondo, quien ya acumula dos denuncias por enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de activos. La primera la presentó el abogado Jeremías Rodríguez ante el juzgado federal de Sebastián Ramos y se refiere a una serie de sociedades offshore dueñas de inmuebles en Miami y cuya titular es Romina Aldana Diago, esposa de Ritondo. La segunda denuncia es de Elisa Carrió y Mónica Frade; se presentó ante la UIF y alude a que sólo una de las empresas de Ritondo, Emprendimientos Rivadavia, acumula un patrimonio de 72 propiedades en Capital, más una urbanización en Pinamar, una chacra en San Antonio de Areco y 10 autos importados, sin que el giro de sus negocios indique de dónde proviene semejante fortuna. La sospecha latente en el ambiente político es que no sólo se trataría de fondos provenientes de coimas y contratos fraudulentos del Estado, sino que estaríamos ante un lavado en gran escala de fondos originados en el narcotráfico. Frente a hechos de tal gravedad, el presidente no sólo no apoya que la justicia investigue sino que sostiene que Ritondo es víctima de ataques por colaborar con el gobierno.

Milei se erige así en cómplice de uno de los casos más resonantes de corrupción política y no tiene vergüenza en calificar a Ritondo de víctima. Lo curioso es que, enclaustrado en su silencio, ni Mauricio Macri intentó defender a su mano derecha en la Cámara de Diputados pero sí lo hace Milei, como queriendo despejar las sospechas de que en realidad el gobierno fue el que arrojó a Ritondo a la hoguera.

Este lamentable panorama se completa con el persistente mutismo del gobierno sobre los dos directivos más importantes de la agencia de recaudación ARCA. Se trata de Juan Pazo y Andrés Vázquez, que omitieron en sus declaraciones juradas varios inmuebles que poseen en Miami. Los libertarios optaron entonces por no hablar más del tema.

La actitud oficial ante todos estos estos casos y el obvio intento por silenciar el caso Kueider apuntan en el mismo sentido: naturalizar una corruptela generalizada a partir de un mayor control estatal de la opinión pública.

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