Por Luis Alejandro Rizzi.-
La economía argentina tiene una particularidad que la hace difícil de entender. Podríamos generalizar a toda América del Sur, que con una superficie de poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados tiene sólo 400 millones de habitantes.
Por su parte, los países de la Unión Europea tienen una superficie de 4,7 millones de kilómetros cuadrados con una población de 600 millones. Desde Málaga (al sur de España) hasta Amsterdam, atravesando España, Francia, Bélgica y llegando a los Países Bajos, hay una distancia de 2.200 kilómetros, en números redondos, y una concentración de 150 millones de habitantes.
Con este ejemplo veremos que, en América del Sur, pero en particular en nuestro país, no tenemos mercado. El razonamiento es simple y, en este caso, lineal: a falta de mercado, cae el interés por invertir.
De Jujuy a Ushuaia hay una distancia de unos cuatro mil kilómetros, pero sólo 45 millones de habitantes de los cuales un tercio habita en el conurbano bonaerense.
Argentina tuvo inversiones entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuando capitales ingleses construyeron las líneas férreas de trocha ancha desde las zonas de producción hacia los puertos. Dicho de otro modo: desde donde había mercado agropecuario y de algodón, que eran los commodities que necesitaban importar para exportar sus manufacturas. No construyeron ferrocarriles en la Patagonia ni en otras zonas despobladas.
Así se generó una oligarquía agropecuaria y una clase media que empezó a poblar el interior, haciendo surgir pueblos a la vera de las estaciones del ferrocarril, como decía Arturo Jauretche. Esos pueblos comenzaron a desaparecer con la supresión de ramales, uno de cuyos efectos son los conurbanos. Otro costo no medido.
Asimismo, se fue generando un «proletariado» sin derechos, en el que se despedía por causa de matrimonio, nacimiento de hijos o enfermedad, y donde las vacaciones eran algo excepcional.
No se produjo una revolución social gracias al General Juan Perón, quien vio el fenómeno social y, con su política —tildada por algunos de tener sesgos demagógicos—, incorporó ese «proletariado» a la vida social. Concedió derechos legítimos, muchos de ellos extraídos de la doctrina social de la Iglesia, los cuales generaron el llamado «costo laboral», que pienso fue la clave de la economía informal, ya que dicho costo incidía directa y negativamente en la rentabilidad de los negocios.
Así se generó un segmento marginal o informal de la economía, cuya finalidad inicial era evitar el costo de la legalidad (o “beneficio de la rentabilidad consecuencia de la evasión”), pero se afectaban directamente los ingresos normales del Estado —impuestos, tasas y aportes previsionales—.
Esa insuficiencia de recursos aumentó la presión fiscal sobre el sector formal, lo que provocó que la economía marginal contribuyera aún más a la elusión y a la evasión fiscal. Cuando se llegó a un límite, se recurrió al endeudamiento y a la emisión monetaria para financiar los gastos corrientes y, en especial, la inversión de capital en obras de infraestructura, que obviamente se resentía ante la necesidad de cubrir los gastos corrientes.
El dogma de la eliminación del déficit fiscal y el fin de la emisión monetaria son el eje prioritario e inamovible de la gestión oficial para erradicar la inflación crónica.
La principal consecuencia o costo de esta ancla fiscal ha sido el freno y la paralización casi total de la obra pública tradicional por parte del Estado.
El capital privado tiende a dirigirse principalmente hacia sectores con altas tasas de ganancia e industrias orientadas a la exportación, dejando desatendidas las zonas con menor rentabilidad inmediata.
Salvo en muy pocas rutas con un volumen masivo de vehículos, financiar obras viales únicamente mediante tarifas de peaje no es viable en la mayoría de los corredores. Si la tarifa se fija muy alta para compensar el bajo tráfico, resulta expulsiva e impide la circulación.
Sin una infraestructura nacional articulada, el costo logístico de la economía se incrementa significativamente.
Proyectos clave -rutas de conexión, infraestructura energética troncal, obras hídricas- no suelen ser rentables en el corto plazo para un privado, requiriendo históricamente la planificación o ejecución estatal.
La falta de crédito a largo plazo, lo que se suele llamar profundidad financiera, y un mercado interno contraído y muy pequeño, dificultan que los privados absorban por sí solos el mantenimiento y la construcción de la red nacional. El tamaño del mercado es lo que nos hace caros. Agreguemos que las políticas cambiarias y los controles de cambio desincentivan la competencia externa.
Estas son nuestras cuestiones, y es lo que no entienden los organismos internacionales de crédito, que tienen parte de responsabilidad en el financiamiento «bartolero» del país.
Nuestras mentes, si es que las hay, deben elaborar políticas que respondan a esta realidad. Mientras el país no tenga población ni mercado, el Estado debe ser protagonista de la inversión en infraestructura.
Es necesario dejar de lado ideas y conceptos elaborados a partir de realidades muy diferentes.
El Estado, más allá de cualquier ideología, debe motorizar el desarrollo y el crecimiento, por lo menos hasta que tripliquemos la población y tengamos mercado.
Todo lo demás es cotorreo de “burros bárbaros”, parafraseando a Ortega.
El error es no saber ver la realidad.
Se debe crear la escuela argentina de economía.
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