Por Hernán Andrés Kruse.-
La escena fue grotesca, patética, francamente repulsiva. El jueves 26 de septiembre, en horas de la tarde, la diva de la televisión, Susana Giménez, visitó la Casa Rosada para entrevistar al presidente de la nación. En el interior de la histórica residencia, Susana se encontró con la todopoderosa Karina Milei. Luego de la entrevista el presidente y la diva salieron al histórico balcón para efectuar el saludo de rigor. Se los veía alegres, casi exultantes. Confieso que al ver esa escena en los diarios del día siguiente, me vinieron a la memoria las fotos que el entonces presidente Carlos Menem se sacó en Olivos junto a los famosísimos Rolling Stones. En ese momento se dijo que Menem era el emblema de la frivolización de la política. Tres décadas más tarde, Milei no hizo más que imitarlo.
Lo obsceno de este encuentro entre Milei y la diva es que tuvo lugar inmediatamente después de que el Indec diera a conocer la pavorosa cifra de la pobreza (53%), similar a la de la crisis de 2001/2002. ¿Era necesario que Milei y Susana se mostraran sonrientes luego de conocerse semejante tragedia social? Este lamentable episodio no hace más que confirmar lo relevante que es para toda sociedad que quienes ejercen el poder sean personas probas, rectas, éticas. Un gobierno es bueno únicamente si piensa en el bienestar de su pueblo, si no le miente en la cara, si no se burla de su inteligencia. Buceando en Google me encontré con un ensayo de Oscar Diego Bautista (Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México) titulado “Fundamentos éticos para un buen gobierno” (2009). El objetivo del autor fue demostrar lo importante que es para bien de los pueblos la dignificación de la política.
ÉTICA Y SERVICIO PÚBLICO
“Los antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes? respondían que cuando las leyes son buenas benefician a la comunidad política siempre que los hombres las respeten y las apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, la respuesta era contar con hombres buenos, ya que ellos, además de actuar correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley. En esta cultura, los individuos con un gran reconocimiento y decoro eran considerados «Hombres Ley». Parafraseando esta idea y cuestionándonos si es mejor el gobierno de los hombres o el de las instituciones, sin duda la respuesta sería simi lar. Son los hombres los que hacen las leyes y las instituciones. Y así como un hombre bueno era antaño considerado un «Hombre Ley», un hombre con principios éticos en el ámbito público puede considerarse como un «Hombre Institución», de donde se deduce que cualquier mejora en la operación de las instituciones públicas, y por tanto de la credibilidad de éstas, será posible si se eleva la conducta moral de los individuos que la integran mediante una adecuada formación ética.
La importancia de poner atención en la conducta de los hombres públicos la resalta Douglas North al decir: «Las instituciones son una creación humana, evolucionan y son alteradas por humanos. Por consiguiente, se deberá empezar por el individuo». Una deliberación exhaustiva en relación tanto a la manera de frenar actitudes antiéticas en el ámbito público como a la recuperación de la confianza del ciudadano, conduce a la idea de que no es a través de controles externos a los servidores públicos como se impide que éstos cometan actos indebidos sino que es a través de la sensibilización, del desarrollo de la conciencia así como del establecimiento de principios internos en las personas como se podrá evitar la realización de actos contrarios a la ética. Pretender someter a los hombres por la fuerza del poder o de la ley con controles externos no es el mejor camino. «El derecho puede imponerse desde fuera, no así la moral.» (Cortina). «El conjunto de normas y controles no garantizan que el empleado público actúe de forma éticamente correcta. Sólo la fortaleza de las convicciones éticas del empleado puede cubrir el vacío que el contexto produce.» (Rodríguez Arana).
Al ser las instituciones de carácter público, es importante contar con personal formado en ética, entendida ésta como la herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio. La formación ética es vital en los individuos pues éstos tienen un carácter eminentemente activo en la marcha y desarrollo de los organismos. Precisamente, una de las causas que ha provocado la desconfianza en las instituciones públicas es la ausencia de principios y valores éticos, lo que da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas tales como la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el desvío de fondos, etc. Situaciones que impiden se alcancen las metas y objetivos institucionales.
Una clasificación general respecto al personal que opera en el gobierno señala que existen dos tipos de personas que participan en la dirección y operación de las instituciones: políticos y funcionarios. Ambos tienen por objetivo común servir a la sociedad a la que representan, lo que les coloca como servidores públicos. Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar no sólo con funcionarios responsables, sino también con políticos responsables puesto que son éstos últimos quienes gozan del máximo margen de autonomía en las decisiones, y de estas decisiones depende a su vez la actuación de los primeros.
La ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación por difícil que ésta sea, ofreciéndole criterios para encontrar soluciones adecuadas. Los cambios en las actitudes de gobernantes y servidores públicos hacía una mejora en la calidad de los servicios e instituciones no se pueden forzar desde fuera, deben surgir de ellos mismos, proceden del «despertar» como dijera Aristóteles, o del «salir de la caverna» según afirmara Platón, provienen «de un verdadero cambio del corazón» como dice Caiden. En otras palabras, desde el pensamiento, desde las convicciones debe brotar la fuerza dinámica que los convierta en acto.
La razón por la que la ética es un instrumento necesario radica en que ésta se orienta al estudio de las acciones humanas por lo cual las explicaciones a las distintas conductas giran en torno a esta disciplina. Cada acto que realiza el hombre tiene su fundamento o justificación en la ética, disciplina de por sí independiente de cualquier religión o ideología. Cuando los hombres públicos responden a una filosofía ética son responsables de su conducta y de cada uno de sus actos. De esta manera, la ética es el mejor de los instrumentos porque conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón a partir de la idea de servicio colectivo, elemento imprescindible en los servidores públicos ya que como señala Adela Cortina: «El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni siquiera de su deseo de ser malo o bueno sino que exige un profundo autocontrol».
La ética es el mínimo exigible para asegurar una honestidad y una responsabilidad en el empleo público. Una baja moral y una baja motivación en los servidores públicos fomentan actitudes antiéticas, situación que a su vez se refleja en una baja calidad en la operación de las instituciones públicas. La imagen que se crea de los gobiernos, ya sea positiva o negativa, es resultado de la actitud y conducta que ofrece cada persona que labora en las instituciones. Una buena imagen ayuda a creer y a confiar, una mala imagen genera desconfianza, duda, rechazo. La conducta, la integración y las actitudes son los elementos básicos para establecer buenas relaciones y buen servicio. A esta tendencia se opone, sin embargo, la evolución en el estilo de trabajo de los representantes públicos modernos quienes se han convertido en operadores intelectuales altamente especializados, orgullosos de ocupar un cargo público pero poco sensibles al sentir humano”.
LA RELACIÓN ÉTICO-POLÍTICA EN BUSCA DE LA SATISFACCIÓN DE LA PLURALIDAD DE INTERESES
“Lo más aborrecible es que se gobierne olvidando el bienestar de la gente”. Confucio.
“El resultado de sumar ética y política es el bien común o bien para la comunidad, entendido como el conjunto de condiciones de vida con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden alcanzar la plenitud. «La política pretende encontrar la mejor forma de constituir un Estado y ésta será aquella constitución que le brinde mayores oportunidades para alcanzar lo justo y esto es el bien común» (Aristóteles, Política). Gobernar es servir a los intereses comunes. Este, y no otro, debe ser el motor que impulse a los políticos. De hecho, un Estado moderno que no beneficia a sus ciudadanos debería ser considerado ilegítimo. El bien común es el bien de las personas en cuanto que están abiertas entre sí a la realización de un proyecto unificador que beneficia a todos.
La noción de bien común asume la realidad del bien personal y la realidad del proyecto social en la medida en que las dos realidades forman una unidad de convergencia: la comunidad. El bien común es el bien de la comunidad. Para alcanzar el anhelado bien común, entre las distintas partes que integran la comunidad, le corresponde al Estado la tarea de arbitrar los conflictos y poner diques a los grupos que se alejen de este objetivo. Cicerón, refiriéndose a la importancia de gobernar para todos escribió: «Los que hayan de gobernar el Estado deben tener siempre presente estos dos preceptos: el primero, defender los intereses de los ciudadanos de forma que cuanto hagan lo ordenen a ellos, olvidándose del propio provecho; el segundo, velar sobre todo el cuerpo de la República, no sea que, atendiendo a la protección de una parte, abandonen las otras. Lo mismo que la tutela, la protección del Estado va dirigida a utilidad no de quien la ejerce, sino de los que están sometidos a ella. Los que se ocupan de una parte de los ciudadanos y no atienden a la otra introducen en la patria una gran calamidad: la sedición y la discordia, de donde resulta que unos se presentan como amigos del pueblo y otros como partidarios de la nobleza: muy pocos favorecen el bien de todos» (Cicerón, Sobre los deberes, Libro I).
Un buen gobernante establece una forma de constitución que garantiza una armonía entre las partes que conforman la comunidad política. De esta manera se cumple con uno de los mayores fines de la política: «Hacer que los ciudadanos sean personas de una cierta cualidad y dotados de bondad capaces de realizar acciones nobles» (Aristóteles, Política). En este sentido Marco Aurelio sostenía lo siguiente: «Hemos nacido para la colaboración, como los pies, las manos, los párpados, las filas de los dientes de arriba y abajo. Entrar en conflicto unos con otros es contrario a la naturaleza. Conflicto es enfadarse y darse media vuelta» (Marco Aurelio, Meditaciones, Libro II). Más adelante también escribió: «El único fruto de la existencia sobre la tierra es una disposición virtuosa y unas acciones comunitarias» (Marco Aurelio, Meditaciones, Libro VI).
Es responsabilidad del gobernante buscar el equilibrio entre las partes del Estado sin permitir que existan grupos o élites que se vuelvan más poderosos. El gobierno no debe tolerar la desmesura, ni en los grupos ni en los individuos pues esto crea insolencia hacia el Estado. También tiene que integrar a las partes del Estado en su camino hacia la convivencia así como el moderar las pasiones de los individuos. Estas tareas se fundamentan en la moral de los individuos pero sobre todo en la moral pública, la cual consiste en el respeto a las tradiciones y principios políticos”.
04/10/2024 a las 2:57 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Un fondo buitre vuela tras el oro del Banco Central
Raúl Dellatorre
Página/12
4 de octubre de 2024
El mismo fondo buitre que semanas atrás pidió que la Argentina entregue su participación accionaria en YPF como garantía de pago de la deuda en firme que el Tesoro Nacional tiene a favor del primero, ahora presentó un recurso judicial denominado discovery ante el mismo tribunal de Nueva York para que se reclame al Banco Central que informe sobre el volumen y valor del oro que tiene en sus reservas internacionales, y cuál ha sido se destino físico al sacarlo del país. Se trata del Bainbridge Fund y el recurso presentado ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, debe interpretarse como un paso previo al pedido de embargo de esos activos.
La causa carecería de sustento si se considerase que el Banco Central (poseedor del oro) y el Tesoro Nacional (responsable de la deuda) son personas jurídicas independientes y, por lo tanto, las reservas serían inembargables. Pero la irresponsabilidad que han mostrado a lo largo de estos nueve meses tanto el ministro Luis Caputo como el presidente Javier Milei, en relación al rol del Banco Central, refiriéndolo permanentemente como una herramienta central de su propia política económica, le han hecho perder hasta la útima pátina de independencia. Por el contrario, lo ubican en el lugar de alter ego del Ejecutivo y de su política. Por otra parte, el vínculo profesional y económico de Santiago Bausili, presidente del BCRA, con Luis Caputo (son socios), es bien conocido en Nueva York y podría jugar en contra del interés argentino de proteger sus activos de un eventual intento de embargo.
El fondo Bainbridge lo solicitó a la jueza Preska que fuerce al país a detallar sus tenencias de oro y su lugar de custodia. Este fondo es acreedor por títulos públicos en default a fines de 2001, que no entraron en ninguno de los canjes posteriores (2006, 2010 y, el más reciente, 2020). Abrieron el juicio contra la Argentina en 2016 y, a la fecha, tienen un fallo en firme a favor por un monto de 95 milones de dólares más intereses.
Un fallo anterior de la jueza Prieska les habilitó el recurso de discovery, por el cual se abre una instancia de detección de activos de propiedad del deudor en el mundo para su posible embargo, en caso de que no se abone la deuda.
Históricamente, Argentina defendió el criterio de independencia del Banco Central con respecto al Tesoro Nacional, el deudor por la emisión de los títulos impagos. Incluso en el año 2015, aún con Cristina Fernández como presidenta, Argentina ganó en segunda instancia de los tribunales de Nueva York un juicio al fondo Elliot, que reconocía esa independencia entre ambas instituciones públicas.
Pero, tanto durante el gobierno de Macri (cuando Marcos Peña, jefe de gabinete, se presentaba en conferencia de prensa con Federico Sturzennegger, titular del BCRA, anunciando los cambios a introducir en la política monetaria), como en el actual de Javier Milei, la actitud de los gobernantes debilitó la estructuras de defensa del Estado y fortaleció los argumentos de los fondos buitres como demandantes.
El hecho que motivó el nuevo impulso que tomó el fondo buitre Bainbridge para arrojarse sobre la presa, el oro del Banco Central, fue el intrigante traslado de oro de las reservas al exterior, en cinco envíos por un valor estimado de 1400 a 1500 millones de dólares. Se señaló extroficialmente que su destino inicial fue Londres, pero se estima que podría haber sido una escala para llegar luego a Suiza. Más precisamente, al Banco de Ajustes de Basilea.
«Si parte del oro quedó en Londres, el riesgo de embargo es muy alto, porque hay precedentes horribles en esa materia», indicó a Página/12 una fuente de primer nivel en el conocimiento del manejo de reservas internacionales. «Se han embargado fondos oficiales en Londres no sólo de Venezuela y de Rusia, que alguien podría explicar por el fuerte peso de la confrontación política con esos países; pero también se embargaron reservas de Islandia en 2008, por demandas privadas de depósitos no devueltos en el marco de la crisis financiera de ese año».
Está claro que el fondo buitre acreedor intentará volver sobre la teoría del «alter ego». Las reservas son del Banco Central, la deuda es del Tesoro Nacional, el demandado en la causa. Pero «el BCRA es la extensión de la política del Tesoro Nacional, y por lo tanto le cabe al acreedor el derecho de embargar reservas para apurar el pago de la deuda», expondrá sus razones, con estas u otras palabras, Bainbridge.
¿Valdrá para la defensa del país el antecedente del fallo de 2015 contra la demanda del fondo buitre Elliot? Debería ser así, aunque las constantes expresiones de MIlei y de Caputo considerando al BCRA como si fuera una subsecretaría bajo su mando, debilitan las defensas del país. «Fue totalmente irresponsable dar conferencias de prensa conjuntas de Caputo y Bausili, para hacer anuncios vagos pero en los que el segundo se mostraba como dependiente del primero», recordó la misma fuente. Fue Caputo quien salió a justificar la «conveniencia» de mandar las reservas al exterior. Fue el Ejecutivo el que dejó trascender la intención de utilizar el metálico como garantía de un préstamo (modalidad «Repo») que ayudaría a pagar los vencimientos de la deuda en divisas del Tesoro.
El gobierno de Milei sigue esperando el auxilio del crédito externo. Por ahora, lo único que llega con ese origen son dolores de cabeza.
04/10/2024 a las 3:02 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Atentado a Cristina Kirchner: los testigos que complican a Brenda Uliarte y el agravante por violencia de género
Irina Hauser
Página/12
4 de octubre de 2024
La noche del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre de 2022, mientras militantes agarraban y entregaban a la policía a Fernando Sabag Montiel, el hombre que había intentado dispararle muy cerca de la cabeza, su novia se escabullía para perderse entre la multitud con una mochila colgando del hombro y una bolsa blanca en la mano. Cuatro testigos vinculados a ella revelaron qué pasó ese día y los previos: «Me hablaba de El Presto (el youtuber libertario Miguel Prestofelippo) y me mostraba videos de él». «De pronto odiaba a Cristina». «En su estado de Whastapp publicó un arma» y en otro, el mismo día del ataque «que haría justicia como San Martín». «Se hizo una cirugía estética costosa». Esas fueron algunas de las frases que se escucharon. La que faltó a la cita judicial, fue su amiga Agustina Díaz, una de las más esperadas, pero le harán una pericia psicológica y psiquiátrica. Un hombre que le compraba contenido erótico y decía ser agente de la DEA casi queda detenido por reticente. Al final de la intensa jornada la fiscal Gabriela Baigún pidió agravar la acusación como tentativa de femicidio.
AMOR DE MI VIDA
Agustina Díaz es la amiga a quien Brenda le contaba los planes de magnicidio. Díaz estaba agendada en el celular de Uliarte como «amor de mi vida». Estuvo detenida más de un mes en 2022 pero fue sobreseída. Esta vez debía presentarse como testigo en el juicio. Pero su mamá acudió el día anterior a la fiscalía entregó un certificado de la psicóloga que la atiende que decía que no está en condiciones de declarar. Baigún pidió una pericia psicológica y psiquiátrica para determinar si efectivamente es así, y el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) le hizo lugar. El 27 de agosto de 2022 Uliarte le anunció a Díaz: «Hoy me convierto en San Martín. Voy a mandar a matar a Cristina». Agustina le pedía que le aclarara lo que decía, que no había entendido: «¿De qué me perdí?». «Mandé a matar a la vice Cristina», le dijo Uliarte. «No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí –siguió–. Los liberales ya me tienen repodrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo, basta de hablar, hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi».
UNA JORNADA TENSA
Poco después de las once de la noche, tras el intento de magnicidio, Uliarte llegó a San Miguel, a la casa de un exnovio, Lucas Ocampo, con quien se veía de vez en cuando y con quien había tenido y perdido un hijo. «Soy el ex de Brenda», se presentó ante el tribunal. Contó que esa noche le dijo a la chica que no fuera a su casa, ya que estaba de festejo con un amigo. Remarcó varias veces que estaba ebrio. La joven apareció en su puerta igual. «Me dijo ‘mi pareja atentó contra la vicepresidenta. Yo pensé que era una broma», declaró Ocampo, moreno de pelo negro y barba recortada. Su casa fue allanada y ahí encontraron la bolsa que llevaba brenda con un paraguas, pero no su mochila, de la que el joven dijo no saber nada, e intentó desentenderse de detalles del atentado.
Comenzó a trastabillar, dijo que se había enterado de lo ocurrido el sábado (el atentado fue un jueves). La fiscalía lo confrontó al exhibirle mensajes que él le había enviado a Brenda. «Hay que ser idiota para elegir un tipo como ese», «decí que es violento y que te obligó», le recomendaba. Pero Ocampo hizo un esfuerzo por despegar ese mensaje del atentado y dar a entender que la obligaba, por ejemplo, a tener sexo. La presidenta del tribunal, Sabrina Namer, fue enfática sobre el posible falso testimonio. La declaración fue desordenada. Como Ocampo dijo que se habían conocido por Facebook. Ella usaba el nombre de Liz Manson pero tenía otros también. Estuvieron tres o cuatros meses en pareja y quedaron como amantes. El motivo de ruptura, precisó, fue que supo que ella vendía contenido erótico.
Por lo que describió Ocampo, quedó claro que Uliarte se había fanatizado políticamente. Fue «en los últimos cinco o seis meses antes del atentado», dijo. «Ella odiaba a Cristina pero su familia es kirchnerista», acotó. «Me hablaba de El Presto y me mostraba videos de él. Era un chabón cargado de odio, es alguien impulsa, desde su punto de vista….», describió. “Ella no era así antes, no era extremista contra el kirchnerismo», agregó. Brenda tuvo un romance con Prestofelippo del que le habó a muchos, no solo a Ocampo, también a Sabag Montiel. La fiscala le preguntó si sabía que tenía armas. «Una vez me dijo que si me veía con otras me iba a disparar», afirmó.
Más tensa todavía se puso la declaración de Mario David Robles, un nombre que solía decir que era de la DEA y que que hizo por lo menos veinte transferencias por Mercado Pago Brenda, supuestamente por fotos eróticas y charlas. Él aseguró que no la conocía en persona. Le preguntaron por conversaciones con dos mujeres: una tal Mariela Verón y Florencia Canosa. Esta última sería su pareja, y amiga o conocida de Sabag Montiel. La tenía agendada como «la tóxica». En la sala le hicieron escuchar a todos un audio llamativo donde Robles le decía a Verón. «No sabés las cosas que me contó», exclamaba en alusión a Brenda. Ante esto Robles se quiso excusar: «son cosas que le inventé a la otra piba, no es nada real de la piba».
Baigún repreguntó, se hartó, y le pidió al tribunal que lo dejen detenido. Namer pidió avanzar y luego evaluar. Le hicieron escuchar más audios con la tal Mariela y apareció una increíble teoría del intento de magnicidio donde decía que a Sabag le habían «ofrecido plata», pero no solo eso: «Lo iban a meter en cana un año después lo iban a hacer pasar por muerto al estilo Néstor Kirchner y no sé que más un viaje –decía en el audio– Lo iban a mantener oculto algo así. Los que lo mandaron a que le pegue el tiro a Cristina es la misma gente de Fernández ¿No viste que le puso la custodia esa que es un desastre? El chabón este lo mandó la gente del gobierno mismo le mandó que la maten a la vieja y que cuando cayó le dijeron atente a las consecuencia si fallás y si llegás a decir que Fernández te mandó o la gente misma adentro de la cárcel te van a matar».
Cuando la jueza le insistió sobre el contenido del audio Robles se defendió: «Es todo inventado. Pero lo que hablaba del arma que no supo montarla es lo que pasó. Lo escuché en la tele». Después de un cuarto intermedio Namer dijo que resolverán más adelante sobre el pedido de falso testimonio. El testigo no explicaba, además, por qué habría dicho lo que dijo. Luego le mostraron más contradicciones: dijo que no conocía a Sabag y en otro audio decía que sí, y lo asociaba «con Biondini». Hubo un chat que le exhibieron y que sí admitió, posterior al atentado. Le pregunta a Brenda: «Que paso con tu marido??? Esta bien ??? (sic)». Intercalados hay audios cuyo contenido no se conoce. «Fue en cana y yo me escape, me estoy llendo a mi casa (…) Si me fui a lo de una amiga. Estoy pensando en irme a Tucumán con mi mamá un tiempo (…) y si no quiero ir en cana (…) Si estoy de rubia y con barbijo. Todos me reconoce de pelirroja no de rubia». El le dice que se quede «tranki», «no digo nada», que confíe en él. «Lo que necesites ya sabés».
UN ARMA, SAN MARTÍN Y UNA CIRUGÍA
Serena Suárez Mangin también dijo que conoció a Brenda por Facebook y se hicieron amigas pero nunca se vieron personalmente. Uliarte usaba el apodo «Uchiha» o Daki (por un animé). «Hablábamos de un montón de cosas, quería estudiar enfermería pero iba a presentarse y abandonaba». Confirmó que Brenda estaba en Only Fans. La testigo dijo dos cuestiones comprometedoras acerca de fotos que subía la acusada a su estado de Whatsapp. Una, en abril de 2022, con un arma. «Era para un exnovio que la tenía amenazada», recordó que se excusó Brenda. Y el 1 de septiembre subió un estado después del atentado diciendo que haría justicia cual San Martín. Repasó que solía poner que «odiaba a Cristina y a los planeros». «Yo le decía que no me parecía porque estoy en contra del odio (…) me sorprendió lo del atentado a Cristina».
Otro amigo de Brenda, a quien conoció en mundo virtual pero pasó al real, Franco Merigi, sostuvo que sabía «bastante de la vida privada» de ella «y sus relaciones», pero no hablaban de política. «Es influenciable mental y físicamente», aseguró. Le llamó la atención haber visto un estado de Whatsapp con una foto de un arma sobre una mesa y ella le dijo que era «para defenderse de un ex». Reveló también que la chica se habría hecho una cirugía estética. No solo por la intervención, sino porque es algo «costoso»: «Me dijo que estaba en un emprendimiento y que estaba ganando plata y gracias a eso se pudo hacer la operación». Aclaró que era un ingreso distinto lo que obtenía por contenido erótico.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Cuando elevó la causa a juicio, el fiscal de instrucción, Carlos Rívolo, desechó el agravante de violencia de género que él mismo había impulsado. Ahora Baigún decidió ampliar la acusación al señalar que el intento de magnicidio se hizo «mediando violencia de género en la modalidad de violencia política contra Cristina Fernández de Kirchner». La fiscala señaló que el propio Sabag Montiel ubicó a la exvicepresidenta como responsable de cuestiones que no eran de inherentes a ella sino a cargos que ocupaban varones, que la propia Cristina se refirió al trato estigmatizante de medios de comunicación (como tapas de la revista Noticias, entre muchos otros), que hubo testigos que aludieron a este aspecto y al informe que hizo el MESECVI, el mecanismo de la OEA para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que advirtió sobre el atentado y lo repudió. Baigún, que introduce el intento de femicidio, dijo que fue «un acto tendiente a impedir que la víctima pudiera seguir desarrollando su vida política y, a su vez la conducta se inscribió en un contexto de violencia contra la damnificada», dos veces presidenta y una vice, y «en un contexto social de violencia generalizada contra las mujeres y creciente contra ella en particular…».
04/10/2024 a las 3:07 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Pobreza, Aerolíneas y el presupuesto universitario.
Vicente Massot
Prensa Republicana
3/10/024
El índice de pobreza publicado en el curso de la semana pasada fue motivo de escándalo —no necesariamente de sorpresa— por parte del colectivo ‘bien pensante’ y de toda una serie de periodistas especializados, por un lado, y de políticos de origen opositor, por el otro, que no perdieron la oportunidad de criticar al gobierno libertario como si éste fuese el principal responsable de tal calamidad. En la empresa de enderezar censuras de las más diversa índole contra Javier Milei, no realizaron mayores distinciones y pasaron por alto los matices a los cuales es menester hacer referencia si lo que se desea es dar a conocer un análisis serio.
Lo primero que es imprescindible repasar son los números: en el año 2002 los pobres en nuestro país representaban 54 % de la población, luego de la crisis de comienzos de siglo que obró efectos devastadores en el tinglado societario. Al mismo tiempo, entonces se contaban 2,8 MM de planes asistenciales. Ahora —o sea, 22 años más tarde— aquel 54 % sólo bajó dos puntos, con la particularidad de qué hay 15 MM de transferencias monetarias que paga el Estado nacional, incluyendo los diferentes planes sociales y los 4 MM de jubilados que nunca hicieron aportes.
¿Puede una administración que lleva apenas ocho meses de gestión ser culpable de tamaño desastre? ¿No salta a la vista que las autoridades elegidas en noviembre de 2023 resultan las herederas y no las causantes de los desaguisados que se obraron, sin solución de continuidad, desde el fin de la convertibilidad hasta la clausura del segundo ciclo kirchnerista? Cualquiera con un mínimo de objetividad se daría cuenta de que —si bien resulta cierto que es el actual Ejecutivo el que debe explicar la catástrofe social, y que, de aquí en más, deberá admitir su cuota de responsabilidad, por pequeña que esta sea— supone una injusticia achacarle a sus políticas públicas las consecuencias de los errores y horrores que cometieron, en las últimas dos décadas, otras conducciones ajenas por completo a La Libertad Avanza.
Era cosa cantada que, en atención al sinceramiento de precios y tipo de cambio y al fenomenal ajuste fiscal que ha realizado el oficialismo, la pobreza habría de incrementarse. En un país donde todo estaba patas para arriba, devolverle el orden perdido —que es cuanto intenta hacer Milei— no iba a ser una empresa fácil ni estaba destinada a tener éxito inmediato. Lo que vemos y sufrimos en estos días es cuanto fatalmente sucedería. A medida que se profundiza el ajuste, se sinceran las tarifas de los servicios públicos, se eliminan regulaciones a troche y moche, se cortan subsidios, se dan de baja regímenes preferenciales, se intenta poner coto a las abusivas tasas municipales y se racionaliza la planta de empleados estatales, resulta lógico que se produzcan tensiones, que haya un marcado malestar en los sectores afectados y que descienda el índice de adhesión al gobierno.
La pobreza llegó para quedarse y sólo un proceso de crecimiento de la economía, sostenido durante décadas, podrá lograr que el escandaloso índice de 52 % baje a términos normales. En la mejor de las hipótesis, ello llevará años y durante ese tiempo importará un problema no menor para el gobierno. Básicamente, en razón de que —al resultar imposible reducirla de manera drástica en un espacio corto— tarde o temprano, cuando la paciencia societaria merme, las culpas del mal recaerán sobre la administración de turno. De momento, sólo la baja de la inflación y la creación de nuevos empleos —reforma de la legislación laboral mediante— serán un remedio eficaz para combatir el flagelo de la pobreza. Respecto del primer desafio, todo hace pensar que el indicador de septiembre estará debajo de 4 % —y probablemente en torno a 3,5 %—, lo cual supondría una excelente noticia. En cuanto a la modificación de leyes que son un impedimento para expandir el empleo, habrá que esperar: la decisión del gobierno de negociar con los Gordos dialoguistas de la CGT es más de lo mismo y representa una pésima noticia.
Una cosa es apuntar a la falta de dólares y a la demora de ponerle punto final al cepo, o advertir acerca de las dificultades con las cuales se va a topar el equipo de Luis Caputo para bajar la inflación, o llamar la atención sobre el atraso cambiario. Estas y otras muchas cuestiones que hacen a la política económica oficialista, es natural que levanten encendidas polémicas entre los especialistas en la materia. Que Domingo Cavallo o Carlos Rodríguez disientan de algunas de las directrices vertebradas por la Casa Rosada, puede molestarle al presidente —poco afecto a las críticas— pero no tiene nada de malo. Otra cosa —harto distinta— es insistir en recetas fallidas o defender estructuras obsoletas. Los casos de Aerolíneas Argentinas y la ley de Presupuesto Universitario, que el primer magistrado ratificó a través de un posteo en la red social X, y que vetará en virtud de que su promulgación pondría en tela de juicio el objetivo por excelencia de la administración libertaria —el superávit fiscal— son dos ejemplos arquetípicos de lo expresado más arriba.
Comencemos por la famosa línea de bandera. Hay una realidad, cantante y sonante, que no es dable tapar con discursos falsamente nacionalistas o con los consabidos slogans respecto de la conveniencia de tener una empresa estatal de estas características. Una vez más los números no mienten: mientras American Airlines cuenta con 36.000 empleados —cuyos sueldos pagan sus dueños— Aerolíneas Argentinas suma 11.900 agentes —que el Estado liquida con nuestros impuestos. En tanto la americana acusa 921aviones de su propiedad —lo que arroja una relación de 39 empleados por aeronave—, la criolla sólo tiene 81aviones, lo cual supone 145 empleados por aparato. La dotación de pilotos de Aerolíneas Argentinas llega a 1204 —esto es, 15 por cada avión operativo. Pero ahí no terminan los excesos, por llamarlos de alguna manera. Desde que se estatizó, el déficit operativo acumulado orilló los U$ 6.600 MM y los aportes del fisco a la empresa superaron los U$ 8.000 MM.
La decisión de no financiar tamaño despropósito inicialmente chocó con la irresponsabilidad —no hay otra palabra para calificarlos— de los diputados kirchneristas, buena parte de los radicales, los federales y los de la Coalición Cívica, que hicieron causa común y lograron quitar de la lista de empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, y como es costumbre en ellos, nada dijeron acerca de la manera de financiarla para que no requiriese nuevos aportes del Tesoro. Buscaron el aplauso de la tribuna, el tachín, tachín patriotero, y poco más. Milei no se dio por vencido y volvió a la carga eliminando el marco regulatorio y los beneficios derivados de la categoría de exclusividad y de aerolínea de bandera que tenía la compañía nacional. El presidente es consciente de que, en esta pulseada y en la del presupuesto universitario, dar marcha atrás significaría que los distintos intereses afectados por su política de ajuste se le echarían encima.
La situación parece ahora propicia para avanzar con la privatización, la cesión a sus empleados o, lisa y llanamente, la quiebra de la empresa. En esto la tozudez y falta de criterio de los líderes sindicales de la aerolínea han jugado a favor del gobierno. Acostumbrados a que todos las administraciones que intentaron enfrentarlos terminaron cediendo a sus demandas, creyeron que podrían repetir la extorsión. Se equivocaron de medio a medio. Lo que hizo la Casa Rosada fue dejarlos expuestos ante la opinión pública en un momento en que la mayor parte de la sociedad no está dispuesta a tolerar las groseras prerrogativas que monopoliza un ineficiente conjunto de empleados estatales, a expensas del contribuyente.
Por una serie de razones que exceden claramente el marco financiero y el superávit fiscal, el capítulo del Presupuesto Universitario, votado por una y otra cámara del Congreso de la Nación, es bastante más complicado que el de Aerolíneas. La educación pública ha sido siempre un motivo de orgullo para el grueso de la sociedad. Meterse con el ingreso irrestricto —aunque sea un despropósito—, con el sueldo de los docentes o con la autonomía universitaria, genera una reacción en cadena, no sólo del colectivo de profesores y de no docentes sino del grueso de las clases medias que saldrán mañana, como lo hicieron en el pasado mes de abril, a protestar en las calles. Por supuesto, a ellos se le sumarán los partidos opositores y, en general, la totalidad de los medios, think tanks, academias y centros culturales progresistas.
Que el ingreso irrestricto sea un régimen que premia la masividad en perjuicio de la excelencia e implica una injusta transferencia de ingresos de los que menos tienen hacia los que más tienen, no lo dice nadie. Que el despilfarro de fondos asignados a las universidades es cosa de todos los años, tampoco. Que las casas de altos estudios de nuestro país, comparadas con cualquiera de los demás países de Iberoamérica, son las que más estudiantes reciben y que menos graduados acreditan, es otra realidad innegable. Alguien —alguna vez— debería levantar la voz y decir que si la FUA, la FUBA y sus pares del resto del país quieren ser autónomas, tienen que imaginar formas de financiarse sin andadores estatales. Gastar con bolsillo de payaso y rasgarse las vestiduras cuando un gobierno les pide transparencia y racionalidad, es lo que han hecho por espacio de décadas. El actual gobierno está dispuesto a aumentar el presupuesto, sujeto a las restricciones que son de público conocimiento. Por supuesto, la oferta de la administración mileísta fue rechazada de plano. Luego de la manifestación pública de mañana, vendrá el veto y se verá si La Libertad Avanza puede sumar suficientes diputados para mantenerlo en pie. Esta vez la partida luce más difícil que la disputada respecto de la ley jubilatoria. Pero Javier Milei está dispuesto a dar la batalla.
04/10/2024 a las 3:12 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Milei, un gobierno de la barbarie capitalista al desnudo
Juan García
Prensa Obrera
3/10/024
La brutalidad del veto de Milei contra las universidades, ejecutado tan solo dos horas después de que millones de estudiantes y docentes ganaran las calles en todo el país, bastaría por sí sólo para que su gobierno fuera revocado, si tal derecho estuviera contemplado en el régimen constitucional argentino. Además de en Congreso, la movilización fue masiva en todo el interior, con grandes epicentros en Rosario y Córdoba. El ataque a la universidad es una patada contra la juventud y especialmente contra la juventud trabajadora que busca una salida de la mano de la educación pública. Esta juventud que copó el Congreso estuvo ausente del acto oficial apalancado por micros con financiamiento público en Parque Lezama el último sábado. El 9, cuando se trate el veto en el Congreso, será ocasión de una nueva movilización masiva para quebrar al gobierno.
En los fundamentos del decreto que veta la recomposición del presupuesto se defiende sin tapujos un aumento salarial para las universidades del 87% contra el 144% de inflación para el mismo período. El motivo, de acuerdo a Milei, sería la injusticia de reconocerles a los docentes universitarios un aumento inflacionario en el momento en el cual se impone al resto de los sectores de la administración pública una brutal desvalorización salarial. A Milei le viene como anillo al dedo el discurso del radicalismo, que defiende el presupuesto universitario mientras avala privatizaciones y recortes de todo tipo que golpean todas las áreas del Estado. Pero la comparación del gobierno es tramposa, porque la desvalorización del presupuesto educativo y social tiene su contrapartida en la revalorización del único ítem del presupuesto estatal que crece sin freno, que son, por supuesto, los intereses de la deuda externa. La contradicción entre una desvalorización general, no ya solamente del presupuesto público sino también de los activos, la producción y el consumo, por un lado, y el crecimiento de los intereses (y el capital) de la deuda externa, fue siempre el embrión de crisis explosivas en el país.
El sacrificio de la educación, la salud pública, las fuentes de trabajo, los salarios, en aras de recomponer la capacidad de pago de la deuda externa es una expresión de barbarie capitalista, pero por ahora no logra su objetivo de recomponer el acceso al crédito por parte de la Argentina. El veto es la manifestación de que el dominio de estos intereses sociales lleva incluso a violentar los mecanismos institucionales básicos de división de poderes, mal que le pese a Máximo Kirchner, para quien “hay que dejar de patalear” porque se trataría de una facultad constitucional. Pero con los vetos no alcanza, porque el FMI insiste con una nueva y pesada carga devaluatoria que haría volar por los aires el esquema antiinflacionario de Milei. El capital internacional desconfía de la capacidad del gobierno de establecer un régimen estable: muestra de ello es el retiro de la inversión de Petronas de la planta de GNL en Río Negro, que deja la “lluvia de inversiones” de Milei en igual grado de tentativa que la de Caputo con Macri.
ALINEAMIENTO INTERNACIONAL
La búsqueda desesperada de financiamiento lleva a la prostitución inclusive de las más firmes convicciones de los liberales libertarios. Así, después de ir a denunciar a las Naciones Unidas la capacidad de veto de Rusia y China, Milei prepara nada menos que un viaje a China para mendigar inversiones porque, dice, tienen menos condicionamientos. Es una expresión de un empantanamiento de fondo. Sin embargo, el viaje no altera los lineamientos fundamentales de la política del gobierno: como lo remarcó Milei en la ONU, la ruptura de la llamada “neutralidad” argentina es para alinear al país en el bando guerrerista de respaldo a la intervención de la Otan contra Rusia y fundamentalmente del expansionismo genocida del sionismo.
Que Argentina haya sido hasta ahora “neutral” en los conflictos internacionales es parte de las fantasías de un gobierno que vio “comunistas” hasta en el gobierno de Larreta. Sin irnos a hablar de Menem, inclusive el archicriticado acuerdo con Irán de Cristina Kirchner formó parte de una maniobra dialoguista del imperialismo yanqui hacia el régimen (el acuerdo con Obama), y no abandonó nunca la acusación a Irán de haber volado la Amia, construida por los servicios de inteligencia a los que nunca se investigó por su rol en el atentado. Ningún gobierno de la burguesía nacional rompió este alineamiento con el imperialismo norteamericano. Las recepciones en la embajada forman parte de los pactos fundantes a ambos lados de la grieta.
Pero el alineamiento militante en un momento en el cual se viene produciendo un genocidio sobre la población de Gaza, en el cual el sionismo amenaza a todos los pueblos de Medio Oriente con el respaldo norteamericano, en el cual la Otan redobla la apuesta contra Rusia, en el marco de contradicciones sociales y nacionales explosivas y de una crisis mundial que acentúa estos choques; ese alineamiento coloca al Estado nacional como gendarme de esta escalada guerrista y como corresponsable de los crímenes y masacres de la Otan y el sionismo en todo el mundo.
La causa contra Vanina Biasi, que deberá prestar indagatoria el 15 de octubre, por su denuncia implacable del Estado de Israel, muestra que para imponer esta orientación el sionismo, el gobierno y el Poder Judicial no renunciarán a intentar amordazar a quienes levantan la voz en defensa del pueblo palestino. Estaremos enfrentando esta línea en las calles el próximo 7 de octubre, cuando concurriremos a Plaza de Mayo a denunciar nuevamente las masacres en la franja de Gaza y la escalada guerrerista del sionismo.
OPOSICIÓN CÓMPLICE
Esta barbarie a la cual el gobierno está arrastrando al país tiene un punto de apoyo en la oposición complice. La masividad de la movilización universitaria contrastó con los discursos adocenados de la burocracia y las fuerzas patronales convocantes, que evitaron a todo trance plantear la necesidad de una continuidad de las acciones para torcerle el brazo a un gobierno que va a recurrir a la compra de votos en el congreso para asegurar el tercio que le permita blindarse. Mientras se anuncian despidos masivos, la CGT se reunió con el gobierno para avanzar en un pacto cada vez mas abierto, que tiene como punto de partida el respaldo del gobierno al unicato sindical, para que la mayor “casta” de este país siga apoltronada negociando con las patronales a costa de los trabajadores. Sólo este sustento opositor explica que el gobierno haya podido hacer pasar el veto a los jubilados, la Ley Bases, el DNU 70, los golpes al salario y las fuentes de trabajo.
Pero los fracasos económicos del gobierno, la inestabilidad política y sobre todo el descontento popular que crece hacen que se empiece a agitar la cuestión de si Milei podrá finalizar su mandato. Lo pone en discusión Guillermo Moreno cuando plantea un juicio político, que vienen rechazando todas las fracciones “oficiales” del PJ. Pero también lo agita Patricia Bullrich, cuando preventivamente y para criminalizar y reprimir acusa de “golpistas” a las movilizaciones populares. En realidad, quien está dando un golpe contra la soberanía popular es un gobierno que impone a fuerza de vetos la enorme confiscación social que estamos viendo. El mismo contenido tienen el protocolo represivo -que otra vez fue arrollado por las masas el 2- y las detenciones y causas a organizaciones y militantes populares. Al advertirle a quienes defienden la universidad, la salud pública o los puestos de trabajo que no van a prosperar en ningún reclamo con este gobierno, empuja a una amplia masa de la población a madurar la idea de que el gobierno debe caer para obtener una respuesta a las necesidades populares más elementales.
INTERVENIR EN LA CRISIS
Este escenario abre un desafío enorme para la izquierda revolucionaria. Por un lado pone a prueba la capacidad de llevar adelante una agitación y un respaldo de las luchas en curso que pueda superar el corset de la burocracia sindical y piquetera, y poner en pie una lucha a fondo por cada uno de los reclamos. Es lo que vienen haciendo los trabajadores del Hospital Garrahan cuando salen masivamente a las calles en defensa del presupuesto para la salud pública. Lo que viene planteando la AGD UBA cuando para y se moviliza junto a los sectores estudiantiles combativos llamando a librar una lucha a fondo contra el gobierno. Está en juego la defensa de las libertades democráticas, contra la escalada represiva y criminalizadora.
Pero al mismo tiempo la situación exige intervenir en la crisis con un planteo capaz de hacer visible a los ojos de la población la necesidad de una lucha a fondo para terminar con este gobierno entreguista y poner en pie una alternativa que reconstruya a la Argentina sobre nuevas bases sociales, oponiéndole al sacrificio en el altar de la deuda externa el no pago y la investigación de la misma, y al ajuste y el hambre una salida propia de la clase trabajadora en defensa del trabajo, el salario, la salud y la educación. Planteando también, frente al alineamiento con las masacres del sionismo y el imperialismo, la unidad internacional de la clase trabajadora y la solidaridad con los pueblos oprimidos.
Una perspectiva de este tipo no se construye mediante una anticipada disputa electoral 2025/27, sino con una izquierda entrelazada en cada lucha obrera y popular como factor organizador en la lucha de clases; o sea, fundando la proyección política de la vanguardia como superación y ruptura de la contención de los fuerzas políticas capitalistas, en particular del peronismo y el kirchnerismo que pretenden polarizar con el facholibertario.