Por Hernán Andrés Kruse.-
En su edición del 8 de diciembre de 2024, Infobae publicó un artículo de Jesica Bossi titulado “Milei y el poder: un año de liderazgo implacable”. Efectivamente, a si hay una expresión que mejor sintetiza el primer año de Milei en la Casa Rosada es la escogida por la autora para titular su columna política. Para ser parte del gobierno libertario se debe acatar sin chistar el rumbo ideológico que impone el presidente y todas y cada una de sus decisiones. Quien se desvía aunque sea un milímetro es eyectado sin piedad. A partir de su asunción y hasta el día de hoy el presidente echó a 99 funcionarios y firmó 49 DNU, palpable demostración de su decisión de, como expresa Bossi, lanzamiento del “más duro escarmiento contra los que califica de “traidores” o no acompañan sin fisuras”. A ello debe agregarse sus continuas diatribas contra los periodistas que no le rinden pleitesía, los legisladores que no acompañan sus proyectos y aquellos economistas liberales que no concuerdan con su política económica.
Emerge en toda su magnitud el autoritarismo de Milei. Alguien puede, con todo derecho, disentir con semejante afirmación. ¿Cómo puede ser considerado autoritario un presidente que fue elegido por el pueblo y que no se cansa de alabar a la libertad como valor fundamental? Aquí emerge, una vez más, la clásica distinción entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen del presidente es incuestionable. En el balotaje del año pasado el 56% del electorado lo votó. La que no lo es tanto es la legitimidad de ejercicio. Durante su primer año de gobierno el presidente dio sobradas muestras de una intolerancia y un fanatismo propios de un autócrata.
En consecuencia, el autoritarismo puede convivir con la democracia. Para ser más preciso: el ejercicio autoritario del poder puede convivir con la legitimidad de origen. Queda en evidencia la complejidad de un término que en apariencia no debería admitir ningún tipo de duda. El sentido común indica que un presidente autoritario es aquel que asumió el poder apoyado por el poder militar y que luego aplica una dura represión. Sin embargo, el ejercicio autoritario del poder, el ejercicio del poder que ignora los valores consagrados por la constitución, puede tener como titular a un gobernante elegido por el pueblo.
De ahí la pertinencia de formular la siguiente pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de autoritarismo? Buceando en Google me encontré con un ensayo de Cecilia Lesgart (Investigadora Independiente por el Conicet y doctora de Investigación en Ciencias sociales con especialización en Ciencia Política por Flacso-México) titulado “Autoritarismo. Historia y problemas de un concepto contemporáneo fundamental” (Perfiles Latinoamericanos, México, 2020). Como señala la autora en su introducción, el ensayo “se propone presentar una breve historia del proceso de producción y transformación de los significados del “autoritarismo”, un concepto contemporáneo especializado que recibe variados usos en la política comparada. Se observará una dimensión diacrónica, y se analizarán los significados y usos sincrónicos de un conjunto relativamente heterogéneo de conceptos, todos ellos empleados por la política comparada desde fines de la década de los noventa hasta nuestros días y encabezados por el término en cuestión: autoritarismos competitivos, autoritarismos electorales, autoritarismos subnacionales, autoritarismo global. Y también otros que forman parte de este conjunto, pero que contienen la palabra clave “régimen”: regímenes híbridos, regímenes mixtos y regímenes subnacionales no democráticos”.
Caracterización de un concepto político fundamental
“Es apenas que desde la segunda mitad del siglo XX la política comparada utiliza el término autoritarismo, por lo que la historia de este vocablo es corta y coincidente con la renovación de lo que hoy llamamos ciencia política que, durante la Segunda Guerra Mundial, se reorienta geográfica y temáticamente desde Europa hacia Estados Unidos. Aunque como voz general y usada sin adjetivos -autoritarismo a secas- no puede asociarse a un nombre propio, es en el intento de Juan Linz por construir configurativamente el caso de España, que comienza un trayecto que lo convierte en un concepto fundamental de la política comparada.
Mediante su adopción y uso, Linz buscaba los “prerrequisitos funcionales” del concepto con el objetivo de describir un caso especial, el franquismo español, dentro de un área geográfica azotada por muy diferentes formas opresivas y/o represivas del ejercicio del poder político, Europa. Tal como lo llamará unos años después, un caso “no democrático” como otros y a la vez diferente de otras situaciones políticas. Como el totalitarismo, empleado para nombrar la experiencia nacionalsocialista y en ocasiones identificarla o compararla con las sociedades de tipo soviético. O como el fascismo, usado para señalar el caso italiano, desidentificarlo del nazismo, y, en el caso de la izquierda, de las experiencias soviéticas.
Autoritarismo es entonces una voz contemporánea que señala una forma opresiva y/o represiva del ejercicio del poder político sin recurrir a los conceptos sincrónicamente disponibles (totalitarismo, fascismo). Tampoco acude a las categorías que caracterizan un tipo de personalidad y su extensión hacia la forma del ejercicio del poder político, como las clásicas figuras de tiranía y tirano, dictadura y dictador, despotismo y déspota. Siguiendo el modelo provisto por el pluralismo político estadounidense, se construye como régimen político autoritario y deja de usarse a secas. Con este término, régimen político autoritario, se intenta construir una tipología particular que se desprende de la persona o personalidad extracotidiana del gobernante -por lo que no se usa el giro “generalísimo”- y de un enfoque estatal o sistémico. En este sentido, el concepto recoge algo del derrotero biográfico de Juan Linz: nacido en Alemania, formado en España y especializado en Estados Unidos, se esfuerza por distinguir el nazismo del franquismo -el totalitarismo del autoritarismo en sus términos-, y por encontrar una dimensión analítica distintiva: el régimen político.
Estas distinciones buscaban desarmar lo que Linz consideraba un problema persistente para analizar el cambio político como un continuum entre el totalitarismo y la democracia, lo que indicaba la ausencia de categorías capaces de describir formas de ejercicio del poder político diferentes. Aunque Linz consideraba que autoritarismo y totalitarismo eran formas autocráticas del ejercicio del poder político, las distinguía. Mientras que en el totalitarismo se borra la diferenciación entre Estado y sociedad (civil) -y podríamos agregar entre público, privado e íntimo, entre estatal y público no político-, algo de esta separación pervive en el autoritarismo. Por ello, el pluralismo limitado de los regímenes autoritarios en el que sobreviven la propiedad privada y la autonomía moral es un hecho heterogéneo respecto del monismo de los sistemas totalitarios en donde la ambición del líder es central.
El pluralismo se torna fundamental para diferenciar entre sí las formas opresivas del ejercicio del poder político, y a estas de la democracia. No es un pluralismo partidario, aunque tampoco exista partido político único o hegemonía de sus organizaciones como en los sistemas totalitarios, sobreviven organizaciones que preexisten al régimen y guardan relaciones con sectores sociales anteriores a su emergencia. Allí donde el régimen desmoviliza a las masas, limitando, controlando represivamente, y persiguiendo -hasta destruir, si fuera necesario- instituciones y grupos específicos, el totalitarismo moviliza a las masas y, al mismo tiempo, penetra y destruye las instituciones y grupos sociales y políticos preexistentes creando otros nuevos que no nacen de la sociedad (civil).
La observación de Linz sobre la ausencia de tipologías que expresaran tendencias en el ejercicio del poder político y que no describieran dicotómicamente el cambio político -totalitarismo o democracia-, provocó su reflexión sobre regímenes no democráticos. Asimismo, esto implicaba una discusión con las ideas sobre el cambio político dentro del par socioantropológico tradicional/moderno. Linz quería desentenderse de quienes concebían al autoritarismo como una forma opresiva del ejercicio del poder político atrasada respecto del totalitarismo; término propio del siglo XX que señalaba un sistema de dominación a través de la técnica, combinando inéditamente movilización de masas, ideología y terror. También deseaba desembarazarse de toda otra manera de entender el autoritarismo como fenómeno esencialmente no moderno: ya fueran oligarquías modernizadoras, dictaduras del desarrollo, corporativismo estatal o societal, o regímenes tradicionales modernizadores de terratenientes, curas o militares. Y desembarazarse de la comprensión del autoritarismo como forma imperfecta de una democracia que se entendía como la relación entre las libertades civiles y políticas manifestada como abuso de la autoridad en países atrasados, económicamente subdesarrollados, administrativamente ineficaces, o religiosamente tradicionalistas.
Frente a esto siguió buscando las cualidades propias de cada régimen político: cómo surgen, las concepciones de poder que sustentan quienes lo configuran, su legitimidad -mantenimiento y control-, la forma de articulación y agregación de intereses, la elaboración de las decisiones y la relación con distintas esferas institucionales (fuerzas armadas, grupos religiosos, económicos, intelligentsia). Esta indagación sobre los requisitos funcionales de cada régimen político, deseosa por rebatir tradiciones teóricas anteriores, y por crear o usar con pretensión de neutralidad valorativa conceptos que nunca llegan a serlo, es otro de los legados de Juan Linz para los estudios sobre regímenes autoritarios que comienzan a desarrollarse para analizar a América Latina”.
Viajes conceptuales hacia América Latina
Autoritarismo burocrático
“En su trayectoria hasta América Latina, el término autoritarismo yuxtapone dos registros ya presentes en Linz. Por un lado, el interés por estudiar casos específicos y denominarlos con conceptos que capturen situaciones políticas particulares. Esto ocurre con la creación del concepto burocrático-autoritario, con el cual Guillermo O’Donnell nombra el proceso político represivo inaugurado en Argentina con el golpe de Estado de 1966. Poco después, en la obra compilada por O’Donnell, Schmitter y Whitehead, se afianza la preocupación por las distintas formas de dominación autoritaria que ocurren en Europa meridional y América Latina, misma que al buscar un nombre común pone en crisis la producción de conceptos particulares. Por otro lado, esta ocupación disciplinaria se macera con una inquietud vivencial que traen consigo los diferentes sociólogos políticos y politólogos involucrados en el estudio de los autoritarismos. Por ello, los conceptos creados con ánimo analítico (autoritarismo, autoritarismo-burocrático, dominación autoritaria) recogen las experiencias opresivas personales y académicas padecidas, buscando un nombre para las expectativas que se tienen sobre el futuro (democracia política). Sensibilidad que con la creciente especialización disciplinaria no habrá de retornar.
Modernización y autoritarismo se escribe como tesis doctoral en Estados Unidos. Con el término autoritarismo-burocrático, O’Donnell recusa una hipótesis fundamental de la teorización de la modernización y el desarrollo político, en boga en la academia norteamericana. Esta consideraba de manera optimista que, en los países del tercer mundo, el desarrollo económico, seguido por procesos de activa modernización social, conduciría al triunfo del capitalismo y a la estabilidad democrática. Sin embargo, la Argentina de 1966 y el Brasil de 1964 demostraban que, en el contexto sudamericano, los procesos de activa modernización se correspondían con la emergencia de regímenes burocráticos-autoritarios, y no con la democracia política.
A pesar de que O’Donnell mantiene la premisa de que el autoritarismo-burocrático se origina como “ruptura crucial”, se aleja de los estudios realizados en Argentina hasta ese momento. De este modo el autoritarismo burocrático no se asocia a la persona extracotidiana del golpista (“onganiato”), ni se le compara con los golpes militares inmediatamente anteriores (1930, 1943, 1955). En cambio recurre a la perspectiva comparada entre dos casos ocurridos en una misma década dentro de una misma área geográfica. Para el caso argentino, construye dos tipologías de autoritarismo que lo preceden secuencialmente: tradicional u oligárquico, y populista. Por lo que, en este concepto del autor, el autoritarismo es un género amplio del ejercicio del poder político, y lo burocrático sería una especie única. Definida como tecnocrática, es una de las novedades que registra en comparación con otras formas de autoritarismo. Como tipo de Estado capitalista, son relevantes las políticas y la solución de problemas pretendidamente neutral. Como forma política -régimen político o tipo de Estado- surge durante la guerra fría. En ellos intervienen actores civiles y militares como consejeros o funcionarios dentro de burocracias públicas o privadas, que son formados en un nuevo profesionalismo, o en un conjunto de saberes especializados adquiridos y difundidos internacionalmente.
Aunque la obra de O’Donnell mantiene la tensión entre lo estructural (lo económico y lo social) y lo estratégico (la política), la dimensión régimen político acompaña la contingencia de los resultados políticos. Por su parte, Juan Linz define régimen político como el conjunto de pautas -explícitas o no, aunque preferiblemente institucionalizadas formalmente- que determinan formas y canales de acceso a los principales cargos de gobierno, la característica de actores admitidos o excluidos, y los recursos y estrategias que se puedan emplear para ganar tal acceso. De esta forma, el autoritarismo-burocrático es un régimen político represivo que limita el pluralismo político, anula la expresión de la soberanía popular, persigue y elimina a la oposición política, restringe las formas de participación y expresión en el espacio público sin suprimir la autonomía individual. Como forma política, pone en grave crisis a la democracia política entendida como una imbricación entre derechos civiles y derechos políticos”.
03/01/2025 a las 11:36 AM
Analizando a Milei: simplemente se trata de «ejercicio del poder». Recientemente murió el periodista que se especializó en «La Grieta» (Jorge Lanata). El poder, siempre requisito de «La Política», debe evitar e incluso controlar cualquier «grieta». El principio de toda Organización es la «unidad de mando».
03/01/2025 a las 3:22 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El gobierno avanza en el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos
Luciana Bertoia
Página/12
3 de enero de 2025
Una larga fila. Un trabajador o una trabajadora pasa, dice su nombre y un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) revisa un listado que tiene en su celular. Solo después de eso le franquea el ingreso o se lo prohíbe. Hay llantos y desazón, pero también abrazos y solidaridad. Esa fue la escena que marcó la mañana en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), que tiene su sede en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Además del cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la motosierra libertaria tocó todos los rincones de la SDH. Los sitios de memoria fueron de las áreas más afectadas e incluso denuncian que uno de ellos quedó directamente vacío.
En paralelo con los controles que debían padecer los trabajadores para ingresar a sus puestos de trabajo y con las camionetas de la PFA que se apostaron en las calles laterales de la exESMA, llegaba a los tribunales de Comodoro Py una denuncia por tareas de inteligencia ilegal en el espacio de memoria ubicado en Avenida del Libertador al 8151. La presentación fue hecha por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presiden Dora Barrancos y el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel.
La CPM advirtió que el viernes pasado, cuando se hizo un “abrazo” al sitio de memoria en defensa de las políticas de derechos humanos, hubo policías de civil entre los militantes. No solo se mezclaron entre los manifestantes sino que los filmaron. El material aportado por el organismo ya está en poder del juez federal Ariel Lijo, señalaron fuentes judiciales a Página/12. Lijo es el magistrado que tiene a su cargo la investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante los años del terrorismo de Estado y que, en noviembre pasado, le advirtió a Baños que no podía permitir actos negacionistas en el predio.
Lo que pasó este jueves en la ESMA fue la crónica de un desmantelamiento anunciado. El 31 de diciembre, a las 14, la secretaria privada de Baños envió dos mensajes por WhatsApp. En uno comunicaba el cierre del Conti para llevar a cabo una “reestructuración”. En otro decía que quienes estaban contratados bajo el ente cooperador ACARA y que no habían aceptado el retiro voluntario no deberían presentarse a sus puestos de trabajo porque no podrían ingresar.
El Conti, después de 16 años de actividad, amaneció cerrado. Hubo preocupación porque el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –que, entre otros fondos, custodia la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)–, también. Sin embargo, después de un rato, el ANM abrió sus puertas.
La tensión se trasladó hacia la sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Para entonces ya circulaba un listado con más de 1000 “bajas” de todo el Ministerio de Justicia. Cerca de las 10.25, los trabajadores lograron traspasar la puerta y llegar al hall central.
“Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”, cantaban mientras se acomodaban para llevar adelante la asamblea unificada. “El Conti no se cierra”, empezaron a corear minutos después.
–Baños cobarde– se escuchó. Para esa hora, el secretario de Derechos Humanos estaba llegando a su oficina en la ex-ESMA. Según contaron, ingresó por un acceso lateral y evitó todo contacto con los trabajadores. La última vez que aceptó recibirlos fue el viernes 27 de diciembre. Después de ese día, mantuvo unas comunicaciones por WhatsApp en las que hizo saber su molestia porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había pedido una cautelar para frenar los despidos.
“No han aportado ni una sola línea de trabajo. Alberto Baños lo único que hizo en esta Secretaría fue destruirla”, dijo Nana González, la delegada que abrió la asamblea unificada.
Baños llegó hace casi un año a la exESMA. Lo llevó su amigo Mariano Cúneo Libarona. Venía con un antecedente poco promisorio en materia de derechos humanos: la no investigación de la desaparición del policía porteño Arshak Karhanyan. En estos casi doce meses, Baños no logró completar el organigrama de la Secretaría. Un subsecretario renunció en medio de una situación escandalosa. Según remarcan los trabajadores, el secretario no conoce el Conti, el ANM ni la mayoría de los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, estuvo en la asamblea. “Estamos discutiendo la identidad de nuestro pueblo, no solo puestos de trabajo. Por eso, compañeros y compañeras, de acá salimos con una victoria”, agitó antes de convocar a la Plaza de Mayo para marchar con las Madres.
Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos el panorama que se iba trazando era de destrucción. En las exposiciones se habló de cómo los sitios de memoria fueron perdiendo su personal: algunos se quedaron con la mitad de los trabajadores que tenían a principios de 2024; otros terminaron vaciados. Se dijo que Virrey Cevallos –el espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino de la Fuerza Aérea– ya no tendrá quien pueda abrir sus puertas.
Hay áreas que fueron especialmente golpeadas: el centro cultural Conti –que sufrió todas las olas de despidos y ahora actualmente espera que Baños decida sobre su programación y reapertura–, el Archivo Nacional de la Memoria y, en particular, el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –que perdió a su coordinadora y a trabajadores altamanente calificados.
ENTRE LA DENUNCIA Y LA SOLIDARIDAD
Victoria Montenegro, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad, fue una de las dirigentes políticas que estuvo acompañando. La legisladora presentará en las próximas horas una denuncia penal contra Baños por el vaciamiento de la Secretaría. “Hay que acompañar a los trabajadores, seguir apostando a la unidad y construir herramientas para denunciar no solo en el país sino en los organismos internacionales la política de este gobierno”, afirma.
El diputado nacional del Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT) Nicolás del Caño y la exdiputada Romina del Plá también se acercaron para expresar su solidaridad con los despedidos. “Hay que defender a los trabajadores y las trabajadoras, como siempre hacemos. Éste es un ataque contra la lucha histórica de las Abuelas, las Madres, los organismos de derechos humanos y el pueblo”, dice del Caño, que propone tomar medidas contundentes para “derrotar esta política negacionista”.
Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), fue a llevar el apoyo de la mesa de organismos de derechos humanos. Con él estaban, entre otros, Gabriela Alegre, Elsa Oshiro y otros referentes del movimiento. Emiliano Hueravilo –que nació en la ESMA– fue uno de los primeros en llegar. Lo mismo que Margarita Cruz, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y la periodista Ana Bianco, hija de María Eugenia Ponce de Bianco –una de las tres Madres marcadas por Alfredo Astiz en diciembre de 1977.
“La APDH junto a la mesa de organismos ha expresado su repudio a estas decisiones que no hacen más que dar cuenta del grado de perversidad de un gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado y reivindica a sus responsables”, dice Tavani. “Nos solidarizamos y acompañamos las demandas de quienes hoy sufren el avasallamiento de sus derechos y proponemos denunciar ante los tribunales y los organismos internacionales estas violaciones, que contrarían normas supremas”, añade.
Además de las denuncias que se materializarán en los próximos días, los trabajadores están decididos a visibilizar el conflicto. Este viernes, recibirán al cura Lorenzo «Toto» de Vedia, quien oficiará una misa en apoyo a la lucha. El sábado a las 18 habrá una ceremonia con velas fuera del Conti para demostrar que la memoria sigue ardiendo a pesar del cierre decidido por el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
03/01/2025 a las 3:26 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Despidos, desguace y encima espionaje ilegal: la CPM denunció que la policía hizo inteligencia en la exEsma
Adriana Meyer
Página/12
3 de enero de 2025
«Estas acciones de inteligencia son un elemento más en el cercenamiento no solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y derechos humanos que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti». Con estas palabras, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la justicia federal que se investigue la realización de tareas de inteligencia ilegal durante la manifestación del viernes 27 en el sitio de memoria ex ESMA en reclamo por el vaciamiento a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En el marco del monitoreo de la represión a la protesta social que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, se observó ese día la presencia de personal policial de civil sin identificación y agentes de las fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio. Ese tipo de tareas encubiertas destinadas a reunir información política y social están prohibidas por las leyes vigentes.
«Las actividades de inteligencia ilegal que observamos en el monitoreo del abrazo a la ex Esma no son una novedad, sin dudas, ya hemos dado cuenta de ello en el informe anual que hicimos de las 60 marchas que monitoreamos el año pasado y en todas hubo presencia de personal civil haciendo inteligencia ilegal», dijo a Página12 Sandra Raggio, directora general de la CPM. Pero lo ocurrido el viernes fue más allá. «Que estas tareas ilegales se hayan realizado, allí, en el Espacio de Memoria, implica un nivel de violencia simbólica superior, por el sentido de ese lugar, por lo que ahí ocurrió y también porque subraya con intención que no tienen límites como demuestran en la decisión de destruir las políticas de memoria y derechos humanos, con despidos masivos a trabajadores y trabajadoras que tienen un fuerte compromiso con las temáticas de Verdad, Justicia y Memoria, en el abrazo se estaba defendiendo esto», agregó.
La denuncia presentada por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, presidentes y secretario ejecutivo de la CPM, con el patrocinio letrado de Rodrigo Andrés Pomares y Margarita Jarque, fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 a cargo de Julián Ercolini.
El pasado viernes 27 de diciembre, durante la convocatoria bajo el lema “Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría y a sus trabajadores”, la CPM advirtió la presencia de personal policial no identificado –es decir, de civil– que deambulaba entre las y los manifestantes y realizaba comunicaciones telefónicas. De acuerdo a la denuncia presentada por el organismo, a la que accedió este diario, este personal de civil deambulaba entre los convocados en las inmediaciones del sitio de memoria ex ESMA y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar. Sin embargo al requerir información a los encargados del operativo sobre esta situación respondieron que “todo el personal de la Policía de la Ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo”.
La CPM también agregó en su denuncia que durante toda la jornada hubo personal policial filmando tanto en el interior como en el exterior del edificio de la ex ESMA. El organismo adjuntó como material de prueba las fotografías y videos realizados por la CPM que dan cuenta de la presencia de personal de civil y de policías realizando filmaciones de los y las manifestantes.
Además requirió el registro y secuestro del material fílmico y todo otro registro gráfico o auditivo obtenido en el marco de la intervención policial realizada en el contexto de la convocatoria. «La actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la ex ESMA y las organizaciones sociales que los acompañaban», señalaron desde la CPM. Y agregaron que esto podría encuadrarse en las disposiciones y prohibiciones de la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas. «Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación», agregaron.
MALA COSTUMBRE DE ESPIAR
En un reciente informe sobre las tareas de monitoreo de la represión a la protesta social, la CPM advirtió que de lo relevado a lo largo del 2024 puede desprenderse que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que busca limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores. Con datos hasta el 30 de noviembre de 2024, el informe detalla en particular que en 34 de las 60 manifestaciones monitoreadas se registraron prácticas asociadas a prácticas de inteligencia ilegal, como las relevadas en la convocatoria del último viernes de diciembre. En su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, y desde la aplicación del protocolo antipiquetes, la CPM viene realizando el monitoreo de la represión de la protesta social en el marco de un trabajo conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de CABA.
03/01/2025 a las 3:34 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La fundamentación arbitraria de un nuevo fallo persecutorio contra Arakaki
Marcelo Mache
Prensa Obrera
30/12/024
La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal falló recientemente –con voto dividido- respecto a la apelación presentada por la defensa de César Arakaki reduciendo la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 a tres años aunque imponiéndose el criterio de cumplimiento efectivo de la condena en prisión, quedando habilitada una última instancia de apelación ante la Corte Suprema. Las argumentaciones arbitrarias de los jueces de la mayoría dejan traslucir una clara orientación política que busca sancionar a activistas y militantes como escarmiento contra la población trabajadora que se moviliza contra las injusticias de un régimen hambreador y descompuesto.
Las argumentaciones más arbitrarias son las que corresponden al juez Diego G. Barroetaveña, a cuyos fundamentos y decisorio se avino el juez Daniel Antonio Petrone.
Barroetaveña trata de hacer hincapié en la valoración negativa de los supuestos golpes y lesiones efectuados al policía Brian Fernando Escobar –cuya atribución a Arakaki fue negada por el propio “damnificado”- como la culminación de un proceder violento hacia las instituciones democráticas que “generó un punto de quiebre, impactando de manera nociva en la regular marcha del gobierno de ese entonces”.
Para el juez de alzada Arakaki sería responsable, nada más y nada menos, que del inicio del deterioro político del entonces gobierno de Mauricio Macri, por lo cual su condena debe cargar, en alguna medida, con la responsabilidad de dicho resultado negativo.
Esta afirmación del Barroetaveña tiene al menos dos aristas a interpretar: una vinculada al disparate de tal atribución que solo se explica por la necesidad de justificar una condena privativa de la libertad que no tendría lugar de otra manera. Y la otra es poner de manifiesto el verdadero sustento político de la causa contra Arakaki, como un proceso judicial contra el pueblo movilizado, que supo poner un límite al ajuste gubernamental y a los planes antiobreros de fondo (reforma laboral, etc.) de aquel gobierno.
Siguiendo en su argumentación retorcida, Barroetaveña pasa a elogiar las “virtudes” de una condena a prisión efectiva señalando que la misma tendría “una repercusión positiva en César Javier Arakaki”, algo llamativo de quien afirma al mismo tiempo que carece de antecedentes penales y conducta reiterativa alguna que haga pensar la necesidad de internalizar el “valor del respeto que debe guardarse a las autoridades públicas”.
El juez cuestiona abiertamente la doctrina y jurisprudencia para el caso de condenas cortas, como el caso de Arakaki, para argumentar sin fundamentos que la prisión efectiva resultaría “positiva”, siendo los establecimientos penitenciarios federales lugares superpoblados donde las condiciones de vida se encuentran constantemente vulneradas y las políticas de “resocialización” son de escasas a nulas.
El efecto “positivo” que menciona Barroetaveña es nada más ni nada menos que la carga punitiva de la condena, siendo que como el mismo reconoce y el propio Arakaki dio testimonio, su “inserción social” no se encuentra cuestionada, aunque si amenazada por la Condena privativa de la libertad a la cual se lo quiere someter, apartándolo de su familia, profesión, vínculos afectivos y trabajo.
Lo de Barroetaveña replica casi textualmente parte del fallo de primera instancia donde se afirma que el régimen penitenciario “le permitirá incorporar las herramientas necesarias para desenvolverse de manera adecuada con sus conciudadanos, de modo de lograr un apropiado respeto por la ley que rige la vida en comunidad”: no hay nada en los antecedentes de Arakaki ni en su conducta actual que suponga pensar que estamos ante “amenaza a la vida en comunidad”.
Esto, que se cae de maduro para quien se detenga brevemente a analizar el caso, parece no ser así para los jueces actuantes, quienes entre sus fundamentos agregan como agravante “el gran temor que (Arakaki) ocasionó a las personas que se encontraban allí, algunos de los cuales aún recordaban la situación vivenciada con profunda tristeza, miedo, amargura y desazón”. Que a Arakaki se lo responsabilice por todo esto es un despropósito que busca aumentar la responsabilidad sobre una atribución genérica de “sensaciones” (nada de esto se encuentra probado), aunque bien sirve para justificar lo injustificable, la condena a prisión efectiva.
La fundamentación de este nuevo fallo saca a las luces todas las arbitrariedades judiciales contra los luchadores como Arakaki, utilizadas con el único propósito de doblegar la movilización popular contra los gobiernos ajustadores. Por estas razones debemos redoblar la lucha para derrotar esta intentona criminalizadora, que se extiende a la política persecutoria del gobierno de Milei y la Justicia sobre el movimiento piquetero y los trabajadores.
03/01/2025 a las 3:39 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El desafío electoral.
Vicente Massot
Prensa Republicana
3/1/025
El gobierno libertario finaliza el año con un Muy bien diez, felicitado. Sucedió lo que nadie imaginaba y Javier Milei, rápido de reflejos, se apura a aprovecharse de una oportunidad dorada, que quizás no se repita. En el curso de 2024 no se cansó de obtener victorias a expensas de sus opositores políticos y de sus numerosos críticos salidos de los cenáculos universitarios, las redacciones de buena parte de los diarios y el mundillo cultural progresista. Haber dado cuenta de todos ellos sin cederle un tranco de pollo a quienes se cansaron de pronosticar catástrofes económicas y sociales, le ha permitido transformarse en la figura excluyente de la política doméstica y lo ha convertido en una figura de resonancia mundial. Subido a esa ola, el líder libertario se apresta a consolidar lo ganado y a redoblar la apuesta de cara a los comicios legislativos que habrán de substanciarse en octubre. El desafió que enfrenta —más allá de la administración de la cosa pública— se reduce a y se resume en las mencionadas elecciones. Para compensar su escasa musculatura legislativa en una y otra cámara del Congreso de la Nación, tiene la obligación de ganar a simple pluralidad de sufragios y de aumentar, de manera considerable, el número de diputados y de senadores que hoy acredita como propios. Semejante asignatura pendiente no parece ser ex– tremadamente difícil de acometer pero —al mismo tiemp — no es pan comido. Veamos.
En el supuesto de que la marcha de la economía siga al ritmo que lleva hasta el momento, es difícil imaginar —salvo por un error auto infligido, de esos que en política suelen pagarse caro— que el oficialismo sufra un revés de consideración cuando se cuenten los votos. Pero puede perder aun ganando. Lo anterior —aunque lo parezca— está lejos de ser una contradicción en sus términos. Para cantar victoria, no sólo tendrá que obtener un mayor número de votos que cualquiera de los demás partidos —para dar así una muestra de solidez a nivel nacional— sino que deberá también batir al kirchnerismo en el último bastión que le queda, de una relevancia superlativa: la provincia de Buenos Aires. Lo primero es mucho más fácil que lo segundo.
Desde hace meses, la hermana del presidente se ha dedicado con inusitado esmero a recorrer buena parte de la geografía nacional con el propósito de dotar a los libertarios de una estructura que cruce en diagonal a la República. Cuanto era imposible de lograr un años atrás —cuando pocos creían en las posibilidades de Milei y la plata y los contactos no sobraban— hoy está al alcance de la mano. Con el viento de cola que impulsa a la gestión gubernamental, el poder omnímodo que ha delegado su hermano en ella, y los recursos estatales a su entera disposición, a Karina Milei la tarea de conformar una fuerza competitiva a lo largo y ancho del territorio argentino le resulta sencillo. La principal ventaja con la que cuenta es que, allí donde desembarca, recibe el apoyo de mucha gente inicialmente refractaria al credo libertario que ahora desea tener un lugar bajo el nuevo sol que nos ilumina.
Las dos agrupaciones que le ayudaron al gobierno a reforzar la gobernabilidad y le permitieron blindar los decretos de necesidad y urgencia más importantes, enfrentan sendas crisis, de una gravedad indisimulable. Tanto el Pro como la UCR corren el peligro —si no de desaparecer de la escena— al menos de quedar reducidas a su mínima expresión. Las encuestas dan cuenta de esta realidad lacerante para los seguidores que le quedan a Mauricio Macri y para los nostálgicos de Hipólito Yrigoyen y de Raúl Alfonsín. Su intención de voto es, en verdad, insignificante. Algunos sondeos sitúan a las dos banderías mencionadas debajo del umbral de 5 %. Lo que se dice una catástrofe, en razón de que —a diferencia de La Libertad Avanza— el Pro pondrá en disputa veintidós bancas mientras los radicales deberán renovar catorce de las suyas en la cámara baja. ¿Cómo hacerlo? —Aquí es donde hace su aparición el mileísmo, que les extiende una mano protectora y las convoca a una coalición —o como quiera llamársele— que las salve del papelón electoral.
Lo que percibe la mayoría del macrismo —de Cristián Ritondo a Diego Santilli, y de María Eugenia Vidal a Silvia Lospenato— y aquellos radicales que no han seguido los pasos de Facundo Manes y de Martin Lousteau, es que la tropa que antaño los seguía, ahora se ha pasado o se encuentra a punto de migrar en pos del oficialismo, sin pedirle permiso a ninguno de sus dirigentes. Los gobernadores —a Rogelio Frigerio hay que seguirlo con atención—, intendentes y legisladores de esos dos partidos no querrán quedar a la intemperie, barridos por la corriente libertaria. Por eso es que la bancada que responde al cordobés Rodrigo de Loredo viene de reunirse con el presidente en la Casa Rosada. Se tiraron flores y dejaron entrever que la posibilidad de algún acuerdo —por vago que éste sea, a esta altura del partido— se halla a la vuelta de la esquina. En cuanto al macrismo, el primo Jorge ha querido consolidar su administración y ha decidido desdoblar los comicios, temeroso de que si no la hace, termine pagándolo caro. En su lugar, cualquiera habría hecho lo mismo.
En este orden de cosas, el mensaje de Javier Milei —“O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”— es menos terminante de lo que salta a primera vista. El plazo para formalizar alianzas vence en seis meses, y hasta entonces habrá mucha tela que cortar. En rigor, la prioridad de la Casa Rosada es determinar una estrategia en el principal distrito del país, donde sí o sí deben salir airosos sus candidatos. En ese territorio, por débil que sea el Pro, marchar a las urnas en solitario, prescindiendo de su apoyo, podría resultarle fatal. Cualquiera sabe que las diferencias que se sacan los dos principales contendientes en la provincia que gobierna Axel Kicillof, son bien finitas. De momento, lo que cantan las encuestas es que los libertarios necesitan del macrismo.
Por supuesto hay otro elemento que entra en juego: la deriva de la interna que tiene al actual mandatario, de un lado, y a Cristina Fernández, del otro. Es de suponer que, en la cabeza de ninguno de los dos anida la idea de concurrir cada uno por su lado. Ello le allanaría a Milei el camino del triunfo y podría sepultar para siempre las esperanzas del kirchnerismo de recobrar lo que viene de perder a manos de los libertarios. Pero nunca se sabe. Por capricho, odio o suficiencia la viuda de Kirchner le negó a Randazzo, en las legislativas del año 2017, la posibilidad de una interna que hubiese ganado sin despeinarse. Tamaño error hizo que su ex–ministro de Transporte obtuviera, presentándose por fuera del peronismo, 4 % de los votos, clausurando de esa manera la posibilidad de que la ex–presidente se impusiera a expensas de Esteban Bullrich.
En Balcarce 50 no descartan ningún curso de acción con tal de asegurarse un triunfo sobre el único enemigo de fuste que queda en pie. Si para ello tienen que ceder un par de bancas o fogonear tras bambalinas la aparición de un peronismo disidente en el área bonaerense, no dudarán un instante en hacerlo. La reciente salida, del bloque de Unión por la Patria en la cámara de Diputados, del santafesino Roberto Mirabella y sus declaraciones posteriores respecto de que hay varios de sus pares que desearían seguir sus pasos, es un hecho de la mayor importancia. Quizás sea como un relámpago pasajero en un cielo límpido, que en definitiva sólo le haga cosquillas a los K. Pero podría ser el principio de un tsunami que conmoviese las bases kirchneristas.
04/01/2025 a las 8:37 AM
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