¿Renace la Liga Patriótica Argentina? (1)
Por Hernán Andrés Kruse.-
Investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet, visitaron la provincia de Mendoza para realizar un trabajo de campo en Geología. Aunque parezca increíble, los investigadores fueron agredidos por personas que se presentaron como militantes de La libertad Avanza para luego difundir un video explicando las razones de semejante accionar. “Estuvieron los zurdos del Conicet y la UNLP en Potrerillos, atando cintitas de la facultad de Geología (…) La policía los apoyó diciendo que no se puede molestar a la gente así, que somos agresivos. Agresivos son ellos cuando le roban al Estado, a nosotros. Eso es lo que tenemos para decir: que se vayan a bañar, como dice el Presidente”, expresaron un hombre y una mujer a través de un video que difundieron en las redes sociales (fuente: Página/12, 21/11/024).
Al leer semejante noticia no pude menos que preguntarme lo siguiente: ¿acaso estamos en presencia del renacer de la Liga Patriótica Argentina, aquella poderosa fuerza de choque del orden conservador que asoló la Argentina durante la primera experiencia radical en el gobierno (1916/1930)? Quizá resulte exagerado comparar el accionar de los militantes libertarios que agredieron a los científicos del Conicet con el accionar represivo de la Liga. Pero conviene no subestimar lo que acaba de tener lugar en Mendoza. El relato del presidente de la nación es extremadamente violento y, de haber vivido en aquella época, no hubiera dudado un segundo en formar parte de esa fuerza de choque.
Es por ello que conviene recordar qué fue la Liga Patriótica Argentina. Buceando en Google me encontré con un ensayo de Sandra McGee Deutsch titulado “La derecha durante los primeros gobiernos radicales, 1916-1930” (Texto. La Derecha Argentina-Nacionalista, Neoliberales, Militares y Clericales”-Untref Virtual). Realiza una magnífica descripción de la “Semana Trágica” y el ascenso de la Liga.
LA SEMANA TRÁGICA Y EL ASCENSO DE LA LIGA
“Los sucesos ocurridos durante la así llamada Semana Trágica se produjeron en medio de una grave situación, en la que se combinaban la inestabilidad económica, el activismo laboral y el malestar de la clase alta con la democracia reformista. El resultado fue un duro enfrentamiento entre los trabajadores, por un lado, y los empresarios y el Estado, por el otro. Los hechos de violencia se iniciaron con una huelga en un establecimiento metalúrgico de la ciudad de Buenos Aires, declarada en diciembre de 1918; a partir de un conflicto localizado, se produjo una escalada que, al mes siguiente, derivó en una huelga general. La Semana Trágica se desarrolló entre los días 9 y 16 de enero de 1919, y consistió en paros obreros, saqueos, protestas callejeras y violentos enfrentamientos entre la policía, el Ejército y los trabajadores. Tropas al mando del general Luis J. Dellepiane (radical) ocuparon la capital entre el 9 y el 10 de enero, logrando poner fin a la movilización y la violencia obreras. Inmediatamente después, funcionarios gubernamentales mediaron para hallar una solución al conflicto que había precipitado los desórdenes.
Durante toda la crisis, atemorizados porteños de clase media y alta se preguntaban si el Gobierno habría perdido el control de la situación o-peor aún-estaría consintiendo a los obreros. Esta percepción estaba reforzada por el hecho de que el general Dellepiane había decidido por sí mismo movilizar a sus tropas y ocupar la ciudad para reestablecer el orden. Este punto de vista también era natural para quienes veían a Yrigoyen como un presidente “obrerista”. Para incrementar aún más sus miedos, un “secreto” complot comunista fue descubierto en Montevideo, y por todo Chile se desarrollaban huelgas y manifestaciones obreras, precisamente en el mismo momento en que los revolucionarios del movimiento Espartaquista amenazaban con tomar el poder en Alemania.
La prensa argentina otorgó un considerable espacio a estos hechos. Como observó La Nación, no podían dejar de relacionarse los sucesos de Buenos Aires con los del resto del mundo. Así, no resulta entraño que tantos porteños creyeran que fuera inminente el estallido de una revolución organizada desde el exterior. Por otra parte, como muchos de ellos identificaban a la izquierda con la Unión Soviética, fueron proclives a responsabilizar por los sucesos locales a los inmigrantes judíos, que en su mayoría habían llegado al país desde Rusia. Guiados por estos “indicios”, grupos de civiles armados tomaron la cuestión en sus manos y se organizaron para patrullar las calles de Buenos Aires desde las primeras horas del 10 de enero hasta el 14. Junto con la policía, irrumpieron en los barrios obreros y judíos destruyendo sedes gremiales e instituciones de la colectividad, atacando y arrestando a personas, y destruyendo bienes judíos. La policía encarceló a los supuestos líderes del primer soviet argentino —de origen ruso-judío—, al que responsabilizaban de instigar y organizar la Semana Trágica. Posteriormente, las autoridades liberaron discretamente a los sospechosos, después de haber descubierto que el “soviet” era un “fantasma”.
Mientras arreciaba el terror blanco, algunos civiles se reunían en las comisarías y formaban milicias para proteger sus barrios de posibles incursiones obreras. El movimiento de guardias blancas barriales se extendió a otras ciudades donde el activismo obrero se mantenía, y siguieron en actividad una vez que la Semana Trágica hubo terminado. Varios grupos estuvieron implicados en la represión y en las organizaciones para conservar el orden que se crearon a posteriori. Los principales miembros-tanto de los escuadrones blancos que habían atacado a obreros y judíos como de las patrullas urbanas-provenían del Comité Nacional de la Juventud, organización creada en octubre de 1918 para apoyar al bando aliado. Cuando acabó la guerra, el Comité buscó otras causas para continuar en actividad, y las encontró en el antiyrigoyenismo y en la lucha antiobrera.
En estas bandas parapoliciales militaban afiliados radicales; de hecho, el general Dellepiane autorizó la distribución de armas entre los civiles, probablemente con la aprobación del Presidente. Militares retirados, políticos y “caballeros” de clase alta se incorporaron a las patrullas barriales. Integrantes de todos estos sectores, como también importantes hombres de negocios y activistas católicos, participaron de la Comisión ProDefensa del Orden, encargada de recolectar fondos para las familias de los policías, bomberos y soldados muertos durante los enfrentamientos con los trabajadores. Destacados conservadores y radicales formaron parte de la Comisión; los últimos, en número considerable, se unirían al ala antipersonalista (antiyrigoyenista) del partido en los años venideros.8
La Marina de Guerra puso bajo su control a los civiles armados. Desde el inicio de la Semana Trágica, hombres jóvenes habían concurrido al Centro Naval, para recibir entrenamiento militar y armas. El 12 de enero, el contraalmirante Manuel Domecq García creó una nueva guardia civil, con jurisdicción en toda la ciudad y sede en el Centro Naval, que aglutinó a todos los grupos dispersos de parapoliciales. El 15 de enero, Domecq García se reunió con representantes del Ejército y la Marina, y decidieron dar origen a una milicia permanente para Buenos Aires. Invitaron a dirigentes políticos, sacerdotes, empresarios, militares y miembros de instituciones importantes, incluso a grupos femeninos, a unirse a la nueva institución: la Liga Patriótica Argentina, que defendería “la patria y el orden” frente a los “elementos anárquicos, ajenos a nuestra nacionalidad”.
El 20 de enero, los invitados asistieron a la sesión inaugural de la Liga, realizada en el Centro Naval y presidida por Domecq García. Los participantes aprobaron una lista de objetivos, el primero de los cuales establecía que la Liga fomentaría el espíritu de argentinidad y el conocimiento de las obligaciones para con la Patria de todos los habitantes del país. La Liga lograría este cometido en parte presionando para obtener más apoyo público y privado para las escuelas: allí los niños aprenderían a amar a su país y los maestros obtendrían más y mejores salarios. Ante los rumores de influencia comunista en el sistema educativo, la Liga instó a las autoridades correspondientes a ejercer un control más estricto sobre las ideas de los maestros. La Liga también alentaría al público a celebrar las fiestas patrias, familiarizarse con la historia argentina y su hábitat y venerar al Ejército como protector de los hogares nacionales y las libertades.
Otra tarea de la Liga sería incrementar el bienestar de los pobres y recordar a las clases bajas que todas las soluciones legítimas a los problemas actuales debían estar en sintonía con la constitución liberal de la Nación. Por lo tanto, la Argentina continuaría recibiendo a los extranjeros que aceptaran sus leyes, pero se defendería de aquellos que profesaran ideas extrañas al estilo de vida argentino. Los guardianes de la argentinidad echarían mano de todos los métodos legales para realizar tal defensa, incluso cooperando con las autoridades para mantener la estabilidad ante cualquier amenaza anarquista o huelgas violentas. La Liga dejaba entrever que, si los medios legales no eran suficientes, recurriría a la coacción ilegal. O, como anunció más tarde, cuando los “huéspedes” de la nación abusaran de su hospitalidad perturbando el orden social, la Liga protegería los intereses nacionales.
La declaración de objetivos de la Liga revela su concepción del nacionalismo. Se definía la argentinidad como una conformidad con el orden político y social vigente. Anarquistas, sindicalistas, socialistas y otros disidentes no tenían lugar en la idílica visión que tenía la Liga del pasado argentino, una suerte de paraíso sin conflictos sociales ni políticos; por lo tanto, los opositores eran “extranjeros”. La condición de inmigrantes de la inmensa mayoría de la clase obrera fortalecía la distinción de la Liga entre los argentinos “nativos” de clase media y alta, que defendían a su nación, y sus antagonistas “foráneos”. Esta distinción era más retórica que real. No todos los opositores eran inmigrantes, ni los liguistas necesariamente tenían un linaje criollo y nativo. Además, el mantenimiento del orden en beneficio de las clases altas, ¿era una preocupación genuinamente nacionalista?
E1 periódico socialista La Vanguardia se mostraba escéptico ante las declaraciones nacionalistas de la Liga. Eran bien conocidos los apoyos que la Liga tenía en el Ejército, por lo cual La Vanguardia se preguntaba si la organización realmente protegería la Constitución de un ataque que proviniera de su aliado castrense. También decía la publicación socialista que la Argentina casi nunca trataba a sus habitantes extranjeros como “invitados”; muchos se vieron forzados a vivir como vagabundos, deambulando en busca de un trabajo. Por otra parte, si la Liga era una organización verdaderamente nacionalista, debería trabajar para facilitar el engorroso trámite de naturalización para que los inmigrantes se convirtieran en ciudadanos, sostenía La Vanguardia, El órgano anarquista La Protesta también se preguntaba si quienes alentaban la desunión, fomentando el odio y la violencia contra una parte de la población —en este caso, los obreros— eran verdaderamente nacionalistas.
Anarquistas y socialistas daban a entender que el nacionalismo de la Liga encubría sentimientos antipopulares. La izquierda no sólo desconfiaba del nacionalismo profesado por la Liga, sino también de su compromiso con la democracia. Según los socialistas, incorporando a los obreros extranjeros al sistema político-en lugar de estigmatizarlos y excluirlos-se fortalecían las instituciones nacionales. Los socialistas advirtieron la peligrosa coincidencia entre las Fuerzas Armadas y la Liga. En efecto, esta proximidad anunciaba la propensión de los sectores altos de la sociedad a confiar en el Ejército para salvaguardar sus intereses, que tendría trágicas consecuencias para la sociedad civil argentina durante el siglo XX. También había alarmado a los socialistas la insinuación-contenida en la declaración de objetivos de la Liga-sobre que la administración radical carecía de poder o de voluntad para realizar las tareas necesarias, y que, por consiguiente, la Liga tendría que llenar ese vacío. La Liga estaba usurpando el papel de gobiernos electos, como hicieron notar en varias ocasiones los representantes del Partido Socialista.
Durante su primer año de existencia, la Liga se concentró en reclutar hombres y mujeres, y en organizarse en escala nacional. Las patrullas barriales constituyeron el núcleo central de la fuerza. Estas patrullas se convirtieron en las “brigadas” de la Liga, que tenían presencia en 43 de los 45 distritos policiales de la capital. Las patrullas del interior también se unieron a la Liga como brigadas de sus respectivas ciudades. Otras brigadas urbanas fueron organizadas sobre la base de ocupaciones o asociaciones profesionales. A partir de una invitación de la Liga o por propia iniciativa, hacendados, empresarios y dirigentes políticos provinciales dieron origen a nuevas brigadas. En diciembre de 1919, cuando los trabajadores de la cosecha iniciaron una huelga, los propietarios respondieron con la organización de brigadas rurales. La Liga creó también brigadas de “trabajadores libres” para contrarrestar la actividad de los sindicatos combativos. Entre tanto, durante la segunda mitad de 1919 y comienzos de 1920, los liguistas invitaron a las mujeres a sumarse a la organización. Mujeres solteras y casadas de clase alta crearon brigadas de señoritas y señoras, respectivamente, en Buenos Aires y otras ciudades; maestras, de distintas extracciones sociales, formaron brigadas de docentes en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Mendoza. En noviembre de 1919, la Liga declaró que tenía 833 brigadas en todo el país.16 Durante los años siguientes, el número de integrantes de la Liga fluctuaría, pero su núcleo permanente consistiría en 41 brigadas femeninas y 550 brigadas masculinas, o aproximadamente, 820 militantes femeninos y 11.000 activistas.17 Paralelamente, se produjo una fusión en el ámbito de la conducción. Integrantes del Círculo Militar, del Centro Naval y de la Comisión Pro-Defensa del Orden se incorporaron a la dirección de la Liga. Sus nombres aparecían en la nómina de la Junta Central, elegida por las brigadas, y en el Consejo Ejecutivo, electo a su vez por la Junta Central. Domecq García ocupó la presidencia en forma provisional hasta abril de 1919, cuando las brigadas eligieron tomó presidente a Manuel Carlés. Carlés fue una figura compleja. Abogado, docente en el Colegio Militar y en otras instituciones, y diputado nacional (1898-1912), Carlés permaneció vinculado al régimen, mientras sus amigos más próximos del régimen se habían hecho reformadores, como el presidente Roque Sáenz Peña (1910-1914). Aunque sus días en la Cámara de Diputados se terminaron con la reforma electoral de 1912, Carlés conservó su interés por la política y sus contactos con los radicales, sobre todo con su buen amigo Marcelo T. de Alvear; con ellos se convertiría en radical antipersonalista. En 1918, Yrigoyen designó a Carlés como interventor en la provincia de Salta, y, en febrero de 1919 —mientras la Liga se estaba consolidando— el Presidente consideró su posible incorporación al gabinete como ministro de Marina. Poco tiempo después, durante ese mismo año, los conservadores de la provincia de Buenos Aires tuvieron en cuenta a Carlés entre sus candidatos.18 Por lo tanto, las lealtades políticas de Carlés eran ambiguas.
Ambiguas también eran las relaciones de la Liga con el Gobierno. En primer lugar, muchos radicales habían integrado la Liga desde sus orígenes y, por lo menos al comienzo, la administración radical elogiaba el accionar de la Liga y su defensa del orden, permitiendo, además, que militares, policías y empleados postales trabajaran con la organización. No obstante, la capacidad de la Liga para atraer a miles de miembros por todo el país-incluyendo a los radicales antiyrigoyenistas y de clase alta-preocupó al Gobierno, que vislumbraba en la Liga un potencial adversario y competidor político. La creciente incorporación de militares a la Liga incrementó los temores oficiales. Desde mediados de 1919, y en respuesta a las advertencias socialistas, el Gobierno prohibió al personal militar y de la policía en actividad pertenecer a la Liga, pero fue incapaz de cortar los vínculos de la organización con las fuerzas armadas y de seguridad.
El gobierno de Yrigoyen, finalmente, llegó a un implícito modus vivendi con la Liga. Teniendo en cuenta que el Gobierno seguía tratando de ganar el apoyo de los trabajadores urbanos nativos y sin pertenencia gremial, reprimió las actividades sindicales más duramente que antes de la Semana Trágica y, tácitamente, aceptó la existencia de la Liga. A su vez, la Liga se abstuvo de constituirse formalmente en un partido opositor o conspirar contra la democracia, al menos hasta la reelección de Yrigoyen en 1928. Los radicales podían tolerar la oposición de la Liga a los trabajadores organizados, pero no a su propio gobierno.
La amplia composición social de la Liga era indicativa de la popularidad de su estilo nacionalista y explicaba por qué los radicales aceptaron tal solución de compromiso. Las autoridades de la Liga tenían antecedentes aristocráticos. Entre 1920 y 1928, cerca del 69 por ciento de los miembros de la Junta Central y del Consejo Ejecutivo provenían de la clase alta, como prácticamente todas las líderes femeninas, que estaban unidas por lazos de parentesco. Casi la mitad de los dirigentes masculinos poseían tierras o eran miembros de familias terratenientes y, por lo menos, el 31 por ciento había ocupado cargos electivos o políticos antes de 1916, demostrando su afinidad con el régimen conservador.
El temor de los radicales por la participación militar en la Liga estaba plenamente justificado: entre las autoridades centrales de la Liga, el 19 por ciento de quienes se tenía información sobre su ocupación eran oficiales. Los miembros de las brigadas masculinas eran de condición social más humilde. Sólo el 18 por ciento de los delegados de brigada a las reuniones anuales de Liga-que tendían a ser oficiales de brigada-eran de clase alta; y el 19 por ciento poseían tierras o pertenecían a familias terratenientes. Los “trabajadores libres” de la Liga eran obreros no sindicalizados ya empleados por liguistas o contratados por ellos para quebrar huelgas y sindicatos. Es prácticamente improbable que estos trabajadores se unieran a la Liga por propia voluntad o genuina convicción; así, los sectores medios formaron la base popular de la Liga, llegando hasta el 31 por ciento del total de los líderes nacionales masculinos, el 82 por ciento de los delegados y un porcentaje aún más grande entre las brigadas de maestros y los grupos masculinos. Los grupos urbanos incluían a profesionales, dueños de tiendas, empleados públicos y de comercio, militares y algunos sacerdotes vinculados al Catolicismo Social. En las zonas rurales, las brigadas fueron conducidas por hacendados, arrendatarios, chacareros y capataces. Los miembros de las brigadas tenían intereses importantes en la sociedad de entonces y, por ello, razones para combatir al sindicalismo y a la agitación izquierdista”.
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Crece la presión de las provincias para reunirse con el Gobierno, que estira la incógnita sobre las extraordinarias
Federico Galligani
Infobae
26 de Noviembre, 2024
La discusión por el Presupuesto parece no resolverse y, a cuatro días de que finalice el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, el Gobierno no definió si convocará a extraordinarias o si prorrogará, una vez más, la rendición de gastos del 2023, que fue la última sancionada.
Mientras la cúpula libertaria define su estrategia, las provincias continúan reclamándoles a las autoridades nacionales una reunión para debatir en persona el asunto y tratar de llegar a un acuerdo sobre sus pedidos, que van desde la coparticipación de algunos ingresos hasta el giro de fondos para obras públicas.
Hasta el momento, la Casa Rosada se mantuvo firme en su postura de no negociar el equilibrio fiscal y en más de una oportunidad les remarcó tanto a los gobernadores como a los legisladores de la oposición que si no se aprueba el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, entonces no habrá votación.
El presidente Javier Milei busca que el texto original, que él mismo presentó en el Senado meses atrás, sufra la menor cantidad de modificaciones posibles y es por eso que las conversaciones con el resto de los bloques se dan “en espejo”, es decir, en ambas Cámaras al mismo tiempo.
Tal como viene detallando Infobae, los mandatarios provinciales se niegan a que sean los diputados de sus partidos quienes determinen de qué áreas se va a sacar el dinero para hacer frente a los gastos no previstos para cumplir con sus exigencias.
Sin una respuesta clara al pedido de reunión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este martes en su oficina de Balcarce 50 al gobernador de Chaco y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leandro Zdero.
Fuentes de ambas partes aseguraron que el encuentro ya estaba organizado desde hacía tiempo y que se solicitó para conversar sobre otros temas, como el traspaso de las obras que están en manos de la Nación, pero que no se hablaría sobre el Presupuesto.
En tanto, sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Jujuy, Carlos Sadir, van a compartir un evento de la Unión Industrial Argentina, en la que también disertará el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
En los últimos días, los mandatarios provinciales que integraban Juntos por el Cambio le entregaron a los funcionarios nacionales una lista de requisitos para incluir en el proyecto de Presupuesto que, remarcaron en su entorno, son “normas y pactos preexistentes” que “no afectan el equilibrio fiscal”.
Puntualmente, pidieron “financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas” (hasta ahora la Nación reconoció solo 254 millones de pesos) y para “la compensación del Pacto Fiscal de 2017″.
También solicitaron “eliminar las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles”, cuyos fondos, a juicio de los gobernadores, está subejecutados y pretenden que se coparticipen; la “reducción del aporte que realizan las provincias de los fondos coparticipables para financiar a la AFIP” (actual ARCA), y la “coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos”.
Al respecto, los gobernadores aseguran que todo el conjunto de sus reclamos “de ninguna manera afecta el equilibrio fiscal”, ya que representan apenas el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y menos del 2% del presupuesto total previsto para el 2025.
El próximo sábado es la fecha en la que finaliza el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Mientras que las provincias quieren que se siga discutiendo a lo largo de diciembre el proyecto enviado por el Ejecutivo nacional, la Casa Rosada asegura que no le preocupa que la iniciativa no se vote, si no es el texto original o con menos cambios posibles.
En las últimas horas surgió un punto de encuentro: la cúpula libertaria les señaló a los mandatarios locales que, si se prorroga la rendición de gastos del 2023, podrán negociar personalmente con Francos los reclamos para sus territorios, ya que la Nación podría utilizar los fondos discrecionalmente.
Esta alternativa no termina de convencer a la otra parte, por lo que se preveía que las conversaciones continuaran a lo largo de los siguientes días, aunque por el momento el desenlace sigue siendo incierto.
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La Corte apunta a Cristina, los dientes de José Mayans y los enemigos imaginarios de Milei
Ignacio Zuleta
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
25/11/024
Cristina CÁMARA LENTA PARA CRISTINA
La Justicia pasa a ocupar el escenario político desde este viernes (final del año legislativo. La Suprema Corte lanzó, como había adelantado esta columna, la miniserie de los fallos encadenados. Hasta finales de diciembre, fecha de retiro del justice Juan Carlos Maqueda, se sucederán sentencias que ya tienen su firma y cuyo consenso el tribunal quiere aprovechar. No hacerlo llevaría a muchas causas pendientes a un punto cero.
Ya se conoció el sobreseimiento por prescripción de Domingo Cavallo en la causa sobresueldos. Esa denuncia nos ha acompañado toda nuestra vida adulta -y la de «Mingo»- como un emblema de la Justicia lenta. Se investigaron hechos de fines de los 80, denunciados en 2004, procesados desde 2009 y con condena en 2015: 29 años, toda una vida. Le falta que le alivien reproches por la venta del predio de la Rural.
Los fallos que vienen son más recientes, y se esperan decisiones procesales en causas relacionadas con Cristina de Kirchner -Hotesur, Dólar Futuro, Acuerdos con Irán-. De lo más reciente no mucho más. El tribunal que confirmó la condena en la causa Vialidad extendió el plazo, a pedido de la defensa, para que se presente el recurso extraordinario, de 10 a 30 días hábiles.
El motivo es la complejidad y la extensión de la sentencia, que tiene más de 1.500 páginas. En la Corte esperan que el expediente les llegue en abril/mayo del año que viene. Vaya a saber uno qué Corte habrá en esas fechas. El futuro es tan irreal como la eternidad (Octavio Paz, poema).
TESTIMONIAL CORPACCI
Le va a poner algo de pimienta a esta judicialización de la agenda la notificación de que la senadora por Catamarca Lucía Corpacci puso la firma que faltaba para que el Gobierno tuviera un dictamen de mayoría a su propuesta de Ariel Lijo. Es un gesto testimonial por la irradiación que proyecta hacia todos lados.
Primero, porque es un anuncio no comprobado. El dictamen no se presentó en la Comisión de Acuerdos y nadie apuesta que logre 2/3 del Senado. Hay quienes este fin de semana ponían en duda que fuera efectivo este globo de prueba del proyecto de designarlo en comisión y por decreto. ¿Para qué decirlo? Para proyectar esquirlas hacia todos lados.
Primero, esa firma no existiría sin la venia de Cristina de Kirchner. Es una invitación al acuerdo: el peronismo les admite a Lijo, pero pide le cedan un nombre a la oposición. El Gobierno, por ahora, niega que esté buscando ampliar la Corte. Esta negociación se hace en pasillos por los que no camina, según jura, Wado de Pedro. Otros miran hacia Juan Manuel Olmos.
NO LES MIREMOS LOS DIENTES
Lo más eficiente es un diálogo de hace un mes entre José Mayans y el verdadero patrón de la mayoría oficialista de «Los 39» del Senado, Juan Carlos Romero. Fue la aproximación más estrecha que hubo hasta ahora, y la sintetiza la frase del senador por Formosa: «Ustedes no le miren los dientes a nuestro candidato y nosotros no le miramos los dientes al del Gobierno».
Una belleza argumental insuperable. En esa charla alguien dejó caer el nombre de Miguel Pichetto. No fue en vano; el jefe de la bancada de Encuentro Federal recibió seis meses atrás la oferta del Gobierno ocupar una silla en el tribunal. Se la ofreció Santiago Caputo (a) The Go-Between (guglear, se tradujo como El mensajero del amor, libro de Pinter, dirección de Losey, imperdible), en una visita que le hizo a su casa.
Rechazó la propuesta por razones políticas razonables. Maneja un bloque del Congreso que es clave en todos los debates y que le da una centralidad a la altura de sus antecedentes. También dio motivos personales: está en edad de ser designado, pero cada día que pasa se acerca al límite que lo saca a Maqueda del tribunal.
PAISAJES DE CATAMARCA
Corpacci es orgánica del peronismo pejotista y figura en el dream team del cristinismo que se adueñó este mes de la conducción del partido. Pero se mueve también por razones personales de interés impostergable. La Justicia ha reabierto una causa a su exmarido, Angel Mercado, que parecía cerrada. Es por el manejo de fondos del yacimiento Agua del Dionisio, a raíz de una denuncia de Elisa Carrió (CFP 18368/2016/CA12).
El Gobierno nacional ya ha cosechado en Catamarca otros apoyos, como que los diputados que responden al gobernador Raúl Jalil voten proyectos mileístas. Ángel Mercado es sobrino de Armando «Bombón» Mercado, quien fue esposo de Alicia Kirchner, tío de Máximo y cuñado de Néstor y Cristina.
MACRI EN LA MIRA DEL PACTO
La firma de Corpacci irradia también hacia la relación del Gobierno con su entorno. Es público el rechazo de Victoria Villarruel hacia Lijo. Es más fuerte aún el de Macri, socio “a la carta” del Gobierno. El pacto objetivo que revela esa firma es la prueba de la coincidencia de objetivos políticos entre el gobierno y el cristinismo:
1) Destruir a la fuerza de Macri sobre la que construyó Cambiemos.
2) Pulverizar la Corte que armó el gobierno de Juntos por el Cambio.
El cristinismo ha dedicado todos sus esfuerzos a desmoronar ese armado. No logró dictaminar el juicio político, y la actual oposición cree que la Corte de Rosenkrantz y Rosatti los tiene de enemigos. Ha frustrado las reelecciones de gobernadores (Zamora, Manzur, Uñac), los ha contradicho en las causas por las rentas de la CABA y en la reforma del Consejo de la Magistratura.
Milei parece convencido de que esta Corte también va por él y sabe que la designación de Lijo es un acuerdo de largo plazo entre su gobierno y la familia judicial, de la cual Lijo es el principal referente público. Heredó el rol que en el pasado llegó a tener Ricardo Lorenzetti.
El acuerdo no incluye la designación de Manuel García-Mansilla (para la otra vacante a designar), a quien Villarruel sí votaría, si pudiera. Este jurista es el candidato de los grandes estudios que asesoran al Gobierno y que hoy están enojados por esta dualidad. A la Casa Rosada le gustaría casarse con Mansilla, pero tener de amante a Lijo, parafraseando la expresión de Rubén Darío: “Es preciso decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida, de París”.
EL PARTIDO DE LA CONTRARREFORMA
Este es un gobierno más de ocurrencias que de densidades doctrinarias. Pero adhiere, como el peronismo, al partido de la Contrarreforma de la Constitución, que no suele salir mucho a la luz. Desde la sanción de la reforma de 1994, el conservadorismo criollo, dentro del cual hay que anotar al peronismo cristinista, se ha dedicado a tratar de demoler o desfigurar el contenido de esa reforma.
La actual Suprema Corte es una expresión de la reforma. Dos de sus integrantes, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron convencionales. Rosenkrantz fue asesor de Raúl Alfonsín en la Convención de Santa Fe. Maqueda y Antonio Hernández han sido convencionales de tres reformas: la nacional, la de Córdoba y la municipal de esa provincia. Maqueda representa, además, al constitucionalismo federal, y ha animado sentencias en defensa de las provincias durante los últimos 20 años.
El peronismo de la era Kirchner esmeriló aquella constitución con reformas legislativas -Consejo de la Magistratura, régimen de los DNU, etc.-. Cristina ha llamado varias veces a revisarla, en particular porque la considera defensora de la iniciativa privada y contra el Estado.
El Partido de la Contrarreforma que expresa el gobierno de Milei querría demoler la actual Corte y avanzar en una nueva redacción para volver al Colegio Electoral, eliminar el Consejo de la Magistratura, el balotaje y la jerarquía constitucional de los tratados internacionales.
EL VENENO D ELAS EMERGENCIAS
La prepotencia tiene una racionalidad elemental que el Gobierno disfraza de convicciones y temperamentos. Quema etapas sin el control del Congreso, a golpes de DNU y vetos, sin la cartografía convencional de un presupuesto anual, y con la Auditoría General de la Nación desactivada durante todo el año y en manos del peronismo, porque le abre amplios márgenes de discrecionalidad.
Es el atajo de los gobiernos débiles, que necesitan ese veneno de la vida pública argentina que es la emergencia y la excepcionalidad. Esta administración accedió al poder con un tercio de los votos positivos de la primera vuelta y vive de prestado en el Congreso. Quiere convencer de que llegó al poder con un escenario apocalíptico que lo obliga a vivir en emergencia. Si las emergencias hubieran servido para algo, la suerte de los gobiernos anteriores habría sido mejor.
Desde la crisis del 2001 todos los gobiernos apabullaron de emergencias a la sociedad. No sirvieron de mucho, si se admite el diagnóstico de su herencia catastrófica. Un solo gobierno, el de Juntos por el Cambio, se animó a gobernar sin emergencias. El Congreso en 2016 abolió todas las emergencias heredadas, salvo la de la pobreza. Alberto Fernández, apenas asumió, las repuso todas y se dio el gusto de alguna más.
SIMULACIONES
El gobierno de Milei sumó otra emergencia no escrita, la de la política. Imagina que hay un poder oculto que le impide gobernar y que conspira contra su programa. Representa, sin embargo, la agenda de cuatro de los cinco candidatos presidenciales de la primera vuelta de 2023, y tiene el apoyo de todas las bancadas, salvo la de Unión por la Patria.
Si enviase a Luis Caputo a conversar a Diputados ya tendría el DNU 846 (canje de deuda) y el presupuesto para gobernar con normalidad. Si sentase a algunos en la banca tendría ficha limpia y una reforma a la baja de las PASO. No lo hace porque sería admitirles alguna legitimidad a sus interlocutores.
El Presidente prefiere construir un relato en el cual es más fuerte que sus contradictores, cuando en realidad es más débil. La prueba es que huye de los debates y se refugia en voceros que repiten esa leyenda. Demostró que es una minoría con amigos en las elecciones de 2023 y es esperable que sueñe con revertir esa minoría en las del año que viene.
LOS FALSOS ENEMIGOS
A esa intención de asegurar discrecionalidad y sustentabilidad responde la leyenda del Presidente fuerte por distinto. «Tiene una psicología muy especial, pero el rumbo es el correcto», dice Macri. Es el argumento que justificó en otros tiempos las atrocidades institucionales («Y, ya saben cómo es el almirante», etc., se decía en tiempos tenebrosos). También sirve a esa intención de lanzar pirotecnia contra enemigos inexistentes por imaginarios.
Los adversarios del Gobierno son el comunismo, el colectivismo, el «deep state» que quiere controlar todo (i.e. la «casta»): fantasías imaginarias que pudieron existir en el pasado como el «pulpo negro» de Ibáñez Menta o los Ovnis de José de Zer. Hasta Villarruel es una enemiga imaginaria en una pelea que se agota en los relatos que filtra el mismo gobierno, para simular que controla a alguien. Cualquier explicación se alimenta de presunciones y tramas conspirativas.
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La hora de los leales y los confiables
Claudio Jacquelin
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
25/11/024
Una máxima de la política dice que los gobiernos se arman primero con los mejores, luego con los leales y, finalmente, con los que quedan. Pero ese axioma no siempre funciona de manera lineal. Mucho menos en gobiernos personalistas, en los que la lealtad probada y la confiabilidad esperable suelen ser exigencias y condiciones predominantes desde muy temprano.
La sorpresiva exclusión pública del paraíso presidencial que acaba de sufrir la vicepresidenta Victoria Villarruel parece responder a esa lógica. Es hora de los leales y confiables. No hizo falta que el desgaste del ejercicio del poder o una crisis política o económica precipitara condenas. Todo lo contrario.
Javier Milei volvió a desafiar la lógica de la comunicación y la construcción políticas, que manda aprovechar los buenos momentos para prolongar un estado de bonanza, no ensombrecerlo y, mucho menos, desplazar buenas noticias de la agenda pública para instalar situaciones de tensión y disputas en el interior del espacio propio.
En medio del “alineamiento de planetas” (económicos, financieros y de política interna y externa) que celebran en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda, el Presidente instauró un nuevo conflicto en la esfera pública, justo cuando nadie lo esperaba y él venía de completar el álbum de fotos con lo más granado del establishment político mundial, desde Donald Trump a Xi Jinping.
Contra los análisis que dicen que se trató de otro error no forzado o de un autoboicot cuando las cosas le van bien, todo indica que hubo razón y decisión para aprovechar el viento a favor y, una vez más, seguir despejando el terreno sobre el que se propone avanzar con la menor cantidad de desafíos probables o potenciales a su proyecto político y a su liderazgo.
El registro de hechos acumulados en casi un año de gestión parece indicar que cualquier elemento con eventual capacidad corrosiva para él y para el triángulo de hierro que integra junto con su hermana Karina y su gurú Santiago Caputo debe ser neutralizado, primero, y erradicado del oficialismo, luego, si no se somete o da muestras de alinearse. Mucho más si insiste en diferenciarse.
Al Presidente no pareció tomarlo por sorpresa la pregunta ni responderla como si no hubiera pensado en las consecuencias. Más bien dio la impresión y se dejaron trascender evidencias de que buscó el tiempo y el espacio para hacerlo, aunque su vocero lo niegue. Tanto que desde las cercanías de Villarruel consideran que hubo premeditación y alevosía, mientras no salen de su estupor y desconcierto. Aunque sorprende tanta sorpresa.
Las declaraciones posteriores de varios de los funcionarios más cercanos al Presidente respecto de la descalificación a Villarruel no lograron atenuar la dimensión del anatema, si es que eso fue lo que se propusieron, lo cual cabe ponerlo en duda.
Luego de que Milei asociara a su vicepresidenta con “la casta”, pecado capital si los hay en el catecismo libertario, adquirió aún más resonancia una afirmación hecha pocas horas después por el vocero presidencial, sobre quien no parece haber dudas del reconocimiento que goza su trabajo como exégeta de su jefe.
Fue en una entrevista en la que relativizó las interpretaciones de lo dicho por el Presidente, al darles a esas palabras carácter descriptivo y no valorativo respecto de Villarruel. Allí, al referirse a las trabas que encuentran el Congreso las iniciativas oficiales, como la falta de quorum para tratar el proyecto de “ficha limpia”, Manuel Adorni sentenció: “Lo que la gente votó es que la casta desaparezca de la faz de la Argentina, de la faz de la Tierra. Y, evidentemente, la casta sigue teniendo mucha fuerza”. El uso de ese verbo de graves y tristes reminiscencias, junto al descalificatorio sustantivo, podría ser un buen insumo para simposios de semiología y de psicoanálisis.
Si el episodio Villarruel se llevó todos los focos, eso no impide advertir que el proceso de alineamiento en marcha y de premio a los leales y confiables ha llegado y que ya tiene efectos en otros ámbitos del Gobierno y el espacio político libertario.
Lo ocurrido durante la compleja cumbre del G-20 expuso las razones prácticas y los efectos concretos del despido de Diana Mondino de la Cancillería y su reemplazo por Gerardo Werthein. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores hizo gala ante el resto de la delegación argentina de la cercanía con el Presidente y la confianza que le dispensa, tanto como de capacidad resolutiva. Dos condiciones que parecía que había perdido o resignado su predecesora, a quien, además, le pesaban algunos pruritos respecto de ciertas fronteras formales y de fondo que desde la Casa Rosada se pretendía que atravesara sin titubear.
“Fue dificilísimo todo, pero Werthein lo facilitó y evitó que la Argentina se disociara del G-20, porque demostró que tiene línea directa con Milei y que toma decisiones. Tal vez, por esa cercanía y confianza. Con Mondino nada de eso ocurría. Desde que le intervinieron la Cancillería, ella evitaba elevar temas conflictivos y todo se trababa”, explicó una fuente al tanto de las complicadas negociaciones llevadas a cabo antes y durante la cumbre de Río de Janeiro.
El canciller habría logrado hacer equilibrio entre las pretensiones de máxima presidenciales y los límites de lo posible sin poner en riesgo su relación, no afectar demasiado más la situación del país en el concierto internacional, ni inmolarse en defensa de intereses nacionales. Esos son los atributos que se le reconocen.
Es, además, lo que acaba de verificarse con su cuestionable ausencia, comunicada a último momento, en el acto por realizarse en el Vaticano para celebrar, junto con el Papa y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el 40° aniversario del tratado de paz alcanzado por mediación papal entre los dos países, que estuvieron a un paso de entrar en guerra a fines de 1978. Las afinidades y desafecciones ideológicas y personales de Milei pueden pesar más que el interés nacional, la historia o los elementales buenos modales.
La combinación de lealtad, confiabilidad y eficiencia vendría a ser así el gran ordenador de la administración tanto como de la construcción política libertaria.
EL FILTRO DEL TRIÁNGULO DE HIERRO
Sobran los que pueden mostrarse como casos testigos de los que no han pasado ese filtro, más allá de Villarruel. Antes que los amigos, se identifican y definen los enemigos, en la certeza de que estos sucumbirán con el éxito al que está destinado el proyecto y los primeros abundarán. No le falta audacia a la premisa, pero, como se le adjudica haber dicho a Franklin D. Roosevelt, “nunca hay que subestimar a los hombres que se sobrestiman”.
Los que hoy gozan de la bendición del triángulo de hierro deben reunir al menos dos de esos atributos, ya que no todos cuentan con igual vínculo personal con los hermanos Milei o con Santiago Caputo, ni todas las áreas gozan de igual interés, sobre todo, para el Presidente.
Con que muestren resultados (o no hagan ruido ni proyecten sombras) y no demuestren proyectos propios o que buscan obtener rédito individual de su cargo y función (en términos políticos, claro) están a salvo. Si se destacan con sus logros, fidelidad (en público y en privado), compromiso con la causa y habilidad comunicacional en defensa del liderazgo y el proyecto presidencial, tienen premio. El concepto de casta es voluble.
En este podio se encuentran Luis Caputo (y equipo), Federico Sturzenegger y Guillermo Francos. Apenas un escalón más abajo asoma Patricia Bullrich. Y un lugar aparte y especial, sobre todo, por sus relaciones personales con el trío metalero, ocupan Sandra Pettovello y Mario Lugones, que gozan de una confianza y familiaridad de distinta naturaleza y vínculos que les otorgan protección especial. Una, con el Presidente. El otro, con el gurú, que es socio del hijo del ministro.
En un plano similar por su vinculación con la hermanísima aparecen también el operador político Eduardo “Lule” Menem y, por carácter transitivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Un poco más rezagado, asoma el armador bonaerense Sebastián Pareja, a quien los puristas digitales, el amparo de Santiago Caputo, miran con recelo y lo desafían.
Son las consecuencias de un modelo en construcción que busca pasar de fuerza disruptiva triunfante a una mayoría electoral, territorial e institucional. Un largo camino, cuya primera estación es el proceso electoral de 2025. No faltará ruido. Por ahora, se está en la etapa de depuración antes de la ampliación.
En ese proceso, miran desde afuera y son objeto de descalificación y desprecio los que ya no están y buscan armar algo diferente. Es el caso del senador formoseño excomulgado Francisco Paoltroni, que recorre el país en pos de un armado liberal no libertario, y a quien vinculan a Villarruel, lo cual sumaría a las causas de su distanciamiento con Milei.
Sin embargo, tanto Paoltroni como la vicepresidenta niegan compartir ese proyecto político, así como reconocen otras coincidencias, como su rechazo a la nominación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, que todo indica que estaría más cerca de concretarse. Para algunas fuentes destacadas del oficialismo y del Senado, ese sí sería uno de los temas que propició la condena a Villarruel, junto a algunos asuntos que le valieron diferencias marcadas públicamente por el Presidente, sin que Villarruel modificara sus acciones o disimulara sus convicciones.
Desde la cúpula mileísta se mira con notable desdén las chances electorales que podría tener una construcción así, más allá de la buena imagen de la que goza la vicepresidenta, en lo que para su desgracia, compite con el propio Presidente y con su hermana, a quien se considera su primera enemiga.
“Si Villarruel quiere, que pruebe ir a una elección sin Milei. Todo lo que tiene de buena imagen es por Javier, sin él se le esfuma todo”, desafía uno de las personas que más cerca está del Presidente.
OPOSITORES PREOCUPADOS
La preocupación por esa pretensión de alineamiento (o exigencia de claudicación, dicen otros) excede por estas horas el espacio libertario y atraviesa a otras fuerzas, como el peronismo no kirchnerista, el radicalismo y Pro.
Ahí sobresale el eventual éxito que podría tener la presión sobre algunos gobernadores para que aporten los votos de los legisladores de sus provincias a los proyectos del Poder Ejecutivo.
Entre estos sobresale el Presupuesto 2025, que el Gobierno quiere que se apruebe sin modificar puntos ni comas en cuanto a la asignación de recursos, a pesar del efecto que podría tener en las arcas de muchos estados provinciales. Las consecuencias excederían el marco legislativo y podría fragmentar aún más de lo que está el universo no mileísta, dividido entre colaboracionistas y opositores, que, a su vez, se subdividen en dialoguistas e intransigentes.
“Los gobernadores vienen en bloque a reclamar que se defiendan sus recursos, pero después se sientan a negociar de a uno con la Casa Rosada. Para pedir que pongamos la cara son un conjunto y para arreglar son individuales”, se queja una destacada figura del macrismo parlamentario, que ve cómo se les escurren entre los dedos las herramientas para negociar con el Gobierno desde algún lugar de fortaleza.
“Milei ni siquiera tienen que salir a cazarlos de a uno porque ellos se entregan solos”, dice uno de los referentes dialoguistas con tanta resignación como disgusto.
La inminencia del año electoral torna más preocupante el panorama para los que no quieren quedar subsumidos en la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo, que desde el Gobierno y el Instituto Patria alimentan.
Adentro y afuera del oficialismo ya están avisados: es la hora sólo de los leales y los confiables. Sin matices.
LA ARGENTINA POLÍTICA
La ficha sucia del establishment
Ricardo Aronskind
Con la condena sin fundamentos a Cristina Fernández de Kirchner por parte del
Poder Judicial argentino, se concretó un nuevo episodio de una larga confrontación que comenzó el mismo día que se restauraron las formalidades democráticas en 1983.
¿Qué clase de democracia era posible en la Argentina, luego del paso de la aplanadora cívico-militar promovida por la elite argentina, la derrota en Malvinas, el enorme endeudamiento externo provocado a pagar por el Estado nacional y los cambios políticos y culturales ocurridos en todos los niveles de la sociedad?Lo que siguió fue el fracaso del moderado intento alfonsinista y el “éxito” desindustrializador, privatizador y extranjerizante del menmismo.
El control total del sistema político partidario por parte de la elite argentina parecía asegurado en los días de la “convertibilidad”. Pero las inconsistencias del modelo rentístico financiero, sin salida productiva, desembocaron en la hecatombe social de 2001-2002.
Impensadamente, dado el deterioro democrático y el control por parte de las corporaciones beneficiadas con el modelo menemista sobre el bipartidismo del momento, se abrió en 2003 un período político que se apartó de las expectativas del establishment argentino. Y también —y no es un dato menor en esta historia— difirió de la trayectoria esperada por parte de los centros de poder de las republiquetas latinoamericanas: dependencia y subordinación al capital global.
Recordemos que los políticos de la globalización periférica ya tenían escrito su papel: sus nuevas funciones consistían en gestionar sociedades pobres, resignadas y sin expectativas, sometidas a las necesidades de acumulación de los centros.
Marcado por intuiciones personales y por confrontaciones políticas que se le impusieron, Néstor Kirchner inició un rumbo inesperado, por afuera del libreto hegemónico que regía a nivel global.
El primer gobierno de Cristina Kirchner nació cuestionado por los sectores dominantes. Elisa Carrió lo expresó a su manera el 30 de octubre de 2007 en el diario La Nación. Sostuvo que “el gobierno nace con legitimidad segmentada”, y lo fundamentó en que CFK “tiene un rechazo del 70% en las clases medias y altas”. Ya se ponía en tela de juicio el valor de los comicios definidos sobre la base de las reglas de la democracia liberal, en la medida en que sus resultados suscitaran rechazo en los sectores más poderosos. Las clases medias, por características largamente estudiadas, tendían a alinearse detrás de ellos, salvo que mediara alguna situación extrema.
De ahí en adelante, y ya son 16 años, el kirchnerismo y la figura de Cristina fueron objeto de una larguísima guerra comunicacional, política y económica. Si esto pasó cuando los Kirchner estaban al frente del Estado, en el momento que saltaron al llano se profundizó la ofensiva judicial, con la catarata de juicios que se lanzaron en su contra y la promoción de un clima de agresión irracional favorable al asesinato de la ex Presidenta, lo que fructificó en un intento de concretarlo por parte de un grupo manipulado. El Poder Judicial, como era previsible, ha decidido no investigar este episodio, al que pretende, en consonancia con medios y políticos del establishment, minimizar.
LO NACIONAL ES INTERNACIONAL
En un valioso artículo publicado recientemente en Página/12, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni remarcó que para entender la condena inconstitucional contra la ex Presidenta y el posterior despojo de su jubilación, además de la también inconstitucional Ley Ad Hoc de “ficha limpia”, es necesario incorporar la dimensión de la geopolítica internacional y regional al análisis. Zaffaroni sostiene que los procesos de enjuiciamiento de líderes populares progresistas en Sudamérica están directamente relacionados con aplastar las resistencias nacionalistas y pavimentar el camino para la colonización financiera de nuestros países.
Es evidente que esto ha sido así en una serie de casos en donde las judicaturas locales utilizaron y distorsionaron el orden legal para desactivar procesos autonomistas y de mejora social, atacando a los líderes que habían llevado adelante esas políticas. Debilitar el entramado solidario de mandatarios populares fue sin duda un objetivo a cumplir por la potencia que no logró imponer “amablemente” el ALCA en 2005. “Sacar” a la Argentina de esa red autonomista regional es debilitar a Brasil —como antes fue el papel de Bolsonaro en sentido contrario—. Todo proceso popular, reemplazado por gobiernos zombies neoliberales que no saben sino repetir los mandatos del Consenso de Washington, debilita a Latinoamérica en general, y a todos los otros líderes regionales que apuntan al autonomismo de América Latina en particular. La atomización de los procesos contribuye a colocar en un lugar de extrema subordinación a las naciones latinoamericanas. Y en ese combate a favor de convertir naciones en colonias, las elites locales juegan un papel fundamentalPorque el eslabón perdido en ese análisis geopolítico acertado, extrañamente omitido en muchos análisis críticos sobre nuestro país, es la responsabilidad de los establishments locales en la implementación de esos procesos antidemocráticos de exclusión institucional, que convergen con los intereses de la potencia que se siente dueña de este patio trasero.
En nuestro país, la grotesca profusión de quejidos democráticos y republicanos contra los Kirchner, protagonizados por imaginarios adalides de la República, se apagó instantáneamente cuando llegaron al poder las derechas neoliberales entreguistas. Sólo hubo silencio frente a las estruendosas irregularidades de todo tipo del macrismo, y hoy las vestales de las instituciones continúan en silencio frente a las crecientes y peligrosas tropelías institucionales mileístas.
Es más que evidente que ni la democracia ni la república son valores en los que cree la derecha local, sino que han sido discursos de ocasión para promover el desgaste de las gestiones kirchneristas. Se trata de una derecha que es ultra legalista, hasta la asfixia, con cualquier iniciativa gubernamental progresista, pero que es completamente flexible, se diría con más precisión anómica, cuando manan de las cumbres institucionales negocios y prebendas económicas para los grupos de poder. RIGI y carry trade matan Constitución.
Sería bueno creer que en una sociedad democrática, la ciudadanía se sentiría naturalmente amenazada por un proceso judicial amañado, arbitrario, hecho ilegalmente a plena luz del día, contra cualquier persona, como acaba de ocurrir. Sin embargo, en la sociedad argentina realmente existente, una organizada y sistemática campaña mediática —calcada del macartismo norteamericano— ha llevado a que una parte de la población haya abandonado cualquier adhesión al principio de las garantías democráticas para reemplazarlo por la furia ciega contra una figura política, sus seguidores y todo lo que les recuerde políticas de inclusión o de disputa con los poderes establecidos.
La injusta e ilegal condena contra Cristina, formalmente obra del Poder Judicial, es el producto del contubernio en el que participan embajadas extranjeras, medios de comunicación, grandes empresarios, políticos de todas las derechas, jueces militantes puestos en lugares claves y una parte de la ciudadanía que ha sido fanatizada y condicionada hasta la irracionalidad.
La degradación de la sociedad argentina, impulsada ex profeso por los factores de poder en función de erradicar del escenario fuerzas políticas capaces de salirse del libreto neocolonial, es un crimen no tipificado, que compromete la posibilidad del país de salir adelante.
La democracia ha sido reducida a un módico acto rutinario de votación, en el que no puede ganar una opción progresista, luego del traumático —para el establishment— gobierno kirchnerista.
La libertad también ha sido violentamente devaluada. Quedó reducida al derecho a adquirir dólares sin límites por parte de la población y al derecho a consumir todos los bienes posibles, como aproximación a la felicidad. Eso es lo que se deduce de la lectura de la prensa conservadora, de sus editoriales y de la prédica de sus sacerdotes mediáticos.
Si esa es la democracia, y esa es la libertad, Milei empieza a cobrar más sentido.
EL PASADO NO SE REPITE
Cada vez que CFK alude a los 12 años de gobiernos kirchneristas, a la década ganada y a cómo se logró vivir bien en ese momento, alude a un pasado irrepetible.
Es irrepetible no en el sentido de una meta a la que es legítimo aspirar. En un país como la Argentina, esas metas de bienestar colectivo son completamente factibles.
Lo que es seguro es que no se puede repetir el proceso político que permitió lograrlo. No basta con proponer hacer lo mismo que se hizo, como si todo fuera una cuestión de desearlo, porque todo ha cambiado. Veamos:
Hoy el país está gravemente condicionado por el endeudamiento externo que nos provocó el gobierno macrista, y que sigue incrementando la gestión Milei; la situación internacional es mucho más frágil y volátil que en la primera década de los 2000.
El tipo de cultura política promovida por los medios, y el tipo de personal político que los medios “tamizan”, ha significado la cuasi desaparición de la moderación en la política argentina. Se evaporó el centro liberal-democrático, capaz de aportar argumentos no facciosos. Quedó una ficción, sometida al poder económico y aterrorizada de ser estigmatizada como kirchnerista por la prensa del régimen. Las grandes empresas mediáticas siguen la guerra contra todo lo progresista, se llame como se llame.
También se verificó un vuelco en las preferencias de la cúpula empresaria argentina hacia formas cada vez más salvajes del capitalismo, incluyendo el desmantelamiento del Estado que a ellos mismos los ampara, y la captura y rapiña de rentas de privilegio sin ninguna consideración por el entorno social en el que operan. Ideologizados con las mayores zonceras económicas que les suministran gratis los centros de poder globales, consideran que su capital es la prueba de que sus precarias ideas económicas son “la” verdad.
La radicalización derechista de los sectores anti-peronistas. Si bien Milei hoy no refleja, en su salvajismo, una visión social mayoritaria, muchos elementos de su discurso anti-justicia social y anti-derechos estaban presentes en el menemismo y se consolidaron en la lucha del establishment contra el reformismo kirchnerista. La radicalización derechista del público “de centro” se plasmó en el triunfo en la interna del PRO de la violenta y mediocre Patricia Bullrich, quien proponía como gran bandera “terminar con el kirchnerismo”. Y continuó su marcha con la votación a un personaje impresentable con tal de derrotar al peronista que realmente encarnaba la “moderación” en las elecciones de 2023.
Se suma a los cambios que hacen imposible una reedición idéntica de la “década ganada” la creciente asertividad norteamericana sobre los recursos naturales de la región y de la Argentina, que son considerados por los estadounidenses parte de su propio acervo estratégico. En la misma dirección son las presiones que se reciben permanentemente para minimizar los vínculos con la República Popular China y con el ascendente y dinámico bloque de los BRICS, y por lo tanto se desaprovechan oportunidades para nuestro propio desarrollo.
Otro elemento sociológico que está en pleno desarrollo es la aparición de masas que, en nombre de la libertad individual, aceptan el empobrecimiento colectivo como supuesta etapa previa al enriquecimiento personal. Masas que están creyendo un discurso de destrucción estatal y de liquidación de todas las capacidades nacionales “para cerrar el déficit” y convertirnos en un paraíso en 35 años. Pero el punto político relevante, que debería generar nuevas respuestas políticas, es que millones de compatriotas no están en condiciones de discernir entre discursos delirantes y datos de la realidad.
UNIR TODOS LOS PUNTOS
Todos los actores y cómplices del proceso económico y social que venimos transitando no están sueltos, sino que conforman un sistema.
Se sustentan mutuamente, se refuerzan, se protegen y actúan coordinadamente para obtener resultados políticos coherentes. Actúan en función de objetivos políticos y económicos definidos. No hay aleatoriedad en quienes son perseguidos y quienes son premiados.
Y lo han hecho con bastante acierto, aprovechando las graves fallas políticas, económicas y comunicacionales del espacio kirchnerista-peronista.
El reciente gobierno de Alberto Fernández bien podría ser considerado un muestrario de las cosas que no se deben hacer en la política, si se quiere acumular poder social y usarlo para el bien común.
Lo cierto es que no podemos seguir hablando, en forma inconexa, de las tropelías del Poder Judicial, por un lado, de un empresariado con comportamientos rentísticos y depredadores por el otro, de medios de comunicación que se han convertido en instrumentos de propaganda derechista y manipulación colectiva, o de políticos convencionales que no son capaces de concebir una idea por afuera del corralito intelectual que le fijan los poderes dominantes.
Se trata de un régimen de dominación social en toda la línea, que se fue construyendo delante de nuestros ojos en estas décadas de democracia cada vez más condicionada, y que ha adquirido creciente poder a medida que los espacios nacionales y populares no lograban articular respuestas efectivas frente a los desafíos multidimensionales que un sistema de dominación neocolonial lanza contra las mayorías.
Si bien hoy cogobiernan macrismo y mileísmo, en función de los intereses del gran capital financiero y de las corporaciones del mundo que quieran extraer riquezas del suelo argentino, seguimos pretendiendo que vivimos en un régimen pluralista, con reglas del juego neutrales. Ignorando el hecho central de que la única fuerza política que pudo hacerle algo de fuerza a la concentración de la riqueza y a la extranjerización completa de las riquezas nacionales está sometida a persecución explícita por los poderes coordinados del régimen de dominación.
No es contra Cristina exclusivamente, sino contra cualquier atisbo de proyecto nacional autónomo que contemple las necesidades de las mayorías. Hoy el régimen de dominación no deja espacio ni para la soberanía ni para el desarrollo. Con una elite social vencida y entregada a las fuerzas de la globalización, la colonización de la Argentina depende de la destrucción de los restos de patriotismo y de dignidad personal existentes en nuestra sociedad.
¿CONCLUSIONES?
Si esta descripción ha logrado capturar elementos centrales de nuestra realidad, mucha de la cosmovisión “nacional y popular” cristalizada en tiempos idos debe ser sometida a profunda revisión. El discurso, las prácticas políticas, la comunicación, los sujetos a los que se les habla, y a qué se los convoca tienen que repensarse.
O se asumen las características actuales del régimen de dominación social, que se propone destruir al movimiento popular y modificar la subjetividad de lxs argentinxs, o se sigue navegando en ensoñaciones formalistas imposibles de realizar.
Un gran economista argentino, Hugo Nochteff, explicó en su momento que parte de los problemas del desarrollo nacional tenían que ver con que la gran burguesía argentina, frente a los desafíos que le planteaba el mundo en transformación, siempre optaba por las opciones “blandas”, en donde no arriesgaba, ni tampoco crecía, y que nunca se tiraba a la pileta del trabajoso intento de construir un país industrial desarrollado con una respetable presencia internacional.
Hoy parece que las opciones “blandas” para algunos sectores nacionales y populares serían seguir haciendo como que vivimos en una democracia normal, y que, por lo tanto, bastaría con obtener buenas performances electorales, que nos permitirían ir avanzando y avanzando, hasta lograr cambiar el país.
Se aferran a un libreto institucionalista, o a una expectativa de bañarse otra vez en el mismo río que ya pasó, como si no tuviéramos la rica experiencia de las décadas recientes, en donde el poder real nos enseñó que las instituciones sólo sirven si les sirven a ellos. Y que están dispuestos a utilizar todos los recursos disponibles (la legalidad te la debo) para imponer sus intereses, aunque eso implique llevar al país al fracaso, cosa que vienen logrando.
Asumir esta realidad es difícil, pero es el comienzo de una recuperación popular sólida. Es elegir la opción “dura” de organizarse en serio, estudiar los problemas políticos en serio, modificar las propias prácticas que llevaron al distanciamiento con la sociedad, y educar y politizar a la base social.
Insólitamente, hoy el campo popular está desarmado de ideas potentes, pero plagado de internas debilitantes.
La población, entre tanto, parece inerme frente a la catarata de tonterías y ficciones con que los ametralla una gestión de gobierno alucinada. Hoy más que nunca se necesita un discurso claramente alternativo, y propuestas visibles y concretas, como las que la derecha sabe hacer cuando propone “dólares” y repudia “bolsos”.
El gobierno de Javier Milei es la expresión clara de adónde nos han llevado y nos llevan los procesos y las políticas que el establishment argentino favorece sistemáticamente.
La destrucción del Estado nacional, del destino soberano del país y del futuro de la mayoría de los argentinos son las fichas sucias del establishment económico y social argentino.
El delito de lesa patria es un crimen lo suficientemente grave como para que reciban la repulsa de las mayorías nacionales y la inhabilitación política para que sigan conduciendo al país hacia la bancarrota.
(*) El Cohete a la Luna
24/11/024
En fi, resumiendo….jajajaja ¡Por Dió Benardo! Este muchacho esd muy larguero…..