¿Renace la Liga Patriótica Argentina? (2)
Por Hernán Andrés Kruse.-
“En nombre de los intereses de sus miembros, la Liga persiguió las actividades sindicales, quebró huelgas y reprimió a la izquierda en toda la nación. Su socio en esta tarea fue la Asociación del Trabajo, que se ocupó de la represión de las actividades obreras en la capital. Los enfrentamientos de mayor importancia entre la Liga y el activismo obrero ocurrieron fuera de la ciudad de Buenos Aires, en el vital sector agroexportador de la economía, donde se estaban formando sindicatos. En 1920, se produjo uno de los primeros enfrentamientos, en Las Palmas del Chaco Austral, una enorme compañía agrícola en la esquina nororiental del Chaco. Entre los directores y propietarios de la firma se contaban tanto argentinos como ingleses. Los trabajadores sin tierra eran de origen criollo, brasileño, paraguayo y aborigen: estaban sometidos a continuos abusos de los patrones y a condiciones laborales verdaderamente opresivas, incluyendo el pago de bajos salarios en bonos, amortizables sólo en los comercios de la empresa”.
Para modificar esta grave situación, los trabajadores formaron un sindicato en 1918 y al año siguiente declararon una huelga en reclamo-entre otras mejoras elementales-de un aumento de salarios y que éstos fueran pagados en moneda nacional. Sin embargo, la empresa se empeñó en cobrar una tasa por el pago de sueldos en metálico. Renuente a aceptar la existencia de un sindicato dispuesto a luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, la empresa se defendió. A principios de enero de 1920-con la colaboración de la Liga y la Asociación del Trabajo-, Las Palmas contrató mercenarios y delincuentes, enviándolos a sus tierras. Estos matones armados aterrorizaron a los habitantes y provocaron incidentes con los miembros del sindicato.
Para mayo, la empresa había organizado a sus provocadores en una brigada de la Liga, la cual estaba encabezada por Alberto Danzey, uno de los administradores de la firma. En julio, cuando las Palmas rechazó las protestas del sindicato por el accionar de la brigada, el sindicato lanzó una huelga, exigiendo que la compañía se deshiciera de los liguistas y cancelara el cobro de tasas por el pago en metálico de los salarios. La huelga fue prolongada, sangrienta, y su resolución, incierta. Verdaderas batallas se libraron entre los trabajadores, por un lado, y los liguistas, guardias de la compañía y policía, por el otro. El capitán Gregorio Pomar, jefe radical del Noveno Regimiento de infantería, impuso en agosto un cese del fuego y un arreglo favorable a los obreros.
No obstante, cuando las tropas de Pomar se retiraron, la empresa desconoció el acuerdo y la huelga se reanudó. Los liguistas siguieron patrullando las Palmas, mientras que la huelga —con dificultades— se mantuvo hasta junio de 1921. Finalmente, dos años después, el sindicato consiguió que los salarios se pagaran en pesos y sin ninguna retención. Con el objetivo logrado, el movimiento sindical en la zona se diluyó, y las condiciones laborales de los obreros continuaron deteriorándose; no obstante, la brigada de las Palmas sobrevivió por lo menos hasta finales de los años veinte. En definitiva el nacionalismo y los obreros habían llegado a una situación de empate.
Por el contrario, a pesar de las declaraciones nacionalistas de la Liga, había extranjeros y criollos en ambos bandos del conflicto de Las Palmas. Lo mismo puede decirse de los enfrentamientos entre trabajadores y liguistas en Villaguay (Entre Ríos). Hacia 1920, como respuesta a la movilización obrera, se empezaron a formar brigadas de la Liga en el departamento, una zona donde había varias colonias agrícolas judías. En enero de 1921, un sindicato de peones y obreros lanzó una huelga contra chacareros y dueños de máquinas trilladoras. Liguistas, entre los que se contaban policías del lugar, encarcelaron a varios activistas gremiales. El sindicato local, el Partido Socialista de Villaguay la Federación Obrera Comarcal provincial convocaron a una concentración para protestar por estas detenciones; la fecha elegida fue el 11 de febrero. Mientras tanto, la brigada de Villaguay se preparaba para encontrarse con la “horda” judía y maximalista, según su propia definición de la situación.
El día programado para la manifestación en Villaguay, se produjo un tiroteo entre los asistentes, y la policía y los liguistas. No ha sido aclarado desde qué sector se hicieron los primeros disparos pero, de los aproximadamente 35 heridos, la mayoría eran trabajadores. El encarcelamiento de 76 obreros y socialistas —y ningún liguista— después del grave enfrentamiento armado también demuestra que estos últimos habían sido quienes controlaron la situación. Algunos liguistas, políticos y periódicos-entre ellos, La Nación-caracterizaron los hechos como el enfrentamiento entre revolucionarios judíos y criollos ordenados, basándose en el hecho de que 18 de los prisioneros eran judíos. Sin embargo, la mayoría de los detenidos eran criollos. Pocos días después de su toma de posición en el conflicto, La Nación modificó sus puntos de vista. El diario de los Mitre y otros observadores comprendieron que, en el enfrentamiento de Villaguay, los chacareros judíos superaban en número a los trabajadores judíos sin tierras. Algunos judíos ya formaban parte de la Liga en el momento del enfrentamiento en Villaguay; sin embargo, aunque muchos no pertenecieran a la Liga, los intereses de la mayoría de los colonos judíos coincidían con los de la organización. Tras los incidentes de Villaguay, la Liga recibió —en número creciente— nuevos miembros judíos. En mayo de 1921, 12 de las 30 brigadas de la región de colonización judía tenían oficiales judíos; probablemente, otras contaban también con miembros judíos. La Liga había utilizado convenientemente a los judíos como chivos expiatorios durante el episodio de Villaguay; acabado este, muy provechosamente, la Liga reclutó a estos “extranjeros”.
La Liga continuó con su labor “nacionalista” en la Patagonia. Desde 1918, trabajadores de los territorios del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se abocaron a la formación de sindicatos; paralelamente-entre 1920 y 1921-, hombres de negocios, hacendados y capataces organizaron en la región cerca de 75 brigadas. Los choques entre liguistas y trabajadores se sucedieron por toda la zona costera de dichos territorios, en puertos e instalaciones petroleras. Además, cuando el Décimo Regimiento de Caballería mató a 1.500 trabajadores rurales en huelga entre noviembre de 1921 y enero de 1922, brigadas de la Liga proveyeron al Ejército de combustible, vehículos, alojamiento y provisiones, participando también en actividades de patrullaje y delación. Después de que el Ejército diezmó las filas sindicales, los liguistas forzaron a los obreros a incorporarse a las brigadas de “trabajadores libres”. Era evidente que el Ejército y la Liga habían destruido el movimiento obrero en la Patagonia; sin embargo, no estaba claro que lo hubieran hecho para frenar una amenaza “extranjera”.
Carlés, muy consciente del poderío del movimiento obrero en el sur chileno, identificó a los sindicatos patagónicos-muchos de cuyos afiliados eran trabajadores rurales chilenos-con una peligrosa y antinacional ideología importada del vecino país. Sin embargo, también había extranjeros entre los patrones. Los empresarios más importantes del sur argentino eran hacendados nacidos en Europa y representantes de empresas agroexportadoras extranjeras, que, además, eran los miembros más destacados de las brigadas patagónicas. La Liga hizo una excepción para éstos y otros miembros extranjeros: eran extranjeros beneficiosos que contribuían a la prosperidad de la nación. Según la Liga, esta característica los diferenciaba de la clase obrera.
Mientras los liguistas suprimían a quienes consideraban extranjeros perjudiciales, sus colegas femeninas recurrieron a métodos pacíficos para “argentinizar” a los inmigrantes. Las brigadas de señoritas establecieron escuelas libres para mujeres inmigrantes en fábricas del área metropolitana de Buenos Aires. Hacia 1927, funcionaban cerca de diecinueve escuelas, y la Liga declaró que más de cincuenta permanecieron en actividad hasta entrada la década de los cincuenta. Los estudiantes de estas escuelas aprendían a leer y a escribir, aritmética, artes y oficios domésticos, historia argentina, catecismo y valores tan “criollos” como patriotismo, amor al trabajo, puntualidad y obediencia. Los miembros de la Liga esperaban que las alumnas argentinizadas enseñaran a su familia lo que habían aprendido. De este modo, las escuelas fabriles, como otras que la Liga estableció en distintos barrios y ciudades, ayudarían a encuadrar a los extranjeros rebeldes en una fuerza de trabajo flexible y sumisa. Para la Liga, esta meta era sinónimo de nacionalismo.
Confirmando el carácter nacionalista del plan de estudios-como lo definía la Liga-, Carlés anunció orgullosamente que las escuelas de señoritas eran de naturaleza “exclusivamente argentina”. Los hombres y mujeres de la Liga tenían ciertos sentimientos nacionalistas que trascendían el objetivo de refrenar al proletariado. Desde 1920 hasta por lo menos fines de los años treinta, las señoras de la Liga organizaron exposiciones anuales y ventas de textiles confeccionados por mujeres criollas y aborígenes del interior. Su intención era ayudar a un grupo desposeído cuyos orígenes eran genuinamente autóctonos. Por otra parte, las ferias de textiles ponían de manifiesto la convicción liguista sobre el estímulo y protección de las industrias nacionales -particularmente las más antiguas-que utilizaban insumos locales.31
Un tema de fundamental importancia que se discutió en los congresos anuales de la Liga fue la cuestión de la dependencia económica del país. Aunque algunos liguistas eran empresarios extranjeros o trabajaban para compañías foráneas, distintos oradores advirtieron sobre los peligros que entrañaba el capital extranjero. Los oradores liguistas observaron que la economía local funcionaba en beneficio de otros países, en lugar de hacerlo en beneficio propio. Sostenían que la nación debía reafirmar el control sobre sus recursos naturales y sobre el sistema económico. Luis Zuberbühler-importante hombre de negocios, oficial liguista y presidente de la influyente organización patronal Confederación Argentina del Comercio, la Industria y la Producción (CACIP)- pedía a los argentinos que invirtieran fondos y capacidad en la industria, para que los nacidos en el país controlaran más empresas. Otros miembros de la Liga proponían establecer aranceles más altos para los productos importados, una marina mercante nacional, restricciones a los capitales extranjeros, más inversión pública y esfuerzos oficiales para reducir la deuda externa.
La liga vinculó el problema del nacionalismo económico a la cuestión obrera. Por ejemplo, entendía que la industrialización era un medio eficaz para pacificar el mundo del trabajo. Los liguistas creían que con industrias prósperas crecería el nivel de empleo y así se reduciría el descontento obrero. También-según los liguistas-, podrían calmar el descontento de los trabajadores con un sistema de seguridad social, participación en las ganancias de las empresas, una reforma agraria y otros proyectos similares. Además, algunos miembros de la Liga recurrieron al concepto de lucha de clases para explicar el subdesarrollo. Optaron por responsabilizar a los obreros de las deficiencias de la industria nacional, desviando la atención del problema central: el dominio ejercido por el capital externo. Varios expositores en los congresos de la Liga sugirieron que, en realidad, los obreros en los países subdesarrollados compartían un interés con sus patrones: el de fortalecer la economía y aumentar el bienestar de todos. Las exigencias de los obreros y las huelgas impedían el funcionamiento de las empresas nacionales y por lo tanto eran antinacionalistas.
Carlés estableció una conexión entre el capitalismo extranjero-que sometía al país a directivas provenientes del exterior- y los izquierdistas, que también explotaban a la Argentina en provecho de una ideología foránea. Desde su punto de vista, el capitalismo y la amenaza izquierdista estaban unidos en contra de la autonomía nacional. Carlés admitía que en el pasado la Argentina había adoptado-por conveniencia-algunas ideas extranjeras en el terreno científico y en política económica. También reconocía su propia deuda-y la de la Liga-con el positivismo europeo, y la doctrina católica. No obstante, Carlés creía que la izquierda era extranjera y la Liga argentina. Su organización respetaba a la patria y su estructura social basadas en la familia, la propiedad y la autoridad, que la izquierda buscaba destruir.
En lugar de la tradición argentina de progreso en orden, los extremistas querían instalar una ideología basada en el conflicto de clases. Carlés la definía como extranjera porque era un conjunto de ideas surgido en el ámbito de la Europa industrial. Según el líder de la Liga, dicha ideología no era representativa de la realidad social de un país subdesarrollado como la Argentina, donde en su opinión no había un proletariado ni una clase capitalista fuerte; la izquierda, por supuesto, discrepaba de esta visión. Para la Liga por el contrario, sus ideas eran autóctonas, no obstante haber incorporado en su visión algunas corrientes de pensamiento europeo del siglo XIX.
¿Había influido la derecha europea contemporánea en las ideas de la Liga? La misma crisis de posguerra había influido tanto en la formación de la Liga como en la de grupos europeos afines. La Liga surgió a comienzos de 1919, antes que el fascismo en Italia o el régimen de Primo de Rivera en España, y aproximadamente al mismo tiempo que el Partido de los Trabajadores alemán, núcleo del nacionalsocialismo. La fecha de estos sucesos muestra que estos movimientos no influyeron en la etapa formativa de la Liga; la Liga tampoco reconocía haberse inspirado en Charles Maurras, el contrarrevolucionario francés más importante de comienzos del siglo XX. Las actas de los Congresos y el material de propaganda y difusión de la Liga contenían pocas referencias a los movimientos europeos. Durante una discusión sobre reforma agraria, Carlés citó laudatoriamente el programa fascista italiano de distribución de tierras, destacando que se hacía improbable que los campesinos, convertidos en pequeños terratenientes se hicieran bolcheviques. En otro discurso, Carlés comparó a la Liga con las fuerzas tradicionalistas europeas que se habían unido bajo el estandarte de la nación para combatir y derrotar al “peligro rojo”.
Puede verse que, si bien las ideas europeas no determinaron programas o doctrinas específicas de la Liga, Carlés tenía conocimiento de la existencia de grupos antiizquierdistas similares en el exterior. La Liga se puso en contacto con representantes extranjeros, en parte para iniciar relaciones con grupos afines allende las fronteras del país. Funcionarios portugueses y suizos en la Argentina visitaron la sede de la Liga, así como una delegación del gobierno francés. Antes del centenario de la independencia brasileña, Carlés felicitó al gobierno de Brasil y envió a la legación brasileña un folleto donde describía a su organización en portugués; la Liga también tenía preparados folletos tanto en inglés y alemán como en español. Pedro de Toledo, integrante de la legación, agradeció a Carlés el envío del material y lo invitó a la celebración de la independencia en Río de Janeiro. El funcionario diplomático agregaba que, con su asistencia, la Liga fortalecería la amistad entre los dos países y los lazos con grupos similares en Brasil.
En octubre de 1920, Carlés envió una carta, un folleto y otras publicaciones al embajador norteamericano Frederic J. Stimson. El presidente de la Liga pidió a Stimson que lo pusiera en contacto con organizaciones similares en Estados Unidos para una posible acción conjunta contra el anarquismo. Según Carlés, era imperioso iniciar esta lucha, porque “si todos los hombres defensores del orden se unieran”, podrían derrotar los esfuerzos de quienes no “respetan el patriotismo” y buscaban destruir el orden social. La carta de Carlés y las publicaciones llegaron a manos del ministro de Justicia A. Mitchell Palmer —conocido por su papel en el “Miedo Rojo”—, quien confeccionó para la Liga una lista de organizaciones antiizquierdistas.
Estos ejemplos revelaban la intención de la Liga de fortalecer vínculos tanto con grupos análogos como con los gobiernos que, de hecho, eran afines a la Liga y sus colegas. Con el tiempo, la Liga estableció vínculos con grupos antiizquierdistas en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca y, posiblemente; Suiza y Portugal. Por ejemplo, delegados de la Liga visitaron la Ligue Civique en Francia y National Propaganda en Gran Bretaña; la Liga Patriótica Militar (LPM) de Chile incluso, envió representantes ante la Liga. Así, un delegado de la LPM fue incorporado a la Junta Central. Carlés declaraba el anhelo de fortalecer la “fraternidad internacional” para justificar esta medida, haciendo hincapié en que ambas instituciones se necesitaban y tenían tareas comunes, como fortalecer la “nacionalidad” y el respeto a las instituciones. La única evidencia clara de la concreción de tal colaboración fue una ceremonia de la LPM en Santiago de Chile —en julio de 1922— para homenajear a la Liga. No obstante, tanto para la Liga como para la LPM, la nacionalidad transcendía, evidentemente, las fronteras.
A pesar de sus relaciones con la LPM y otros grupos del exterior, la Liga no creó una “internacional nacionalista”. La movilización obrera de pos guerra, que había estimulado la formación de la Liga y organizaciones similares en otras partes de América Latina, fue efímera. Hacia 1922, los intereses patronales en la región habían sofocado la amenaza obrera, haciendo innecesarias medidas de largo alcance, como una red internacional de milicias antiizquierdistas. No obstante, los esfuerzos de la Liga en esta dirección y su protección de las compañías extranjeras demostraban su débil nacionalismo aunque, en realidad, se evidenciaba alguna preocupación por la independencia económica del país y por sus tradiciones nativas. Incluso “La visión de patria”, como se denominó una película de su campaña contra la subversión, simbolizaba el punto de vista de las clases altas criollas y extranjeras, no de la nación en su conjunto. Para derrotar lo que interpretaba como una amenaza internacional, la Liga estaba dispuesta a cruzar los límites nacionales. En su vocabulario, la nacionalidad no significaba per se el pueblo argentino, sino una concepción idealizada de las relaciones obrero-patronales que, según la Liga, habían existido en el pasado en la Argentina y otros países. Esta definición de nacionalismo influiría en los grupos derechistas de la década y también en los grupos surgidos en los años posteriores”.
(*) Sandra McGee Deutsch: “La derecha durante los primeros gobiernos radicales, 1916-1930” (Texto. La Derecha Argentina-Nacionalista, Neoliberales, Militares y Clericales”-Untref Virtual).
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Eugenio Raúl Zaffaroni
La carta de Francisco
En 2019 la Academia Pontificia de Ciencias convocó en el Vaticano una reunión de jueces de toda América, que culminó con una exposición del Papa Francisco en la que condenó fuertemente al lawfare. En esa reunión nació el Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), que fue abriendo capítulos en distintos países (la Argentina, México, Paraguay, Brasil, etcétera). El 11 de noviembre último se instaló en Montevideo el capítulo uruguayo, ocasión en la que Francisco envió una carta a los jueces de nuestro vecino país que, sin duda, reviste el carácter de un mensaje continental.
En su parte medular, la carta dice a los jueces:
En estos tiempos de tantas asimetrías en donde un puñado de personas y corporaciones concentran la mayor parte de la riqueza mundial y millones son descartados, es fundamental entender las cosas con claridad. Nos proponen una nueva historia quienes hablan de una supuesta armonía proveniente del mercado. La historia es vieja y los resultados nunca fueron buenos. El Estado y no el mercado es el que gesta la armonía y garantiza la justicia social. Para que no haya más descartados y todos formen parte del sistema económico y social en forma igualitaria e integrada debe concretarse una distribución de riqueza equitativa y justa. No hay sociedades que progresen sobre la pobreza de sus integrantes. En todo caso progresarán algunos en forma individual, pero cabe preguntarse: ¿qué tipo de progreso es ese? ¿Puede tener buen futuro una persona inserta en una sociedad desigual y expulsiva? Queridos magistrados, ustedes pueden hacer mucho y hay mucho por hacer. Tengan valor. Únanse. No se dejen confundir por las recetas que ya sumieron a muchos pueblos en la desgracia. Confíen en la senda de Artigas y nunca olviden aquella canción hermosa de Alfredo Zitarrosa, para que la ley no sea una tela de araña que sólo atrapa a los chiquitos y deja indemnes a los poderosos que la atraviesan sin dificultad. No ayuden a «limpiar las calles de pobres», ayuden a que no haya pobreza. Hagan realidad los derechos básicos de todas y todos. Comprométanse.
Pocas veces unas escasas líneas sintetizan tantas cosas diferentes pero íntimamente vinculadas, incluso jerarquizando las cuestiones, desde lo macro hasta lo inmediato y cotidiano. La referencia más general es a un mundo que cambia y en el que se quiere hacer brillar a un ídolo, un falso Dios supuestamente todopoderoso: el mercado. El reclamo de una equitativa distribución de riqueza suena casi revolucionario en un mundo en que la mayoría de la humanidad padece hambre y necesidades elementales. La afirmación de que el Estado y no el mercado es el que gesta la armonía y garantiza la justicia social es contundente: se para con firmeza frente a la ideología que legitima el elitismo mundial y su consiguiente genocidio por goteo y a veces sin goteo.
Francisco lo había advertido, cuando señaló que no hay dos crisis, una social y otra ambiental, sino una única crisis socioambiental, y en esa ocasión concluyó advirtiendo que esto no se sostiene. En muy pocas palabras, en la carta a los jueces reclama que no haya más descartados, es decir que llama la atención acerca de un presente en que el juego de explotadores y explotados fue reemplazado por el de incluidos y descartados, que es algo bien diferente: sin explotados no había explotadores, pero los incluidos no necesitan a los descartados, más bien molestan, poco importa que se los vaya eliminando.
Así debe ser, porque son los débiles, los que no saben ascender por sus méritos y, de este modo, se desentierra el viejo darwinismo social spenceriano y se lo maquilla, cambiando su burda antropología de grosero reduccionismo biologicista por un homúnculo impensable, que es el homo economicus. Al menos, la grosería spenceriana tenía un punto de partida real, porque el ser humano es un ente biológico, solo que lo brutal era pretender que se agotaba en eso; el homúnculo, que todo lo decide conforme a la ley de oferta y demanda, ni siquiera tiene una base real. Si algún ser humano se le pareciese, no se trataría de una cuestión ética sino psiquiátrica. La visión antropológica de la idolatría del mercado no es reduccionista, es directamente alienada.
Si bien el texto parece invitar a los jueces a no perderse en esa ideología alienante y descabellada, hay un matiz que no se debe pasar por alto. Francisco no ignora que ese panorama agobia, que el contexto es demasiado pesado y que, en esos casos, se corre el riesgo de poner en funcionamiento mecanismos inconscientes de defensa o de negación. No le pasa por alto la tentadora posibilidad de sobrevivir en el confort burocrático judicial, sin siquiera plegarse ideológicamente, sino simplemente ignorando el contexto o bien admitiéndolo, pero alegando impotencia. Por eso, en algún momento el texto parece responder a un diálogo, como si escuchase a jueces alegando que es muy poco o nada lo que pueden hacer frente a semejante poder, y les responde:
Queridos magistrados, ustedes pueden hacer mucho y hay mucho por hacer. Tengan valor. Únanse.
Lo último puede ser molesto para algunos o para muchos, puede conmover conciencias y generar contradicciones, pero es lo que puede salvar a la magistratura. Dado que esto no se sostiene, y en algún momento puede quebrarse y estallar caóticamente. No es nada bueno un estallido fuera de control. No es para nada saludable que un dique se rompa y sus aguas se desborden arrasándolo todo. Una magistratura unida y resistente puede salvar el camino del derecho, o sea, de la racionalidad, pero una magistratura condescendiente y confortable sería arrastrada por el tumulto.
Y el texto sigue en su orden, marchando hacia lo particular, con la canción de Zitarrosa, que repite lo del Martín Fierro, que parece que Hernández a su vez había tomado de algún romano. Es la clarísima referencia a la selectividad del poder, en especial punitivo: la vocación para condenar vulnerables y garantizar la impunidad de los bichos grandes. Estamos viendo en Uruguay un índice de homicidios que duplica al de la Argentina, con un gobierno que creyó que todo lo podía resolver con la famosa mano dura pero que no logró abatirlo, solo llenó cárceles. Francisco no parece ignorarlo, como tampoco ignora las prisiones superpobladas de nuestra América y su letalidad.
Pero Francisco no se detiene allí y llega a lo más particular:
No ayuden a «limpiar las calles de pobres», ayuden a que no haya pobreza.
Es obvio que por estar en Roma no deja de estar informado, en este caso acerca de lo que sucede en Montevideo y también en Buenos Aires: las policías deteniendo a personas en situación de calle, armándoles procesos contravencionales, imputándoles tenencia de armas por cuchillos o instrumentos para revisar los desperdicios, o desobediencia a la autoridad por volver a la calle, quitándoles sus pocas pertenencias, sus colchones, sus frazadas, fiscales cómplices de estos operativos de limpieza, instancias superiores sancionando a jueces o juezas para que no se animen a declarar la nulidad de esas actas. Esto es realmente lamentable, bochornoso. Una magistratura que legitima esos procedimientos va camino de cooperar a la fractura del dique y a acabar arrastrada por el alud consiguiente.
De lo más particular a lo más general, podemos volver a recorrer el párrafo sustancial de la carta a los jueces uruguayos en sentido inverso, subir desde la limpieza de las calles a la selectividad y de allí a la ideología alineada y al contexto. De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es una cartita, una pequeña carta nada más, sintética, breve, pero que no necesita ni una palabra más. No le falta ni le sobra una sílaba. Es una invitación a optar entre sumarse al esfuerzo por la razón o dejar el camino expedido a la fuerza, a jugarse por el derecho o por el caos. En el fondo, podría decirse que es un llamado a que nadie se haga el desentendido en este contexto mundial y regional. Es obvio que se trata de una opción existencial también entre la salud y la enfermedad, una opción que siempre importa riesgos y, como en toda coyuntura de esa naturaleza, al no optar también se está optando. Por eso, Francisco los invita y los impulsa:
Hagan realidad los derechos básicos de todas y todos. Comprométanse.
(*) El Cohete a la Luna
24/11/024
* El autor es profesor emérito de la UBA. Ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
** El artículo se publicó en La Tecl@ Eñe.
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Presupuesto y eliminación de las PASO: el Gobierno enfrenta su contradictorio juego de necesidades
Eduardo Aulicino
Infobae
27 de Noviembre, 2024
El Gobierno y en especial el reducido círculo de Olivos buscan imponer un sello único de poder a las pulseadas que marcan el final de las sesiones ordinarias del Congreso. Y eso mantiene la incertidumbre sobre el Presupuesto 2025 y corre para el proyecto de eliminación de las PASO. Dependen, naturalmente, de una decisión presidencial: la convocatoria a sesiones extraordinarias y la consiguiente definición del temario. Es una posición de fuerza, claro, pero acompañada por un contradictorio juego de necesidades para lograr algún éxito legislativo o, al menos, evitar derrotas sonoras, ahora y en perspectiva del año electoral.
En el oficialismo circula una consideración lineal sobre el impacto de la dureza presidencial, que en estos casos es vista como ganancia plena en la disputa política y especialmente como señal hacia el mundo de la economía. Esa evaluación es alimentada a la vez por elementos variados, desde las reacciones de los mercados hasta el efecto Trump. Y funciona como respuesta a las advertencias reducidas a la mala impresión política y económica que provocaría un segundo año de gestión sin Presupuesto aprobado por el Congreso. Por supuesto, no es la lectura de todos los involucrados en las tratativas. La gestión es más compleja que la narrativa.
Desde el Gobierno, se juega entonces con la posibilidad de incluir o no el Presupuesto 2025 en un llamado a extraordinarias, siempre dejando circular la posibilidad de manejarse otra vez con una extensión presupuestaria que le permitiría mayor discrecionalidad y poder sobre las provincias. Y se advierte que un renglón de igual o mayor trascendencia para el oficialismo es la reforma electoral con eje en el fin de las PASO. Esto último se apoya en la fatiga producida por el carácter obligatorio de las primarias, además del cuestionamiento a su costo.
Cuando todo parecía estático, las especulaciones en torno de una negociación con jefes provinciales por el Presupuesto fueron motorizadas más que por avances concretos, por su reflejo en Diputados. Gobernadores de diferente origen político -el bloque que mantiene la marca JxC, peronistas no alineados con el kirchnerismo, provinciales- operaron para provocar la segunda caída del intento para voltear el decreto sobre canje de deuda. Esta vez, la prueba fue en el recinto y no hubo número para el quórum.
Desde las provincias, se combinaron mensajes reservados para retomar las tratativas con el Gobierno y reclamos explícitos: el más notorio volvió a mostrar juntos a los cinco mandatarios de la UCR y a los tres del PRO y sus dos aliados. Esa decena de gobernadores ratificaron su respaldo a la política de equilibrio fiscal pero insistieron con sus demandas, siempre bajo el señalamiento de haber avanzado más que el Estado nacional en el ajuste de sus cuentas.
Ese posicionamiento tiene combustible radical, con especial interés del mendocino Alfredo Cornejo y significativa posición -con lectura interna- del santafesino Maximiliano Pullaro. También, en las filas del PRO. En el comunicado, se notan pinceladas de Rogelio Frigerio y se destaca la confluencia de Jorge Macri y de Ignacio Torres. Se agrega como dato también hacia Olivos el malestar de Mauricio Macri y de la conducción del bloque, encabezada por Cristian Ritondo, con los manejos del oficialismo. Eso no significa unidad de criterio, pero pesa en la coyuntura.
La lectura sobre la pulseada por el Presupuesto no se agota en el proyecto. El mensaje es más amplio, aunque desde Olivos se haya impuesto el clima sobre la necesidad de los jefes provinciales ante la firmeza propia. ¿Por qué trasciende ese punto? La respuesta central está dada en la caída de la sesión para rechazar el decreto sobre canje de deuda. El mínimo gesto de negociación con gobernadores -y su proyección en los bloques- expuso a la vez las necesidades de Olivos.
En síntesis, mostró que acuerdos o treguas de este nivel impiden que jugadas duras contra el Ejecutivo pasen la prueba del quórum. Esa una línea que, si no funciona, puede permitir el avance con leyes potentes no tanto por su contenido específico, sino además por el desafío político: ya le ocurrió al Presidente tener que recurrir al veto y al oficialismo, sufrir para blindarlo con algo más de un tercio en Diputados, es decir, con aliados.
Eso lleva al escalón siguiente. La batalla con los gobernadores involucra al principal socio del oficialismo, el PRO, que acompañó hasta ahora las cruzadas más duras del Gobierno, incluido el sostenimiento de los vetos. Y por eso mismo es significativa la unidad de posiciones sostenida en este reclamo a Javier Milei.
Ahora, en el fragmentado mapa político, asoma además el impulso -difundido como fuerte apuesta política por el núcleo presidencial- al proyecto de eliminación de las PASO, completado con un cambio que impactaría especialmente sobre el financiamiento de los partidos. El plan contra las elecciones primarias, para tener éxito, demandaría otro tipo de alianza legislativa y un nuevo punto de tensión con dialoguistas y aliados.
El PRO, el radicalismo, la CC y otros espacios rechazan el fin absoluto de las PASO y, con distintos formatos, plantean en general modificaciones de la ley, no su derogación. Para esos sectores, las primarias resultaron un elemento de enorme utilidad en la construcción de alianzas, la última con la marca JxC. Está claro que facilita o al menos ofrece un camino para el armado de coaliciones.
En sentido inverso, carece de sentido para construcciones como los frentes hegemonizados por el peronismo, sin internas bajo la jefatura de Cristina Fernández de Kirchner. Los dirigentes desalineados terminan compitiendo por fuera de esa estructura. Tampoco Milei da señales de predisposición a la carrera interna.
Eso no garantiza automáticamente una confluencia, aunque corre en la misma dirección que la polarización impulsada por Milei y aceptada convenientemente por CFK. En ese imaginario, se trata de jefes fuertes, cada uno en su vereda, definiendo el juego. Y de círculos cerrados confeccionando listas. Es algo que ocurre con o sin obligación de primarias.
El punto es otro frente a lo que se difunde como otra señal de poder: los proyectos de ley que cambian las reglas electorales reclaman mayoría absoluta de la totalidad de cada Cámara. Puede funcionar entonces como recurso discursivo. En cambio, para avanzar, sería más compleja la negociación y, antes, la elección de aliados. Eso también hace a la narrativa.
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Milei, ante un nuevo ciclo de poder
Carlos Pagni
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
27/11/024
La Argentina viene de atravesar —o tal vez todavía está atravesando- una gran crisis de representación. Se trata de un gran desacuerdo, un malentendido entre la sociedad y la dirigencia política. Para la mayoría de los analistas de opinión pública, esta crisis comenzó en la segunda mitad del año 2020, muy probablemente asociada al encierro impuesto por la pandemia.Es fácil pensar que esta sensación de desazón respecto de las prestaciones de la dirigencia política y del Estado estuvo vinculada a ese gran trauma: una sociedad encerrada, expuesta a la posibilidad de la enfermedad y de la muerte. Además, esta crisis se monta sobre un largo periodo de estancamiento económico y, en su tramo más reciente, no solo inflación, sino una inflación altísima.
Podemos comparar esta situación con crisis anteriores en el país. Hubo una crisis de representación de dimensiones similares en 2001, asociada a un periodo no solo de estancamiento, sino de larga recesión que abarcó desde 1998 hasta 2003. A partir de entonces, comenzó un proceso de recuperación que coincidió con la llegada de Néstor Kirchner al poder y la aparición de un nuevo liderazgo. Kirchner emergió de un proceso electoral muy endeble, en una situación extraordinariamente frágil: llegó al poder con apenas el 22% de los votos.
A pesar de contar con un importante elenco de gobernadores e intendentes peronistas en el conurbano, aún no era el líder de esa formación; en ese momento, ese rol correspondía a Duhalde. Es importante recordar que muchos de esos dirigentes peronistas habían apoyado a Menem en la primera vuelta electoral, no a Kirchner. En este contexto de gran crisis económica, marcado además por un profundo distanciamiento entre la sociedad y su dirigencia, surge un presidente débil cuyo mandato coincide con el inicio de un periodo de recuperación. A partir de allí, se consolida un nuevo liderazgo y un nuevo ciclo de poder alrededor de Néstor Kirchner.
¿Lo que estamos viviendo hoy tiene similitudes con aquello? Las comparaciones históricas entusiasman por sus semejanzas, pero pronto surgen las diferencias. Las comparaciones, en general, sirven más para identificar diferencias que repeticiones. Sin embargo, es válido preguntarse si el liderazgo de Javier Milei está insinuando —y esta es la pregunta clave hacia el próximo año con las elecciones— la aparición de un nuevo ciclo político. ¿Se está constituyendo un nuevo centro de poder alrededor de Milei después de un largo periodo de descomposición política, desazón y deterioro de la vida material, marcado por la alta inflación?
Recordemos que diciembre del año pasado tuvo un 25% de inflación mensual, y todo 2023 cerró con un 214% de inflación. Para analizar esta cuestión, el Índice de Confianza en el Gobierno es un número clave. Este dato, publicado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, muestra una recuperación en la medición más reciente. El mes pasado ya había dado positivo. Hoy muestra una variación de 9,86%. Este índice, que mide de 0 a 5, se ubicó en 2,66, por encima de la mitad, con una mejora significativa respecto al mes anterior.
Al comparar, vemos que el promedio del mandato de Néstor Kirchner fue de 2,49. Para Cristina Kirchner, el promedio de su primer mandato fue de 1,71, por debajo del de su esposo. Mauricio Macri registró 2,27 en promedio, mientras que Alberto Fernández alcanzó apenas 1,69. Milei, hasta ahora, tiene un promedio de 2,52, superando el registro de Néstor Kirchner y marcando una recuperación notable, aunque en un periodo muchísimo más corto.
Otra encuesta interesante es la realizada por Mora Jozami con su consultora Casa 3, que analiza la aprobación presidencial desde enero hasta noviembre del primer año de gobierno. Comparando, vemos que Cristina Kirchner, en su segundo mandato (enero a noviembre de 2012), cayó del 64% al 47%. Macri, en su primer año, descendió del 67% al 57%. Alberto Fernández, en el año de la pandemia, bajó del 67% al 63%. En contraste, Milei es el único que sube, del 45% en enero de 2024 al 48% en noviembre de este mismo año.
Este fenómeno es extraño. Aunque Milei tiene el menor porcentaje inicial de aceptación (ninguno de los otros líderes arrancó con menos del 60%), su evolución es positiva. Mientras los demás enfrentaron caídas significativas (Cristina perdió 17 puntos y Macri, 10), Milei logró un crecimiento en su base de apoyo.
¿A qué se debe esto? Es difícil identificar una razón clara. Muy difícil. Pero si uno analiza las variables que determinan la adhesión o el rechazo de la sociedad a un gobierno —que, en última instancia, también determinan el voto—, hay muchísimos factores que influyen. Sin embargo, hay uno que, en general, explica mejor el comportamiento de la sociedad frente a un gobierno o un líder: el salario real, es decir, el poder adquisitivo. O, para ponerlo en otros términos, la relación entre los salarios nominales y la inflación.
Aquí parece estar la clave para entender el éxito de Milei, que deriva en este interrogante: ¿está surgiendo un nuevo ciclo de poder que pone fin a la crisis anterior? Habrá que seguir haciéndose esta pregunta hasta las elecciones.
La consultora Ex Quanti, que mide según datos del Indec pero con mayor frecuencia, analizó en un reciente trabajo el número de gente que trabaja en blanco pero es pobre. En el primer trimestre de 2024, el porcentaje de asalariados registrados por debajo de la línea de pobreza era del 29,2%. Ahora, ese número bajó al 26,5%. Este dato es relevante por dos razones. Primero, refleja que tener un empleo formal ya no garantiza una buena calidad de vida. Segundo, muestra una ligera mejora: la cantidad de asalariados pobres disminuye.
Otro estudio de la misma consultora pone la lupa sobre los ocupados pobres en todo el país: personas con empleo, pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Este indicador, que estaba en el 44,6%, descendió tres puntos.
El tercer dato es aún más impactante: los indigentes ocupados (aquellos que no logran cubrir ni la canasta básica alimentaria, pese a tener empleo) eran el 13,6% y ahora son el 10,6%. Estos números transmiten dos mensajes. Primero, la situación social sigue siendo crítica, con enormes problemas estructurales. Segundo, en términos relativos, los indicadores están mejorando, especialmente para los más pobres. ¿Y por qué mejora la situación de los más pobres? Porque la inflación cayó.
Esta mejora está ligada al gran problema de la Argentina en las últimas dos décadas: la inflación. En 2005 empezó a ser relevante, y en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner con Alberto Fernández como jefe de gabinete, ya era un tema central. Ese año se intervino el Indec. Milei, al liderar un gobierno que la sociedad percibe como capaz de derrotar a la inflación, toca un nervio crucial. Como decía Ortega, aborda “el tema de nuestro tiempo”. Este factor probablemente explique la mejora en el índice de confianza en el Gobierno y, a diferencia de sus predecesores desde Néstor Kirchner, que no caiga su imagen en su primer año, sino que suba.
Sin embargo, el gobierno de Milei aún no logra articular un discurso efectivo que conecte la lucha contra la inflación con la mejora social, especialmente para los más vulnerables. Es cierto que hay pobres estructurales que no se benefician de la caída de la inflación debido a su situación material sigue siendo paupérrima en términos de salud, infraestructura y acceso a lo básico.
Pero la pobreza derivada del deterioro del ingreso por el aumento de precios sí retrocedió, aunque sea ligeramente. En el fondo, la lucha contra la inflación es la mejor política social que puede ofrecer un gobierno. Sin embargo, el discurso del gobierno de Milei parece centrarse en otros temas, como la “batalla cultural” o la política internacional, dejando este aspecto trascendental de lado.
Una variable relacionada a este último punto, que podría calificarse como un arma de doble filo, es la apreciación cambiaria. El dólar barato es una forma indirecta de aumentar el salario real, ya que muchos bienes de consumo dependen de la cotización del dólar. Es una manera de mejorar el poder adquisitivo atrasando el tipo de cambio y generando un problema que algunos economistas empiezan a ver: la Argentina probablemente no tenga la cantidad de dólares que necesita para mantener los niveles de actividad y consumo que se presume habrá si hay una recuperación.
El economista Martín Rapetti plantea este problema al analizar la cuenta corriente de la balanza de pagos: la diferencia entre los dólares que ingresan y los que egresan. Esto podría generar un trauma si, por ejemplo, las tasas de interés en Estados Unidos suben y el dólar se encarece. Es un gran interrogante para la economía argentina, planteado por Rapetti, en debate con figuras como Federico Furiase, director del Banco Central, quien aseguró en una conferencia que el dólar no está atrasado sino adelantado.
Furiase argumentó que en los momentos de confianza en Argentina, el peso puede seguir apreciándose. Señaló que, en los picos de confianza, el dólar llegó a valer lo que hoy equivaldría a $600. Rapetti respondió mostrando un gráfico: alcanzó los $650. Hoy estamos en 990. Rapetti corrigió: “Ni siquiera en el momento de mayor atraso cambiario con Martínez de Hoz el tipo de cambio llegó a 600 pesos a valores de hoy; llegó a 650″. Y advirtió: “Las burbujas se alimentan de confianza, euforia y especulación, y se pinchan. Vean la historia: vamos hacia un tipo de cambio históricamente bajo, y esto lleva a un camino peligroso”. Concluyó: “Un camino peligroso”. Cuando todo el mundo está eufórico, sonriente y adhiere, siempre hay uno que avisa, porque en los escenarios rozagantes y promisorios hay algunos indicios que pueden ser el germen de una crisis.
Al dólar barato, que Furiase lo quiere aún más barato, un 30% menos, se le suman otras condiciones de la política económica actual para abrir una enorme discusión: baja el impuesto PAÍS, facilitando las importaciones. Además, se han implementado medidas que promueven la apertura económica para bienes de menos de US$400, que ahora pagará sólo el IVA y ningún arancel. Esto genera un doble debate.
El primero está relacionado con la cantidad de importaciones y la apertura económica. Por un lado, beneficia a empresas que comercializan bienes importados, pero por otro, el segundo debate tiene que ver con las plataformas de comercio electrónico, como Amazon o Mercado Libre, que permiten importar bienes puerta a puerta. Esto afecta a los importadores tradicionales, ya que los consumidores tienen acceso directo al mercado internacional. La Unión Industrial Argentina (UIA) en un tuit exigió “bajar impuestos y mejorar la infraestructura antes de abrir la economía”.
A esta postura respondió José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, y figura clave de Javier Milei en el Congreso. Además de probable primer candidato a diputado por el oficialismo, en la provincia de Buenos Aires. De manera directa, Espert criticó a los empresarios de la UIA llamándolos “caraduras” y acusándolos de vender productos caros y de mala calidad durante décadas de “miseria espantosa”. Este comentario generó polémica, especialmente porque mañana se celebra la Conferencia Industrial de la UIA, con invitados como Federico Sturzenegger, como lo llama Milei, el “coloso” de la desregulación y la apertura económica. Su presencia promete ser un punto álgido de la reunión, donde se abordarán las tensiones entre estas posturas.
Por otro lado, la política de control del tipo de cambio también abre un debate. El cepo cambiario no es solo una decisión económica, sino también política. Los movimientos en el tipo de cambio reflejan el consenso o disenso respecto a la política económica del gobierno. El Gobierno de Milei tiene bloqueado ese canal de expresión estratégica. Desde esta perspectiva, el cepo podría interpretarse como una forma de censura político-financiera.
Para el Gobierno, sin embargo, estas críticas son anecdóticas porque está instalado en la euforia y en la autocelebración. Su administración está siendo respaldada por encuestas favorables, baja inflación, menor riesgo país y un dólar estable, aunque en un mercado intervenido. Esta euforia se proyecta también al exterior, como se vio en el G20. Un gobierno que fue a Brasil con una agenda relacionada con lo que llaman “batalla cultural”.
Lo cierto es que Milei asistió a Brasil al G20 con la intención inicial de no firmar el documento de consenso que firman todos los países participantes. Planteó disidencias en temas como cambio climático, políticas de género y la Agenda 2030, aprobada por Naciones Unidas en 2015, relacionada con sustentabilidad ambiental, social y económica. Incluso se barajó la posibilidad de que la Argentina fuera expulsada del G20, ya que, al no firmar, según las normas del club, impediría la emisión del documento final. Ante esto, el Gobierno frenó y optó por una declaración larga en la que afirmó que firmaba el documento, pero con reservas en esas materias.
Se dice que influyó mucho Emmanuel Macron, quien previamente habría aconsejado a Milei no romper todo. A pesar de ello, Canadá y Australia expresaron reproches hacia la postura argentina, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un cuestionamiento explícito, aunque sin nombrar a Milei, reivindicando las banderas que éste criticaba. Esto generó malestar en Milei, quien decidió prohibir al canciller Gerardo Werthein asistir a la celebración en el Vaticano por los 40 años del acuerdo entre la Argentina y Chile por el conflicto de Beagle, mediado en su momento por Juan Pablo II y el cardenal Samoré. Chile estuvo representado por su canciller, Alberto van Klaveren, mientras que la Argentina envió al embajador en Roma, Luis Beltramino.
Esta tensión con Boric es vieja. Milei lo llamó “empobrecedor serial”. Pero no impidió que Chile, al igual que Ecuador, Brasil y Colombia, tuviera gestos favorables hacia la Argentina. Durante el gobierno de Milei, estos países se presentaron como amicus curiae ante la jueza Loretta Preska en el caso de la costosísima demanda del fondo Burford, relacionado con la estatización de YPF durante la gestión kirchnerista. En el G20, Milei pareció más un representante adelantado de Donald Trump que de la Argentina, aunque Estados Unidos estuvo representado por Joe Biden.
Esta euforia también permea en la política interna, particularmente en el problema de la integración de la Corte Suprema. Durante el fin de semana, Cristina Kirchner, a través de Lucía Corpacci, senadora por Catamarca que responde a ella, apoyó el dictamen que avala el pliego de Ariel Lijo. Esto resulta controversial, dado que Lijo enfrenta múltiples cuestionamientos éticos de instituciones y líderes de opinión preocupados por la calidad institucional del país. Corpacci, con su voto en la Comisión de Acuerdos, anticipó que Lijo podría alcanzar los dos tercios necesarios en el Senado. Sin embargo, el otro candidato, Manuel García Mansilla, propuesto por el Gobierno, no parece tener el mismo respaldo.
Lo curioso es que Lijo es impulsado por Ricardo Lorenzetti, una figura que Cristina Kirchner ha detestado históricamente. Se dice que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, podría haber influido en esta decisión. Cristina lo visitó recientemente, el 16 de noviembre, para celebrar el Día del Militante Peronista, en una provincia donde el gobernador es radical. Esto es llamativo, ya que Zamora firmó los pactos de mayo con Milei y permitió que diputados de su provincia abandonen el recinto para facilitar votaciones al gobierno.. Algunos especulan que este acercamiento de Cristina a Zamora podría ser un mensaje para Axel Kicillof, posicionándolo como posible candidato presidencial peronista para 2027.
La situación de Lijo ha generado otra coincidencia inesperada: que Cristina Kirchner y Patricia Bullrich coincidan en apoyar su designación. Bullrich, distraída en algún momento de su preocupación por la calidad institucional, avaló públicamente a Lijo, afirmando que en sus interacciones con él siempre actuó correctamente. Esta coincidencia pone a Milei en aprietos, ya que Cristina apoya a Lijo pero no a García Mancilla. El gobierno sostiene que ambos pliegos deben aprobarse o ninguno.
Una alternativa que se baraja es nombrar a los jueces por decreto, como hizo Mauricio Macri con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vocero del Gobierno, declaró que se está evaluando esta posibilidad. Curiosamente, García Mancilla habría desarrollado la teoría para justificar esta medida.
Un indicio es que un colaborador muy cercano, académicamente hablando, a García Mansilla, el doctor Ignacio Arizu, publicó una nota extensa defendiendo la designación de jueces de la Corte por decreto. Arizu, que asiste a García-Mansilla como profesor de Derecho Constitucional en el ámbito académico, también trabaja con María Ibarzábal en la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo de este gobierno. Esta secretaría es considerada el cerebro jurídico del “mago del Kremlin”, Santiago Caputo.
Muchos se preguntan si designar jueces por decreto es constitucional. La Constitución menciona “empleos”, y hay debate sobre si ser juez, que no depende del Poder Ejecutivo, califica como tal. Arizu sostiene que sí, mientras que el kirchnerismo argumenta que es irregular. Según ellos, la Constitución permite designar por decreto a empleados como embajadores o generales, pero no a integrantes de otro poder, como jueces, quienes quedarían subordinados al Ejecutivo.
Algunos aseguran que Rosatti no les tomaría juramento en esas condiciones, ya que es la Corte quien decide esto, no su presidente en solitario. Para avanzar en esta cuestión, debería haber un fallo o una acordada que involucre a todos los miembros de la Corte, incluido Lorenzetti. También surge otra pregunta: ¿por qué no designar a todos los jueces por decreto, dado que hay cerca de 150 vacantes? Si el Gobierno decide enviar estos nombramientos al Congreso en sesiones extraordinarias, sería una pista de si hay acuerdo entre el kirchnerismo y el gobierno. En este contexto, se especula sobre posibles negociaciones entre Javier Milei y Cristina Fernández, encabezadas por Wado de Pedro y Santiago Caputo, quienes mantienen una relación cercana. Uno de los socios de Caputo, Guillermo Garat, hoy en YPF, incluso fue jefe de campaña de De Pedro.
Cristina podría exigir que no se usen decretos, argumentando que, si tienen los votos en el Senado, no son necesarios. Por otro lado, el Gobierno evalúa el riesgo de que, si los nombra por decreto, el Senado luego los rechace, como ocurrió en el caso Rosenkrantz y Rosatti durante el mandato de Macri. En aquel entonces, senadoras kirchneristas como Anabel Fernández Sagasti y María Inés Pilatti Vergara denunciaron la inconstitucionalidad de esos nombramientos por decreto. ¿Mantendrán esa postura si el gobierno actual toma una medida similar?
Otro tema en discusión es la elección del procurador general, un puesto también vacante que requiere dos tercios del Senado. El kirchnerismo podría ofrecer un acuerdo: aceptar un candidato del gobierno a cambio de que sea alguien “aceptable” y reemplazar a García Mansilla, pero Milei, en su euforia, se muestra inflexible. Esta negociación parece empantanada.
Sin embargo, avanza otra: el Gobierno podría abandonar su apoyo a la ley de Ficha Limpia, que impediría a procesados ser candidatos, a cambio de que el kirchnerismo vote por eliminar las PASO. Según Guillermo Francos, La Libertad Avanza coincide en la necesidad de la ley, pero no quiere que parezca que está dirigida exclusivamente a Cristina Fernández, por temor a que se interprete como una medida proscriptiva. Esta estrategia sugiere que el Gobierno que Cristina sea candidata para polarizar con ella, como lo intentó Macri en su momento, aunque esto conlleva riesgos.
Hay otra cuestión importante que también está en discusión: el calendario electoral. Axel Kicillof analiza adelantar las elecciones provinciales para garantizar la legislatura, intendencias y concejos deliberantes en una fecha distinta a las nacionales. Esto le permitiría conservar el poder territorial, aunque debilitaría una eventual candidatura de Cristina Kirchner si las fechas no coinciden. Del mismo modo, Jorge Macri evalúa desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires para proteger su gobernabilidad, aunque esto podría enfrentar a Mauricio Macri con el Pro porteño.
El conflicto también alcanza a Sergio Massa, que está envuelto en un escándalo. Su amigo, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, está involucrado en una causa por presuntas coimas relacionadas con multas de transporte y la verificación técnica vehicular (VTV). Kicillof y Massa se culpan mutuamente por el caso, lo que evidencia grandes tensiones en el peronismo bonaerense. En conclusión, mientras Milei emerge fortalecido, las internas entre Kicillof, Cristina y Massa complican la estrategia de la oposición en el principal distrito del país.
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
No hubo quorum en Diputados para tratar el DNU de canje de deuda y la reforma sindical
María Cafferata
Página/12
27 de noviembre de 2024
Bastó la promesa de la Casa Rosada de que, tal vez, si no había cambios, incluirían el Presupuesto 2025 en el temario de extraordinarias para que los gobernadores bloquearan, una vez más, la sesión para rechazar el DNU de canje de deuda. Casi en espejo de la sesión de hace dos semanas, el peronismo, Encuentro Federal y el radicalismo de Democracia Para Siempre no pudieron reunir los 129 presentes para rechazar el DNU con el que Luis Caputo puede refinanciar deuda pública sin pasar por el Congreso. Se quedaron cortos por diez ausencias que, por afuera del tridente oficialista –el PRO, el radicalismo de Rodrigo de Loredo y La Libertad Avanza–, correspondían a dirigentes propios que responden a gobernadores. No fue, sin embargo, la única sesión del día que no consiguió quórum: dos horas antes, la UCR no pudo juntar el número para limitar el poder de los sindicatos y, furiosa, acusó al Gobierno de haber cerrado un acuerdo con la CGT.
«Dale, sentate un ratito», le gritaban, risueñas, un grupo de diputadas peronistas a la exlibertaria Lourdes Arrieta, que había bajado al recinto para dar quórum y rechazar el DNU 846. La oposición había logrado juntar 119 voluntades a fuerza de robar dirigentes de otras fuerzas: el larretista Álvaro González, sentado solo entre las bancas del PRO; Julio Cobos y Fabio Quetglas, los radicales críticos que quedaron en el bloque comandado por el mileísta De Loredo; el santacruceño Sergio Acevedo; y Arrieta, sola en el ala oficialista del recinto, sacando fotos y filmándose. No alcanzó, sin embargo, y cumplido el tiempo límite (media hora), Martín Menem tomó la palabra y bajó la sesión: «Cumplo el tiempo reglamentario, para que después no me digan Colapinto», ironizó el presidente de la Cámara de Diputados, a quien habían acusado la semana anterior de suspender rápido la sesión por Ficha Limpia y así impedir que el PRO consiguiera quórum.
El fracaso, sin embargo, estaba anunciado desde la noche anterior. Unión por la Patria sabía que los cuatro catamarqueños de Raúl Jalil no darían quórum y en el recinto, se desayunaron que tampoco lo harían ni la neuquina Danya Bertoldi ni el santafesino Roberto Mirabella. Tampoco estuvo el santiagueño Ricardo Daives, aunque en su caso fue por cuestiones de salud. Encuentro Federal, conducido por Miguel Ángel Pichetto, sufrió una sangría de seis diputados que responden a gobernadores: los cuatro cordobeses de Martín Llaryora, el chubutense Jorge «Loma» Ávila y el entrerriano de Rogelio Frigerio, Francisco Morchio. En el caso de los radicales de Democracia, no estuvieron el jujeño Jorge Rizotti, la santafesina Melina Giorgi, el correntino Miguel «Colo» Aguirre, la entrerriana Marcela Antola y el chaqueño Juan Carlos Polini. Sumados a los sanjuaninos de Marcelo Orrego, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los misioneros de Hugo Pasalacqua y los salteños de Gustavo Sáenz. Todos los gobernadores –todos excepto Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella– habían jugado para boicotear el rechazo al DNU 846.
La Coalición Cívica, mientras tanto, se rompió al momento de dar quórum: solo Maxi Ferraro y Mónica Frade dieron quórum, el resto, en cambio, se plegó al gobierno.
EL CUENTO DE LA BUENA PIPA
Una vez más, la zanahoria para conseguir la complicidad de los gobernadores fue el Presupuesto. O al menos esa fue la excusa. Temprano, Casa Rosada dejó trascender que, ahora sí, analizaba la posibilidad de incluir el debate del Presupuesto 2025 en el temario de sesiones extraordinarias. Los diputados que responden a esos gobernadores, sin embargo, se enteraron de la oferta a través de los medios. «Milei y Caputo no les responden los mensajes», admitió un legislador del PRO santafesino que coincide, como la mayoría en la oposición, que el Gobierno amagará con tratar el Presupuesto, pero lo dilatará hasta marzo.
Si la promesa del Presupuesto era una fantasía lejana, ¿Por qué entonces los gobernadores habían decidido renunciar a la bala de plata que les ofrecían en la oposición para obligar al Gobierno a negociar?. La posibilidad de flexibilizar las condiciones para refinanciar la deuda pública estaban, después de todo, en el artículo 54 del Presupuesto: si el Congreso rechazaba el DNU, el Gobierno estaría obligado a tratar el Presupuesto para que Caputo tuviera su herramienta. Esta era, al menos, la estrategia opositora. Pichettistas, macristas y peronistas coincidían en una misma respuesta: porque los gobernadores le tiene miedo a Milei.
«Ellos negocian uno a uno con el Gobierno y después miran las encuestas. Milei mide bien y tienen miedo de que los insulte si le llevan la contraria», masculló, resignado, un dirigente de EF a cargo del poroteo. En el peronismo coinciden: «Son los gobernadores más miedosos que tuvimos hasta ahora. Porque no les dan nada, están todos con que Milei tiene buena imagen en sus provincias. ¿Se creen que Karina (Milei) nos les va a armar listas en sus terriorios?», apuntó, enojada, una importante dirigenta de Unión por la Patria.
Los legisladores no le escaparon al tema en el recinto. «No sólo no estaban acá los diputados del oficialismo con peluca, tampoco estaban los de nuestro propio partido con peluca, y tampoco los diputados del peronismo con peluca. Porque no hemos podido reunir el quórum y esto también hay que decirlo», cuestionó el presidente de Democracia, el radical Pablo Juliano.
«A mi no me hace gracia que compañeros no estén dando quorum, pero quiero valorar que el 93 por ciento de nuestro bloque estuvo acá sentado», señaló, en cambio, el titular del bloque peronista, Germán Martínez, que acusó a Milei de «fascista»: «Alguien que quiere impedir el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, es fascista. Alguien que llama ‘ratas’ a los diputados y senadores, es fascista», denunció.
REFORMA SINDICAL SIN QUÓRUM
Dos horas antes de la convocatoria del DNU 846, el radicalismo deloredista intentó impulsar una reforma sindical que, entre otras cosas, prohíbe la reelección indefinida de los secretarios generales así como la eliminación de la obligatoriedad. La avanzada, sin embargo, no había sido más que una implementación de la lógica libertaria del «principio de revelación»: el proyecto de Martín Tetaz no había conseguido dictamen, por lo que, a menos que se hiciera una reinterpretación del reglamento, necesitarían de dos tercios para poder aprobar la iniciativa. Un número imposible de conseguir dado que ni el peronismo ni la izquierda acompañaban el proyecto.
La UCR, al final, no logró siquiera conseguir quórum. Recolectó, junto al PRO, el oficialismo y la Coalición Cívica, unos 111 diputados. El bloque que preside Pichetto optó por no participar junto a la izquierda y el peronismo. De Loredo, sin embargo, acusó al Gobierno de cerrar un acuerdo con la CGT para que no hubiera quórum: «Es evidente, basta ver el juego de sillas. No quiero ser hipócrita, no digo que hagan lo que nosotros no pudimos hacer cuando nos tocó gobernar. Pero que hay un acuerdo, hay un acuerdo», cuestionó el titular del bloque radical.