Por Oscar Edgardo García.-

En el mes de julio último el Gobierno Nacional anunció el lanzamiento de un plan para pagar «en forma inmediata» los ajustes de los haberes previsionales que contaran con sentencia judicial firme, prometiendo que en los siguientes ocho meses se terminaría con el stock de 90 mil casos pendientes.

Ya han pasado cuatro meses desde entonces y no sólo no se ha cumplido con tal noticia sino que, según se ha verificado, hay casos en los que la ANSeS no responde las cédulas enviadas por los distintos juzgados de la Cámara Federal de la Seguridad Social intimando el cumplimiento de las sentencias así como también los pedidos de los demandantes para trabar embargos sobre sus cuentas bancarias por la falta de concreción de las órdenes judiciales.

El Poder Ejecutivo, a través de un reciente decreto, ha establecido un procedimiento denominado «silencio positivo» mediante el cual, ante la presentación de una serie de trámites administrativos, si el Estado no se expide al respecto dentro de un plazo determinado se considerará como válida la aprobación en forma automática de los mismos.

No cabe duda alguna que se trata de una medida racional y sería muy loable que, para que la clase pasiva no continúe siendo castigada injustamente, la ANSeS reciba las órdenes correspondientes del Ministerio de Capital Humano para cumplir con el anunciado pago «en forma inmediata» de los veredictos judiciales pendientes.

Por otra parte, la aplicación de la norma del «silencio positivo» para los jubilados sería un hecho ejemplar para toda la admistración pública y una fuerte muestra de apoyo hacia el Doctor Federico Sturzenegger para continuar con su denodada e incansable lucha por la colosal burocracia del Estado.

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