Avance del Estado sobre la propiedad privada

Por Elena Valero Narváez.-

“Los estados son ricos por la labor de sus individuos, y su labor es fecunda porque el hombre es libre, es decir, dueño de sus bienes, de su vida y de su hogar” (J. B. Alberdi).

Los responsables de la política actual, al desproteger la propiedad privada, no están fomentando el crecimiento económico y avivan, como lo estamos observando, la inestabilidad política, creando un ambiente de violencia en la sociedad.

La propiedad existe desde que la gente le dio valor a las cosas, el derecho de propiedad es expresión y garantía de los derechos individuales. Los mesías violentos como Juan Grabois que desean la abolición de la institucionalización de la propiedad privada pretenden que la concentración del total del capital, que pertenece a la sociedad civil, pase al grupo que se posesione del poder, el cual dispondrá de ese capital según criterios políticos como en Cuba, Corea del Norte y también en Venezuela, se trasladaría a las manos de los planificadores. Vimos las consecuencias, la receta marxista fue siempre un fracaso. Termina en no poder alimentar a la población.

Legitimar y defender la propiedad privada es fundamental para fortalecer la sociedad civil frente al Estado, estimular la espontaneidad social, pluralizar sus poderes y desarrollar su variedad. Con ello disminuye la posibilidad del autoritarismo, porque se robustecen los controles sobre el Gobierno y el Estado.

La economía capitalista basada en el libre mercado y en la propiedad privada de los medios de producción, consigue la coordinación entre las diferentes empresas, así también, entre ellas y los consumidores. Dicha coordinación la realizan los precios de mercado que son el instrumento por el cual se equilibra la oferta y la demanda. En Argentina, con la gestión del actual gobierno kirchnerista, se está lastimando la condición previa para que funcione el sistema de precios: el respeto de los derechos de propiedad. Se está violando la autoridad, dada por la Constitución, de ejercer la soberanía sobre los bienes que se poseen legalmente.

Argentina es un país, en general, anticapitalista, ha sido modelada desde 1943 por ideas contrarias a la propiedad privada y al mercado. Por eso la política impide la innovación y el dinamismo propio de países de economía abierta, no hay respeto por la autonomía y libertad de las personas, y no se crean las condiciones para competir en el mercado internacional.

La decadencia moral de la sociedad argentina es resultado de varias décadas de vigencia de un sistema caracterizado por la intervención y participación del Estado en todas las áreas de la vida de los argentinos. Se nos ha hecho normal aceptar que el gobierno arregle problemas sociales adueñándose de recursos de otros sectores, o el apoyo del gobierno a empresarios o gremialistas, a cambio de coimas. También la descalificación de quienes son ricos, aunque sea por el fruto del esfuerzo y el trabajo.

Los efectos del estatismo son tan destructores como los económicos. Se ha olvidado que las leyes deben proteger los derechos y libertades, preservar la paz, proteger la vida, la propiedad y la libertad de los mercados que ofrecen oportunidades para todos. Se han tornado confusas a medida que quienes legislan lo hacen para otorgarse favores e impunidad para sí mismos. La sociedad se acostumbró a aceptar leyes injustas, por eso, en los hechos, terminaron siendo parte del derecho.

El poder político se ha convertido en un arma utilizado por un grupo que intenta extraer beneficios económicos por medio de la usurpación y el despojo. La distinción entre el gobierno y el ladrón se ha diluido, ya no protege a quien debiera. Los empresarios y trabajadores deben pedir ayuda al Estado para subsistir, dejando a cambio convicciones y valores. No pueden prosperar a través del trabajo, son obligados a vivir de la caridad del gobierno, porque las oportunidades del mercado libre están cada vez más cerradas. Las empresas se aseguran la protección de la competencia extranjera reclamando controles de precios y salarios.

La mayoría de los políticos, no comprenden que la economía de mercado promueve incentivos enormes para promover en la gente virtudes morales de responsabilidad personal, autoestima, y respeto por los derechos y la libertad de los demás. El progreso del empresario asegura el progreso de los trabajadores y, la riqueza, tan vapuleada por el Presidente, promueve el bienestar de toda la sociedad aunque no logre la igualdad, meta imposible.

El sistema capitalista origina la cooperación voluntaria, no exigida desde el Estado, como en los regímenes comunistas donde se trabajaba “al son del tambor”. El socialismo no solo destruye la economía, destruye a la persona. La Justicia es la única protección efectiva que se tiene contra las ansias de poder, la cual, en sí, no es mala, depende de los medios que se utilizan para alcanzarlo.

¿Cómo logrará el Gobierno que los empresarios quieran aumentar la producción, si hay peligro de que les roben? Y además, si no tienen la seguridad de estar protegidos por el sistema judicial, si no se vela por los derechos de propiedad?

En la causa Etchevehere la Justicia tardó en disuadir a los usurpadores del intento de robo directo, creando un grave problema a la actividad privada. En nuestro país el Gobierno no solo no vela por los derechos de propiedad sino que además él mismo los incumple, disuadiendo, de esta forma, a quienes desearían ahorrar e invertir en Argentina. El caso de la cerealera Vicentin, un verdadero amague de expropiación, y la ocupación de propiedades agropecuarias, lo atestiguan.

Ningún país puede ser próspero si no asegura la estabilidad política. Para lograrla es condición necesaria que Argentina cuente, lo antes posible, con un sistema judicial eficiente, funcionarios públicos honrados y respeto por la Constitución. La reforma judicial, el retroceso de la justicia en los casos de corrupción, y los avances sobre la propiedad privada, indican la firme intención del gobierno de continuar achicando a la sociedad civil, y, con ello, aumentar su poder de decisión para apropiarse de la menguante riqueza de los argentinos, quienes se han esforzado ahorrando y produciendo por muchos años. El campo ha sido siempre el chivo expiatorio de los errores de los políticos. El gobierno kirchnerista, cada vez que tuvo la dirección del Estado, trató de utilizarlo para extender sus funciones, tratando de acallar a las asociaciones voluntarias, intimidar o exterminar todo tipo de poder espontaneo que intentara competir con él como centro de lealtades.

La democracia fue impuesta por la sociedad civil y fue posible cuando la propiedad privada pudo convertirse en un centro de poder alternativo, autónomo,  frente al gobernante. Es fruto de una transacción vacilante, porque en el Estado alienta la fuerza de dominación. Es por eso que deben respetarse las instituciones que no permiten que se extralimite en sus funciones.

La economía de mercado si bien ha revolucionado las expectativas y posibilidades de la gente, esconde un problema, ha creado a sus mayores enemigos, variados intelectuales, erradicados del poder político y económico, que por envidia y resentimiento se vuelven contra el sistema, actuando peligrosamente con la intención de alcanzar por la vía rápida el poder.

Para jóvenes como Juan Grabois, la lucha política por los rieles democráticos es tediosa, lenta, odian la democracia que demanda paciencia, diálogo, y acuerdos, con los que piensan diferente. Tienen la mentalidad del guerrillero de los 70. Arman grupos, ahora, lamentablemente, con la ayuda del Estado, para coaccionar a los empresarios ligados por las relaciones de producción connaturales a la propiedad privada.

El sistema de libertad económica, sin ser la panacea, ha llevado bienestar a los países donde se instaló, impulsando la acción humana, que no es lo mismo que brindar felicidad. Los problemas básicos de nuestra existencia no pueden ni podrán ser resueltos por el Estado porque las necesidades de las personas son infinitas y lo que solo puede dar el Estado es creación y obra de la sociedad civil.

Nunca sabremos, cómo será nuestro futuro, ya que las situaciones inesperadas e imprevistas son la condición de la vida pero, podemos aventurar, que estamos en peligro cuando el monopolio de la fuerza se une al monopolio institucional y económico, con el fin de coaccionar a la sociedad civil para que haga lo que ambiciona el Gobierno.

La oposición debería explicitar en voz más alta los riesgos que conlleva votar a gobiernos que amparan un sistema destructor de las garantías políticas, económicas e institucionales que asegura la Constitución. Es imperioso que la sociedad rechace cualquier oferta política que menosprecie las instituciones democráticas y republicanas.