Por Carlos Tórtora.-

Luego de que la Corte Suprema de Justicia convalidara la sentencia del TOF Número 2 contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, la justicia federal volvió a producir resoluciones de alto impacto político. Hace una semana, el juez federal Daniel Rafecas declaró admisible el juicio en ausencia de 10 iraníes y libaneses acusados de haber organizado y perpetrado el atentado contra la AMIA. Así, por primera vez se aplicará el recientemente creado instituto de juicio en ausencia pensado para los casos de rebeldía o fuga de los imputados.

Pero lo de Rafecas no venía solo y forma parte de una ofensiva judicial más amplia, porque en los próximos días, el Tribunal Oral Federal 8 definirá la fecha de inicio del juicio oral por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán. Cristina Kirchner está acusada de encubrimiento agravado. La denuncia fue impulsada por el fiscal Alberto Nisman en enero del 2015, días antes de aparecer muerto en su departamento, y acusaba a la expresidente de intentar proteger a los responsables del atentado a la AMIA. En síntesis, el Memorándum establecía una Comisión de la Verdad que sustraería a los acusados del juzgamiento por la justicia. Obviamente no están en juego en este caso para la expresidente penalidades graves como en la causa de Vialidad. Pero se trata de de un expediente de altísimo voltaje político nacional e internacional.

En pleno año electoral, el juicio oral por la causa del Memorándum produciría varios efectos. Para empezar, reflotaría el caso Nisman, que para el antikirchnerismo habría sido asesinado por órdenes del gobierno. En segundo lugar, en un momento en el que el PJ utiliza a Cristina como bandera para ganar las elecciones, este juicio oral colocaría al peronismo del lado de Irán, cuando la confrontación del régimen iraní con Israel y EEUU entró en un camino sin retorno. En tercer lugar, si la fecha del juicio oral se fija para los próximos meses, el kirchnerismo encontraría una bandera para profundizar su movilización política y tratar de embarcar a todo el peronismo. Esto último no es tan fácil, ya que los gobernadores peronistas acaban de sacarle el cuerpo a la campaña «Cristina libre», que La Cámpora quería lanzar por todas las provincias. En paralelo, la CGT minimizó su apoyo a Cristina y los 47 intendentes peronistas que siguen a Axel Kicillof se niegan a aceptar que Máximo Kirchner utilice la prisión preventiva de su madre como excusa para presionar por más candidaturas para la elección del 7 de septiembre.

Una intervención política

En síntesis, la Corte Suprema, con su fallo, golpeó primero la estrategia de Javier Milei de polarizar en las urnas con Cristina candidata a diputada. Y ahora la justicia federal metería en el año electoral nada menos que la complicidad del gobierno K con Irán. Se trataría así de la mayor intervención de la justicia en la política electoral que se tenga memoria.

Es evidente que hay en la cúpula del Poder Judicial una tendencia que excede a la Corte para alcanzar también a Comodoro Py y que la Casa Rosada parece asistir a este cambio sin poder influir demasiado en el mismo. Obviamente preocupado, Milei optó días atrás en su discurso ante el Congreso libertario realizado en La Plata, por adjudicarse la paternidad del reciente fallo de la Corte. Los indicios de la realidad señalan lo contrario.

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