Por Carlos Tórtora.-

Mientras De Vido lleva la batuta de las defensas y les dice a los Báez que repitan en todas sus declaraciones la palabra Calcaterra, el Ministro de Justicia Oscar Garavano entró en el juego que plantea el cristinismo al responder la siguiente pregunta de Perfil: ¿Cómo evalúa el Gobierno si los problemas judiciales de la ex presidenta puedan eventualmente llevarla a quedar detenida? ¿Es bueno o malo para la Argentina?

—“Yo creo que eso nunca es bueno. Mi sensación es que con estas cosas hay que ser muy prudentes y no sobreactuar. Entiendo que hay hechos que nos irritan; sobre todo en estos momentos tan duros para el país, cuando se están pagando los costos de la fiesta. Pero eso no justifica avanzar de modos alocados o políticos ni sobre la ex presidenta ni sobre ninguna persona. En esto es muy importante ser solventes con las pruebas y con los procesos, y rápidamente elevarlos a juicio oral. Las detenciones en nuestro sistema son subutilizadas, lamentablemente para las víctimas de los delitos. Pero tampoco las sobreutilicemos porque lo pide una mayoría circunstancial. El buen juez es aquel que tiene equilibrio para resolver sin presiones, ni de la opinión pública, ni del gobierno de turno, ni de una empresa. Si la ex presidenta cometió delitos, tendrá que ser juzgada y condenada, y eventualmente en ese momento tendrá que cumplir la pena que le impongan. Pero no hay que apresurar reacciones.”

¿Debe interpretarse que Garavano está presionando indirectamente a jueces y fiscales, violando así la independencia del Poder Judicial que el PRO prometió sostener? ¿O la declaración es parte de un compromiso reservado con CFK de intentar frenar las causas en marcha?

Sea como fuere, Macri se encuentra ante el dilema más grave desde que asumió la presidencia. Si como debe ser, se mantiene prescidente, CFK será inevitablemente procesada y tal vez detenida y De Vido, que seguirá su misma suerte, podrá optar por intentar dinamitar la fe pública en el gobierno sacando a la luz negocios comunes del kirchnerismo con Caputo y Calcaterra. En este caso Macri pagará un alto precio político pero habrá que reconocer que defendió el pleno funcionamiento del sistema republicano. Si, en cambio, el gobierno cede ante el chantaje y queda en evidencia que CFK y de Vido son intocables por su capacidad de decir cosas comprometedoras para el oficialismo, el macrismo se empezará a deslegitimar en el ejercicio del poder. No se trata de una cuestión sin consecuencias políticas. Es probable que, si Macri se deja extorsionar, Elisa Carrió termine pateando el tablero y que CAMBIEMOS sufra una enorme crisis externa, mientras la prensa internacional y nacional instalaría que Macri empezó a recorrer un camino similar al que está terminando Dilma Rousseff. Esta opción de Macri admite muy pocos matices. En su primer discurso como presidente, enfatizó como uno de los ejes de su gobierno la lucha contra la corrupción, aunque enseguida precisó que ponía el acento en la corrupción futura. Lamentablemente, tal planteo no es viable, salvo que se consagre un pacto de impunidad. El durísimo ajuste en marcha y la convicción generalizada de que estamos lejos de una reactivación económica colocan al gobierno a la defensiva ante una reacción opositora sin ideas pero tumultuosa y creciente. Los sindicalistas, el peronismo y las distintas variables de la izquierda olfatean un gobierno débil y que puede bajar rápidamente en las encuestas.

El no procesamiento de Cristina y De Vido sería entonces un punto sin retorno para la Casa Rosada, porque a partir de entonces quedaría asociada al encubrimiento de doce años de saqueo de las finanzas públicas. Avanzadas como están las investigaciones, la citación a prestar indagatoria de CFK no sólo parece inevitable sino evidente. Si no ocurriera, nadie responsabilizaría sólo al juez Sebastián Casanello sino sobre todo al gobierno nacional.

Posiblemente detrás de esta situación hubo un error de cálculo del macrismo, que no habría tenido en cuenta que en Comodoro Py se podía tomar la decisión corporativa de iniciar un mani pulite para salvarse -ellos, los jueces a sí mismos- y de las carpetas confeccionadas por Jaime Stiuso, que guardan la ex presidente y De Vido.

De qué estamos hablando

El primo de Macri, Angelo Calcaterra, y su amigo y compañero del cardenal Newman, Nicolás Caputo, son personas de la extrema confianza presidencial. Este último participaba de la mesa chica del gobierno de la Ciudad y fue asesor ad honorem de Macri, pero tuvo que renunciar, porque es también uno de los principales contratistas oficiales. Calcaterra es hijo de la hermana de Franco Macri, presidió Sideco, la constructora de Socma que adquirió IECSA y Creaurban. Ambas formaban parte del grupo Macri, pero el día en que Mauricio empezó la campaña electoral del 2007, fueron transferidas a Calcaterra. A partir de entonces, Caputo y Calcaterra se convirtieron en los administradores de la densa trama de negocios que los une con el principal operador económico de Kirchner, el Ministro de Planificación Julio De Vido.

Durante la campaña presidencial del 2007, Calcaterra aportó, a través de Creaurban, 398.948 pesos a la fórmula CFK-Julio Cobos. Ese monto era el máximo que permitía la ley de financiamiento de partidos. La militancia kirchnerista de Calcaterra habría comenzado cuando, dos años antes, la firma Calcaterra Sacifyc fue una de las beneficiadas por el Estado Nacional con la adjudicación de parte del Plan Federal de Construcción de Viviendas con Municipios. Los ajustes que se le reconocieron a la empresa alcanzaron al 98%. Una casa de 30.000 pesos pasó a facturarse entonces 59.000.

Pero la lealtad tuvo premios mayores. En septiembre del 2008, JCR, la empresa constructora de Juan Carlos Relats, resultó adjudicataria de la construcción de los últimos 44 kilómetros de la autopista Rosario-Córdoba. IECSA, de Calcaterra, participa de la obra como asociada a JCR. Cabe recordar que Relats es dueño del Hotel Panamericano y le alquila el hotel boutique Casa Patagónica los Sauces al matrimonio Kirchner por 105.000 dólares mensuales.

En la Ciudad, las adjudicaciones le llovieron a IECSA. Para empezar, está la construcción de dos pasos bajo nivel del Ferrocarril Urquiza y del canal aliviador del Arroyo Maldonado. La construcción de las torres Muliens y Torres del Yacht en Puerto Madero, construidas en terrenos fiscales, también quedaron para Calcaterra.

También el frustrado tren bala formó parte de la amistad de Macri con los K. El consorcio Veloxia resultó adjudicatario y estaba conformado por la francesa Alstom, la española Isolux, Emepa y IECSA. Presupuestado inicialmente en 1300 millones de dólares, el proyecto se fue cayendo rápidamente por dificultades de financiamiento y denuncias varias. Calcaterra perdió así uno de sus mayores negocios.

El 6 de enero del 2009, el primo de Macri recibió un verdadero regalo de Reyes. CFK le adjudicó dos centrales térmicas de generación eléctrica al consorcio integrado por la española Isolux y la omnipresente IECSA. Julio de Vido llevó la voz cantante en la ceremonia de adjudicación, aclarando que la inversión total será de 3055 millones, que saldrán del Tesoro Nacional y de colocaciones del ANSES. Las obras se realizarán en Buenos Aires y Santa Fe y durarán dos años.

Claro que no todo fue para festejar. En los inicios de la causa Skanska, fueron numerosas las empresas ligadas al poder investigadas por las facturas falsificadas. Junto a Eskenazi, Gotti y otros allegados a Olivos, también estaba Angelo Calcaterra, ligado a la trama del pago de coimas. Ahora, con la reapertura de la investigación sobre el caso Skanska, se pueden revolver éstos y otros temas.

Caputo, Franco, Albistur

La disputa por construir las torres del Dique 1 de Puerto Madero fue intensa. Corría el 2007 y esta zona era la última disponible para construcciones de 70 metros de altura. Se impuso el grupo Zencity -propiedad del amigo de Kirchner Jorge Brito (Banco Macro)- con la desarrolladora Vizora de Jorge Fernández Prieto. Pero los ganadores llegaron a un acuerdo con Caputo para que éste se hiciera cargo de la construcción de tres torres de oficinas y dos de viviendas -la Little Manhattan- por un monto de 275 millones.

Pasando a otro rubro, el 11 de junio del 2008, el Ministro de Espacio Público de la Ciudad, Juan Pablo Piccardo, le adjudicó el mobiliario urbano a tres empresas, cada una con una zona distinta. Hubo allí un reparto equitativo entre la Ciudad y la Nación. Así es que Terranova, propiedad de Caputo, y Grupo al Sur, del Secretario de Medios K, Enrique Albistur, se quedaron cada una con una zona por 10 años, en un negocio estimado en 130 millones anuales. Como se sabe, el tema se judicializó después rápidamente por varias denuncias acerca de irregularidades.

Por último -aunque la lista sea mucho más extensa- estos acuerdos tampoco dejaron afuera a los ferrocarriles. El 30 de julio del 2006, el entonces Secretario de Transporte Ricardo Jaime dispuso que el ramal Belgrano Cargas fuera gerenciado por un consorcio compuesto por Sanhe Hopefull y el grupo Macri. Franco estuvo en este caso al frente de la operación. El Estado se hizo cargo del pago de los sueldos y los nuevos operadores pasaron a recibir 23 millones de subsidios mensuales para cubrir el presupuesto de funcionamiento.

Es obvio que a partir del 2011, cuando Macri empezó a perfilarse como el principal candidato de la oposición, esta catarata de beneficios para los Calcaterra y Caputo fue mermando.

¿Qué pasaría ahora si, con o sin información suministrada por De Vido, la justicia encontrara sobreprecios o coimas en las obras que el estado nacional les adjudicó a Caputo y los Calcaterra? ¿Inmolaría Macri su imagen para intentar detener una investigación mientras la información se desbordaría por los medios de comunicación? ¿Está dispuesto Macri a correr riesgos semejantes a los de Dilma Rousseff?

Por otra parte, ni Casanello ni el fiscal Guillermo Marijuán ni los magistrados intervinientes en otras causas vinculadas al caso Báez podrían sepultar las investigaciones en el olvido sin que estallara una tormenta de denuncias de todo tipo. Todo indica que a partir de ahora este proceso tendría este curso: cada día que pase sin que CFK sea llamada a declarar significará un costo político creciente para Macri, a partir de que su propio Ministro de Justicia sugiere cruzarse de brazos. A la vez y extorsión mediante, el procesamiento de la ex presidente probablemente signifique que Cristina y De Vido empiecen a cumplir sus amenazas con la expectativa de que el gobierno haga algo para ayudarlos. O tal vez, a esa altura de los acontecimientos, ella ya tenga por objetivo político llevarse puesto a su sucesor para desatar un proceso de caída vertiginosa del gobierno y un llamado anticipado a elecciones presidenciales. En este caso, el kirchnerismo podría intentar mejorar su posición, porque cualquier candidato peronista, empezando por Sergio Massa, necesitaría del aparato y los millones que puede aportarle ella. Aunque también necesitaría, para ganar, que ella desaparezca de los medios.

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