Por Carlos Tórtora.-

La explosión de causas judiciales producida por el fuero federal -que alcanzan hasta la imputación del propio Mauricio Macri por su participación en sociedades off shore en Panamá- está transformando rápidamente el funcionamiento de la política nacional. Esto al punto que la agenda política hoy se construye sobre la base de las citaciones a declarar en Comodoro Py que haya cada día. En realidad, ya nadie sabe a dónde conduce el actual proceso y qué consecuencias negativas puede tener para la gobernabilidad. La pregunta es obvia: ¿puede reactivarse una economía que depende sobre todo del financiamiento externo en medio de un tembladeral judicial que se llevaría puestos a varios grupos empresarios? En una reciente resolución, la Cámara Federal de Casación validó escuchas en la causa “Skanska” y solicitó celeridad en el trámite de la investigación, a los efectos de avanzar con la pesquisa judicial y evitar la posible prescripción de algunas acciones delictivas allí investigadas. De esta manera, la Sala IV anuló una decisión que había excluido como medio de prueba una grabación secuestrada en un allanamiento a la sede de la empresa.

Aquella grabación habría registrado la conversación que también habría sido mantenida entre el auditor de la empresa con otra persona, que sería uno de sus gerentes, en la que se sugeriría el pago de comisiones indebidas en ocasión de varias obras públicas. «Skanska» es el primer escándalo de presunta corrupción del gobierno kirchnerista, y reflotó la validez de una prueba clave, una conversación que corroboraba el pago de coimas por la adjudicación de obras públicas.

La investigación judicial por el presunto pago de sobornos por parte de la empresa constructora sueca Skanska para la ampliación de dos gasoductos encendió en el gobierno de Néstor Kirchner la primera luz de alarma por cuestiones de corrupción durante su gestión.

Es que el hecho se inició como un caso de evasión fiscal, creció luego como un escándalo de proporciones por el supuesto pago de coimas y se desencadenó, nada menos, que en un año electoral.

El denominado «caso Skanska», por el cual hay dos personas detenidas y 23 empresas involucradas, provocó el descabezamiento de la cúpula local de la constructora sueca y allanamientos en firmas argentinas y dependencias oficiales dependientes del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, hombre fuerte de la presidencia de Kirchner.

La investigación fue iniciada en noviembre de 2005 por el juez en lo Penal y Económico Javier López Biscayart, quien lleva la causa por evasión fiscal contra Skanska.

El magistrado descubrió que la firma sueca había facturado a favor de empresas fantasma para inventar gastos y evadir impuestos. Esta situación disparó una ola gigante que salpicó varias empresas de servicios públicos privatizados.

El enlace con el gobierno surgió porque la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur, encarada por Skanska y la empresa TGN, debe contar con la supervisión del Enargas, un organismo oficial.

Allí, aparecieron sobreprecios superiores al 150 por ciento y la Justicia sospecha que se pagaron coimas por 17 millones de pesos, por lo que comenzó la investigación para determinar si en esa sobrefacturación y reparto de dinero también participaron los funcionarios del Estado, y hasta dónde trepa la responsabilidad, si la hubiere.

En el marco de la causa, López Biscayart no sólo allanó la empresa Skanska, sino que también fue al ministerio de Planificación y a Enargas.

Asimismo, el juez ya tiene determinado que Infinity Group, la empresa fantasma que nutrió a Skanska de mayor cantidad de facturas, es una asociación ilícita, por lo que hubo once procesados, dos de ellos detenidos.

En paralelo, López Biscayart empezó a investigar qué vínculos tiene Infinity y de ese modo dio con Sol Group y su posible vínculo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, la trama de esta causa comenzó a tornarse más compleja aún cuando irrumpió en escena el juez federal Guillermo Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli, quienes tomaron la denuncia de un diputado del ARI sobre la presunta participación de funcionarios. En el 2007, la causa se paralizó al aceptar Guillermo Montenegro la oferta del Jefe de Gobierno electo, Mauricio Macri, para hacerse cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Capital.

En la última reunión de Macri con el empresariado, varios le preguntaron qué pensaba hacer el gobierno si la justicia federal avanzaba sobre las empresas involucradas. Para mayor intranquilidad de los presentes, el presidente habría respondido respetando al pie de la letra la independencia de los poderes. Es decir que no respondió.

Una remake

La ola judicial avanza así llevándose todo por delante y marcándole el paso a la política. Esta tendencia puede marcar otro fenómeno: que el gobierno se vaya inclinando a colocar más hombres de la Justicia en cargos claves del Ejecutivo, como una forma de que los puentes con Comodoro Py funcionen cada vez mejor. Por ejemplo, entre los cambios que ya empiezan a mencionarse para mitad de año, hay dos que se relacionan directamente con esta situación. El Fiscal Federal Carlos Stornelli, que ya pidió licencia años atrás para ser Ministro de Seguridad y Justicia del entonces gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, está visto como un fuerte candidato para reemplazar a la tambaleante Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, tal vez al comienzo del segundo semestre. “Patricia es una ministro que sigue actuando como diputada”, sentenció alguien de la mesa chica de Macri, queriendo significar que la gestión de seguridad se agota en las ruedas de prensa y las declaraciones rimbombantes, pero que no se conoce ningún plan que merezca ese nombre.

Paralelamente y repitiendo lo que ocurriera en tiempos del primer gobierno de CFK, Montenegro sucedería en el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires a Cristian Ritondo, unificándose aquél de nuevo con Justicia, donde caería también Carlos Mahiquez, titular de otra gestión fracasada que no puede controlar la corrupción del Servicio Penitenciario de Buenos Aires.

Al asumir Macri, se pensaba que Montenegro sería el Ministro de Justicia de la Nación. Pero éste se habría negado en la creencia de que, con el traspaso futuro de buena parte de la Policía Federal a la Ciudad, su poder quedaría seriamente debilitado.

Ahora, la vorágine provocada por una tormenta judicial de consecuencias imprevisibles, ayudaría a que dos veteranos articuladores entre la política y la justicia vuelvan a cargos ejecutivos. Algo que, para empezar, calmaría los nervios del agitado Poder Judicial.

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