Milei y la libre portación de armas

Por Hernán Andrés Kruse.-

Javier Milei es un férreo defensor de la libre tenencia de armas. A fines de mayo de 2022, inmediatamente después de producida la masacre de la Escuela de Texas en Estados Unidos, el libertario afirmó en diálogo con TN: “Basta con la doctrina Zaffaroni, de la corrección política”. “Aquellos estados que tienen libre portación de armas, le guste o no a la progresía, tienen muchos menos delitos que aquellos estados donde vos obligás a los honestos a estar indefensos”. “Un delincuente tiene dos casas. Hay una donde la familia está armada hasta los dientes y la otra no tiene armas: ¿a cuál casa creés que va a atacar?”. En su sistema ideal, sentenció, “el que las hace las paga” porque “si violentás las normas vas preso”. Además, pidió “mano justa” para quienes cometen delitos y reiteró su postura favorable a que “la gente pueda tener armas libremente”. “No tengo problemas que puedan comprarlas en los supermercados”. “Yo entiendo que esto es absoluta y políticamente incorrecto, y que toda la progresía va a decir que esto es un peligro. Cuando vos prohibís que los individuos tengan armas, a los únicos que se lo estás prohibiendo es a los hombres honestos que quieren otro tipo de seguridad, porque los delincuentes siguen teniendo las armas”. “A mí no me gustan las armas, pero hay personas que no tienen ese problema. Cuando te viene a atacar el delincuente con armas ahí el Estado no llega”. “Podés tener cárceles privadas donde los presos paguen sus condenas con su estadía laburando. A los presos, en lugar de premiarlos regalándoles plata, dándoles privilegios a pesar del desastre que hicieron a la sociedad, que lo paguen laburando” (Fuente: Clarín, 30/5/022).

La postura de Milei es compartida por una amplia mayoría de ciudadanos hartos de estar a merced de la delincuencia. Ello no hace más que poner en evidencia el absoluto fracaso del Estado en detentar el monopolio de la fuerza, en proteger a los ciudadanos, en combatir eficazmente el flagelo de la delincuencia. En Rosario, por ejemplo, hay barrios enteros que son propiedad del narcotráfico mientras la policía se hace la distraída. La gente quiere armarse no porque le place sino porque está desesperada, porque considera que es la única manera de intentar protegerse cuando es atacada por la delincuencia. Que la libre tenencia de armas goce de semejante respaldo pone dramáticamente en evidencia el colapso del estado de derecho, la pulverización del imperio de la ley, el abandono de la civilización, la entrada en la barbarie.

El enfoque libertario de Milei sobre la portación de armas se nutre de las enseñanzas de dos relevantes economistas estadounidenses: uno es, obviamente, Murray Rothbard, y el otro es el Nobel de Economía (1992) Gary Becker, quien en 1974 publicó un libro titulado “Essays in the Economics of Crime and Punishment”, fuente ideológica de la que bebió Milei para enarbolar la bandera de la libre portación de armas.

A continuación paso a transcribir lo que escribió Murray N. Rothbard sobre el tema en “El Manifiesto Libertario” (Centro Mises, 1973).

Javier Milei, diputado nacional (Crédito: Luciano González)

LEYES SOBRE LA POSESIÓN DE ARMAS

“En lo que respecta a la mayoría de las actividades de las que hemos hablado en este capítulo, los socialdemócratas tienden a favorecer la libertad de comercio y actividad, mientras que los conservadores abogan por la rigurosa aplicación de las leyes y los máximos castigos a quienes las violan. Sin embargo, misteriosamente, en materia de leyes sobre posesión de armas las posiciones tienden a invertirse. Cada vez que se utiliza un arma en un crimen violento, los socialdemócratas redoblan sus demandas de que se implanten severas restricciones, cuando no exigen la prohibición de la propiedad privada de armas, mientras que los conservadores se oponen a esas restricciones en nombre de la libertad individual. Si, como creen los libertarios, todo individuo tiene el derecho de poseer su propia persona y su propiedad, también lo asiste el derecho de emplear la violencia para defenderse de las agresiones criminales. Sin embargo, por alguna extraña razón, los socialdemócratas han intentado sistemáticamente privar a los inocentes de los medios necesarios para su defensa. A pesar de que la Segunda Enmienda de la Constitución garantiza que “el derecho del pueblo a tener y portar armas no puede ser vulnerado”, el gobierno sistemáticamente ha erosionado gran parte de ese derecho.

Así, en el estado de Nueva York, como en muchos otros estados, la Ley Sullivan prohíbe la portación de “armas ocultas” sin una licencia otorgada por las autoridades. No sólo se ha restringido seriamente la portación de armas mediante este edicto inconstitucional, sino que la prohibición se ha hecho extensiva a casi cualquier objeto que pudiera servir como arma – incluso aquellos que sólo podrían usarse para la autodefensa–. Como consecuencia, se ha impedido a víctimas potenciales de crímenes la portación de cuchillos, tubos de gas lacrimógeno e incluso alfileres de sombrero, y la gente que ha utilizado estas armas en defensa propia contra algún ataque ha sido enjuiciada por las autoridades. En la ciudad, esta prohibición invasiva contra las armas ocultas de hecho ha privado a las personas de cualquier posible autodefensa contra el crimen. (Es cierto que no existe ninguna prohibición oficial contra la portación de armas no ocultas, pero hace algunos años un hombre intentó probar la vigencia de la ley caminando por las calles de Nueva York con un rifle, e inmediatamente fue arrestado por “perturbar la paz”). Además, las potenciales víctimas están tan incapacitadas para defenderse a causa de las previsiones contra la fuerza “indebida”, que el sistema legal existente concede automáticamente una enorme ventaja al criminal. Debería ser evidente que ningún objeto físico es agresivo en sí mismo; cualquier objeto, sea un arma, un cuchillo o un palo, puede utilizarse para agredir, para defenderse o para otros numerosos propósitos no relacionados con el crimen. Es tan absurdo prohibir o restringir la compra y propiedad de armas como hacerlo con la posesión de cuchillos, palos, alfileres o piedras.

De todos modos, ¿cómo se podrían prohibir todos estos objetos? Y en caso de que se pudiera, ¿cómo se aplicaría esa prohibición? En lugar de perseguir a personas inocentes que portan o poseen objetos, la ley debería preocuparse por combatir y detener a los verdaderos criminales. Además hay otra consideración que refuerza nuestra conclusión. Si las leyes limitan o prohíben la portación de armas, es obvio que los criminales no estarán dispuestos a acatarlas. Ellos siempre serán capaces de adquirir y portar armas; los únicos que sufrirán debido a la solicitud del liberalismo que impone estas leyes serán las personas inocentes, o sea, las potenciales víctimas. Así como habría que legalizar las drogas, el juego y la pornografía, se debería hacer lo mismo con las armas de fuego y con cualquier otro objeto que pueda servir como arma de defensa propia. En un notable artículo sobre el control de revólveres y pistolas (el tipo de armas que los socialdemócratas más quieren restringir), el profesor de derecho de la Universidad de St. Louis, Don B. Kates, Jr. (“Handgun Control: Prohibition Revisited”, Inquiry (5 de diciembre de 1977), increpa a sus colegas socialdemócratas por no utilizar con respecto a las armas la misma lógica que aplican para las leyes relativas a la marihuana. Así, señala que en la actualidad hay más de cincuenta millones de propietarios de revólveres y pistolas en los Estados Unidos, y que, sobre la base de las encuestas y las experiencias que se conocen, entre los dos tercios y el 80 por ciento de los estadounidenses estarían en desacuerdo con su prohibición.

El resultado inevitable, como en el caso de las leyes contra el sexo y la marihuana, sería la imposición de sanciones severas, cuya aplicación sería altamente selectiva y, en consecuencia, provocaría la falta de respeto hacia la ley y hacia los organismos encargados de hacerla cumplir. Y esta aplicación selectiva de la ley sería ejercida contra aquellas personas que no agradaran a las autoridades: “La aplicación compulsiva de las leyes se hace cada vez más caprichosa, hasta que por fin sólo se las utiliza contra aquellos que desagradan a la policía. Es innecesario que se nos recuerden las odiosas tácticas de búsqueda y captura utilizadas por la policía y los agentes del gobierno para atrapar a quienes violaban esas leyes”. Kates agrega que “si esos argumentos parecen familiares, probablemente esto se deba a que son paralelos al argumento de los socialdemócratas empleado comúnmente contra las leyes relativas a la marihuana”.

Kates analiza entonces con gran perspicacia este curioso punto débil de los socialdemócratas: La prohibición de armas es un invento de los socialdemócratas blancos de clase media que han olvidado la situación de los pobres y de las minorías que viven en zonas donde la policía ha renunciado al control del crimen. Esos socialdemócratas tampoco se sintieron disgustados por las leyes contra la marihuana en la década del 50, cuando las redadas estaban limitadas a los guetos. Seguros en suburbios bien custodiados o en departamentos de alta seguridad vigilados por agentes de Pinkerton (a quienes nadie propone desarmar), los olvidadizos socialdemócratas se burlan de la propiedad de armas diciendo que es “un anacronismo del Lejano Oeste”. Kates destaca además el valor, empíricamente demostrado, de la autodefensa mediante el uso de pistolas; por ejemplo, en Chicago, durante los últimos cinco años, civiles armados mataron justificadamente tres veces más criminales violentos que los que mató la policía. Y, en un estudio de varios cientos de enfrentamientos violentos con criminales, Kates halló que los civiles armados eran mucho más eficaces que la policía: en actos de autodefensa capturaron, hirieron, mataron o ahuyentaron a criminales en un 75 por ciento de los enfrentamientos, mientras que la policía sólo logró una tasa de éxito del 61 por ciento.

Es cierto que las personas que se resisten a un robo tienen mayor probabilidad de resultar heridas que aquellas que se mantienen pasivas. Pero Kates destaca elementos que no se toman en cuenta: 1) que la resistencia de una persona desarmada duplica el riesgo que corre en comparación con la resistencia de una persona armada, y 2) que la elección de resistir a una agresión depende de la víctima, de sus circunstancias y valores. Para un académico liberal blanco con una abultada cuenta bancaria será más importante no resultar herido que para el trabajador informal o para el beneficiario de un seguro de desempleo a quien le roban los medios para mantener a su familia durante un mes, o para el comerciante negro que no puede conseguir un seguro contra robo y no tendrá otra posibilidad que cerrar su negocio debido a los sucesivos robos. La encuesta nacional realizada en 1975 por la organización Decision Making Information a los propietarios de pistolas descubrió que los principales subgrupos que poseen un arma sólo para autodefensa incluyen a los negros, los grupos de menores ingresos y los ciudadanos ancianos. “Éstas son las personas –advierte elocuentemente Kates– a quienes se propone que encarcelemos porque insisten en conservar la única protección para sus familias de que disponen en áreas en las cuales la policía se ha dado por vencida”.

¿Qué nos dice la experiencia histórica? ¿Las prohibiciones del uso de revólveres y pistolas realmente redujeron de modo considerable el grado de violencia en la sociedad, tal como sostienen los socialdemócratas? La evidencia demuestra precisamente lo contrario. Un estudio masivo realizado en la Universidad de Wisconsin en el otoño de 1975 llegó a la inequívoca conclusión de que “las leyes de control de armas no tuvieron ningún efecto individual o colectivo en la reducción de la tasa de crímenes violentos”. El estudio de Wisconsin, por ejemplo, puso a prueba la teoría de que las personas que por lo general son pacíficas sentirán la irresistible tentación de disparar sus armas si las tienen a su alcance en un acceso de ira. Al hacer una comparación en todos los estados, el estudio no halló ninguna correlación entre las tasas de propiedad de pistolas y las tasas de homicidio. Más aun, este hallazgo fue reforzado por un estudio efectuado en Harvard en 1976 acerca de la ley de Massachusetts que prevé un mínimo de un año de prisión obligatoria para cualquiera que sea descubierto en posesión de una pistola sin autorización del gobierno. En efecto, durante el año 1975, esta ley de 1974 de hecho redujo considerablemente la portación de armas de fuego y el número de ataques armados. Pero he aquí que los investigadores de Harvard descubrieron, para su sorpresa, que no existía una reducción correspondiente en cualquier otro tipo de violencia. Es decir que, como lo habían sugerido anteriores estudios criminológicos, un ciudadano enfurecido que no tiene una pistola recurrirá a un arma larga, mucho más mortífera. Privado de cualquier arma de fuego, echará mano de cuchillos, martillos, etc., igualmente letales. Y, como resulta evidente, “si la reducción de la propiedad de armas no reduce el homicidio u otro acto violento, la prohibición del uso de pistolas es sencillamente otro modo de desviar los recursos de la policía del verdadero crimen al crimen sin víctimas”.

Por último, Kates apunta otro dato curioso: que es mucho más probable que en una sociedad en la que los ciudadanos pacíficos están armados prosperen las personas solidarias que acudan voluntariamente en ayuda de las víctimas de un crimen. Pero si le sacan las armas a la gente, el público tenderá a dejar la cuestión en manos de la policía, lo cual será desastroso para las víctimas. Antes de que el estado de Nueva York prohibiera el uso de pistolas, los actos de solidaridad eran mucho más frecuentes que ahora. Y, en una encuesta reciente acerca de estos actos solidarios, no menos del 81 por ciento de los que acudían en ayuda de otros eran propietarios de armas. Si deseamos una sociedad en la cual los ciudadanos ayuden a sus vecinos cuando están en peligro, no debemos despojarlos del poder real de hacer algo respecto del crimen. No cabe duda de que es absurdo desarmar a las personas pacíficas y luego, como suele suceder, acusarlas de ser “apáticas” cuando no acuden al rescate de las víctimas de un ataque criminal”.

Pasemos ahora al Nobel de Economía. La Revista Digital Universitaria de la Universidad Autónoma de México publicó en 2021 un escrito de Marcos David Silva Castañeda titulado “Crimen y economía: un acercamiento a la teoría de Gary Becker”. Escribió el autor:

INTRODUCCIÓN

“La ciencia económica debe a Gary Becker los primeros estudios del comportamiento humano fuera de la lógica de mercado. Sus investigaciones permitieron entender conductas que fueron consideradas, durante décadas, irracionales. Sin embargo, Becker encontró explicaciones económicas a tales comportamientos a través de un principio microeconómico fundamental: un criminal busca maximizar su utilidad sujeta a diversas restricciones. Su obra puede ser resumida en los siguientes términos: 1) Expandió el análisis microeconómico a fronteras vedadas para los economistas como la criminalidad, el respeto de las leyes, etcétera. 2) Estudió comportamientos como las adicciones o los crímenes. 3) Enriqueció los estudios económicos híbridos que conjuntan diferentes ramas de conocimiento humano, por ejemplo, la economía y el derecho. 4) Entre otras cosas, su obra nos permite entender por qué un delincuente prefiere o rechaza un crimen, además nos ofrece la posibilidad de predecir conductas delictivas. A continuación, presentaré algunas aportaciones de la teoría microeconómica de este brillante e innovador economista, para después comentar algunas aplicaciones”.

DESARROLLO

“Como comentábamos, Becker (1962) se interesó por aquellos comportamientos conformados por hábitos muy arraigados. Para estudiarlos partió de una hipótesis: sin excepción, el comportamiento humano está organizado por principios económicos. Por lo que la cultura o idiosincrasia no definen por qué una sociedad tiene mucha o poca criminalidad, produce abundante droga ilegal, y respeta o incumple las leyes. Becker (1962) negó que la criminalidad pudiera ser explicada por la opresión social, en cambio, afirmaba que ésta y la pobreza son fenómenos independientes. En México, por ejemplo, estados del bajío como Guanajuato o Jalisco registran menores índices de pobreza que Oaxaca, pero tienen mayor criminalidad. Etiopía no es un país de criminales por ser una sociedad pobre, como tampoco lo es Vietnam. California no es un paraíso, aún si es una de las economías más ricas del planeta. De hecho, es uno de los lugares más peligrosos de los Estados Unidos. Según Becker (1962), lo que sí explica la criminalidad son los cálculos económicos que un delincuente realiza cuando ejecuta un crimen. Tal vez sepas que Pablo Escobar, uno de los más peligrosos narcotraficantes del siglo pasado, traficó sustancias ilícitas a Estados Unidos durante décadas. Sin embargo, pocas veces nos detenemos ante un hecho un tanto intrigante: cuando Escobar traficaba droga no realizaba las mismas fechorías —más allá del tráfico de sustancias ilícitas— en EE.UU. que en Colombia. Cuando jugaba la Selección Nacional de Colombia, no así la estadounidense, gustaba de sus goles y jugadas, siendo indiferente a las victorias del equipo nacional estadounidense; sin embargo, cuánto dolor, sufrimiento y muerte provocó en la sociedad colombiana. Definitivamente, el daño que produjeron sus crímenes no tiene ninguna relación con la emoción con la que vivía los partidos de la selección colombiana ni este fervor deportivo con su comportamiento criminal. Lo mismo podemos decir de los integrantes del Cártel de Sinaloa. Sus crímenes varían en función del país en el que se encuentren. Esto no es una paradoja, ni mucho menos una contradicción, evidentemente, tampoco una conducta atípica que debamos mandar al archivo de lo inexplicable: dependiendo del país en que se localice un criminal es el cálculo del precio que éste asigna a sus delitos.

Así, algunas aportaciones de Becker (1962) al entendimiento económico de la criminalidad son:

1- Las conductas criminales tienen racionalidad económica. Sorprendente, ¿no? 2-Cada criminal le asigna un precio diferenciado a cada crimen. ¿Vas entendiendo cómo ve el mundo un criminal? 3-Si un delito es mayor a los costos resulta “caro”… ¡y no lo comete! Un criminal, solamente elige lo que le conviene, o sea, maximiza su utilidad. 4-Si el precio es mayor a los costos, elige llevarlo a cabo. 5-Si el precio es menor al costo, no realiza la fechoría. 6-Los criminales tienen pares ordenados de crímenes, algunos se complementan, otros son sustitutos, no es que elijan un crimen y otro no. Los delincuentes cometen felonías que tienen algún tipo de conexión, es decir, enfrentan precios relativos. Esto es, un crimen y su precio determinan el precio de otro crimen, que a su vez define el de un cuarto, lo que hace suponer una especie de matriz de precios de las actividades criminales que cada delincuente va definiendo según las elecciones delictivas que va prefiriendo. Esto permite explicar por qué Escobar, o cualquier otro delincuente comete ciertos delitos en determinado momento y por qué delega o rechaza otros. ¿Interesante, cierto?

7-Las normas morales son irrelevantes en el precio que un criminal le da a un delito. Si las normas morales de una persona son elevadas no cometerá transgresión alguna incluso si tuviera la garantía de no ser visto ni detectado de ninguna forma. La religión o la fe son importantes en el comportamiento económico de las personas, porque pueden enriquecer nuestros parámetros morales. También nuestras amistades nos dan un soporte o límite moral que condiciona nuestra conducta. Sin embargo, estos mecanismos de autorregulación no influyen en la lógica económica de un criminal. Lo que quiere decir que, suponiendo una canasta de dos delitos, A y B, un delincuente no toma en cuenta la moral para calcular el precio de ambos crímenes, simplemente, opta por el más conveniente. Definitivamente, si viviera, yo no sería amigo de Escobar, ¿y tú? 8-Los cálculos que sí son significativos para un criminal son: a) probabilidad de aprehensión, b) precio de otros crímenes, c) costo de oportunidad de ese crimen, d) beneficio de realizarlo. Una baja probabilidad de aprehensión y bajo costo de oportunidad inducen a un incremento de la criminalidad. 9-Para Becker (2009), el crimen, como actividad, se parece mucho a la carpintería. En ambos casos, se requiere del cálculo anticipado de costos y beneficios. A diferencia de otras actividades económicas que no pueden prever los beneficios, en las actividades criminales éstos sí pueden ser identificados, de hecho, son un incentivo para ejecutarlos. 10-Finalmente, la probabilidad de ser encarcelado establece, en gran parte, la elasticidad de la curva de oferta de un malhechor. Las variaciones del precio de los crímenes afectan su curva de oferta. Puede ser que un delincuente calcule ser aprehendido, pero si el sistema de justicia es poroso ponderará que, aun si es detenido, no será recluido, o será liberado en el corto plazo. Si esto ocurre de formas legales o ilegales es secundario, recordemos que esto ocurrió tanto con Escobar como con Joaquín Guzmán Loera. Ellos fueron apresados, pero también, debemos recordar, lograron escaparse del encarcelamiento. Ambos calculaban el precio de sus crímenes.

En ese mismo sentido, las aplicaciones de la teoría microeconómica de la criminalidad de Gary Becker son: 1-Una política inteligente contra el crimen consistiría en elevar el precio de cometerlo: sea en relación con otros, en la probabilidad de la aprehensión, en la imposibilidad de escapar de la prisión (legal o ilegalmente) o en la disminución del beneficio de realizarlo. ¿Razonable, cierto? 2-Si un malhechor encuentra cada vez más caro elegir un crimen, éste disminuirá su oferta. Como comentábamos, la oferta de un crimen es elástica; esto es, una variación en su precio incrementa o disminuye la oferta de ese delito en particular. A un criminal le resulta una decisión irracional, económicamente hablando, cometer una fechoría si su precio es mayor al beneficio esperado, porque perdería más de lo que ganaría. Si desea ganar X cantidad de dinero por el crimen A, pero esa cantidad no le asegurara salir de la cárcel si es aprehendido, no lo cometerá. Los maleantes buscan su beneficio y rechazan aquello que lo disminuye.

3-Si se da una conjunción favorable entre aprehensión, encarcelamiento seguro, bajo beneficio en relación con sus costes, imposibilidad de salir si se es arrestado y, en menor importancia, penas altas (sobre todo patrimoniales, más que carcelarias), los criminales enfrentarán altos precios en el mercado ilícito, por lo que preferirán no cometerlos, no porque no deseen realizarlos, sino porque les resultan perjudiciales. Esperar que un criminal tenga buena fe y que, gracias a ella, deje de ejecutar fechorías, no es realista. Es un error de apreciación que puede costar vidas humanas, altos índices de criminalidad, sufrimiento social, así como muchas familias con pérdidas irreparables. 4-Las personas de alto ingreso son más proclives a cometer crímenes, no al revés. Muchos políticos han ganado elecciones en la historia con esa falsa afirmación. ¿Interesante, no te parece? El precio de un crimen de una persona con alta capacidad económica puede evitar, por su poder económico, la posibilidad de ser detenido, encarcelado o cualquier combinación favorable. Mientras, el pobre no puede hacerlo. Lo que cambia los precios relativos de uno y otro. Quien tiene ingresos altos puede aprovechar un sistema de justicia poroso, encontrando “baratos” uno o varios delitos.

5-Una política criminal prudente sería concentrarse en grupos sociales de alto ingreso que pudieran elegir hacer uso de su poder económico para cometer diversas fechorías. 6-Un sistema de justicia ineficiente, que no distingue el justiciable sino el poder económico del delincuente, funciona en realidad como subsidio del crimen, incrementado su oferta. 7-No se debe criminalizar al pobre. La pobreza no es una variable relevante que explique la criminalidad. Lamentablemente, en muchos países, incluido el nuestro, este error ha definido diversos programas sociales. 8-Becker no afirmó que tener ingresos altos sea sinónimo de tendencias criminales, o que toda persona que tiene riqueza sea un maleante, tan sólo señalaba que el poder económico puede provocar la reducción del costo de oportunidad de una fechoría, incrementando sus beneficios. Buscó advertirnos que la conducta criminal es más común de lo que se pudiera suponer en estratos sociales altos que en los bajos. 9-Para Becker si el encarcelamiento es excesivamente largo, puede ser más costoso para la sociedad mantener al criminal en la cárcel que reparar el daño, lo cual es completamente ineficiente (pensemos en Holanda, en ese país las cárceles están vacías, ¡vaya que ahí si entienden bien a Becker!). Por lo que además del encarcelamiento, se puede preferir como castigo, en crímenes patrimoniales, una multa patrimonial tan alta que el costo de ejecutarlo sea tan elevado que resulte irracional preferirlo. Las multas sin encarcelamiento pueden funcionar mejor que el mismo encarcelamiento. No necesariamente la reclusión es la mejor forma para evitar conductas criminales, a veces, una altísima multa patrimonial puede evitarlo de una manera más efectiva.

10-En el caso de delincuentes con bajo ingreso, el enfoque tiene que cambiar, es más conveniente que puedan acceder a educación o servicios médicos, como un tratamiento odontológico o medicinas para un familiar, que al reclusorio. Permitirles optar entre educación o cárcel, entre un crédito con supervisión vinculante para operar un negocio propio o ser recluido, puede ayudarlos más de lo que podemos imaginar. Esto es, si un delincuente necesitado económicamente puede escoger entre ingresar a la economía formal, a través de un crédito con tasas de interés bajas, supervisión jurídica y comercial, así como obligaciones para cumplirlas bajo pena de ser enviado al reclusorio si no las acata, durante períodos renovables de 10 años, producirá un verdadero cambio económico en sus incentivos y costos de oportunidad. Además, si a cada pago, el crédito se va incrementado, se estimula favorablemente la supresión de conductas criminales. Un criminal no cambia porque se le acuse con su madre o padre, o porque le ofrezcamos perdonarlo, esa “política” lo único que provoca es el aumento de las conductas delictivas. Para desincentivar ese tipo de conductas debemos cambiar los precios relativos de la criminalidad”.

Emerge en toda su magnitud la envergadura intelectual de los profesores estadounidenses que formaron académica e ideológicamente a Javier Milei.