Argentina y el mundo 2025: sin vuelta atrás

Por Pascual Albanese.-

Como decía Perón, “en el mundo de hoy la política puramente nacional es una cosa casi de provincias. Lo único que verdaderamente importa es la política internacional, que juega desaprensivamente por dentro y por fuera de los países”. En las últimas semanas hubo dos acontecimientos que marcaron sendos puntos de inflexión en el mundo y en la Argentina. Uno fue la “Guerra de los doce días”, como la bautizó Donald Trump, con su gravitación en la reconfiguración del sistema de poder global. El segundo, la condena a prisión de Cristina Kirchner, con la importancia que adquiere la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, que acelera el proceso de crisis y recomposición política en el peronismo y, por añadidura, en el escenario político argentino.

Por alguna de esas oscuras armonías del destino, estos dos hechos, que carecen por supuesto de ninguna relación causa-efecto, guardan, sí, cierta sintonía con la evolución histórica a nivel mundial y, por lo tanto, también en la Argentina. Como si todavía hiciera falta algo más para acentuar ese paralelismo entre lo global y lo nacional, ambos episodios coincidieron con la decisión del juez federal Daniel Rafecas de avanzar en la sustanciación del juicio en ausencia contra los acusados por el atentado terrorista perpetrado en 1994 en el edificio de la AMIA, entre quienes figuran ex altos funcionarios iraníes, inclusive el flamante jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmed Vahid, quienes están sindicados como autores intelectuales del hecho. Para usar una expresión popularizada por la misma Cristiana Kirchner, “todo tiene que ver con todo».

En el plano internacional, el conflicto con Irán representó un punto de inflexión en el proceso de configuración de un nuevo sistema de poder global, signado por la abrumadora supremacía militar estadounidense, y subrayó una característica singular en esa emergerte nueva bipolaridad que tiene como contraparte a China.

En el terreno doméstico, el inequívoco alineamiento internacional de Javier Milei con la postura de Estados Unidos y de Israel implicó el fortalecimiento de sus vínculos con Trump, lo que influye favorablemente en el curso de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Esta ventaja política facilitó la comprensión exhibida por el FMI ante el incumplimiento de la Argentina de las metas de acumulación de reservas monetarias del Banco Central para el segundo trimestre pactadas con este organismo financiero internacional.

Este viraje de Milei marca también un contraste absoluto con la vecindad con el “eje bolivariano” establecida por el “kirchnerismo”, en particular a partir de las negociaciones con Irán que culminaron con la suscripción del memorándum de entendimiento firmado en 2013 por el gobierno de Cristina Kirchner, una cuestión que sugestivamente es objeto de otro de los procesos que se sustancian actualmente contra de la ex presidenta.

Importa aquí una distinción políticamente muy significativa. Néstor Kirchner, más allá de su oposición al ALCA y de otras características de su política exterior, mantuvo un acuerdo con Estados Unidos, respecto a los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. Para comprender su trascendencia política conviene recalcar que esos dos hechos tenían entonces, y aún hoy, una importancia especial para Washington porque son los únicos dos casos de atentados terroristas inspirados por el Estado iraní que están judicialmente comprobados perpetrados en el hemisferio occidental.

El propio fiscal Alberto Nisman señaló que fue Kirchner quien le presentó al entonces jefe de contrainteligencia de la SIDE, Jaime Stiuso, para que colaborase en el desarrollo de la causa AMIA, cuyo punto de partida fue el denominado “informe Toma”, elaborado por el jefe de la SIDE, Miguel Ángel Toma, durante el gobierno de Duhalde. Sólo después de la muerte de Kirchner, ocurrida en octubre de 2010, y por iniciativa de Hugo Chávez, en febrero de 2011 se abrió el diálogo con Irán que culminó con la firma de un tratado que cruzó una “línea roja” trazada por la diplomacia estadounidense. Muy posteriormente, la misma Cristina Kirchner, tan poco propensa a las autocríticas, en su libro “Sinceramente”, reconoció el error de la firma este acuerdo y admitió que en esa oportunidad ella no tuvo conciencia de la dimensión de sus “consecuencias geopolíticas”.

Pero por alguna de esas casualidades plenas de sentido que suele presentar la historia, ni el memorándum con Irán firmado por Cristina Kirchner ni el realineamiento internacional impulsado por Milei son los únicos hechos que marcan el involucramiento de la Argentina en este conflicto. La circunstancia de que nuestro compatriota Rafael Grossi sea el presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) no es una casualidad. Es posible que su protagonismo contribuya a fortalecer su candidatura para ocupar la secretaria general de las Naciones Unidas, aunque hay que sospechar si se trata de un verdadero “ascenso”, ya que en la preservación de la paz mundial la OIEA cumple actualmente un papel bastante más gravitante que las Naciones Unidas.

Tampoco es algo surgido de la nada que hayan sido drones fabricados por una empresa argentina, Satellogic, los que permitieron detectar los daños causados por los bombardeos estadounidense sobre los refugios nucleares subterráneos iraníes que fundamentaron el informe técnico emitido por Grossi para dictaminar sobre los resultados del ataque.

Estos hechos, escasamente destacados por los medios periodísticos, son el producto de una historia de más de setenta años, iniciada a fines de la década del 40, durante la primera presidencia de Perón con la instalación del laboratorio de la isla Huemul y, posteriormente, con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y del Instituto Balseiro, que implicaron la puesta en marcha de una auténtica “política de Estado” que desde entonces hasta hoy se mantuvo a flote través de los sucesivos gobiernos, con las adecuaciones propias derivadas de los cambios en las circunstancias.

Como consecuencia, Argentina ostenta hoy el liderazgo en el desarrollo de la energía nuclear en América Latina. Satellogic, una compañía nacional especializada en nanosatélites, surgió de un convenio entre la CONEA y el INVAP, una empresa pública que hoy es propiedad de la provincia de Río Negro. Bariloche es un centro de desarrollo tecnológico y una verdadera incubadora de empresas de avanzada en esta materia.

Pero esa proyección internacional de Satellogic fue posibilitada por un acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos, suscripto en diciembre de 1991 por el gobierno de Carlos Menem, en virtud del cual, en reciprocidad por el desmantelamiento del misil Cóndor, un proyecto impulsado por la Fuerza Aérea después de la guerra de Malvinas, se abrió camino hacia un entendimiento que habilitó la participación argentina en los planes de desarrollo de la NASA,

Ese convenio que fue vehiculizado a través de la recién fundada Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). El nacimiento de la CONAE disparó la creación de una constelación de pequeñas empresas tecnológicas, entre las que Satellogic fue una expresión sobresaliente pero no la única. De esta forma, la Argentina protagonizó una interesante y valiosa experiencia de reconversión con fines pacíficos de un programa de desarrollo nuclear.

Fue precisamente en el marco de esta negociación con Estados Unidos que el gobierno de Menem suspendió el programa de transferencia de tecnología nuclear con Irán suscripto durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El fin de esa cooperación fue lo que desencadenó los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA. No hace nada más para ratificar cuánta razón tenía Perón sobre la relación entre la política mundial y la política doméstica: un invisible hilo conductor hace que la “guerra de los doce días” y la condena a Cristina Kirchner no solamente no estén tan distante en el tiempo sino tampoco en el espacio.

Más aún que la prisión, la condena impuesta a Cristina Kirchner tiene como primera consecuencia política su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ese hecho signa un punto de inflexión en la historia política argentina de los últimos veinte años. La movilización de protesta a la Plaza de Mayo, que según una documentada estimación realizada por cronistas de “La Nación” congregó a 158.000 personas, una multitud enorme y muy importante desde el punto de vista político, pero bastante inferior en cantidad a las dos gigantescas manifestaciones en contra los recortes presupuestarios a las universidades públicas del año pasado.

Pero en términos cualitativos las presencias en Plaza de Mayo fueron tan significativas como algunas notorias ausencias. Sobresalió la inasistencia de la conducción de la CGT y, salvo Axel Kiciloff, de la totalidad de los gobernadores peronistas. En el lenguaje popular la silenciosa defección de la mayoría de la dirigencia peronista, salvo el aparato partidario del conurbano bonaerense, puede graficarse con la expresión del “canto del cisne”, aquella ave que entona su más bella canción poco antes de morir.

La consigna “¡Vamos a volver!” es una demostración cabal de esa agonía política. La unidad alrededor del pasado es una unidad para la derrota. Refuerza el pronóstico acerca de la inevitable victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de septiembre y octubre en la provincia de Buenos Aires y revela la impotencia de Kiciloff en su intento de diferenciarse de Cristina Kirchner.

Un detalle significativo de este fallo, más allá de su contenido y de su oportunidad política, es la ratificación del hecho de que en una situación de debilitamiento del sistema político la Corte Suprema de Justicia emerge como un actor políticamente autónomo. Este factor obliga a destacar que dos de los tres magistrados del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Horacio Rosatti y Héctor Lorenzetti, tienen un claro origen político en el peronismo de Santa Fe y que los actuales jueces de la Corte salieron victoriosos ante dos ofensivas en su contra realizadas durante los dos últimos gobiernos: el juicio político iniciado durante la gestión de Alberto Fernández y el fallido proyecto de nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, impulsado por el gobierno de Milei.

El hecho de la Corte Suprema de Justicia haya sido la protagonista del mayor acontecimiento político de los últimos meses ratifica la magnitud de la profunda crisis del sistema partidario tradicional, que no afecta tanto al gobierno como al peronismo y al conjunto de la oposición. Frente al gobierno de Milei no existe una oposición organizada sino un archipiélago de fuerzas dispersas.

El escenario nacional muestra una tendencia hacia la horizontalización del poder. En una situación históricamente inédita, el gobierno nacional no controla políticamente ninguna de las provincias y ninguno de los 23 gobernadores en ejercicio reconoce hoy un jefe político nacional. El Partido Justicialista, en un sentido estricto, gobierna sólo siete provincias: Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Tucumán, La Pampa, Formosa y Tierra del Fuego, cuyo gobernador es el único que reconoce explícitamente la conducción de Cristina Kirchner. Ni Gerardo Zamora en Santiago del Estero ni Gustavo Sainz en Salta pertenecen orgánicamente al PJ. Ninguno de los cinco gobernadores radicales responde al Comité Nacional que preside Martín Lousteau. Los dos gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Ignacio Torres en Chubut, se desenvuelven con autonomía de Mauricio Macri. Los partidos provinciales que gobiernan en las restantes provincias son por definición autónomos a nivel nacional. Un caso particular es el peronismo de Córdoba, que desde los inicios del “kirchnerismo“ se manejó siempre con absoluta independencia de la conducción nacional partidaria. Cabría decir que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) es la segunda capital de la República.

El concepto de “destrucción creativa”, originado en la economía, tiene en este caso una expresión política. Todo proceso de recomposición del sistema político está precedido por una fase de descomposición, que avanza rápidamente. Los tiempos de desarrollo de esa recomposición son más lentos que los plazos electorales. De allí que en octubre competirán una única fuerza política nacional, moldeada desde el Estado, y una diversidad de fuerzas, más o menos afines según los casos, que carecen de una expresión unificada a nivel nacional.

En ese contexto, cabe prever que el gobierno obtendrá un éxito electoral, en el sentido de que la Libertad Avanza va a ser la fuerza política con mayor número de votos a nivel nacional, seguido por un Partido Justicialista en crisis, pero sin lograr por ello mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Esto redundará en una reducción del nivel de incertidumbre internacional sobre el porvenir político de la Argentina, pero exigirá avanzar en los acuerdos con sectores de la oposición, en especial con los gobernadores, para encarar las reformas estructurales pendientes, acordadas con el FMI, en especial la modernización laboral, la reforma del sistema previsional y la modificación del régimen impositivo.

Algo se ha avanzado en esa dirección con la puesta en funcionamiento del Consejo de Mayo, con la participación de representantes de la CGT y la Unión Industrial Argentina. Pero las novedades en este terreno vendrán recién después de octubre. De acá a entonces, el gobierno estará forzado a seguir intentando que los argentinos usemos los famosos “dólares del colchón”.

Las elecciones de octubre no son el final de la historia, pero sí un hito que permitirá indagar sobre el ritmo y las características del proceso de reconfiguración política en marcha. Lo único indiscutible es que, así como no habrá en el mundo retroceso a la etapa anterior a la inaugurada por Trump con su ataque a Irán, tampoco hay una vuelta atrás posible a la Argentina anterior a Milei en ninguna de sus manifestaciones.