Por Hernán Andrés Kruse.-

En su edición del 4 de marzo, Infobae publicó una columna escrita recientemente en su blog personal por un reconocido economista. Considera que la devaluación del peso podría erosionar el apoyo popular al gobierno libertario y desestabilizar lo que considera son avances alcanzados en materia económica. De ahí lo relevante que es para Milei y su equipo económico evitar a como dé lugar una devaluación “desestabilizante”. Más adelante, el reconocido economista detalla una serie de medidas que a su criterio el gobierno libertario debería implementar para aumentar el nivel de reservas netas sin verse obligado a recurrir a un salto cambiario en el mercado oficial (devaluación). Entre tales medidas se destacan las siguientes: 1) “eliminar el dólar blue y garantizar que el 100% de los ingresos por exportaciones sean vendidos al Banco Central”; 2) incrementar los incentivos fiscales para las exportaciones, como la reducción de retenciones a productos agropecuarios y de economías regionales”; 3) aumentar los reembolsos de impuestos internos a las exportaciones de manufacturas; y 4) establecer que los pagos de servicios turísticos y las importaciones de bienes de consumo no esenciales se realicen a través del mercado CCL, sin utilizar divisas del Banco Central”.

Se trata, qué duda cabe, de un diagnóstico serio, efectuado, como lo expresé precedentemente, por un economista de prestigio, tanto nacional como internacional. El problema es que dicho economista carece de toda autoridad moral para criticar al gobierno libertario, por más certero que sea su análisis. En efecto, cabe formular la siguiente pregunta: ¿qué autoridad puede tener este reconocido economista para aconsejar al gobierno de Milei si fue el principal responsable de la estatización de la deuda privada (1982), la convertibilidad (década del noventa) y el corralito (diciembre de 2001)? Hago referencia a Domingo Felipe Cavallo, cuya desvergüenza carece de límites.

A continuación paso a transcribir una parte de un ensayo de Saúl Keifman titulado “Auge y derrumbe de la convertibilidad argentina: lecciones para Ecuador” (Revista de Ciencias Sociales, núm. 19, mayo, 2004, pp. 25-34 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Quito, Ecuador), referida a la salida de la convertibilidad, es decir a las nefastas consecuencias del modelo económico impuesto por Cavallo y bendecido por Carlos Menem. El economista que provocó semejante hecatombe hoy tiene el tupé de aconsejar a Milei, quien, en su momento, es bueno recordarlo, lo consideró un economista excepcional.

LA SALIDA DE LA CONVERTIBILIDAD

“A principios de enero de 2002, el presidente interino Duhalde oficializó el fin de la convertibilidad devaluando la moneda y eliminando el requisito de respaldo en reservas internacionales para la base monetaria. Sin embargo, la crisis política y económica heredada, el abandono de la comunidad financiera internacional, sumados a la falta de preparación de una salida ordenada de la convertibilidad, llevaron a un proceso de ajuste caótico que tuvo un costo social enorme. Inicialmente, se desdobló el mercado cambiario. El gobierno fijó en $1,40 la cotización del dólar oficial y creó un mercado de flotación libre. Paralelamente, se congelaron en pesos las tarifas de los servicios públicos privatizados que estaban fijadas en dólares. El problema más serio era qué hacer con los contratos financieros formulados en dólares, es decir, la mayoría de los préstamos y depósitos del sistema. El gobierno decidió pesificar los depósitos y préstamos en dólares a la cotización de $1,40, ajustarlos ulteriormente por el índice de costo de vida, y fijarles una tasa de interés baja. Los préstamos hipotecarios, de consumo personal o de PYMES, de montos menores otorgados por los bancos, se pesificaron a $1 y se ajustaron según un índice de salarios nominales. Las restricciones al retiro se generalizaron a todos los depósitos, se prohibió la transferencia de depósitos entre bancos y cuentas, (presumiblemente por presión de los bancos que se encontraban en situación más frágil) y se anunció un cronograma de devolución de depósitos que llegaba hasta 3 años y medio.

Los ahorristas rechazaron estas restricciones conocidas como “corralón” y la pesificación de sus depósitos a $1,40 mientras el dólar libre se cotizaba a $2. Por otro lado, un grupo de grandes empresarios presionó con éxito al gobierno para lograr la pesificación de sus deudas a $1. La resultante pesificación asimétrica de préstamos y depósitos tuvo un gran costo fiscal y un impacto político muy negativo, porque fue percibida como injusta y transmitió la imagen de un gobierno débil. En esta situación muchos ahorristas presentaron recursos de amparo para hacer efectivo sus depósitos o para recuperar los dólares originalmente depositados. En numerosos casos sus reclamos fueron reconocidos por la Justicia. Esto complicó el manejo de la política monetaria que debió incrementar fuertemente los redescuentos a los bancos que habían devuelto depósitos por orden judicial. Entretanto, los depósitos del sistema seguían cayendo por los resquicios del “corralito” y el “corralón”, mientras que las reservas internacionales del Banco Central disminuían por la persistencia de la fuga de capitales (…).

La fuerte suba del dólar se realimentó por dos factores: la renuencia de los exportadores a liquidar divisas, y la actitud del FMI y los países desarrollados que dejaron a la Argentina librada a su propia suerte. Mientras el gobierno mostraba la disposición a tomar cualquier medida con tal de alcanzar un acuerdo con el FMI, el organismo multilateral agregaba progresivamente nuevas condiciones previas a la discusión del acuerdo. Por ejemplo, a pedido de los bancos extranjeros el Fondo demandó la derogación de la ley de subversión económica y la modificación de la ley de quiebras; estos cambios fueron finalmente aprobados por el Congreso. Mayores consecuencias tuvo la exigencia del Fondo de unificar y liberar totalmente el mercado cambiario en el peor momento de la crisis, sin otorgar a cambio respaldo alguno cuando el gobierno no contaba aún con instrumentos de manejo de la política monetaria debido a la situación del sistema financiero. El resultado de cumplir con la exigencia del Fondo fue provocar una escalada del dólar que llegó a $3,85 en marzo de 2002. Así Argentina se hundía en su peor depresión mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos y la principal economista del Fondo deploraban la falta de un programa sostenible, lo cual obviamente no era independiente del apoyo que retaceaban.

La disparada del dólar, la persistencia de la crisis económico-financiera y la falta de apoyo del Fondo, precipitaron la caída del ministro de economía Remes Lenicov. Su sucesor, Lavagna, adoptó medidas que aliviaron la presión sobre el mercado de cambios, forzando la liquidación de divisas de los exportadores e imponiendo algunas restricciones a la compra de dólares. También logró normalizar la situación financiera levantando el “corralito” (diciembre de 2002) y el “corralón” (marzo de 2003). En el delicado caso de los depósitos en dólares, los ahorristas pudieron disponer del valor pesificado a $1,40 e indexado por el IPC, mientras que la diferencia entre este valor y la cotización de mercado del dólar se canjeó por bonos del gobierno a 10 años. Por su parte, los depósitos del sistema financiero se empezaron a recuperar desde mediados de 2002 (…).

Lavagna manejó la negociación con el FMI con un estilo diferente. Cuando en noviembre de 2002, en medio de una impasse en las tratativas con el Fondo, vencieron 805 millones dólares adeudados al Banco Mundial, el gobierno argentino sólo desembolsó los 79 millones correspondientes a intereses. El mensaje fue claro: Argentina estaba dispuesta a extender la moratoria a los organismos multilaterales de crédito si no llegaba a un acuerdo con el organismo. La decisión argentina no afectó a las variables financieras locales. El Fondo cambió de postura y en enero de 2003 se firmó un acuerdo “puente” hasta el próximo gobierno que permitió reprogramar hasta agosto de 2003 vencimientos de capital del FMI, el Banco Mundial y el BID por un total de 11 mil millones de dólares. El acuerdo no incluía dinero fresco, y contenía metas inconsistentes típicas: generar un superávit primario muy importante, de 2,5% del PIB, en una economía que sólo crecería en 2003 entre 2 y 3% desde el pozo de la depresión, combinado con una política monetaria contractiva y previsiones de inflación de 22%. Para sorpresa de los funcionarios del Fondo, el PIB creció 8%, la inflación fue de 3,7%, se alcanzó la meta fiscal, y la base monetaria creció más del 50% (…).

Sin embargo, a pesar del reordenamiento de la situación macroeconómica y la rápida reactivación de la economía, debe destacarse que la situación social sigue siendo muy grave. Esto se debe a dos razones: la profundidad de la caída de la producción y el empleo causada por la depresión, y la dramática caída de los salarios reales, que es la contracara de la hiperdevaluación que resultó de la salida caótica de la convertibilidad. El PIB per cápita de 2002 retrocedió al nivel de 1991, el año de inicio de la convertibilidad, pero con tasas de desempleo del triple, y salarios reales muy inferiores. En consecuencia, no es de extrañar que la incidencia de la pobreza y la indigencia se haya multiplicado por factores de 2 y 5, respectivamente, en relación a 1991. A fin de paliar esta situación, el gobierno lanzó en 2002 el Plan de Jefes y Jefas de Hogar que consiste en un subsidio para jefes de hogar desocupados con hijos, con contrapartida de tiempo parcial en trabajo o capacitación. A pesar de su carácter extendido, su impacto en términos de disminución de la pobreza y la indigencia ha sido muy limitado, probablemente por su reducido monto (50 dólares mensuales). La terrible herencia de la convertibilidad y su trágico final, plantea desafíos formidables en términos de crecimiento y equidad al nuevo gobierno de Néstor Kirchner”.

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